CE - 010315000202300909001SENTENCIASENTENCIA20230601171135

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00909-00

Demandante: Fidel Antonio Suárez Paz y otros

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-00909-00 Demandante FIDEL ANTONIO SUÁREZ PAZ Y OTROS Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales y especiales de procedibilidad. La relevancia constitucional. Defecto sustantivo. Desconocimiento del precedente judicial. Violación directa a la Constitución. Medio de control de reparación directa-privación injusta de la libertad. Régimen de responsabilidad aplicable. Razonabilidad de la medida de aseguramiento. Carga de la prueba de la falla en el servicio. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera instancia, la acción de tutela incoada por Fidel Antonio Suárez Paz y otros, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 20 de febrero de 20231, Fidel Antonio Suárez Paz, Katerine Suárez Paz, Antonio

conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 20 de febrero de 20231, Fidel Antonio Suárez Paz, Katerine Suárez Paz, Antonio Suárez Reina, Kelita Suárez Paz, Magdalena Paz Patiño, Neyda Suárez Paz y Marcelo Suárez Paz , actuando por conducto de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y al principio de seguridad jurídica.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones: “PRIMERO: SE AMPAREN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, NO REFORMATIO IN PEJUS, IGUALDAD Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA de los accionantes FIDEL ANTONIO SUAREZ PAZ, KATERINE SUAREZ PAZ, ANTONIO SUAREZ REINA, KELITA SUAREZ PAZ, MAGDALENA PAZ PATIÑO, NEYDA SUAREZ PAZ y MARCELO SUAREZ PAZ , los cuales han sido violados por el accionado Tribunal Administrativo del Valle, con los defectos factico y sustantivo que adolece la sentencia de fecha 26 de Agosto del año 2022, expedida dentro del proceso de Reparación Directa con radicación No. 76001333301520160009700, además por el desconocimiento del precedente judicial tal como viene de explicarse en líneas atrás.

SEGUNDO: COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DEPRECADO SE DEJE SIN EFECTO LA MENTADA SENTENCIA DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022 dictad a por el tribunal

precedente judicial tal como viene de explicarse en líneas atrás.

SEGUNDO: COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DEPRECADO SE DEJE SIN EFECTO LA MENTADA SENTENCIA DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022 dictad a por el tribunal accionado dentro del proceso de reparación directa 76001333301520160009701 .

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENESE al accionado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE, QUE DICTE UNA SENTENCIA DE REEMPLAZO A TRAVES DE LA CUAL SE G ARANTICEN Y RESPETEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL

DEBIDO PROCESO, NO REFORMATIO IN PEJUS, IGUALDAD, PRESUNCIÓN DE

INOCENCIA, AL IGUAL QUE SE GARANTICEN PRINCIPIOS COMO SEGURIDAD

1 Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índice 1).Radicado: 11001-03-15-000-2023-00909-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co JURIDICA Y LEGIMITA CONFIANZA que tienen íntima relación con los mentados der echos fundamentales.” 2

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 15 de julio de 2014, el señor Suárez Paz fue capturado por agentes del Gaula, por el delito de extorsión en supuesta situación de flagrancia.

El Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Garantías de Cali le formuló imputación por el delito de extorsión y decretó en su contra medida de

Gaula, por el delito de extorsión en supuesta situación de flagrancia. El Juzgado Trece Penal Municipal con Función de Garantías de Cali le formuló imputación por el delito de extorsión y decretó en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. El 18 de agosto de 2014, la Fiscalía G eneral de la Nación radicó escrito de acusación. En el documento se indicó que, en el momento de captura, el procesado tenía el celular desde el cual se cometió el ilícito. Posteriormente, el 16 de julio de 2015, el ente investigador solicitó la preclusión de la investigación penal y, en providencia del 17 de julio de 2015, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Popayán accedió a la petición. La privación de la libertad del señor Suárez Paz se materializó del 15 de julio de 2014 al 17 de julio de 2015. 2.2. Consecuencia de lo anterior, Fidel Antonio Suárez Paz y otros promovieron demanda de reparación directa contra la Rama judicial, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial por la privación de la libertad descrita y se les condenara al pago de perjuicios materiales e inmateriales. 2.3. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Cali bajo el radicado nro. 76001-3333-015-2016-00097-00. En sentencia 8 de octubre de 2021, el Juzgado declaró probada la excepción de falta de legitimación en causa por pasiva y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa.

