CE - Sentencia conflicto armado 11001031500020250151700
Detalles
- Título
- CE - Sentencia conflicto armado 11001031500020250151700
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandantes: Juan de Jesús Ardila Hernández y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-01517-00
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01517-00
Demandantes: JUAN DE JESÚS ARDILA HERNÁNDEZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Juan de Jesús Ardila Hernández y otros 1, por intermedio de apoderado judicial, instauraron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamen tales a la igualdad, al debido proceso, a la reparación integral y al acceso a la administración de
1 Luz Marina García Palomino, María Luceni López Osorno, Yolimar Ardila García, Heidy Johana Ardila García, Martha Cecilia García Chaparro, César Antonio García Chaparro, Álvaro Ardila Hernández y Orlando Ardila Hernández.Demandantes: Juan de Jesús Ardila Hernández y otros
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Los accionantes consideran vulneradas tales garantías con la providencia del 29 de agosto de 2024, que confirmó la decisión proferida en primera instancia por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, que declaró probada la excepción de caducidad del
29 de agosto de 2024, que confirmó la decisión proferida en primera instancia por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa instaurada por el señor Juan de Jesús Ardila Hernández y otros contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. Este proceso se identificó con el radicado 11001-3336-0362016-00316-00/01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte accionante solicitó:
Respetuosamente me permito solicitar por favor se acojan todas y cada una de las siguientes peticiones en sede de tutela, interpuesta en contra de la decisión judicial adoptada contra legem por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” en cuanto contradice la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA… y en contra de precedentes verticales habilitantes aplicados inter comunis y vigentes a la época de presentación de la demanda y, dictada en desacato de la interpretación constitucional acuñada con supremacía funcional en las sentencias T -352 de 20165, T -296 de 20186 y las propias sentencia denominadas de unificación SU - 312 de 2020 de la Corte Constitucional y la SU d e 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, trasgrediendo adicionalmente la doctrina Convencional de las sentencias de la Corte IDH Barrios Altos vs Perú7, Valle Jaramillo y otros vs Colombia … García Lucero vs Chile … Villamizar Durán y otros vs
Estado, trasgrediendo adicionalmente la doctrina Convencional de las sentencias de la Corte IDH Barrios Altos vs Perú7, Valle Jaramillo y otros vs Colombia … García Lucero vs Chile … Villamizar Durán y otros vs Colombia…Órdenes Guerra vs Chile … y Familia Julien Grisones vs Argentina… vinculantes para Colombia y aplicables al presente caso concreto conforme al principio de convencionalidad y al bloque de constitucionalidad.
1. PRINCIPALES Que por favor y en honor de la supremacía de la Constitución Política de Colombia y del Estado de Derecho (arts. 1°, 2º, 4°, 93 y 94 C.N.) y en garantía de los artículos 1.1., 2, 5.1, 8.1, 11, 17.1, 19, 24, 25 y 29 de la Convención Interamericana de Derech os Humanos, en armonía con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, los artículos 3 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 3 y 131 de la Convención de Ginebra, los principios 1, 23 y 32 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptado enDemandantes: Juan de Jesús Ardila Hernández y otros
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co febrero 8 de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aprobado en el 61° período de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones contenidos en la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y por efecto de la expres a voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA… y de la unificación interpretativa respecto de la imprescriptibilidad de las acciones administrativas de reparación o de responsabilidad civil del Estado deriv adas de los delitos de lesa humanidad, contenida en las sentencias de tutela T -352 de 2016 y T -296 de 2018, así como en las sentencias de la CIDH Valle Jaramillo y otros vs Colombia de noviembre 27 de 2008, Órdenes Guerra contra Chile de 29 de noviembre de 2018 y Familia Julien Grisonas vs Argentina14 de 23 de Septiembre de 2021 en los principios 1, 23 y 32 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha
Familia Julien Grisonas vs Argentina14 de 23 de Septiembre de 2021 en los principios 1, 23 y 32 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad adoptado desde fe brero 8 de 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aprobado en el 61° período de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en los capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de los Principios y directrices básic os sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones contenidos en la Resolución 60/147 d e 16 de diciembre de 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o con base en los precedentes habilitantes en casos semejantes que en igualdad el Juez de tutela decida aplicar, con efectos inter comunis o inter pares se acoja lo siguiente:
