CE - Sentencia conflicto armado 11001031500020240693201
Detalles
- Título
- CE - Sentencia conflicto armado 11001031500020240693201
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06932-01
Demandante: Favián José Torres Pérez y otros
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia’ www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2024-06932-01
Demandante FAVIÁN JOSÉ TORRES PÉREZ Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN B Y JUZGADO 63 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales y especiales de procedibilidad. Relevancia Constitucional. Defecto fáctico. Medio de control de reparación directa. Desplazamiento forzado: la prueba del daño. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra el fallo de tutela del 13 de febrero de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que dispuso: «PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional.»1.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 16 de diciembre de 2024 2, Favián José Torres Pérez, Didier de Jesús Torres
relevancia constitucional.»1.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 16 de diciembre de 2024 2, Favián José Torres Pérez, Didier de Jesús Torres Miranda, José Farud Torres Miranda; Diana María Cortés de Ávila, Rafael Eliecer Torres Pérez, Yasmin Rocío Torres Pérez y Sebastián José Torres Alvis , por conducto de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, que desconocieron el principio de congruencia y de «correcta administración de justicia» , al proferir las sentencias de primera y segunda instancia en el medio de control de reparación directa nro. 1100133-43-063-2022-00408-00.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones: «1.- Que se amparen los derechos fundamentales vulnerados por la actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, contraria al orden jurídico preestablecido y violatorio de las garantías Constitucionales y legales que integran los derechos fundament ales al debido proceso, el principio de prevalencia de la norma sustancial, el principio de congruencia de la sentencia y a la correcta administración de justicia para el accionante. 2.- Como consecuencia del punto anterior que realicen los siguientes o si milares pronunciamientos. a.-) Que se declare la nulidad de todo lo actuado DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA, DE RADICADO: 11001 – 33 – 43 – 063 – 2022 – 00408 – 00
DEMANDANTE: FAVIÁN JOSÉ TORRES PÉREZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN –
REPARACIÓN DIRECTA, DE RADICADO: 11001 – 33 – 43 – 063 – 2022 – 00408 – 00
DEMANDANTE: FAVIÁN JOSÉ TORRES PÉREZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – POLICÍA
1 Página 12 del fallo de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado, Samai. 2 Samai en primera instancia, índices 1 y 2.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06932-01
Demandante: Favián José Torres Pérez y otros
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia’ www.consejodeestado.gov.co NACIONAL, por violación al debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, el principio de prevalencia de la norma sustancial, y a la correcta administración de justicia, por haberse tramitado la demanda precitada con falta, indebido poder, insuficiencia de poder de la parte demandante, por no ser conferido de conformidad con el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, o el artículo 74 del código general del proceso. b.-) Que se declare la nulidad de la SENTENCIA JUDICIAL DE FECHA TREINTA (30) DE
ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), PROFERIDA POR EL JUZGADO
SESENTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ -
SECCIÓN TERCERA, JUEZ DRA. LUCELLY ROCÍO MUNAR CASTEL LANOS,
DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA, DE RADICADO: 11001
SECCIÓN TERCERA, JUEZ DRA. LUCELLY ROCÍO MUNAR CASTEL LANOS, DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA, DE RADICADO: 11001 – 33 – 43 – 063 – 2022 – 00408 – 00 DEMANDANTE: FAVIÁN JOSÉ TORRES PÉREZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, por violación al debido proceso, la tutela
jurisdiccional efectiva, el principio de prevalencia de la norma sustancial, el principio de congruencia de la sentencia y a la correcta administración de justicia para el accionante. d.-) Que se ordene proferir nueva providencia judicial, DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA, DE RADICADO: 11001 – 33 – 43 – 063 – 2022 – 00408 – 01
DEMANDANTE: FAVIÁN JOSÉ TORRES PÉREZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, teniendo en cuenta la observancia del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, el principio de prevalencia de la norma sustancial, el principio de congruencia de la sentencia y a la correcta administración de justicia para el accionante.» 3
2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El señor Favián José Torres Pérez señaló que desde el año 1990, el municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar) ha contado con la presencia de grupos armados al margen de la Ley que han generado constante temor en la población y, en particular, a él en el desarrollo de su labor como agricultor.
Narró que, ante el aumento de las amenazas se vio compelido a abandonar sus tierras y perder sus cultivos. 2.2. Con fundamento en lo anterior, promovió demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Armada Nacional y Ejército Nacional, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia a l Juzgado 63 Administrativo del Circuito de Bogotá bajo la radicación nro. 11001-33-43-063-2022-00408-00.
