CE - 010306000202200272001AUTOQUERESUELDECISIONC20230508154333

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Óscar Darío Amaya Navas

Bogotá D.C., 27 de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-06-000-2022-00272-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias.

Partes: Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis

(Antioquia) y la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia).

Asunto: autoridad competente para conocer la queja de acoso laboral.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numer al 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), respectivamente modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en los documentos remitidos, los antecedentes se resumen así:

1. El 26 de octubre de 2021, la señora Lina Marllory Bedoya Carvajal, empleada de la empresa privada Centro Aseo, como prestadora del servicio de aseo y cafetería en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Jericó

(Antioquia) presentó, ante el personero municipal de Jericó (Antioquia) , queja disciplinaria por acoso laboral en contra de la señora Gloria Patricia Restrepo Ruiz, funcionaria de la misma Oficina , por presuntos actos de hostigamiento y

(Antioquia) presentó, ante el personero municipal de Jericó (Antioquia) , queja disciplinaria por acoso laboral en contra de la señora Gloria Patricia Restrepo Ruiz, funcionaria de la misma Oficina , por presuntos actos de hostigamiento y comentarios ofensivos en su contra2.

2. Mediante correo electrónico, la Personería Municipal de Jericó remitió a la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Provincial de Andes ), la queja presentada por la señora Lina Marllory Bedoya Carvajal.

3. El 7 de diciembre de 2021 , la Procuraduría Provincial de Andes (Antioquia) manifestó no ser la autoridad competente para conocer de la queja presentada por la señora Lina Marllory Bedoya Carvajal , en contra de la señora Gloria Patricia Restrepo Ruiz , por tratarse de un a funcionaria adscrita a una entidad del orden

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Expediente digital, reparto y radicación, PDF 7, folios 5 al 8.Radicación 1100103060002022027200 Página 2 de 21

nacional, como lo es la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Jericó. En virtud de lo anterior, remitió el asunto a la Procuraduría Regional de Antioquia, para que la resolviera.3

4. El 25 de marzo de 2022 , la Procuraduría Regional de Antioquia ordenó remitir,

virtud de lo anterior, remitió el asunto a la Procuraduría Regional de Antioquia, para que la resolviera.3

4. El 25 de marzo de 2022 , la Procuraduría Regional de Antioquia ordenó remitir, por competencia, las diligencias al Juzgado 001 Promiscuo del Circuito de Jericó, dado que la p resunta víctima de acoso laboral era empleada particular de la empresa privada Centro Aseo, y por lo tanto , eran los jueces de trabajo , con jurisdicción en el lugar de los hechos, los que debían conocer de las diligencias, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 12 de la Ley 1010 de 2006.

5. E l 18 de agosto de 2022, el juez promiscuo del circuito de Jericó manifestó impedimento, de acuerdo con los numerales 9° y 12 del artículo 141 del CGP, toda vez que, según afirmó, mant enía una amistad con la señora Lina Marllory Bedoya Carvajal, y, en consecuencia, ordenó el envío del expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis (Antioquia), por no existir en ese circuito otro juez del mismo ramo y categoría.

6. El 5 de septiembre de 2022, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis devolvió el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de Jericó, porque consideró que no le correspondía al homólogo del lugar más cercano conocer de la queja, sino a aquel que el superior funcional determinara, en este caso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, según lo dispuesto en el artículo 144 del

CGP.

consideró que no le correspondía al homólogo del lugar más cercano conocer de la queja, sino a aquel que el superior funcional determinara, en este caso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, según lo dispuesto en el artículo 144 del CGP.

7. El 22 de septiembre de 2022, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Jericó remitió el expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, con el fin de que dicha autoridad resolviera el impedimento.

8. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, mediante acta de discusión 0297 del 12 de octubre de 2022, acogió el impedimento del juez promiscuo del circuito de Jericó y, en consecuencia, dispuso el envío del expediente al Juzga do Promiscuo del Circuito de Támesis para que continuara el trámite pertinente4.

9. El 20 de octubre de 2022 , el Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis, mediante Auto número 150 del 20 de octubre de 2022, avocó conocimiento de la investigación disciplinaria e inició procedimiento sancionatorio de conformidad con el inciso 1° del artículo 12 de la Ley 1010 de 2006, en contra de la señ ora Gloría Patricia Restrepo Ruiz , funcionaria de la Oficina de Registro de Instrumentos

Públicos de Jericó5.