33-015-2016-00097-00. En sentencia 8 de octubre de 2021, el Juzgado declaró probada la excepción de falta de legitimación en causa por pasiva y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa. Como fundamento de esta determinación indicó que las pruebas recaudadas en la captura y la denuncia de la víctima justificaron la imposición de la medida de aseguramiento. Luego, estimó que las decisiones adoptadas por las autoridades demandadas durante la investigación penal fueron razonables. Al respecto en la sentencia se lee: “(…) la decisión de dichas entidades no fue arbitraria, caprichosa o dolosa, simplemente lo hizo en cumplimiento del mandato constitucional y legal, pues mediaron para la detención del citado señor, elementos materiales probatorios y/o evidencia física que logró establecer razonablemente que pudo ser autor o partícipe de los hechos delictivos, tales como la flagrancia en que fue capturado, la declaración de la víctima de extorsión y, principalmente, la circunstancia de haberlo capturado en compañía de la persona que realizó la extorsión, quien a la postre de acuerdo a lo dicho por el demandante en su interrogatorio, se allanó a los cargos y en poder del celular desde el cual se hacían las extorsiones, es decir, que el actor estuvo en presencia de una carga que legalmente debía soportar, como lo fue la detención.” 2.4. Los demandantes apelaron la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos: (i) la decisión denegatoria se basó en la eximente de responsabilidad del hecho de la víctima, porque, en realidad, la autoridad judicial analizó la conducta pre procesal del investigado para concluir

en los siguientes argumentos: (i) la decisión denegatoria se basó en la eximente de responsabilidad del hecho de la víctima, porque, en realidad, la autoridad judicial analizó la conducta pre procesal del investigado para concluir que fue la causa del daño; (ii) la detención que padeció e l demandante fue

2 Páginas 24-25 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00909-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co injusta porque supera las cargas publicas tolerables por el hecho de vivir en sociedad. Más aún cuando duró más de un año por negligencia de la Fiscalía; (iii) la detención en flagrancia no era suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del investigado, por ello se pidió la preclusión del proceso. Lo que deja en evidencia que la medida fue desproporcionada, arbitraria e injusta. 2.5. En sentencia del 26 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión de primera instancia de negar las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial argumentó que los demandantes no probaron la concreción de la falla en el servicio frente a la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Suárez Paz. Relativo a la prolongación de la medida de aseguramiento indicó que no se probó el incumplimiento de los términos procesales. Agregó que, en el caso particular tampoco se dan los requisitos para declarar la responsabilidad del

Relativo a la prolongación de la medida de aseguramiento indicó que no se probó el incumplimiento de los términos procesales. Agregó que, en el caso particular tampoco se dan los requisitos para declarar la responsabilidad del Estado bajo el régimen objetivo de responsabilidad, debido a que no se concretó la atipicidad objetiva de la conducta ni se declaró que el hecho no existió.

3. Fundamentos de la acción 3.1. En consideración de los accionantes, la sentencia del 26 de agosto de 2022 comporta defecto sustantivo por incongruencia interna de la sentencia, defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y por violación directa a la Constitución por vulneración a la garantía de la no reforma en peor. 3.2. En la acción de tutela se reprochó que la providencia ac usada cimentó la negativa de las pretensiones en el estudio conductual de la víctima frente al delito por el cual se le investigó y por el que fue capturado en presunta flagrancia. Estima que este análisis contraría la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019 y la sentencia de la Sección tercera del Consejo de Estado con radicación nro. 25000-23-26-000-2011-00079-01(48634). 3.3. De otra parte, criticó el argumento según el cual en el proceso no se contaba con los elementos de juicio que permitieran estudi ar los basamentos de la medida de aseguramiento. Al respecto, cuestionó: “sino obraron dichas pruebas como puede llegar a tan desacertada y errada deducción relacionada en que en el presente asunto la medida de aseguramiento impuesta al señor FIDEL SUAREZ, fue dictada bajo los

