CE - 010315000202300961001SENTENCIA20230411120528

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00961-00

Demandante: Luis Reynaldo Estupiñán Rincón

Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Tutela contra providencia judicial . Reparación directa por falla médica. Defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud de tutela formulada por Luis Reynaldo Estupiñán Rincón1, en ejercicio de la solicitud de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Tulio Reynaldo Estupiñán Rincón y otros , promovieron solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , los cuales consider aron vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 11 de octubre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado

a la administración de justicia , los cuales consider aron vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 11 de octubre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado 15001333300320160009201.

1 Aura Alicia Alvarado, Suly Andrea Estupiñán Quintero, Daniela María Alvarado, Miguel Francisco Alvarado, Manuel Antonio Alvarado, Edwin Fernando Alvarado.2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-00

Demandante: Luis Reynaldo Estupiñán Rincón y otros

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente2:

1. Luis Reynaldo Estupiñán Rincón y otros , en ejercicio del medio de control de reparación directa , impetró demanda en contra de la E .S.E. Nuestra Señora del Rosario del municipio de Chivatá (Boyacá), con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicios morales y materiales que se les causaron consecuencia de la falla en la prestaci ón del servicio médico a Carlos Orlando Estupiñán Quintero (q.e.p.d.), que conllevó a su deceso.

1. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, mediante sentencia del 15 de octubre de 20 20, negó las súplicas de la demanda con el argumento de que las irregularidades endilgadas a las entidades demandadas no eran suficientes para atribuirles el daño alegado. En contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.

1. El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de la sentencia del 11 de octubre

eran suficientes para atribuirles el daño alegado. En contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.

1. El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de la sentencia del 11 de octubre de 2022, confirmó lo resuelto por el a quo al considerar que no se configuró una falla en el servicio médico que derivara en la muerte de Carlos Orlando Estupiñán

Quintero (q.e.p.d.).

1. En relación con esa decisión, la parte actora considera que la corporación judicial tutelada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y del acceso a la administración de justicia al incurrir en defecto fáctico y desconocimiento del precedente. El primero de los mencionados, en tanto se valoraron de manera errónea pruebas como el interrogatorio, la historia clínica y el dictamen pericial, que permitían concluir que el paciente no fue atendido conforme a las reglas que regulan la atención pre hospitalaria ni por el personal idóneo. El segundo, en la medida en que se desconoció su propio precedente fijado en el proceso con radicado

152383333001201300002.

1.1.2. Pretensiones

2 Archivo obrante en el índice 2 del SAMAI.3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-00

Demandante: Luis Reynaldo Estupiñán Rincón y otros Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] Se tutele la presente por vulneración de los derechos fundamentales esgrimidos, y por tanto ordenar dejar sin efecto la Sentencia Proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, proceso radicado 2016-00092, y por tanto se sustituya

«[…] Se tutele la presente por vulneración de los derechos fundamentales esgrimidos, y por tanto ordenar dejar sin efecto la Sentencia Proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, proceso radicado 2016-00092, y por tanto se sustituya por una conforme a Derecho y por los argumentos jurídicos expuestos. […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja3 señaló que en el presente asunto se pretende reabrir un debate legal surtido en un proceso judicial ordinario, por lo cual resulta improcedente por falta de relevancia constitucional.

De otro lado, manifiestó que su defensa se circunscribe al análisis del caso, las valoraciones probatorias, el estudio de la jurisprudencia aplicable y los argumentos que se plasmaron en la sentencia que profirió el juzgado en primera instancia.

1.2.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá4 solicitó negar el amparo pretendido con el argumento de que las providencias cuestionadas no están viciadas de ningún defecto que conlleve a la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la actora.

Argumentó que, luego de efectuarse un análisis minucioso, se resolvió confirmar la sentencia del a quo en cuanto negó de las pretensiones de la demanda al concluir que no se reúnen los presupuestos fijados por la jurisprudencia del Consejo de Estado para declarar la responsabilidad patrimonial de los entes demandados por falla en el servicio médico asistencial, ni se cumplen los requisitos para que opere la indemnización por pérdida de oportunidad.

Estado para declarar la responsabilidad patrimonial de los entes demandados por falla en el servicio médico asistencial, ni se cumplen los requisitos para que opere la indemnización por pérdida de oportunidad.

1.2.3. La Policía Nacional5 solicitó negar las súplicas de la demanda consecuencia de su improcedencia, en atención a que no se observa vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados.