PRIMERA: Que SEAN TUTELADOS LOS DERECHOS FUNDAMENTALES de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), a la INTEGRIDAD PERSONAL (Art. 12 C.N.), a LA IGUALDAD (Art. 13 C.N.), al DEBIDO PROCESO (Art. 29 CN) y a la REPARACIÓN INTEGRAL derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.), en
favor de JUAN DE JESÚS ARDILA HERNÁNDEZ (Padre), LUZ MARINA
derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.), en
favor de JUAN DE JESÚS ARDILA HERNÁNDEZ (Padre), LUZ MARINA
GARCÍA PALOMINO (Madre), MARIA LUCENI LÓPEZ OSORNO
(Compañera Permanente), YOLIMAR ARDILA GARCÍA (Hermana), HEIDY
JOHANA ARDILA GARCÍA (Hermana), JUAN DE JESÚS ARDILA
(Q.E.P.D.) (Abuelo Paterno), representado legalmente por sus hijos JUAN DE JESÚS ARDILA HERNÁNDEZ, ALVARO ARDILA HERNÁNDEZ y ORLANDO ARDILA HERNÁNDEZ, quienes además acuden en su calidad de herederos universales o causahabientes, MARÍA DOLORES CHAPARRO (Q.E.P.D.) (Abuela Materna) representada legalmente por susDemandantes: Juan de Jesús Ardila Hernández y otros
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hijos LUZ MARINA GARCÍA PALOMINO, MARTHA CECILIA GARCÍA CHAPARRO, y CESAR ANTONIO GARCÍA CHAPARRO, quienes además acuden en su ca lidad de herederos universales o causahabientes,
MARTHA CECILIA GARCÍA CHAPARRO (Tía Materna), CESAR
CHAPARRO, y CESAR ANTONIO GARCÍA CHAPARRO, quienes además acuden en su ca lidad de herederos universales o causahabientes,
MARTHA CECILIA GARCÍA CHAPARRO (Tía Materna), CESAR
ANTONIO GARCÍA CHAPARRO (Tío Materno), ALVARO ARDILA HERNÁNDEZ (Tío Paterno), ORLANDO ARDILA HERNÁNDEZ (Tío Paterno), derechos que fueron vulnerados dentro del proceso administrativo de reparación directa identificado con el radicado No. 1100133-36-036-2016-00316-00 iniciado por ellos en contra de la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, por causa de la decisión judicial adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” contenida en su providencia de fecha 29 de agosto de 2024, que CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO TREINTA Y SEIS ADMINISTRATIVO DEORALIDAD, DISTRITO JUDICIAL BOGOTÁ, -SECCIÓN TERCERA -, a pesar de tratarse de un caso de alegada responsabilidad del Estado derivado de un delito de lesa humanidad calificado por las autoridades penales a título de homicidio en persona protegida cometido en el escenario de l conflicto armado interno por agentes del Estado en servicio activo, en un episodio de ejecución extrajudicial que afectó los derechos de los actores.
SEGUNDA: Que, como consecuencia del amparo solicitado, en favor de los demandantes, también con efectos inter comunis o inter pares, por favor se DECLARE NULA por incompatibilidad con la Constitución Política
SEGUNDA: Que, como consecuencia del amparo solicitado, en favor de los demandantes, también con efectos inter comunis o inter pares, por favor se DECLARE NULA por incompatibilidad con la Constitución Política de Colombia y por ser transgresora del Bloque de Constitucionalidad y de la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA15, y, en consecuencia carente de efectos jurídicos, la providencia fecha 29 de agosto de 2024, que CONFIRMÓ la decisión de primera instancia decretando la caducidad en instancia de cierre, en decisión adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” dentro del proceso administrativo de reparación directa identificado con el radicado No. 11001 -33-36-036-2016-00316-00, iniciado por la ejecución extrajudicial de la que fue víctima JUAN CARLOS ARDILA GARCÍA (Q.E.P.D.) a causa del EJÉRCITO NACIONAL.
TERCERA: Que por favor, privada de efectos jurídicos la providencia judicial de la que pedimos se declare su anulación, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCI ÓN “A” a tratar con debida diligencia el proceso administrativo de reparación directa identificado con el radicado No. 1100133-36-036-2016-00316-00, dando prioridad para proferir de nuevo la correspondiente providencia de segunda instancia dentro de un ti empo perentorio de diez (10) días hábiles, teniendo en cuenta el más alto
33-36-036-2016-00316-00, dando prioridad para proferir de nuevo la correspondiente providencia de segunda instancia dentro de un ti empo perentorio de diez (10) días hábiles, teniendo en cuenta el más alto estándar de garantías pro homine, pro damnato y pro actioni, como quieraDemandantes: Juan de Jesús Ardila Hernández y otros
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que de acuerdo con el sistema de precedentes y el principio de convencionalidad, para el presente caso no apl ica la regla general del literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que estableció la caducidad para las acciones de reparación directa sin distinguir su aplicabilidad a los delitos de lesa humanidad.
