CE - 010315000202300986001SENTENCIA20230427143253

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00986-00

Actor: HÉCTOR HERNANDO AGUIRRE HOYOS Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00986-00

Demandantes: HÉCTOR HERNANDO AGUIRRE HOYOS, ORLANDO

AGUIRRE RODRÍGUEZ, MAR ILU AGUIRRE RODRÍGUEZ Y

MARISOL AGUIRRE RODRIGUEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A”

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de reparación directa en la que se modificó la condena por perjuicios m orales. Defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado proce de a decidir la acción de tutela promovida por los señores Héctor Hernando Aguirre Hoyos y Orlando Aguirre

precedente judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado proce de a decidir la acción de tutela promovida por los señores Héctor Hernando Aguirre Hoyos y Orlando Aguirre Rodríguez y las señoras Mar ilu Aguirre Rodríguez y Marisol Aguirre Rodríguez , quienes actúan mediante apoderado judicial , contra el Tribunal Administ rativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” , en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados con el fallo de 25 de agosto de 202 2, por medio del cual se modificó la decisión de primera instancia en relación con la tasación de los perjuicios morales en el marco de la demanda de reparación directa iniciada contr a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes relataron que el 17 de enero de 2016 en el municipio de Soacha , Cundinamarca, un agente de la Policía Nacional haciendo uso excesivo de las armas de dotación oficial dio muerte al señor Artidoro Aguirre Mariño.

Afirmaron qu e, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se resarcieran los perjuicios causados por la muerte de su familiar, el señor A rtidoro Agu irre Mariño, a manos de un integrante de la Policía Nacional con un arma de dotación oficial.

Indicaron que e l Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá

su familiar, el señor A rtidoro Agu irre Mariño, a manos de un integrante de la Policía Nacional con un arma de dotación oficial.

Indicaron que e l Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá en sentencia de 29 de septiembre de 2020, declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Policía Nacional y la condenó al pago de losRadicado: 11001-03-15-000-2023-00986-00

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perjuicios morales a favor de los señores Héctor Hernando Aguirre Hoyos y Orlando Aguirre Rodríguez y las señoras Marilu Aguirre Rodríguez y Marisol Aguirre Rodríguez, por valor de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno.

Por último, manifestaron que contra la anterior decisión la Policía Nacional interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, en sentencia de 25 de agosto de 2022, modificó lo relacionado con la tasación de los perjuicios morales, pues los redujo de 50 SMLMV a 10 SMLMV para cada uno de los demandantes, toda vez que evidenció que las relaciones familiares entre los accionantes y el fallecido se en contraba deteriorada.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar en los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de

deteriorada.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar en los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados con el fallo de 2 5 de agosto de 2022, por medio del cual se modificó la decisión de primera instancia en relación con la tasación de los perjuicios morales impuest os a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

En pri mer lugar , se refiri ó a las causales g enerales de procedencia y afirmaron que se cumplieron cada una de estas. Luego, indicaron que el tribunal accionado incurrió en defecto fáctico en su dimensión negativa, por valoración inadecuada y contraevidente del material probatorio, específicamente , de los testimonios de los señores Amadeo Rueda Pérez y Orlando Aguirre y la señora Luz Deisy Florida Rueda.

Agregó que “constituye equívoco en la valoración probatoria: (i) disminuir el quantum indemnizatorio, como consecuencia de la ausencia del fallecido , por períodos de cuatro a seis meses, desconociendo que ello se debía a su ocupación laboral en fincas; (u) no resulta coherente, disminuir la indemnización, por no haber desplegado actuación alguna, durante seis meses, con el propósito de conocer el para dero del fallecido, olvidando que ello obedecía a una costumbre por su desempeño laboral en fundos rurales -Aparte 54-; (iii) contrario a lo probado con los testimonios y aceptado por el mismo Tribunal en varios párrafos, que luego concluyera errónea y arb itrariamente, que la relación familiar era distante -Aparte

con los testimonios y aceptado por el mismo Tribunal en varios párrafos, que luego concluyera errónea y arb itrariamente, que la relación familiar era distante -Aparte 55-; (iv) contraevidente, que mientras los testigos coincidieron en referenciar el padecimiento de los hermanos, su relación estrecha, el hospedaje en sus residencias cada cuatro, cinco o seis meses, finalmente el Tribunal argumente que el daño no se presentó en su mayor nivel o magnitud, porque la relación no era tan estrecha Aparte 56-”.

Sostuvo que el tribunal accionado no contaba con pruebas para demostrar el deterioro de las relaciones famili ares, como lo afirm ó en la sentencia objetada, más aún cuando de por medio estaban las “circunstancias de una persona que laboraba en una finca y se comunicaba cada cuatro, cinco o seis meses, circunstancia que no puede ser entendida como un desmejoramient o de la relación y mucho menos como un factor negativo de convivencia entre los hermanos”.