3 Archivo obrante en el índice 8 del SAMAI. 4 Archivo obrante en el índice 10 del SAMAI. 5 Archivo obrante en el índice 11 del SAMAI.4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-00

Demandante: Luis Reynaldo Estupiñán Rincón y otros 1.2.4. Los demás demandantes y terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.6

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, 7 esta Sala es competente para conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, 7 esta Sala es competente para conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 9 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las

6 Mediante auto del 24 de febrero de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar a la ESE Nuestra Señora del Rosario del municipio de Chivatá (Boyacá) y a los señores Luis Reinaldo Estupiñán Rincón, María Prudencia Estupiñán Quintero, Doris María Estupiñán Quintero y Berenice Estupiñán Quintero (en calidad de demandantes en el asunto cuestionado). 7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-00

Demandante: Luis Reynaldo Estupiñán Rincón y otros distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

[Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular , el Consejo de Estado , Sala Plena, 10 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para

jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular , el Consejo de Estado , Sala Plena, 10 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia . Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; i ii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

10 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-00

Demandante: Luis Reynaldo Estupiñán Rincón y otros A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 12 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirm an vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la a menaza o la afectación de derechos fundamentales.13

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La S ala deberá definir si: ¿ El Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales de Luis Reynaldo Esupiñán Rincón y otros con ocasión de la sentencia del 11 de octubre de 2022, a través de la cual confirmó la negativa a

derechos fundamentales de Luis Reynaldo Esupiñán Rincón y otros con ocasión de la sentencia del 11 de octubre de 2022, a través de la cual confirmó la negativa a las súplicas indemnizatorias formuladas con ocasión del fallecimiento de Carlos Orlando Estupiñán Quintero (q.e.p.d.), consecuencia de la falla en la atención médica prestada, con lo cual incurrió, presuntamente, en defecto fáctico y desconocimiento del precedente?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Caso concreto

12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-00

Demandante: Luis Reynaldo Estupiñán Rincón y otros Luis Reynaldo Estupiñán Rincón y otros acudieron al juez de tutela con el fin de que se amparara n sus derechos fundament ales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia proferida el 11 de octubre de 2022, por el Tribunal Administrativo d e Boyacá, en cuanto concluyó que las irregularidades administrativas que se le endilgan a las

administración de justicia y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia proferida el 11 de octubre de 2022, por el Tribunal Administrativo d e Boyacá, en cuanto concluyó que las irregularidades administrativas que se le endilgan a las entidades demandadas no configuran una falla del servicio médico que causara el daño.

Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y desconocimiento de su propio precedente; cargos que se analizarán de manera independiente, así:

2.4.2.1. Aduce la parte demadante que el tribunal accionado incurrió en defecto fáctico por indebida valoración de:

1. Las desatenciones imputadas a la E.S.E. Nuestra Señora del Rosario de Chivatá, para analizar en concreto cada una y su importancia en la generación del daño.

1. El interrogatorio de parte de R ocío Montero Martínez donde se presentó confesión respecto de los hechos de la demanda.

1. El diligenciamiento de la histórica clínica sin los requisitos legales.

1. El dictamen pericial presentado por la parte demandante.

En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que el actor le atribuye a la sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,14 tiene una dimensión negativa y otra positiva.

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinantes para identif icar la veracidad de los hechos

14 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

la «valoración de pruebas determinantes para identif icar la veracidad de los hechos

14 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-00

Demandante: Luis Reynaldo Estupiñán Rincón y otros analizados por el juez» 15, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»16. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»17.

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

Ahora bien, al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, y en cuanto al primer argumento de inconformidad relacionado con las omisiones en que la E.S.E. Nuestra Señora del Rosario de Chivatá pudo incurrir, se resalta que concuerda con el alegado en las oportunidades procesales pertinentes durante el trámite del proceso ordinario. Sin perjuicio de ello, revisada la valoración efectuada por el tribunal tutelado se observa que resulta razonable, en la que, luego de e stablecer los servicios para los cuales estaba habilitado el establecimiento

durante el trámite del proceso ordinario. Sin perjuicio de ello, revisada la valoración efectuada por el tribunal tutelado se observa que resulta razonable, en la que, luego de e stablecer los servicios para los cuales estaba habilitado el establecimiento hospitalario demandado, encontró que no contaba con el de urgencias, por lo que su personal no estaba obligado a prestarlo, pese a lo cual el conductor y la auxiliar de enfermería le dieron los primeros auxilios a Carlos Orlando Estupiñán Quintero (q.e.p.d.) ante el requerimiento realizado por la Policía Nacional, tal como se explicó en la sentencia acusada:

«[…] 81. Debe precisarse que para la prestación de los servicios médico -asistenciales se cuenta con los establecimientos clínicos, hospitalarios y similares que pueden ser públicas, privadas o mixtas y se clasifican según el tipo de servicios que ofrezcan, como instituciones hospitalarias e instituciones ambulatorias de baja, media y alta complejidad cuya vigilancia está a cargo del Estado.

