CE - Sentencia conflicto armado 11001031500020250179700
Detalles
- Título
- CE - Sentencia conflicto armado 11001031500020250179700
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-01797-00
Referencia: Acción de tutela
ACTORES: VICTOR JULIO BETANCUR FLÓREZ Y OTROS.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR LA PARTE ACTORA ES REABRIR EL DEBATE
SURTIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO Y UTILIZAR LA ACCIÓN DE
TUTELA COMO UNA TERCERA INSTANCIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por los actores contra
el JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE MEDELLÍN 1 y la SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA2.
1 En adelante el JUZGADO. 2 En adelante el TRIBUNAL.2
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I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
Los señores VICTOR JULIO BETANCUR FLÓREZ, ANDRÉS FELIPE
BETANCUR GUZMÁN , YIRLEY DAYANA MADRID BETANCUR ,
VALENTINA, NIYIME ANDREA y YURANI ZULAY HENAO
BETANCUR, JUAN FERNANDO y MILLY ESTEFANY FAMAYA
BETANCUR, MÓNICA MARÍA, YENY, VÍCTOR ALFONSO, NAVIA PATRICIA, MARÍA DEL CARMEN y MARTA YANET BETANCUR JARAMILLO, esta última actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad W. B. G.3, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido, respectivamente, las providencias de 14 de noviembre de 2024 y 6 de febrero de 2025, dentro del medio de
3La Sala se reserva el nombre por protección al menor de edad.3
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3La Sala se reserva el nombre por protección al menor de edad.3
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tonfa y un dispositivo eléctrico tipo táser, con el cual le habrían propinado múltiples descargas en la cabeza, el rostro y el tórax.
Expusieron que, hacia las 6:30 p.m. del día 6 de octubre de 2013, ante la considerable pérdida de sangre que presentaba el señor BETANCUR JARAMILLO, los uniformados procedieron a trasladarlo al Hospital San Vicente de Paul, donde fue ingresado al área de urgencias; s in embargo, pese a la atención médica brindada, el paciente falleció a la 1:34 a.m. del día 7 de octubre de 2013, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio derivado de las graves lesiones sufridas.
Indicaron que los uniformados de la POLICÍA NACIONAL adscritos a la Estación de Policía “La Candelaria ” hicieron uso de la fuerza de manera excesiva, desproporcionada y arbitraria contra el señor BETANCUR JARAMILLO y que, además de dicha agresión, se configuró una omisión por parte de los uniformados al demorar injustificadamente su traslado a un centro médico asistencial, lo cual, en su criterio, constituyó una falla en el servicio y/o un daño antijurídico imputable a la administración.5
injustificadamente su traslado a un centro médico asistencial, lo cual, en su criterio, constituyó una falla en el servicio y/o un daño antijurídico imputable a la administración.5
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Comentaron que, debido a lo anterior, el 19 de septiembre de 2024 promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL por los perjuicios acaecidos con el fallecimiento del señor HENRY BETANCUR JARAMILLO.
Indicaron que al proceso le fue asignado el número único de radicación 05001-33-33-035-2024-00311-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, mediante providencia de 14 de noviembre de 2024, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
Afirmaron que inconformes con lo anterior, interpusieron recurso de apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 6 de noviembre de 2025, confirmó la decisión del a quo.
I.3. Fundamentos de derecho6
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quo.
I.3. Fundamentos de derecho6
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A juicio de la parte actora, la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, habida cuenta que, no tuvieron en cuenta el contexto del caso, ni el conjunto de pruebas que demostraban que únicamente tuvieron plena certeza sobre la responsabilidad estatal una vez quedó en firme la sentencia penal condenatoria de 30 de noviembre de 2022.
Aseveraron que a pesar de que allegaron pruebas nuevas, determinantes y sobrevinientes al fallecimiento del señor BETANCUR JARAMILLO -entre ellas, las decisiones penales y disciplinarias condenatorias proferidas en contra de los uniformados involucrados en los hechos-, las autoridades judiciales accionadas las desestimaron y consideraron que la presentación de la demanda se debió realizar dentro del término de dos años, computados desde el fallecimiento de su familiar , desconociendo la realidad fáctica y jurídica del caso.
Advirtieron que no contaban, desde el inicio, con elementos suficientes para tener una convicción fundada sobre la participación7
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Advirtieron que no contaban, desde el inicio, con elementos suficientes para tener una convicción fundada sobre la participación7
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de agentes del Estado, siendo precisamente las decisiones judiciales sobrevinientes las que corroboraron sus sospechas iniciales.
Alegaron que las decisiones judiciales cuestionadas desconocieron abiertamente la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional respecto al cómputo del término de caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Invocaron el desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en las sentencias SU -439 de 2024 y SU -312 de 2020 proferidas por la Corte Constitucional , que establecieron que el término de caducidad debe contabilizarse desde que la víctima o sus familiares tienen certeza jurídica de la responsabilidad del Estado, más no desde el momento en que tuvo ocurrencia del daño.