3 Expediente digital, reparto y radicación, PDF 7, folios 10 al 11. 4 Expediente digital, reparto y radicación, PDF 7, folios 14 al 16.

Públicos de Jericó5.

3 Expediente digital, reparto y radicación, PDF 7, folios 10 al 11. 4 Expediente digital, reparto y radicación, PDF 7, folios 14 al 16. 5 Expediente digital, reparto y radicación, PDF 10, folio 4al 7.Radicación 1100103060002022027200 Página 3 de 21

10. El señor Carlos Augusto Hoyos Peláez, registrador de instrumentos públicos de Jericó, mediante escrito del 21 de octubre de 2022, solicitó al Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis declararse incompetente para seguir conociendo del proceso. Argumentó en su escrito que el juez promiscuo del circuito de Támesis no tenía competencia para adelantar una investigación disciplinaria y sancionar servidores públicos, como era el caso de la señora Gloria Patricia Restrepo Ruiz.

11. El 24 de octubre de 2022, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis , mediante Auto núm. 152 del 24 de octubre de 2022, dejó sin efecto s el Auto interlocutorio núm. 150 del 20 de octubre de 2022 ; declaró no tener competencia para conocer de la queja presentada por la señora Lina Marllory Bedoya Carvajal y ordenó remitir la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en aras de que se resolviera el presunto conflicto de competencias entre la Procuraduría General de la Nación y ese juzgado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011,

Procuraduría General de la Nación y ese juzgado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y las personas interes adas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto6.

Consta que se informó sobre el presente conflicto al Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis , al Juzgado Promiscuo del Circuito de Jericó, a la Procuraduría Regional de Antioquia, a la Procuraduría Provincial de Andes, a la Sala Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Municipio de Jericó, a la señora Gloria Patricia Restrepo Ruiz, a la señora Lina Marllory Bedoya Carvajal, al señor Carlos Augusto Hoyos Peláez (Registrador de Instrumentos Públicos de Jericó), y a la Personería Municipal de Jericó7.

En informe secretarial consta que, dentro del término de fijación del edicto, la procuradora de instrucción de Antioquia, y el juez primero civil del circuito de Támesis (Antioquia) , present aron consideraciones. Las demás autorid ades involucradas y personas interesadas guardaron silencio8.

Mediante Auto de 3 de febrero de 2023 , el consejero ponente solicitó documentos que acreditaran la forma de vinculación laboral de las señoras Lina Marllory Bedoya

involucradas y personas interesadas guardaron silencio8.

Mediante Auto de 3 de febrero de 2023 , el consejero ponente solicitó documentos que acreditaran la forma de vinculación laboral de las señoras Lina Marllory Bedoya Carvajal y Gloria Patricia Restrepo Ruiz.

Mediante informe secretarial del 8 de febrero de 2023, la secretaria de la Sala indicó a este despacho que

6 Expediente digital, edicto PDF 13, folio 1. 7 Expediente digital, reparto y radicación, PDF 15, folios 31 al 37. 8 Expediente digital, al despacho por reparto, PDF 11, folio 1.Radicación 1100103060002022027200 Página 4 de 21

[…] el doctor Nelson Tirado Díaz, de la Oficina Jurídica de la Empresa Centro Aseo, vía correo electrónico, presentó documentación, en un archivo pdf con un folio. La señora Gloria Patricia Re strepo Ruiz, del Grupo Administrativo de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Jericó (Antioquia), vía correo electrónico, presentó documentación, en un archivo pdf con cuatro folios9.

Mediante Auto de 31 de marzo de 2023 , el consejero ponente comunicó a la Procuraduría General de la Nación sobre la existencia del presente conflicto de competencias con el fin de que, si lo considera ba pertinente, dentro del término de cinco (5) días allegara alegatos o consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis (Antioquia)

Señaló que se tengan como alegatos los fundamentos expuestos al momento de

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis (Antioquia)

Señaló que se tengan como alegatos los fundamentos expuestos al momento de suscitar el conflicto de competencias administrativas, en el auto interlocutorio núm. 152 del 24 de octubre de 2022.