CUARTA: Solicito de manera respetuosa, para efectivizar la expresa voluntad del legislador expresada en los antecedentes legislativos del artículo 164 del CPACA … y conforme al artículo 7° del Decreto 2591 de 1991…por favor se conceda la siguiente medida provisional con la finalidad de que se protejan los derechos fundamentales de mis representados de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), a la INTEGRIDAD PERSONAL
de que se protejan los derechos fundamentales de mis representados de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA en prevalencia del derecho sustancial (Arts. 228 y 229 C.N.), a la INTEGRIDAD PERSONAL (Art. 12 C.N.), a LA IGUALDAD (Art. 13 C.N.), al DEBIDO PROCESO (Art. 29 CN) y a la REPARACIÓN INTEGRAL derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado (Art. 90 C.N.), así:
1. Que por favor con efectos inter comunis o inter pares se proceda a la suspensión provisional de los efectos de la providencia de fecha 29 de agosto de 2024 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” dentro del proceso administrativo de reparación directa identificado con el radicado No. 11001 -33-36-036-2016-00316-00, para que de esta manera, a casos similares no se les apliquen los fundamentos y efectos de dicha jurisprudencia hasta tanto no se resuelva la presente acción de tutela y de esta manera evitar el menoscabo o vulneración de derechos fundament ales a los actores de la presente acción y la de casos análogos.
QUINTA: Con la finalidad de que participen terceros intervinientes, tal cual lo indica el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 199118, solicito respetuosamente al juez de tutela que por favor, por el medio más expedito y de amplia circulación a nivel nacional se realice llamado a la comunidad en general para que quien tenga interés legítimo en el resultado del proceso, ejerza su derecho e intervenga en coadyuvancia con los accionantes o accionados dentro de la presente acción constitucional.
y de amplia circulación a nivel nacional se realice llamado a la comunidad en general para que quien tenga interés legítimo en el resultado del proceso, ejerza su derecho e intervenga en coadyuvancia con los accionantes o accionados dentro de la presente acción constitucional. (Transcripción literal del texto original y subrayado fuera del texto original)
1.3. Hechos
La parte accionante señaló que, mediante escrito presentado el 26 de octubre de 2016, el señor Juan de Jesús Ardila (padre de la víctima), Álvaro Ardila Hernández (tío de la víctima) y Orlando Ardila Hernández, actuando en nombre propio y en representación de la sucesión intestada del señor JuanDemandantes: Juan de Jesús Ardila Hernández y otros
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Jesús Ardila García (q.e.p.d.) (abuelo de la víctima), a sí como también Luz Marina García Palomino (madre de la víctima), Martha Cecilia García Chaparro (tía de la víctima), y Cesar Antonio García Chaparro (tío de la víctima), actuando en nombre propio y en representación de la sucesión intestada de la señora M aría Dolores Chaparro (q.e.p.d.) (abuela de la víctima), y María Luceni López Osorno (compañera permanente de la
víctima), actuando en nombre propio y en representación de la sucesión intestada de la señora M aría Dolores Chaparro (q.e.p.d.) (abuela de la víctima), y María Luceni López Osorno (compañera permanente de la víctima), Yolimar Ardila García (hermana de la víctima), y Heidy Johana Ardila García (hermana de la víctima), formularon demanda de reparación directa, contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional con ocasión de la muerte de l señor Juan Carlos Ardila García en hechos relacionados con una ejecución extrajudicial, calificado como un crimen de lesa humanidad.
Refirió que e l Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 15 de diciembre de 2020 , declaró de oficio probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control , al considerar que la familia tuvo conocimiento de la eventual participación de los miembros del Ejército Nacional en la muerte de Juan Carlos Ardila desde el 24 de febrero 2000, por la llamada que recibió el padre del fallecido en la que le informaron sobre la participación de militares en el homicidio.
Adujo que , la autoridad judicial concluyó que el término de la caducidad venció el 25 de febrero de 2002, e incluso si se tuviera en cuenta la presentación de la denuncia penal del 17 de diciembre de 2008, el término habría vencido el 11 de enero de 2011, mientras que la demanda se formuló en el año 2016.
