CE - 010315000202300947001SENTENCIA20230421111008

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00947-00

Demandante: Natalia Andrea López Tamayo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00947-00

Demandante: NATALIA ANDREA LÓPEZ TAMAYO

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y JUZGADO

VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuya pretensión es la declaratoria de un contrato realidad. Presupuesto de relevancia constitucional respecto del d efecto fáctico. Estudio de fondo en relación con el desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Natalia Andrea López Tamayo , quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín , en la que pide el amparo constitucional de

promovida por la señora Natalia Andrea López Tamayo , quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín , en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva , los cuales considera vulnerados con las sentencias de 14 de septiembre de 2022 y 6 de febrero de 20 19, proferidas, en ese orden , por las autoridades judiciales accionadas, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional (radicado No. 05001333302220180027600).

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el objeto de que se declarara la nulidad del oficio No. S-2018-033504 SECSA-ARJUR-1.10 de 13 de abril de 2018 que negó la solicitud consistente en declarar la existencia del contrato realidad durante el periodo comprendido entre el 30 de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2015 y se ordenara el reconocimiento y pago de las prestaciones laborales a las que tenía derecho como consecuencia de esa declaración.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00947-00

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2 Sostuvo que por sentencia de 6 de febrero de 2019, el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín negó las pretensiones de la demanda , bajo el argumento de que no se acreditó el elemento de la subordinación , en tanto concluyó que la demandante ejerció las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios de manera autónoma.

Por último, indicó que presentó recurso de apelación contra esa determinación, el cual fue decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de 14 de septiembre de 2022 , en la que se confirmó la decisión recurrida. Afirmó que en esa providencia, la autoridad judicial accionada aseveró que la prueba documental que obraba en el expediente no gener aba un grado de convencimiento sobre la subordinación y dependencia continuada en la que supuestamente se encontraba la demandante, y manifestó que , en ese sentido, la precitada providencia señaló que “no se cuenta con ningu na evidencia de llamados de atención, memorandos, comunicaciones, circulares u otros medios a través de los cuales se hubieren dado órdenes a la demandante o en las que se le informara que estaba obligada a cumplir con un horario laboral impuesto por la entidad demandada, adelantamiento de un proceso disciplinario (…) sin que se permita desdibujar la relación contractual entre las partes”.

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela en defensa d e los derechos

de un proceso disciplinario (…) sin que se permita desdibujar la relación contractual entre las partes”.

2. Fundamentos de la acción

La accionante presentó acción de tutela en defensa d e los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva supuestamente vulnerados con las sentencias de 14 de septiembre de 2022 y 6 de febrero de 2019 dictadas, en su orden, por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional , con el fin de que se declarara la nulidad del oficio No. S-2018-033504 SECSA-ARJUR-1.10 de 13 de abril de 2018 que negó la solicitud consistente en declarar la existencia del contrato realidad durante el periodo comprendido entre el 30 de octubre de 2009 y el 31 de marzo de 2015 y que, en consecuencia, se ordenara reconocer y pagar las prestaciones laboral es a las que tenía derecho como consecuencia de esa declaración.

Concretamente, alegó la configuración de los siguientes defectos:

2.1. Defecto fáctico. Al respecto señaló que las autoridades judiciales accionadas dejaron de valorar de manera integral l as pruebas que obraban en el expediente dirigidas a demostrar el elemento de la subordinación, particularmente, se refirió al hecho de que fueron nueve los contratos que suscribió con la entidad, a saber: (i)

65-7-20130 de 2010, (ii) 65 -7-20691 de 2009, (i ii) 65-7-20107-12, (iv) 65-7-2018113, (v) 65 -7-20256-14, (vi) 65 -7-201302010, (vii) 65-7-20125/2011, (ix) 65-720430-12. A partir de ello, adujo que se desconoció lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en torno a que los contratos de presta ción de servicios se celebraran por el término estrictamente indispensable.

Sostuvo que a partir de lo anterior se acreditó la mala fe del empleador al utilizar una modalidad de contratación excepcional para encubrir una relación laboral, a lo que agregó que nunca se demostró que las actividades desarrolladas por laRadicación: 11001-03-15-000-2023-00947-00

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3 accionante no eran propias de un funcionario de planta, teniendo en cuenta que responden a necesidades permanentes de la entidad.

En el mismo sentido, manifestó que se dejaron de valorar las declaraciones de dos testigos que dieron cuenta de la continuada relación laboral, en tanto la actividad fue desempeñada con elementos y recursos proporcionados por la Policía Nacional y en horarios que eran establecidos por el líder del departamento de rehabilitación de la entidad.

De igual forma, adujo que las autoridades accionadas desconocieron “la

fue desempeñada con elementos y recursos proporcionados por la Policía Nacional y en horarios que eran establecidos por el líder del departamento de rehabilitación de la entidad.