Manifestó que la Ley 1010 de 2006 tiene como fin sancionar toda conducta ultrajante que se desarrolle en el contexto de una relación laboral, y que se define como acoso laboral cuando se ejerce de manera persistente , por lo cual es indiscutible que se trata de acciones de carácter disciplinario enmarcadas en el numeral 10° de la Ley 1010 de 2006.

Sostuvo que en cabeza del Estado radica la potestad disciplinaria y se ejerce, como lo indicó el peticionario, por la Procuraduría General de la Naci ón, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno y los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado.

Afirmó que, por tratarse de una servidora pública, el asunto está sometido al régimen disciplinario que consagra la Ley 1592 de 2019, reformada por la Ley 2094 de 2021, y no por la ley 734 de 2002, como lo afirmó el solicitante de la declaratoria de incompetencia.

Aseveró que la queja entablada por la señora Bedoya Carvajal (empleada particular) contra una empleada de una entidad del Estado , vinculada mediante un acto legal y reglamentario , se dio por una conducta constitutiva de falta disciplinaria y no

Aseveró que la queja entablada por la señora Bedoya Carvajal (empleada particular) contra una empleada de una entidad del Estado , vinculada mediante un acto legal y reglamentario , se dio por una conducta constitutiva de falta disciplinaria y no precisamente de ac oso laboral por que no proviene de un superior, compañero o subordinado.

Finalmente, expuso que dada la calidad de funcionaria pública de la señora Gloria Patricia Restrepo Ruiz, debe ser Investigada p or la Procuraduría General de la

9 Archivo 31 del expediente digital.Radicación 1100103060002022027200 Página 5 de 21

Nación, como titular de las funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

2. Procuraduría Regional de Inspección de Antioquia

Afirmó que el artículo 12 de la Ley 1010 de 2006, de forma taxativa, estableció que los jueces de trabajo son los competentes para imponer sanciones por acoso laboral cuando las victimas de l acoso sean trabajadores o empleados particulares como ocurre en el presente caso.

Por último, señaló que el juez calific ó la conduct a de fal ta disciplinaria pero no precisamente de un acoso laboral , lo cual se debió hacer después de una evaluación de las diligencias y no en el momento de proponer el conflicto de competencias administrativas.

IV. CONSIDERACIONES

Competencia

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan

Competencia

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 10, norma especial sobre la materia, que dispone:

Artículo 99 . Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis (Anti oquia) y la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia) no tienen un superior común.

10 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y

(Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia) no tienen un superior común.

10 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.Radicación 1100103060002022027200 Página 6 de 21

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), particularmente aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competenc ia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativos

La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

ARTÍCULO 39. CONFLICTOS DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá i nmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del

la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá i nmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…]

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, establece que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. [...]

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.Radicación 1100103060002022027200 Página 7 de 21

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreto porque se origina de la queja por acoso laboral interpuesta por la señora Lina Marllory Bedoya

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreto porque se origina de la queja por acoso laboral interpuesta por la señora Lina Marllory Bedoya Carvajal, empleada de la empresa Centro Aseo , contra la señora Gloria Patricia Restrepo Ruiz, funcionaria de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Jericó. ii) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

Tanto la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia de la Procuraduría General de la Nación 11, y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis , negaron tener competencia para conocer del asunto de la referencia. iii) Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente caso, las dos autoridades en conflicto son del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación , a través de la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia , y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Támesis (Antioquia) autoridad territorialmente desconcentrada e integrante de la Jurisdicción Ordinaria de la Rama Judicial, conforme lo establecido en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996).

4. Competencia de la Sala en el caso concreto

En el presente caso, el conflicto negativo de competencias planteado corresponde a la actuación disciplinaria que habrá de adelantarse en virtud de la queja presentada en contra de la señora Gloria Patricia Restrepo Ruiz, (funcionaria de la

En el presente caso, el conflicto negativo de competencias planteado corresponde a la actuación disciplinaria que habrá de adelantarse en virtud de la queja presentada en contra de la señora Gloria Patricia Restrepo Ruiz, (funcionaria de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Jericó), por presuntas conductas de acoso laboral.