como puede llegar a tan desacertada y errada deducción relacionada en que en el presente asunto la medida de aseguramiento impuesta al señor FIDEL SUAREZ, fue dictada bajo los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, esto solo tiene una respuesta, y es que el tribunal fundó su argumento en meras hipótesis respaldadas en el material probatorio INSUFICIENTE” Lo anterior, a su juicio, da cuenta de que la sentencia cuestionada carece de respaldo a la conclusión probatoria de la ausencia de daño antijurídico basado en la razonabilidad de la medida de aseguramiento. Al respecto, en el escrito de tutela, se lee: “Los mentados yerros como ya se dijo comportan un defecto factico e inclusive sustantivo, en primer lugar, el defecto se configura por la indebida valoración del material probatorio que conllevó al tribunal a caer en la apreciación de la conducta previa de la hoy víctima FIDEL SUAREZ PAZ, como incluso ya lo había hecho el juzgado de primera instancia y motivo por el cual se reprochó la sentencia de primer grado. Y por otro lado, en este ámbito se configura el defecto sustantivo en el fallo de segunda instanc ia, por el desconocimiento del accionado del precedente jurisprudencial, desarrollado desde la sentencia de Tutela del 15 de Noviembre del año 2019, y recogido en fallos posteriores por el máximo órgano de cierre de lo contencioso administrativo.” (sic para toda la cita) 3.4. Adicional a lo anterior, los actores estiman que la sentencia acusada contiene contradicciones entre sus fundamentos y la decisión. Así, por ejemplo, explicó, que el Tribunal declaró probado el daño antijurídico al amparo del régimen

3.4. Adicional a lo anterior, los actores estiman que la sentencia acusada contiene contradicciones entre sus fundamentos y la decisión. Así, por ejemplo, explicó, que el Tribunal declaró probado el daño antijurídico al amparo del régimen objetivo de responsabilidad, pero, en otro acápite de la sentencia concluyó queRadicado: 11001-03-15-000-2023-00909-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no existió el daño alegado. Ello denota, su juicio, “un grave error que emerge de la contradicción entre si en la ratio decidendi y el decisum del fallo atacado, que en este caso no puede ser pasado por alto por la judicatura” 3.5. Frente a las alegadas falencias en la actividad probatoria de los demandantes, identificada por el Tribunal Administrativo del Valle del Causa (defecto fáctico), en la acción de tutela se indicó: “Y aquí es importante desde ya esgrimir que en el proceso de Reparación Directa, no hubo ausencia probatoria ni pasividad de la parte demandante al momento de la incorporación en la etapa de pruebas del expediente o las actuaciones penales en las que no ob raban los audios o audiencias preliminares, tal como de alguna manera lo interpreta también el tribunal, luego, sino se realizó manifestación u objeción alguna por parte del representante de la parte demandante sobre aquel tópico, fue en razón a la firme c onvicción de que el caso puesto bajo la lupa de la justica, debía y debe enmarcarse en uno de aquellos donde la responsabilidad que se le endilga a las

parte del representante de la parte demandante sobre aquel tópico, fue en razón a la firme c onvicción de que el caso puesto bajo la lupa de la justica, debía y debe enmarcarse en uno de aquellos donde la responsabilidad que se le endilga a las demandadas debe estudiarse bajo el régimen de responsabilidad objetiva, aplicando el título de daño espe cial causado a los accionantes, por el rompimiento de las cargas publicas soportables que se dio con la extensa privación de la libertad del señor FIDEL ANTONIO SUAREZ PAZ, en el proceso penal en el cual fue absuelto en aplicación del principio universal in dubio pro reo, y que no estaban obligados a soportar, todo ello con fundamento en la jurisprudencia, especialmente la sentencia de Unificación del Honorable Consejo de Estado de fecha 17 de Octubre del año 2013, dentro de la radicación 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354). De allí que solo consideró la parte demandante que para acreditar los presupuestos de la responsabilidad solo era necesario con demostrar la vinculación al proceso penal de la víctima directa, el hecho de la detención o la privación de la libertad, su absolución o preclusión y los perjuicios causados (…).” 3.6. Manifestaron que, la sentencia acusada se fundamentó en las reglas de decisión de la sentencia SU072 de 2018, pero desconoció el precedente fijado en la sentencia de unificación del Consejo de Estado el 17 de octubre de 2013, expediente 23354. Sobre la vigencia de esta sentencia indicaron: “De lo expuesto en el inciso anterior, es dable concluir que, el fallo de Unificación del Honorable Consejo de Estado cuenta con plena vigencia, al igual que contaba para la