82. Al respecto, se acreditó en el plenario que mediante Certificación No. 000069 del 25 de abril de 2012 la Secretaría de Salud de Boyacá certificó que la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario Chivatá cumplía los requisitos de habilitación de conformidad con el Decreto 1011 de 2006 y la Resoluci ón 1043 de 2006, señalando

como servicios habilitados los siguientes:

• enfermería - medicina general

15 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 16 Sentencia SU -159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,

• medicina general

15 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 16 Sentencia SU -159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra. 17 Sentencia T-538 de 1994.9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-00

Demandante: Luis Reynaldo Estupiñán Rincón y otros - odontología general - consulta prioritaria - transporte asistencial básico - laboratorio clínico - toma de muestras de laboratorio clínico - servicio farmacéutico - toma de muestras citologías cérvico-uterina - sala general de procedimientos menores - vacunación - atención preventiva salud oral higiene oral - planificación familiar - promoción en salud

83. Todos estos servicios se registr aron como “Ambulatorios” y de complejidad “Baja”; se verifica entonces, que la E.S.E. demandada no contaba para la fecha de los hechos con la habilitación del servicio de urgencias y menos aún en horario nocturno. Por el contrario, se advierte que su horar io de atención para consulta externa por medicina general y los demás servicios habilitados, era de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm de lunes a viernes.

84. Según lo informado por la E.S.E. demandada, mediante Oficio del 04 de agosto de 2014, la asistencia prestada al señor CARLOS ORLANDO ESTUPIÑÁN consistió en la toma de signos vitales y colaboración con su traslado a la residencia; tal información es

2014, la asistencia prestada al señor CARLOS ORLANDO ESTUPIÑÁN consistió en la toma de signos vitales y colaboración con su traslado a la residencia; tal información es coincidente con lo reseñado en la minuta de guardia de la Estación de Policía de Chivatá, donde se lee que ante el llamado por la presencia de una persona en estado de embriaguez que habría caído sobre el andén, acudieron el conductor de la ambulancia de la ESE y la auxiliar de enfermería quienes le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron en la ambulancia a su residencia .

85. Es así que a juicio de la Sala no resulta acertado reprocharle a la ESE NUESTRA SEÑORA DE SALUD DE CHIVATÁ el servicio prestado, concretamente lo relacionado con la atención de primeros auxilios dada por la auxiliar de enfermería, quien dentro de sus posibilidades y conocimientos se hizo presente con el conductor de la ambulancia en el lugar requerido por la policía en aras de auxiliar a un paciente, ni menos aún la ausencia de valoración por el servicio de urgencias o la carencia de personal médico las 24 horas, toda vez que no estaba obligada a contar con tales servicios de acuerdo con los servicios médicos y de atención que para ese momento tenía habilitados.

86. El servicio que si tenía habilitado la E.S.E. demand ada, era el de transporte asistencial básico y al respecto el extremo recurrente plantea que se ha debido informar al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres – CRUE para que se valorara al paciente y se determinara su traslado; además, se in vocaron falencias en cuanto al servicio de Transporte Asistencial Básico.

87. No obstante, la Sala debe precisar que la parte recurrente confunde los requisitos

valorara al paciente y se determinara su traslado; además, se in vocaron falencias en cuanto al servicio de Transporte Asistencial Básico.

87. No obstante, la Sala debe precisar que la parte recurrente confunde los requisitos del transporte asistencial básico y las exigencias propias de una ambulancia medicalizada, señalando que la ambulancia que trasportó al señor CARLOS ORLABDO ha debido tener los requerimientos de un transporte medicalizado, a saber: “Equipo de vía aérea completo (que permita el asegurar y proteger la vía aéreatubos orotraqueales, laringoscopio co n hojas curvas y rectas, máscaras laríngeas, I -Gel o cualquier otro aditamento extraglótico para la vía aérea), Medicamentos para reanimación avanzada Incluyendo sedantes, relajantes y analgésicos), Oxímetro de pulso, Equipo de monitoreo de transporte (ten siómetro digital o manual), Sistemas de ventilación manuales y mecánicos, Vendajes plásticos, Linterna, Tabla de Escala de Coma de Glasgow.”10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-00

Demandante: Luis Reynaldo Estupiñán Rincón y otros

88. En punto de este servicio de transporte básico habilitado a la E.S.E. demandada, debe precisarse que el tras lado asistencial básico de pacientes estaba regulado por lo consignado en el Anexo Técnico I de la Resolución 1043 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, según el cual debía contarse con “Auxiliar en enfermería o de urgencias médicas o tecnólogo o técnico en atención prehospitalaria, en cualquier caso, con entrenamiento certificado en soporte vital básico de mínimo 20 horas. Conductor con

Protección Social, según el cual debía contarse con “Auxiliar en enfermería o de urgencias médicas o tecnólogo o técnico en atención prehospitalaria, en cualquier caso, con entrenamiento certificado en soporte vital básico de mínimo 20 horas. Conductor con capacitación en primeros auxilios de mínimo 40 horas”; no obstante, para la fecha de los hechos -12 de julio de 2014se encontraba condicionado el cumplimiento de tales requisitos hasta el 31 de mayo de 2014 inicialmente, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 1441 de 2013 , término ampliado hasta el 30 de septiembre de esa anualidad según dispuso la Resolución 2003 de 2014, al extender las habilitaciones que para ese momento se encontraban vigentes y al conceder ampliación del término para su cumplimiento, por lo que para la fecha de los hechos no resultaba exigible a la ESE accionada.