Si bien es cierto la Sala de Consulta y Servicio Civil en recientes decisiones 12 ha señalado que la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo

11 Al respecto se debe precisar que la Ley 2094 de 2021, en su artículo 1°, otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación y replico dicha función en los artículos 1°, 54, 73 y 74 (que modificaron los artículo 2°, 238ª, 265 de la Ley 1952 de 2019). Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30-23 declaró inexequible las funci ones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación que le había dado la referida norma (artículo 1°, 54, 73 y 74), decisión que fue dada a conocer por medio del comunicado 04 de la Corte Constitucional del 16 de febrero de 2023. 12 Decisión del 21 de septiembre de 2021 (radicación -2021-00081), Decisión del 27 de julio de 2020 (radicación - 2020-00137), Decisión del 26 de mayo de 2020 (radicación - 2020-00041), Decisión del 6 de julio de 2022 (radicación - 2022-00026), Decisión del 3 de junio de 2022 (radicación - 20226 de julio de 2022 (radicación - 2022-00026), Decisión del 3 de junio de 2022 (radicación - 202200031)Radicación 1100103060002022027200 Página 8 de 21

dispuesto en la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021 , ejercía funciones jurisdiccionales, también lo es que con el comunicado de presa núm. 04 del 16 de febrero de 2023 la Corte Constitucional Señaló:

(v) Inexequibilidad parcial y exequibilidad condicionada de las normas estudiadas.

Al resolver el problema jurídico, la Corte verificó la vulneración del artículo 116 superior, porque la asignación de funciones jurisdiccionales a la PGN no cumplió con los presupuestos fijados por la Constitución. Se precisó que dicho otorgamiento i) debe ser excepcional; ii) debe estar contenido en una norma con fuerza material de ley; iii) las materias sobre las que se ejercerán esas funciones deben ser precisas, esto es, deben estar definidas de manera clara y de acuerdo con un «ámbito material» delimitado y iv) no se podrán asignar funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas para la investigación y juzgamiento de delitos.

Las normas analizadas implicaron la habilitación amplia, general, exclusiva y extensa de la PGN como órgano investido de jurisdicción para el ejercicio de la acción disciplinaria y la imposición de sanciones, inclusive las de destitución, suspensión e inhabilidad contra servidores públicos de elección popular. En bloque, se redefinió la naturaleza de una función, que no estaba en cabeza de la

acción disciplinaria y la imposición de sanciones, inclusive las de destitución, suspensión e inhabilidad contra servidores públicos de elección popular. En bloque, se redefinió la naturaleza de una función, que no estaba en cabeza de la Rama Judicial, sin que implicara su fortalecimiento ni descongestión. Ello es contrario a la Carta, 6 por lo que la Corte procedió a declarar la inexequibilidad de las expresiones “jurisdiccionales” y “jurisdiccional” de los artículos 1, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021.

La Sala precisó que las funciones disciplinarias que ejerce la PGN son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. En tal sentido, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 13, 16 y 17 de la Ley 2094 de 2021, en el entendido de que las funciones disciplinarias que ejerce la PGN son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional.

Luego, consideró necesario analizar los argumentos de la censura r elacionados con la vulneración del artículo 23.2 de la CADH . Recordó que dicha normativa hace parte del bloque de constitucionalidad y que en desarrollo del principio de armonización entre el orden nacional e interamericano en materia de protección de derechos (sentencia C-101 de 2018), se entiende por esta Corporación que la aplicación de aquel, como lo hizo el Congreso de la República al expedir la Ley 2094 de 2021, implica la garantía de que las sanciones disciplinarias de destitución, suspensión e inhabilidad contra servidores de elección popular, solo pueden i mponerse con intervención de un juez, según la atribución de

2094 de 2021, implica la garantía de que las sanciones disciplinarias de destitución, suspensión e inhabilidad contra servidores de elección popular, solo pueden i mponerse con intervención de un juez, según la atribución de competencias que se determine en ley, de conformidad con el artículo 277.6 de la Constitución. Al respecto, destacó que dicha reserva judicial se fundamenta en que la intervención de un juez es u na garantía para asegurar que las decisiones administrativas no tengan como finalidad generar una interferencia indebida en el mandato popular y en los derechos políticos del sancionado13.