De igual forma, adujo que las autoridades accionadas desconocieron “la presunción de subordinación existente entre el ente contratante y el presunto contratista cuando este último desempeña funciones de personal de la salud, siendo aquel el responsable de desvirtuar dicha presunción y demostrar que la labor por mi desempeñada era ejercida de forma independiente”.

2.2. Desconocimiento del precedente judicial . En ese sentido , alegó el desconocimiento de la sentencia de unificació n de 9 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 1 , que definió el alcance de la expresión “término estrictamente indispensable” señalado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el siguiente sentido:

“(i) La primera re gla define que el concepto de «término estrictamente indispensable», al que alude el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tie ne que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia”.

Igualmente, reprochó que se diera aplicación a la sentencia de 18 de novi embre de 2003 2 , en tanto en la misma se estableció un criterio jurisprudencial que ya no está vigente, el cual consistía en que la insuficiencia del personal de planta p odía

de 2003 2 , en tanto en la misma se estableció un criterio jurisprudencial que ya no está vigente, el cual consistía en que la insuficiencia del personal de planta p odía suplirse con otras personas vinculadas a través de contratos de prestación de servicios.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Por todo lo anterior, solicito respetuosamente, Honorables Magistrados, que se tutelen los derechos fundamentales incoados en especial EL PRINCIPIO DE IGUALDADDEBIDO PROCESO Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y por ello se decrete la nulidad de los fallos emitidos dentro del trámite ordinario”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Copia de la sentencia de 6 de febrero de 2019 , proferida por e l Juzgado

Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín.

1 Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01. 2 Radicación IJ-0039 M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00947-00

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4 • Copia del f allo de 14 de septiembre de 2022 , dictado por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Igualmente, obra copia digital izada del expediente 05001333302220180027600 correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido

Administrativo de Antioquia.

Igualmente, obra copia digital izada del expediente 05001333302220180027600 correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Natalia Andrea López Tamayo contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

5. Trámite procesal

Por auto de 28 de febrero de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora admitió la demanda y ordenó notificar al demandante y a las autoridades judiciales accionadas, así como a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, como tercera interesada en el resultado del proceso.

De igual modo, dispuso oficiar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión y al Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, en el evento de que el expediente hubiese sido devuelto, para que alleg ara copia digitalizada del proceso No. 0500 1-33-33-022-2018-00276-00, demandante: Natalia Andrea López Tamayo.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 18379 a 18384 de 2 de marzo de 2023 a las direcciones electrónicas suministradas para este efecto 3 , con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia

El Magistrado ponente de la sentencia objeto de tutela rindió informe sobre la acción de tutela y manifestó que los argumentos en los que se fundamenta l a decisión cuestionada “ no son ilegales, antojadizos o apartados del ordenamiento jurídico”, por lo que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la

acción de tutela y manifestó que los argumentos en los que se fundamenta l a decisión cuestionada “ no son ilegales, antojadizos o apartados del ordenamiento jurídico”, por lo que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

Adujo que la accionante emplea la acción de tutela como una instancia adici onal para dar continuidad al debate ya superado en el trámite del proceso ordinario, lo que desconoce el carácter excepcional de la acción de tutela que cuando se dirige contra una providencia judicial solo se habilita frente al ejercicio arbitrario y caprichoso del poder judicial, lo que no ocurrió en el caso bajo análisis.

Indicó que la Corte Constitucional en la sentencia T -457 de 1997 4 señaló que la acción de tutela no es un mecanismo diseñado “para rectificar decisiones judiciales en firme ni para de sautorizar interpretaciones judiciales que se hacen dentro del marco de la autonomía y de la independencia propia de los jueces”.

3 Hinojosajose1989@gmail.com,sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co,sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co,a dm22med@cendoj.ramajudicial.gov.co,jadmin22mdl@notificacionesrj.gov.co,tutelasnacionales@defensajuridi ca.gov.co,notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co,Notificaciones.Bogota@mindefensa.gov.co,segen.consej o@policia.gov.co,notificacion.tutelas@policia.gov.co,segen.tutelas@policia.gov.co. 4 M.P. Fabio Morón Díaz.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00947-00

Demandante: Natalia Andrea López Tamayo

4 M.P. Fabio Morón Díaz.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00947-00

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5 En ese orden de ideas, pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda.

6.2. Respuesta del Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín

La titular del despacho judicial accionado rindió informe sobre la acción de tutela , para lo cual se refirió de manera cronológica a las etapas adelantadas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ob jeto de la acción de tutela.

Señaló que se valoraron todos los elementos probatorios que obraban en el expediente y con base en dicho análisis se decidió negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la actora contra la Policía Nacional, toda vez que no se demostró el elemento de la subordinación, necesario para acreditar la relación laboral a la que hizo referencia la demandante, por lo que, afirmó, no se configuró una vía de hecho.