Expuso que en contra de la anterior decisión presentó un recurso de
habría vencido el 11 de enero de 2011, mientras que la demanda se formuló en el año 2016.
Expuso que en contra de la anterior decisión presentó un recurso de apelación, el cual resolvió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , con providencia del 29 de agosto de 2024, en el sentido de confirmar lo decidido en primera instancia, con base en lo siguiente:
135. Si bien en el curso de la actuación el apoderado del extremo demandante sostuvo que en el presente caso no hay término de caducidad debido al carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y en esa medida solicitó inaplicar las normas de caducidad, esto es, el literal «i» del ordinal 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, recuerda esta Sala que, la sentencia de unificación antes citada señaló que las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, se encuentran previstas bajo la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y el término de caducidad sí debe exigirseDemandantes: Juan de Jesús Ardila Hernández y otros
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a partir de que se advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado e n los términos del artículo 90 de la Constitución Política, lo que a criterio de la Sala acaeció el 17 de diciembre de 2008.
136. Ahora, conforme se expuso en líneas precedentes, la inaplicación del término de caducidad, solo procede en los eventos en los que se advierta que los afectados no estaban en la posibilidad material de ejercer el derecho de acción . En este caso, conforme el material probatorio obrante en el expediente, no se advierte que los demandantes hayan estado en algún supuesto de imposibil idad de ejercer el medio de control, pues enfatiza la Sección Tercera en la sentencia de unificación que ‘se trata de supuestos objetivos, como secuestros, enfermedades o cualquier situación que no permita materialmente acudir a esta jurisdicción, pues lo referente a la imposibilidad de conocer la relación del Estado con el hecho dañoso no da lugar a la inaplicación de las reglas de caducidad sino al cómputo a partir del momento en el que, dado el conocimiento de los hechos, surge el interés para reclamar la indemnización de los perjuicios causados…’
…como los hechos acaecieron el 24 de febrero de 2000 y los demandantes tuvieron conocimiento del hecho dañoso –presunta ejecución extrajudicial
interés para reclamar la indemnización de los perjuicios causados…’
…como los hechos acaecieron el 24 de febrero de 2000 y los demandantes tuvieron conocimiento del hecho dañoso –presunta ejecución extrajudicial en hechos calificados como baja en combate - del que fue víctima el señor Juan Carlos Ardila García, el 17 de diciembre de 2008, desde esa fecha podían acudir para demandar al Estado en ejercicio del medio de control de reparación directa y probar que su muerte constituía un daño antijurídico a indemnizar por el Estado.
138. Por ello, el plazo para interponer el medio de control venció el 11 de enero de 2011¸ por ser el día hábil siguiente al cumplimiento de los dos años. No obstante, como el requisito de procedibilidad fue agotado el 29 de junio de 2016 y la demanda radi cada el 26 de octubre de 201619, se considera que ha operado el fenómeno de la caducidad del medio de control respecto a las pretensiones dirigidas en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
139. Atendiendo estas consideraciones, para la Sala la demanda de reparación directa, por la que se pretendía la declaratoria de responsabilidad del Estado por la muerte del señor Juan Carlos Ardila García en hechos ocurridos el 24 de febrero de 2000, fue presentada extemporáneamente, por lo qu e confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control impetrado pues se evidenció que la demanda se interpuso fuera del término previsto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, es decir,
instancia que declaró la caducidad del medio de control impetrado pues se evidenció que la demanda se interpuso fuera del término previsto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, es decir, tras haber transcurrido más de dos (2) años desde que los demandantes tuvieron conocimiento de la ocurrencia del daño antijurídico por el que seDemandantes: Juan de Jesús Ardila Hernández y otros
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1.4. Sustento de la petición
La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales pues con la decisión demandada se incurrió en lo siguiente:
1.4.1. Desconocimiento del precedente
Indicó que, la decisión demandada se fundó en el exclusivo acatamiento de las orientaciones que con apelativo de unificación dictó la Sección Tercera del Consejo de Estado en su “muy controvertida” sentencia “insular” del 29 de enero de 2020 dentro del proceso con radicado 85001 -33-33-002-201400144-01 (61.033), pero excluyendo, sin considerarlas siquiera, las veintitrés
de enero de 2020 dentro del proceso con radicado 85001 -33-33-002-201400144-01 (61.033), pero excluyendo, sin considerarlas siquiera, las veintitrés (23) decisiones verticales de cierre que a 16 de septiembre de 2021 en forma previa habían decidido casos semejante s, a pesar de haber int erpuesto la demanda de reparación directa después de trascurridos más de 2 años del conocimiento de los hechos y la participación del Estado en ellos . Enlistó dichas sentencias y se refirió a los alcances convencionales del asunto.
