CE - 010315000202300005001SENTENCIASENTENCIA20230223181341

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00005-00

Demandante: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-00005-00

Demandante FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTRO Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Defecto fáctico. Sanción moratoria docentes. Ley 1955 de 2019, artículo 57. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 19 de diciembre de 202 21, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio interpuso acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

Magisterio interpuso acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “Primera: Tutelar a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG. el derecho constitucional fundamental al debido proceso, vulnerado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó, con la expedición de las sentencias de fecha 30 de noviembre de 2021 y 28 de octubre de 2020 (respectivamente)”.

2. Hechos Del expediente, se advierte como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 4 de junio de 2019, la docente Leidy Johana Urrutia Mosquera solicitó el pago de sus cesantías. El 12 de julio de 2019, la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó expidió la Resolución 002113, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales a la solicitante. Y el 15 de enero de 2020 se realizó el pago de las cesantías. 2.2. En el año 2021, la señora Leidy Johana Urrutia Mosquera interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del dere cho

1 Índice 2 en Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00005-00

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , a fin de que (i) se dejara sin efectos el acto ficto por medio del cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías; y (ii) se ordenara el reconocimiento y pago de 120 días de mora, comprendidos en el periodo del 17 de septiembre de 2019 y el 14 de enero de 2020. 2.3. Del asunto conoció el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó (Radicado Nro. 2 7001-33-33-002-2021-00070-00), que mediante sentencia del 30 de noviembre de 2021 accedió a las pretensiones formuladas. Contra la anterior decisión, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo del Chocó que, mediante sentencia de 28 de octubre de 2022, confirmó el fallo de primera instancia por las mismas razones del a quo.

3. Fundamentos de la acción La parte actora consideró que el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó y el Tribunal Administrativo del Chocó incurrieron en defecto sustantivo y fáctico, por las razones que se expondrán a continuación: 3.1. Defecto sustantivo: La parte actora sostuvo que, si bien el pago de la sanción moratoria en el pasado era su responsabilidad, la Ley 1955 de 2019 modificó tal circunstancia.

Puntualmente, el artículo 57 de esta norma dispuso que no podría ordenarse

moratoria en el pasado era su responsabilidad, la Ley 1955 de 2019 modificó tal circunstancia. Puntualmente, el artículo 57 de esta norma dispuso que no podría ordenarse el pago de indemnizaciones económicas con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y que, consecuentemente, la entidad territorial será respon sable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías. Asimismo, se facultó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir títulos de tesorería que financiaran el pago de las sanciones por mora a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2019. Así se dispuso en la norma mencionada: “Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sólo podrán destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para efectos de financiar el pago de las sanciones por mora a cargo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio causadas a diciembre de 2019, facúltese al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir Títulos de Tesorería que serán administrados por una o varias sociedades fiduciarias públicas; así mismo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público definirá la operación, las reglas de negociación y pago de los mismos. El Consejo Directivo del FO MAG efectuará la adición presupuestal de los recursos de los que trata el presente parágrafo. La emisión de bonos o títulos no implica operación presupuestal alguna y solo debe presupuestarse para efectos de su redención.” Así las cosas, la parte actora a seguró que las autoridades judicialesRadicado: 11001-03-15-000-2023-00005-00

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co desconocieron el contenido del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, pues allí se dispuso la prohibición de “condenar al FOMAG, por mora que se genere a partir del 1 de enero de 2020”. De manera que en el caso no era viable la condena del frente a mora generada en vigencia 2020. En suma, aunque existe responsabilidad, esta solo corresponde a los días generados hasta el 31 de

del 1 de enero de 2020”. De manera que en el caso no era viable la condena del frente a mora generada en vigencia 2020. En suma, aunque existe responsabilidad, esta solo corresponde a los días generados hasta el 31 de diciembre de 2019; y los demás debe asumirlos la entidad territorial. 3.2. Defecto fáctico: La parte actora argumentó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en tal defecto porque la resolución que reconoció las cesantías y los correspondientes soportes de pago, no solo le permitían al juez determinar el cálculo de la sanción moratoria, sino también “inferir en cabeza de qué entidad se encuentra la responsabilidad del pago de la misma ”. No obstante, las autoridades judiciales omitieron la valoración adecuada de dichas pruebas, lo cual condujo a una conclus ión errada sobre la legitimación por pasiva y, consecuentemente, a proferir una sentencia condenatoria en la que no se tuvo en cuenta que su responsabilidad únicamente comprendía los días de mora generados hasta 31 de diciembre de 2019.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Mediante auto de 17 de enero de 2023, se admitió la acción de tutela interpuesta por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , en contra el Tribunal Administrativo del Chocó y el Ju zgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó ; se ordenó notificar en calidad de tercero a la señora Leidy Johana Urrutia Mosquera, quien actuó como demandante del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ; se reconoció a la abo gada Aidée Johanna Galindo Acero como apoderada de la parte demandante; y se dispuso efectuar