Adujo que la actora presentó la acción de tutela por su desacuerdo con la decisión proferida en el proceso, lo cual resulta improcedente en tanto desconoce el carácter excepcional y subsidiario de este mecanismo de protección constitucional, a lo que agregó que el actor pretende dar continuidad al debate superado en el proceso ordinario en el que se agotaron las etapas bajo las garantías del debido proceso, como una suerte de instancia adicional.

constitucional, a lo que agregó que el actor pretende dar continuidad al debate superado en el proceso ordinario en el que se agotaron las etapas bajo las garantías del debido proceso, como una suerte de instancia adicional.

Por último, pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda , teniendo en cuenta que la sentencia cuestionada no desconoce el ordenamiento jurídico.

6.3. Respuesta de la Policía Nacional

El Jefe del Área Jurídica de la entidad pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda, al considerar que no se vulneraron los derechos funda mentales invocados por la accionante.

Relató que la actora prestó los servicios profesionales como fisioterapeuta en las instalaciones de la clínica de la Policía Nacional , Seccional Antioquia, lo que se reguló a través de distintos contratos de prestaci ón de servicios durante el periodo comprendido entre octubre de 2009 y marzo de 2015 . En este punto, indicó que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 autoriza esta modalidad de contratación cuando las actividades contratadas no pueden realizarse con personal de planta o requieren un conocimiento especializado.

Asimismo, indicó que por oficio S -2018-033504 SECSA-ARJUR-(DEANT) 1.10 de 13 de abril de 2018 negó la solicitud formulada por la actora dirigida a que se reconociera la existencia de un vínculo labora l. Manifestó que contra dicho acto administrativo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, medio de control que en ambas instancias negó sus pretensiones.

Afirmó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido los elementos

administrativo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, medio de control que en ambas instancias negó sus pretensiones.

Afirmó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido los elementos diferenciadores del contrato de prestación de servicios y el contrato laboral ; el principal es el de la subordinación el cual no se configuró en el desarrollo del contrato celebrado con la señora Natalia Andrea López Tamayo.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00947-00

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6 Para terminar, aseveró que las sentencias proferidas en ambas instancias negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho porque no se acreditó el elemento de la subordinación necesario para declarar la existencia de la relación laboral que pretendía la demandante, lo cual se encuentra ajustado al ordenamiento jurídico.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva de la actora

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva de la actora con las sentencias de 14 de septiembre de 202 2 y 6 de febrero de 2019 , respectivamente, proferidas en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional , al incurrir en defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

3. Procedencia excepcional de la acció n de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 5 y 2.3 literal a) del Pacto de D erechos Civiles y Políticos6, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 7, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de

la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,

5 Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. 6 Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. 7 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 8 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00947-00

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7 respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata d e autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance d e la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la

cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance d e la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad pr ocesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que gener aron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia q ue ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico 10; (ii) Defecto procedimental absoluto 11; (iii) Defecto fáctico 12; (iv) Defecto material o sustantivo 13; (v) Error inducido 14; (vi) Decisión sin motivación15; (vii) Desconocimiento del precedente16 y (viii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez supe rado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez supe rado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 17 y de la Corte Constitucional18.

9

M. P. Jaime Córdoba Triviño.

10 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la prov idencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 11 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 12 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto le gal en el que se sustenta la decisión. 13 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 14 Que se presenta cuando el juez o t ribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 15 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 16 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando susta ncialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como

órbita funcional. 16 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando susta ncialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 17 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeanne tte Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016 -02213-01),Radicación: 11001-03-15-000-2023-00947-00

Demandante: Natalia Andrea López Tamayo

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8 En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los prin cipios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La acción de tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional en relación con el defecto fáctico alegado

4.1.1. La actora consider a vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva con las sentencias de 14 de septiembre

en relación con el defecto fáctico alegado

4.1.1. La actora consider a vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y tutela judicial efectiva con las sentencias de 14 de septiembre de 202 2 y 6 de febrero de 20 19, proferidas en ese orden por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Medellín, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se declarara la existencia de un relación laboral y se reconociera el pago de las prestaciones y demás derechos laborales a los que tendría derecho.

Concretamente, alegó la configuración del defecto fáctico porque , a su juicio, las autoridades judiciales accionadas habrían dejado de valorar el hecho de que se suscribieron varios contratos de prestación de servicios, lo que desdibuja la naturaleza de esa modalidad de contra tación regulada en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y las declaraciones de los testigos en torno a la forma en que se prestó la actividad pactada en el objeto del contrato, esto es, con elementos que proporcionaba la entidad contratante y en un horario establecido por la misma, con lo que se demostraba el elemento de la subordinación.

4.1.2. El requisito general de la relevancia constitucional precisado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra provid encias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones19.

contra provid encias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones19.

Al respecto, esa corporación judicial ha estableci do un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 200520, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estar ía

Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 18 Cfr., Sentencias SU -556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU -490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU -659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras. 19 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017 -01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 20

19 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017 -01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 20 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria

Calle Correa.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00947-00

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9 frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional21.

Al respec to, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 22, de conformidad con lo anterior ha precisado que