Sostuvieron que las providencias cuestionadas también incurrieron en defecto sustantivo al haber efectuado una interpretación restrictiva y desacertada del artículo 164 del CPACA, al margen del bloque de constitucionalidad, pues dicha aplicación impuso una carga8
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bloque de constitucionalidad, pues dicha aplicación impuso una carga8
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procesal excesiva e irrazonable a las víctimas, desconociendo el deber de protección a aquellas en contextos de graves violaciones a los derechos humanos, como los crímenes de lesa humanidad.
Señalaron que el rechazo de plano de la demanda sin permitir un examen de fondo vulneró sus derechos fundamentales y los principios de verdad, justicia, reparación integral y no repetición de víctimas de delitos cometidos con grave violación de los derechos humanos y acceso a la administración de justicia.
I.4.- Pretensiones
Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] ordenar que en un término que no supere las 48 horas seguidas a la notificación de la decisión, la accionada emita una nueva providencia en la cual se pronuncie frente a los requisitos formales de admisión de la demanda de reparación directa con radicado 0 5001333303520240031100, dejando superado el atinente a la caducidad para promover el medio de control […]”.
I.5.- Defensa9
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atinente a la caducidad para promover el medio de control […]”.
I.5.- Defensa9
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I.5.1.- El TRIBUNAL atendió el requerimiento elevado en el marco de la presente acción de tutela, con el fin de suministrar información relacionada con el trámite surtido en el proceso identificado con el radicado 05001 33 33 035 2024 00311 01.
Precisó que, mediante auto de 6 de febrero de 2025 , confirmó la decisión del juez de primera instancia que rechazó la demanda por caducidad de la acción al encontrar probado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control y que tal determinación fue el resultado de un análisis jurídico de fondo del asunto, sustentado en los lineamientos procesales vigentes.
Informó además que, al momento en que se presentó la acción de tutela de la referencia, el proceso de reparación directa se encontraba a cargo del JUZGADO, circunstancia que consta en el sistema de gestión judicial SAMAI, bajo el índice 00010 de 18 de febrero de 2025, en la actuación denominada “DEVOLUCIÓN ENTIDAD DE
ORIGEN”.
I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir copia del expediente digital10
2025, en la actuación denominada “DEVOLUCIÓN ENTIDAD DE
ORIGEN”.
I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir copia del expediente digital10
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origen de la controversia, sin realizar pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL solicitó la desvinculación de la acción constitucional de la referencia, toda vez que carece de legitimación en la causa por pasiva, pues las decisiones judiciales que se cuestionan no le son atribuibles ni fáctica, ni jurídicamente a esa Institución.
Destacó que dicha falta de legitimación encuentra sustento jurídico en el artículo 121 de la Constitución Política y en el artículo 5 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 19984, los cuales determinan que las entidades solo pueden ejercer las competencias que expresamente les hayan sido asignadas por la ley, siendo inadmisible asu mir funciones que correspondan a otros órganos del Estado.
4 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
funciones que correspondan a otros órganos del Estado.
4 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones."11
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela en tre las Secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.
La Sala advierte que la POLICÍA NACIONAL solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva.12
efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.
La Sala advierte que la POLICÍA NACIONAL solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva.12
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera de que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas,13
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y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
En el presente caso, independient e de la prosperidad o no de la solicitud de amparo, comoquiera que l a POLICÍA NACIONAL fue demandada en el proceso ordinario origen de la presente acción constitucional, es claro que, como tercero, le asiste un interés en las resultas de la acción de tutela de la referencia y en esa calidad se dio su vinculación, razón por la que la Sala denegará su soli citud de desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 201214
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(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acc ión de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de15
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de15
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tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales16
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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.17
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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance18
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de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
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de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
- Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)
En el caso bajo examen, l a parte actora pretende que se deje n sin efectos las providencias de 14 de noviembre de 2024 y de 6 de febrero de 2025 , proferid as por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, mediante l as cuales rechazaron por caducidad la demanda dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2024-00311-01.
La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa presentada por los actores contra la NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL en la que solicitaban que se le declarara responsable por los perjuicios sufridos con ocasión de la muerte d el señor HENRY BETANCUR JARAMILLO como consecuencia de las acciones y omisiones en las que incurrieron miembros activos de la estación “La Candelaria ” en la ciudad de19
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Medellín, quienes detuvieron y privaron de la libertad al fallecido, ejerciendo violencia desmedida sobre este, demorándose en trasladarlo a un centro médico con el fin de que recibiera atención de urgencias médicas.
Los actores estiman que la providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, dado que, en su sentir, la s autoridades judiciales accionadas realizaron una valoración indebida de las pruebas aportadas, desconocieron la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional que ha sido pacífica en reiterar que el conteo de la caducidad del medio de control de reparación directa se inicia a partir del momento en que las víctimas tienen certeza de la participación del Estado, más no desde la ocurrencia del daño, por lo que, además, se incurrió en defecto sustantivo al efectuar una interpretación estricta del artículo 164 del CPACA desconociendo el bloque de constitucionalidad y, en consecuencia, rechazando la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.
La Sala pone de presente que, si bien l a parte actora cuestionó la20
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2025-01797-00
ACTORES: VICTOR JULIO BETANCUR FLÓREZ Y OTROS.
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cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Cfr. Se
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