expediente 23354. Sobre la vigencia de esta sentencia indicaron: “De lo expuesto en el inciso anterior, es dable concluir que, el fallo de Unificación del Honorable Consejo de Estado cuenta con plena vigencia, al igual que contaba para la fecha de emisión de la sentencia hoy atacada, 16 de Julio de 2021, y ello es así porque según se desprende de los argumentos o razón de la decisión e incluso de la parte resolutiva no se deja sin efecto el mismo, y tampoco podía hacerlo la Corte, por la falta carencia de competencia para haber hecho un análisis de fondo o constitucional estrictamente del mentado fallo unificatorio, cosa diferente es que el órgano Constitucional en el año 2018 no haya compartido ciertos criterios qu e fueron decantados en la unificación del 2013 del Consejo de Estado, argumentos que no pueden tener la virtualidad de dejarla sin efecto, máxime cuando las altas cortes tienen dada la facultad Constitucional y legal de ser unificadoras de la jurisprudenci a.” 3.7. Como argumento subsidiario, señalaron que, en caso de que se considere que esa sentencia perdió vigencia, lo cierto es que el caso particular debía fallarse en aplicación del precedente vigente al momento en que se presentó la demanda. 3.8. Estimó desconocido el precedente horizontal del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dado que “antes y después de que dictara el fallo objeto hoy de tutela venia y ha interpretado aquellos asuntos relativos a la privación injusta de la libertad y específicamente en los casos de absolución por in dubio pro reo, conforme a las posturas del régimen objetivo -daño especial-”. El demandante no relacionó los precedentes que estima desconocidos, solo enunció el defecto en los términos antes

específicamente en los casos de absolución por in dubio pro reo, conforme a las posturas del régimen objetivo -daño especial-”. El demandante no relacionó los precedentes que estima desconocidos, solo enunció el defecto en los términos antes referenciados. 3.9. Respecto del c argo por violación directa a la Constitución indicó que se desconoció el derecho al debido proceso en relación con la garantía de no reforma en peor, considerando que el demandante era apelante único. En esa medida, acusó que el Tribunal debió restringir su estudio a los argumentos que atacaban la configuración de la eximente de responsabilidad y no extenderloRadicado: 11001-03-15-000-2023-00909-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a la prueba del daño que ya se había declarado acreditada y que no se objetó en el recurso. Solicitó que en el análisis de este alegato se tomen en consideración las sentencia T -393 de 2017 y T -032 de 2022 de la Corte Constitucional4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 24 de febrero de 2023, el despacho ponente requirió a los accionantes para que, quien alega la condición de su abogado, allegue el poder especial que lo acreditara como tal. Asimismo, para que aclarara quiénes fueron los sujetos procesales en d el proceso de reparación directa nro. 76001-33-33-015-2016-00097-00/01.

poder especial que lo acreditara como tal. Asimismo, para que aclarara quiénes fueron los sujetos procesales en d el proceso de reparación directa nro. 76001-33-33-015-2016-00097-00/01. 4.2. En auto del 21 de marzo de 2022, el despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por los señores Fidel Antonio Suárez Paz, Katerine Suárez Paz, Antonio Suárez Reina, Kelita Suárez Paz, Magdalena Paz Patiño, Neyda Suárez Paz y Marcelo Suárez Paz, por conducto de apoderado judicial, contra Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Además, vinculó, en calidad de terceros, a la Nación, Fiscalía General de la Nación, a la Ram a Judicial, a la Policía Nacional y al Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito Cali. Esta vinculación obedeció al análisis del interés que les asiste dada su intervención en el proceso radicado bajo el Nro. 76001-33-33-015-2016-00097-00/01. 4.3. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, expuso que el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional, porque lo que pretende la parte actora es retrotraer las actuaciones procesales de un asunto que ya surtió su trámite, esto, desconoce la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, más aún porque no se demostró la vulneración de derecho fundamental alguno. En la misma línea de improcedencia, advirtió que la acción de tutela no supera el presupuesto de subsidiariedad, dado que los accionantes cuentan con el recurso extraordinario de revisión para cuestionar la decisión judicial y procurar