Mencionó que el conocimiento de estos asuntos por la jurisdicción contenciosa administrativa de estos asuntos se encuentra exceptuado del rigor exegético del artículo 164 del CPACA, según las providencias y sentencias de tutela expedidas al respecto por el Consejo de Esta do y en sede de revisión por la Corte Constitucional en la s sentencias T-352 de 2016 y la T -296 de 2018, vigentes a la presentación de la demanda, lo que a su vez para el juez de tutela resulta relevante también como juez de convencionalidad. También hizo referencia a la sentencia SU 060 de 2021 de la Corte Constitucional, en la que se estableció la “… posibilidad de flexibilizar los estándares probatorios en casos en que ocurran graves violaciones de derechos humanos…”.
1.4.2. Defecto procedimental
Indicó que, con la providencia demandada , se incurrió en una vulneración grave y definitiva del debido proceso al confirmar, sin un análisis de fondo, la declaratoria de caducidad realizada de oficio , pues d icha actuación
Indicó que, con la providencia demandada , se incurrió en una vulneración grave y definitiva del debido proceso al confirmar, sin un análisis de fondo, la declaratoria de caducidad realizada de oficio , pues d icha actuación desconoció las reglas esenciales d el trámite judicial, ya que el superior tenía la obligación de verificar integralmente las pruebas obrantes en el expediente antes de adoptar una decisión que afectara los derechos de las partes.
Destacó que, a l omitir se este examen probatorio, el tribunal privó a losDemandantes: Juan de Jesús Ardila Hernández y otros
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1.4.3. Defecto fáctico
Señaló que la autoridad judicial acusada omitió por completo la valoración probatoria, limitándose a confirmar la declaratoria de caducidad sin examinar los elementos de prueba que habrían permitido determinar la procedencia real de la acción.
Refirió que la situación se agrava debido a que la primera instancia tampoco realizó un estudio de fondo de las pruebas obrantes en el expediente, limitándose exclusivamente a declarar la cadu cidad sin contrastar si los
real de la acción.
Refirió que la situación se agrava debido a que la primera instancia tampoco realizó un estudio de fondo de las pruebas obrantes en el expediente, limitándose exclusivamente a declarar la cadu cidad sin contrastar si los hechos y los elementos probatorios permitían esa determinación.
Adujo que, e n este sentido, el tribunal tenía el deber de corregir dicha omisión y efectuar un análisis riguroso del acervo probatorio antes de confirmar una deci sión que restringía los derechos de los demandantes . Sin embargo, al no hacerlo, incurrió en un yerro fáctico grave que afectó la estructura argumentativa del fallo y dejó a la parte actora en un estado de indefensión. Al respecto, agregó:
…la decisión adoptada por el tribunal se encuentra viciada por un defecto fáctico, al haberse apartado de su deber de valorar las pruebas que resultaban pertinentes para definir la procedencia de la acción. La falta de análisis probatorio impidió que el juez evaluara adecuadamente los hechos y aplicara correctamente la normatividad al caso concreto, lo que derivó en una decisión arbitraria y carente de fundamento. En consecuencia, se hace necesaria la intervención del juez constitucional para corregir esta vulneración, garantizando que el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia no sean desconocidos.
1.4.4. Defecto sustantivo
Mencionó que la decisión adoptada por el tribunal acusado se fundamentó en una interpretación del artículo 164 del Cód igo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) que resulta contraria a la Constitución, al bloque de constitucionalidad y al principio de convencionalidad.
una interpretación del artículo 164 del Cód igo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) que resulta contraria a la Constitución, al bloque de constitucionalidad y al principio de convencionalidad.
Hizo referencia a las generalidades de dicho defecto, para concluir loDemandantes: Juan de Jesús Ardila Hernández y otros
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co siguiente:
…la decisión impugnada afectó otros derechos fundamentales, como el derecho al debido proceso (artículo 29 de la Constitución), el derecho a la integridad personal y el derecho a la reparación integral, este último derivado de la responsabilidad patrimonial del Estado. Al negar injustificadamente el acceso a la justicia, el tribunal impidió que se reconocieran y protegieran adecuadamente los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, desconociendo la obligación del Estado de garantiz ar la reparación integral conforme a los estándares nacionales e internacionales. En consecuencia, la intervención del juez
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