Mosquera, quien actuó como demandante del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ; se reconoció a la abo gada Aidée Johanna Galindo Acero como apoderada de la parte demandante; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes. 4.2. El Tribunal Administrativo del Chocó sostuvo que lo que se desprende del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 es que si es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es el que incurre en mora frente al pago, tal entidad es la que debe asumir el pago de la correspondiente sanción moratoria. Señaló que, justamente, así sucedió en el caso, pues en el medio de control se demostró que la docente Leidy Johana Urrutia Mosquera solicitó el retiro de sus cesantías el 4 de junio del año 2019 y mediante Resolución Nro. 2113 de 19 de julio de 2019, la S ecretaría de Educación Departamental del Chocó reconoció el pago. Entonces, si bien el acto administrativo de reconocimiento no fue expedido dentro de los 15 días que establece la norma, el mayor tiempo de la mora ocurrió después del 19 de julio del 2019, pues el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio efectuó el pago hasta el día 15 de enero del 2020. El Tribunal manifestó que, consecuentemente, el Fondo es la entidad que tiene que asumir la responsabilidad del pago de la sanción moratoria. Agregó que el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 facultó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir títulos de tesorería, con el fin de financiar el pago de las sanciones moratorias

mayo de 2019 facultó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir títulos de tesorería, con el fin de financiar el pago de las sanciones moratorias a cargo del Fondo causadas hasta el 31 de diciembre de 2019. Lo cual en su criterio corrobora que “ quien debe pagar el valor de dicha penalidad, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00005-00

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir

y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 5 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expu estos, y por tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela interpuesta por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cual quier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fund amenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentenci a del 5 de agosto de 2014. Proceso No.

5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentenci a del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00005-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co cumple a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad, particularmente el de la relevancia constitucional. Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir la sentencia de 28 de octubre de 2022, en el marco del medio de control tramitado bajo el radicado 27001-33-33-002-2021-00070-01, el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en los defectos sustantivo y fáctico.

4. Requisito de relevancia constitucional y su análisis del caso 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia

puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T –248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisió n

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisió n cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más

6 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00005-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el intere sado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se

conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural7. De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa. En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al

presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos”8. 4.2. Con base en los criterios expuestos hay lugar a afirmar que la relevancia constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de tutela, entonces, verificar que la ac ción no se esté utilizando como una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el e scrito de tutela son iguales. En caso de que se trate de los mismos argumentos es factible que el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el juez de tutela, a diferencia del primero, sí acceda a sus pretensiones. 4.3. Justamente, la Sala considera que la acción de tutela analizada se está

7 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T422 de 2018, T715 de 2016, C-590 de 2005. 8 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00005-00

8 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00005-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co empleando, principalmente, como una instancia adicional, pues esta última es una reiteración de la argumentación presentada en el medio de control, específicamente en el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia. Así, en esa oportunidad el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sustentó su desacuerdo con la decisión de primera instancia en que el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó desconoció el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, tal como lo m anifestó en el escrito de tutela. La identidad entre los cargos se corrobora del siguiente fragmento del mencionado recurso de apelación: “El Despacho, no analiza el artículo 57 de la ley 1955 de 2019 que para casos con sanción mora que abarca el año 202 0 es obligatorio y, por el contrario, condena a la entidad que represento, al reconocimiento y pago de la sanción mora objeto de demanda. En el caso objeto de estudio se tiene que si bien la mora fue causada en la vigencia de 2019 los días de mora se extendieron hasta el año 2020 a causa de la demora en la expedición del acto administrativo por parte del ente territorial, siendo pertinente por el Despacho haber analizado el alcance del parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, razón

acto administrativo por parte del ente territorial, siendo pertinente por el Despacho haber analizado el alcance del parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, razón por la que el ente territorial debió ser llamado para que en virtud de la descentralización de la que goza por ministerio de la ley, respondiera por el período en el que se demuestre que haya incurrido en mora. Complemento de lo expuesto, es claro que, si en gracia de discusión existiere mora en el pago de las cesantías, lo cierto es que la sanción por mora que se haya causado deberá ser asumida en su totalidad por el ente territorial, en este caso, la Gobernación del Chocó, toda vez que no existe una part ida presupuestal en el FNPSM destinada a asumir el pago de la sanción por mora. Lo anterior, se sustenta conforme al artículo 57 de la ley 1955 de 2019 que indica: ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (…) Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sólo podrán destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mor a en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educaci ón territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías. Por lo anterior, solicito al Despacho analizar y apl icar al caso en concreto el artículo 57 del plan nacional de desarrollo y de esta manera ejercer su papel de garante del erario público ”. Con base en el fragmento transcrito, la Sala observa que el reparo expuesto en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia del medio de control es una reproducción del argumento principal desarrollado en el escrito de tutela. De manera que la entidad tutelante está empleando la acción como si fuera una instancia adicional, ya que el mismo cargo mencionado ya fue objeto de debate en el medio de control. Oportunidad en la cual, el tribunal accionado desestimó el argumento expu esto por la ahora entidad tutelante expuesto en el recurso de apelación, así:Radicado: 11001-03-15-000-2023-00005-00

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co “(...) es claro para la Sala, que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, fue creado mediante la Ley 91 de 1989, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística y es quién realiza el pago de las prestaciones sociales y en caso de mora, es el obligado a reconocer y cancelar de sus propios recursos al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas”. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación s ostenida por el tutelante, en tanto qu