En la misma línea de improcedencia, advirtió que la acción de tutela no supera el presupuesto de subsidiariedad, dado que los accionantes cuentan con el recurso extraordinario de revisión para cuestionar la decisión judicial y procurar la protección de sus derechos, pero no lo incoaron. Tampoco da cuenta de razones que justifiquen su omisión ni expone un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional. Frente al presunto desconocimiento del precedente judicial, advirtió que la acción de tutela atiende a las reglas de decisión establecidas en la sentencia SU072 de 2018. Finalmente, destacó que de la providencia atacada se extracta que el juzgador fundamentó su decisión en el marco jurídico pertinente y vigente, y realizó la debida y motivada valoración de los medios de prueba del proceso, por lo que no se acreditó la ocurrencia de un defecto fáctico ni sustantivo. 4.4. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por conducto de la jefe del Área Jurídica, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, dada la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados por los accionantes. Advirtió que el estudio del proc eso penal revela la falta de interés del procesado en su propia defensa dado que no recurrió la medida de aseguramiento impuesta. Agregó que los hechos de la acción de tutela no comprometen la actuación de la Policía Nacional, en tanto la presunta privaci ón injusta de la libertad seRadicado: 11001-03-15-000-2023-00909-00

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la Policía Nacional, en tanto la presunta privaci ón injusta de la libertad seRadicado: 11001-03-15-000-2023-00909-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fundamentó en las funciones y actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. De otro lado, consideró que el caso particular no evidencia la concreción de un perjuicio irremediable o de una ame naza inminente e injustificada que justifique la procedencia de la acción de tutela. 4.5. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali remitió el enlace de acceso al expediente electrónico del medio de control de reparación directa sub examine. 4.6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio frente a la acción de tutela, aunque fue debidamente notificado de su existencia3.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5 y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constit ucional7 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso.

3 Samai, índice 14. 4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya

particulares en los casos que señala este decreto”. 5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) de fecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00909-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a l a sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico Debe precisar la Sala que, aunque en el escrito de tutela se alegó la concreción del defecto fáctico, entre otras razones, porque los demandantes estiman que cumplieron con la carga de la prueba para demostrar la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad al amparo del régimen objetivo de responsabilidad, se tiene que tal cargo en realidad se enmarca en el defecto por desconocimiento del precedente judicial , toda vez que se refiere al estándar de prueba establecido según el caso se estudie en el marco del régimen objetivo o subjetivo de responsabilidad. Luego, como el estándar de prueba en uno y otro caso ha sido definido por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la C orte Constitucional, se estima que ese cargo en específico debe ser analizado a la luz del mencionado defecto.

Bajo ese contexto, el defecto fáctico se mantendrá por la alegada incoherencia en la sentencia frente a la acreditación del daño antijurídico. Establecido lo anterior, corresponde a la Sala determinar, si al proferir la sentencia del 26 de agosto de 2022, dentro del proceso de reparación directa nro. 76001 -33la sentencia frente a la acreditación del daño antijurídico. Establecido lo anterior, corresponde a la Sala determinar, si al proferir la sentencia del 26 de agosto de 2022, dentro del proceso de reparación directa nro. 76001 -3333-015-2016-00097-01, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto sustantivo, en desconocimiento del precedente judicial, en defecto fáctico y en violación directa a la Constitución.

4. Análisis de la procedencia general de la acción de tutela contra la sentencia del 26 de agosto de 2022. 4.1. Sea lo primero indicar que el carg o por desconocimiento del precedente horizontal que se endilga al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no supera el requisito de relevancia constitucional, porque carece de carga argumentativa que lo respalde.

En el escrito de tutela solo se indicó que la Corporación accionada desconoció su propio precedente, el cual era consistente al analizar los casos de responsabilidad del Estado por privación de la libertad bajo régimen objetivo de responsabilidad, pero los accionantes no aportaron ni mencionaron sentencia alguna que justificara la premisa defendida. 4.2. También carece de relevancia constitucional el alegato de incongruencia en la sentencia frente a la prueba del daño antijurídico que, según señala el actor, se declaró en la primera parte de la sentencia, pero, posteriormente, el Tribunal manifestó que no se concretó (defecto fáctico). En la sentencia acusada se observa que en el acápite 7.1., relativo a los elementos de responsabilidad del Estado, se declaró p robado el daño, pues se verificó la privación de la libertad del señor Suárez Paz en virtud de medida

En la sentencia acusada se observa que en el acápite 7.1., relativo a los elementos de responsabilidad del Estado, se de