13 Cfr. Sentencia C-146 de 2021.Radicación 1100103060002022027200 Página 9 de 21

En seguida, al estudiar el reproche sobre la violación del artículo 29 de la Carta y el artículo 8 de la CADH, sobre la garantía de juez natural, la Sala consideró que el artículo 277.6 de la Constitución dispone que la PGN es competente para, conforme a la ley, adelantar las investigaciones e imponer sanciones disciplinarias a los servidores públicos, incluidos los de elección popular, excepto aquellos cuyo régimen está regulado por la Constitución. Dicha atribución debe ejercerse bajo la aplicación de los estándares constitucionales, entre los cuales se encuentra el de reserva judicial, en virtud del cual, los jueces, con independencia de su especialidad, son los competentes para imponer las limitaciones antes mencionadas a los servidores públicos de elección popular, siempre que brinden las garantías del debido p roceso, pues tal restricción no puede ser impuesta por autoridades administrativas. Dicha consideración es respetuosa de la arquitectura

mencionadas a los servidores públicos de elección popular, siempre que brinden las garantías del debido p roceso, pues tal restricción no puede ser impuesta por autoridades administrativas. Dicha consideración es respetuosa de la arquitectura institucional dispuesta por el Constituyente de 1991 para la vigilancia de la función pública, porque conserva la potes tad disciplinaria en cabeza de la Procuraduría General de la Nación 1 Cfr. Sentencia C-146 de 2021. 7 y, adicionalmente, recoge la ampliación de la garantía de juez natural, mediante el establecimiento de la decisión judicial como condición indispensable para la imposición de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, a partir de los estrictos estándares derivados del bloque de constitucionalidad.

De esta manera, la interpretación sistemática, armónica y p onderada de los mandatos superiores contenidos en los artículos 29, 92, 93, 44.1, 277.6 de la Constitución y 8 y 23.2 de la CADH, permite concluir que es imperioso asegurar que las decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e inhabilidad de la PGN, en contra de los servidores de elección popular, no puedan quedar ejecutoriadas ni ser ejecutables antes de que su determinación final se defina por medio de sentencia que expida un juez. Por ello, se declaró inexequible la expresión “ejecutoriadas”, contenida en el artículo 54 de la Ley 2094 de 2021.

Considerando la necesidad de asegurar los postulados constitucionales y las garantías procesales de juez natural y de reserva judicial para la determinación de la sanción que restrinja los mencionados derechos políticos de servidores públicos

Considerando la necesidad de asegurar los postulados constitucionales y las garantías procesales de juez natural y de reserva judicial para la determinación de la sanción que restrinja los mencionados derechos políticos de servidores públicos de elección popular, contenidas en el bloque de constitucionalidad, la Corte integró la unidad normativa14 con las disposiciones que regulan el recurso extraordinario de revisión, establecido por el Legislador en los artículos 54 a 60 de la Ley 2094 de 2021, que adicionan los artículos 238A a 238G del Código General Disciplinario. Lo anterior, con la finalidad de analizar su constitucionalidad, en particular respecto de la decisión de inexequibilidad de la atribución de funciones jurisdiccionales a la PGN y para modular su aplicación conforme a la Carta, respecto de la sanción disciplinaria de los servidores de elección popular, consistente en destitución, suspensión e inhabilidad.

Lo anterior configura el remedio cons titucional que armoniza y materializa los principios en tensión y evita un vacío regulatorio o una situación de incumplimiento de los estándares de la Carta. En concreto, evita poner en riesgo intereses superiores relacionados con la eficiencia y transpare ncia de la función pública y, ante todo, busca no debilitar la acción del Estado en cuanto a la lucha contra la corrupción, ordenada por la Constitución y tratados internacionales.

14 Sobre el particular, se destaca que la unidad normativa de las normas que regulan el mecanismo de revisión fue solicitada en la intervención de la Academia Colombiana de Derecho Sancionatorio.Radicación 1100103060002022027200 Página 10 de 21

Bajo ese supuesto, se requiere recurrir a una sentencia integradora que adecúe el alcance del recurso judicial que estableció el Legislador, bajo la denominación de recurso extraordinario de revisión, para hacer efectivo el estándar mencionado en materia de imposición de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad por responsabilidad disciplinaria de servidores de elección popular con intervención de juez. Lo expuesto, sin afectar otros bienes o competencias constitucionales, ni la seguridad jurídica.

La Sala evaluó la posibilidad de disponer que en estos casos se realiz ara una intervención judicial automática e integral de las decisiones de la PGN, similar al grado de consulta existente en algunas especialidades del derecho. Sin embargo, evidenció que ello podría contradecir la jurisprudencia constitucional, en particular lo señalado en la sentencia C