Ejército Nacional, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia a l Juzgado 63 Administrativo del Circuito de Bogotá bajo la radicación nro. 11001-33-43-063-2022-00408-00. Esta autoridad judicial profirió sentencia el 30 de abril de 2024 en la que negó las pretensiones de la demanda por considerar que los demandantes no acreditaron el daño alegado en el proceso como lo exige el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP). 2.3. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Dijo que acreditó las acciones y omisiones atribuibles a las entidades demandadas, ya que el 28 de junio de 2022 presentó un derecho de petición al Ministerio de Defensa solicitando protección por amenazas derivadas de la presencia de grupos paramilitares en Montes de María. La solicitud, que advertía sobre el temor y
3 Página 2 del escrito de tutela. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06932-01
Demandante: Favián José Torres Pérez y otros
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia’ www.consejodeestado.gov.co zozobra que le impedía continuar con su labor de agricultor, no fue respondida, por lo que se vio obligado a desplazarse a Sincelejo. De otro lado, argumentó que el proceso no giraba en torno a la declaratoria del desplazamiento forzado, sino la responsabilidad del Estado por omitir acciones de protección que habrían evitado su desarraigo laboral. Según afirmó, en el expediente obran pruebas suficientes de esa omisión.
desplazamiento forzado, sino la responsabilidad del Estado por omitir acciones de protección que habrían evitado su desarraigo laboral. Según afirmó, en el expediente obran pruebas suficientes de esa omisión. 2.4. El conocimiento del recurso correspondió a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en sentencia del 18 de octubre de 2024, confirmó en integridad la decisión de primera instancia. Como fundamento de su decisión, el tribunal analizó el argumento de la demandante, quien sostuvo que el daño antijurídico no derivaba del desplazamiento forzado, sino del desarraigo laboral ocasionado por la presencia de grupos al margen de la ley y la ausencia de garantías estatales. Sin embargo, concluyó que no se acreditaron hechos concretos que evidenciaran la coacción, amenaza o vulneración de derechos humanos, ya que el demandante no aportó pruebas suficientes para sustentar sus afirmaciones.
3. Fundamentos de la acción La parte accionante indicó que, en las sentencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva. Como fundamento de lo anterior, alegaron que las providencias acusadas incurrieron en defecto fáctico y sustantivo, así como en violación al principio de congruencia, ante la indebida valoración de las pruebas del proceso. A su juicio, la omisión de la valoración integral del material probatorio condujo a una conclusión equivocada y, en consecuencia, a la emisión de decisiones contrarias a los hechos probados y al derecho aplicable.
la indebida valoración de las pruebas del proceso. A su juicio, la omisión de la valoración integral del material probatorio condujo a una conclusión equivocada y, en consecuencia, a la emisión de decisiones contrarias a los hechos probados y al derecho aplicable. En relación con la sentencia del 30 de abril de 2024 , emitida por el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá, la parte actora alegó la concreción de defecto fáctico, de violación directa a la Constitución y del desconocimiento del principio de congruencia. Como sustento de lo anterior, indicó que el fallo negó las pretensiones de la demanda, aunque en el expediente se acreditó que el actor solicitó la protección del Ministerio de Defensa mediante derecho de petición, ante las amenazas de grupos armados ilegales, pero su llamado no fue atendido por lo que se vio forzado a abandonar su actividad agrícola. Expusieron que las pruebas documentales, testimoniales y periciales integradas al proceso fueron valoradas de manera irrazonable y parcial, soslayando la afectación que padeció el actor, ante su situación de ries go y el incumplimiento del deber estatal de protección. En su consideración, el juez omitió el deber de garantizar el acceso a la administración de justicia y adoptó una decisión sin considerar los hechos probados y el derecho aplicable. Respecto de la sentencia del 18 de octubre de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, alegaron que se desconoció el principio de congruencia al indicar que no se probó el daño antijurídico. Según la parte actor a, sí demostró que Favián José Torres sufrió un
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, alegaron que se desconoció el principio de congruencia al indicar que no se probó el daño antijurídico. Según la parte actor a, sí demostró que Favián José Torres sufrió un desarraigo forzoso de su actividad agrícola y la pérdida de su patrimonio. A su juicio, la autoridad desconoció pruebas relevantes como el derecho de petición dirigido al Ministerio de Defensa, las denuncias ante autoridades y los testimonios que daban cuenta de la presencia de grupos armados en la zona y del abandono forzoso del terreno que cultivó.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06932-01
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia’ www.consejodeestado.gov.co Dijo que el tribunal incurrió en defecto fáctico porque valoró de manera irrazonable y fragmentaria las pruebas del proceso, error con importante incidencia en el sentido de la decisión. También alegó la concreción de errores procesales desde la admisión de la demanda por insuficiencia en el poder conferido por los demandantes que no fue corregido de acuerdo con l a Ley 2213 de 2022. Criticó que el tribunal se limitó a replicar los errores del a quo sin proceder con un análisis autónomo. Finalmente, la parte actora indicó que la tutela cumple con los requisitos generales y específicos de procedencia dado que se acre ditó la relevancia constitucional del caso, el agotamiento de los medios judiciales ordinarios, la inmediatez y el hecho de que no se discute una sentencia de tutela.
y específicos de procedencia dado que se acre ditó la relevancia constitucional del caso, el agotamiento de los medios judiciales ordinarios, la inmediatez y el hecho de que no se discute una sentencia de tutela.