89. De acuerdo a lo anterior, para la Sala es dable concluir que si bien la ESE y el servicio de ambulancia que tenía habilitado no cumplía integralmente con las disposiciones que regulaban el servicio de traslado asistencial, para ese momento no le era exigible por encontrarse dentro del periodo concedido para la acreditación de tales exigencias.

90. Además, no se advierte que el hecho de no contar con auxiliar en enfermería o de urgencias médicas o tecnólogo o técnico en atención prehospitalaria, con entrenamiento certificado en soporte vital básico de mínimo 20 horas y conductor con capacitación en primeros auxilios de mínimo 40 horas, no constituye la causa eficiente del daño consistente en el fallecimiento del señor ESTUPIÑAN QUINTERO.

91. Es del caso citar el “PROTOCOLO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO ESE

primeros auxilios de mínimo 40 horas, no constituye la causa eficiente del daño consistente en el fallecimiento del señor ESTUPIÑAN QUINTERO.

91. Es del caso citar el “PROTOCOLO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO ESE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CHIVATÁ DICIEMBRE DE 2012” que, al referirse a las condiciones de desplazamiento de la ambulancia, establece: “En caso que la ambulancia sea solicitada por una autoridad competente (tránsito y/o policía y/o salud), para la atención de una emergencia en la vía pública, la tripulación deberá evaluar y prestar la atención requerida si fuese pertinente en prelación del derecho a la vida…” , tal como ocurrió en este caso, sin que sea dable ll egar a afirmar que tal atención fue tardía u omisiva al no haber remitido al señor CARLOS ORLANDO a un centro de atención de nivel superior, pues de la valoración allí realizada no era previsible que se presentara una afectación mayor al estado que genera el consumo de alcohol y la inexistencia de sintomatología de un trauma o algún reporte de hechos que respaldaran la hipótesis de existencia de alguna riña, enfrentamiento físico o golpe en contra del paciente como se señaló en la demanda sin soporte probatorio alguno.

92. En relación con el registro de traslados en servicio de ambulancia, señaló el recurrente que debe reportarse a la central – CRUE y deben registrarse los datos de la movilización en el récord de prestación del servicio y/o historia clínic a del paciente, registro que debe ser diligenciado por la tripulación, de lo cual no obra prueba alguna en el plenario que permita concluir que tal procedimiento se agotó en su integridad, sin que

movilización en el récord de prestación del servicio y/o historia clínic a del paciente, registro que debe ser diligenciado por la tripulación, de lo cual no obra prueba alguna en el plenario que permita concluir que tal procedimiento se agotó en su integridad, sin que de ello pueda afirmarse que constituya la causa eficiente del daño.

93. En relación con los CRUE o Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 715 de 2001, debe indicarse que se trata de unidades de carácter operativo no asistencial, responsables de coordinar y regular el acceso a los servicios de urgencias y la atención en salud de la población afectada en situaciones de emergencia o desastre, sin embargo como ya se dijo, en este caso no había condiciones que permitieran advertir la existencia de una urgencia, una situación de desastre o emergencia que justificara dicho reporte, por lo que este argumento no resulta próspero. […]».11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00961-00

Demandante: Luis Reynaldo Estupiñán Rincón y otros Así mismo, pese al contexto mencionado, el actor centra y reitera sus esfuerzos en alegar la ausencia de una atención médica de mayor exigencia y especialidad , respecto de lo cual no es posible desconocer las circunstancias particulares que rodean el daño alegado, ya que aquellas no permitían evidenciar que se tratara de una situación de desastre o emergencia que amerita ra i) informar al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres para que se valorara al paciente y se determinara su traslado; o, de otro lado, ii) requiriera de su movilización en una

una situación de desastre o emergencia que amerita ra i) informar al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres para que se valorara al paciente y se determinara su traslado; o, de otro lado, ii) requiriera de su movilización en una ambulancia medicalizada y no transporte asistencial básico.

Ahora, si bien es cierto que el Tribunal Administrativo de Boyacá no se refirió respecto al interrogatorio de parte de la auxiliar de enfermería, Rocío Montenegro, no es posible concluir que aquella realizara alguna afirmación que permitiera atribuir responsabilidad a la entidad demandada, pues, más allá de que aquel die