4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 19 de diciembre de 2024, el despacho ponente de primera instancia requirió al apoderado de la parte demandante para que, aclarara la calidad en la que actúa respecto de los señores Didier de Jesús Torres Miranda y José Farud Torres Miranda . De ser el caso, para que allegara los poderes especiales que acreditaran el ius postulandi frente a estas personas. 4.2. El apoderado de los accionantes allegó el poder que acredita su representación judicial respecto de los señores Didier de Jesús Torres Miranda y José Farud Torres Miranda. 4.3. En auto del 22 de enero de 2024, el despacho ponente de la primera instancia admitió la acción de tutela promovida por Favián José Torres Pérez, Didier de Jesús Torres Miranda, José Farud Torres Miranda; Diana María Cortés de Ávila, Rafael Eliecer Torres Pérez, Yasmin Rocío Torres Pérez y Sebastián José Torres Alvis , por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
Además, vinculó, como terceros con interés, a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Armada Nacional y Ejército Nacional, dada su calidad de entidades demandadas en el proceso ordinario. El a quo también ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del CGP.
calidad de entidades demandadas en el proceso ordinario. El a quo también ordenó la vinculación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del CGP. Finalmente, se requirió a las autoridades judiciales accionadas la remisión del expediente de manera digitalizada y la fijación de un aviso en el que informen a los interesados la existencia de esta acción de tutela. 4.4. El Juzgado 63 Administrativo del Circuito de Bogotá , a través de la titular del despacho, manifestó que no incurrió en vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por los accionantes. Expuso que el trámite del proceso en la primera instancia garantizó todas las facetas del debido proceso. Asimismo, enfatizó en que la decisión de negar las pretensiones de la demanda se fundamentó en la valoración de todas las pruebas del proceso y en aplicación a la normatividad y precedente judicial que rigen la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, solicitó que se niegue la petición de amparo ante la inexistencia de un escenario de vulneración de derechos fundamentales y porque la acción de t utela no puede ser tomada como una instancia adicional al proceso ordinario para procurar una decisión favorable a las pretensiones litigiosas de los sujetos procesales.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06932-01
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia’ www.consejodeestado.gov.co De otro lado, informó que publicó el aviso requerido en el auto admisorio y allegó la prueba de esa gestión en Samai. También relacionó el enlace para
www.consejodeestado.gov.co De otro lado, informó que publicó el aviso requerido en el auto admisorio y allegó la prueba de esa gestión en Samai. También relacionó el enlace para acceder al expediente digitalizado en OneDrive. 4.5. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por conducto de la magistrada ponente de la sentencia acusada, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque el actor la utiliza como una tercera instancia. De manera subsidiaria, solicitó que se nieguen las pretensiones de amparo ante la inexistencia de un escenario de vulneración de derechos fundamentales. Argumentó que en la sentencia de segunda instancia se realizó un análisis juicioso de las pruebas del proceso y se emitió la valoración y peso de convicción sobre cada una de ellas. En relación con las denuncias y el derecho de petición, indicó que no exponían de forma clara las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habría ocurrido el alegado desarraigo, sino que se había limitado a manifestar la presencia de grupos ilegales en la zona. Precisó que para poder tener por acredit ado el daño, la parte demandante debía probar la coacción externa, una amenaza o violación de derechos y la existencia de hechos determinantes que alteraran drásticamente el orden público, situaciones que, a juicio de la autoridad judicial, no se demostrab an con tales medios probatorios. Relativo al testimonio del señor José Benjamín, se extractó que, aunque el demandante ya no residía en el municipio de Carmen de Bolívar, si continuaba su labor de agricultor. Por lo tanto, insistió en que la determinación de la sentencia se sustentó en la
Relativo al testimonio del señor José Benjamín, se extractó que, aunque el demandante ya no residía en el municipio de Carmen de Bolívar, si continuaba su labor de agricultor. Por lo tanto, insistió en que la determinación de la sentencia se sustentó en la valoración razonable de las pruebas aportadas y practicadas en el curso del proceso que no permitieron declarar la veracidad de los hechos de la demanda. En ese orden indicó que no se concretó un defecto fáctico, en tanto que, no se omitió el decreto de pruebas, no se incurrió en una valoración caprichosa de los medios de convicción y se estudió en integridad el acervo probatorio. 4.6. La Policía Nacional, por conducto del jefe del Área Jurídica de la Secretaría General, señal ó que la decisión de negar las pretensiones de la demanda adoptada por las autoridades judiciales atendió al análisis de las pruebas del proceso. Destacó que no se acreditó el desarraigo laboral comoquiera que la prueba testimonial da cuenta de que el seño r Favián José Torres acude con frecuencia a su finca en el municipio del Carmen de Bolívar y continúa con su labor agrícola. Entonces, las pruebas del proceso no respaldaban los hechos ni las pretensiones de la demanda por lo que lo adecuado era emitir una sentencia que las desestimara, dado que no se probaron los elementos de la responsabilidad del Estado (incumplimiento de la carga de la prueba). Adicional a lo anterior, manifestó que la acción de tutela es improcedente como mecanismo transitorio debido a que no se probó la concreción de un perjuicio irremediable.
5. Providencia impugnada
Adicional a lo anterior, manifestó que la acción de tutela es improcedente como mecanismo transitorio debido a que no se probó la concreción de un perjuicio irremediable.
5. Providencia impugnada En sentencia del 13 de febrero de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplir con el requisito general de relevancia constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06932-01
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia’ www.consejodeestado.gov.co En el acápite de cuestión previa precisó que el estudio de la acción de tutela se restringiría a los argumentos expuestos contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque fue la que terminó el proceso de reparación directa analizado. Relativo a la decisión de improcedencia, el a quo argumentó que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional para demostrar la vulneración de los derechos fundamentales. Consideró que los argumentos fueron generales, imprecisos y que carecían de soporte que permitiera identificar la concreción de un defecto fáctico o sustantivo. Además, destacó que el simple desacuerdo con la valoración probatoria realizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no es suficiente para a creditar la relevancia constitucional del asunto.
6. Impugnación La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia.
Argumentó que el juez constitucional no analizó debidamente la relevancia
constitucional del asunto.
6. Impugnación La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia.
Argumentó que el juez constitucional no analizó debidamente la relevancia constitucional del caso, pues no aplicó los criterios de procedencia de la sentencia SU-215 de 2022. En su concepto, no se trata de una simple discrepancia legal, sino de una actuación judicial arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, que justifica la intervención del juez de tutela ante la vulneración de derechos fundamentales de rango constitucional como el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Destacó que uno de los principales argumentos expuestos en la tutela gira en torno a la nulidad procesal que afectó el proceso de reparación directa, ya que la demanda se tramitó con ausencia de poder suficiente, en claro desconocimiento del artículo 5° de la Ley 2213 de 2022 y del artículo 74 del CGP. En esa línea, advirtió que el Juzgado 36 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debieron inadmitir o declarar la nulidad del proceso al identificar dicho vicio procesal, pero lo omitieron. Considera que esta omisión afecta la validez de todo el proceso, por lo que debe declararse su nulidad y retrotraer las actuaciones a la etapa de admisión. También discutió que el juez de tutela de primera instancia considerara que no se acreditó el daño antijurídico, aunque en el expediente del proceso obran las pruebas que demuestran con claridad y contundencia el desarraigo laboral con ocasión a la presencia de grupos armados en la región y la omisión de medidas estatales de protección. Por lo anterior, insistió en que las pruebas del proceso se valoraron de
que demuestran con claridad y contundencia el desarraigo laboral con ocasión a la presencia de grupos armados en la región y la omisión de medidas estatales de protección. Por lo anterior, insistió en que las pruebas del proceso se valoraron de manera arbitraria y parcial, con lo que se configura un defecto fáctico en la sentencia acusada. De acuerdo con lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia de tutela de primera instancia, que se decla re la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia del proceso ordinario por violación al debido proceso y que se profiera una nueva decisión respetuosa de los principios constitucionales que rigen la administración de justicia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4, fue concebida como un mecanismo
4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06932-01
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia’ www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Favián José Torres Pérez y otros
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia’ www.consejodeestado.gov.co para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando s e interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucio nal y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5 y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos un o de los defectos o requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 7 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos plantea dos por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico Conforme a los antecedentes del caso, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al a quo al declarar la improcedencia de la acción de tutela por incumplir con el presupuesto general de relevancia constitucional.
En el evento en el que se encuentre que la acción de tutela cumple con el anterior requisito y con los demás relativos a la procedibilidad adjetiva, se continuará con el análisis de la sentencia del 18 de octubre de 2024, proferida en el medio de control de reparación directa nro. 11001-33-43-063-2022-00408-00, para establecer si adolece de defecto fáctico por omisión e indebida valoración probatoria.
4. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso particular 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinari a. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para l a protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU -686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001 -03-15-000-201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06932-01
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02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2024-06932-01
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia’ www.consejodeestado.gov.co Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T –248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, ad
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