Señaló que en la sentencia objetada se incurrió en el defecto sustantivo , por desconocimiento de la doctrina probable en relación con la reparación del daño inmaterial en favor de los accionantes.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00986-00

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Expresó que “la Corte Constitucional ha concluido que la doctrina probable, impone el respeto a la Jurisprudencia fijada por un órgano superior y, que el

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Expresó que “la Corte Constitucional ha concluido que la doctrina probable, impone el respeto a la Jurisprudencia fijada por un órgano superior y, que el precedente restringe la autonomía del Juez, constituyéndose en garan tía de los asociados, quienes tienen derecho a un grado de certeza, de seguridad jurídica frente a las decisiones de los jueces, conforme a principios de buena fe y confianza'. Por consiguiente, el irrespeto al precedente vigente abre el camino a un defect o sustantivo, mostrando una decisión irrazonable que raya con la arbitrariedad”.

Afirmó que la Sección Tercera d el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, han presumido que el daño antijurídico causado a una persona genera dolor y aflicción entre sus parientes, presunción que puede ser desvirtuada por la administración, razón para que se hubiese concluido que las pruebas del estado civil son suficientes, para considerar demostrado indiciariamente el daño moral, para lo cual invocó las siguientes sentencias:

• Fallo de 14 de junio de 1990 1 de la Sección Tercera del Consejo de Estado , en el que se indicó que “no es posible señalar entonces, que a mayor distancia menor afecto o viceversa. Creemos que las precisas leyes de las matemáticas no operan ni puede n operar en conceptos tan maleables y subjetivos como la parte afectivo -emocional y a que ellos pueden cambiar por innumerables circunstancias”. • “Sentencia del 01 de abril de 1991, se dijo que la indemnización no podía desecharse por no compartir el mismo t echo, porque el extremo alternativo

por innumerables circunstancias”. • “Sentencia del 01 de abril de 1991, se dijo que la indemnización no podía desecharse por no compartir el mismo t echo, porque el extremo alternativo de vínculos de hermandad y amor se pueden demostrar por otros medios probatorios, porque … ni la distancia ni el solo paso del tiempo extingue los lazos efectivos y muchos menos el dolor y sufrimiento por la muerte de un hermano máxime en las circunstancias en que ocurrió”. • “En junio 11 de 1992, la Alta Corporación sostuvo en relación con los hermanos que ...si bien no habitaban bajo el mismo techo, por la cercanía de su residencia, el occiso frecuentaba diariamente el ho gar de sus padres y de sus hermanos”. • Sentencia T-934 de 2009 2 de la Corte Constitucional. • La sentencia de 13 de julio de 2000 3 de la Sección Tercera del Consejo de Estado. • El fallo de 21 de febrero de 2011 4 proferido por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que se manifestó que “cuando la administración demuestre que las relaciones filiales o fraterna les se han debilitado de manera notoria, al punto que se han tornado enemistosas o se han deteriorado en su total idad, evento en el cual la presunción del dolor por la pérdida del consanguíneo desaparece y, en consecuencia, no habrá lugar al pago de reconocimiento alguno a quien así lo pretenda”. • La decisión de 14 de marzo de 2012 5 de la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, en la que se indicó que “el arbitrio es fruto del árbol

• La decisión de 14 de marzo de 2012 5 de la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, en la que se indicó que “el arbitrio es fruto del árbol de la prudencia, madurado al sol de la justicia (del sentimiento de justicia) con el transcurso de la experiencia. El arbitrio hace que la sentencia sea una obra humana y no el mero resultado de una ecuación lógica o de un proceso mecanicista”. • La sentencia de 18 de mayo de 2017 6 dictada por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, en el que se rechazó “el argumento

1

Radicado No.: 5519, C.P.: Antonio José de Irisarri Restrepo.

2

M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

3 Radicado No. 11946, C.P.: Germán Rodríguez Villamizar. 4

Radicado No.: 17001-23-31-000-1995-08018-01, C.P.: Hernán Andrade Rincón.

5

Radicado No.: 05001-23-25-000-1994-02074-01, C.P.: Enrique de Jesús Gil Botero.

6

Radicado No.: 63001-23-31-000-2008-00097-01, C.P.: Stella Conto Díaz del Castillo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00986-00

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de no indemnizar la familia de un drogadicto, quien no conviví a con su

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de no indemnizar la familia de un drogadicto, quien no conviví a con su familia, dada su ausencia para buscar y consumir alucinógenos. Se dijo entonces que tales condiciones, no comportan disfuncionalidad familiar y aunque lo fuera “...tal situación es y debe ser ajena a la valoración del daño”, constituyendo este tip o de consideraciones un irrespeto a la intimidad personal y familiar”. • Fallo de 9 de diciembre de 2017 7 proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

Por último, manifest ó que en la sentencia objetada se desconoció el precedente judicial antes señalado, pues el tribunal accionado “acudiendo a criterios subjetivistas, se alejó de la doctrina probable, al considerar que el tiempo transcurrido, entre el fallecimiento del señor Artidoro Aguirre y el conocimiento del hecho por los fam iliares -6 meses -, obligaba a acreditar alguna actuación tendiente a conocer el paradero del familiar o a establecer lo ocurrido”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló la siguiente:

“Se ruega al Honorable Consejo de Estado, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, dejando sin efectos la sentencia de segunda instancia y ordenando en consecuencia proferir la de reemplazo, conforme a los parámetros que fije el Juez Constitucional, dada la presencia d el defecto fáctico negativo, por indebida apreciación probatoria, en concurrencia con un defecto sustancial o

consecuencia proferir la de reemplazo, conforme a los parámetros que fije el Juez Constitucional, dada la presencia d el defecto fáctico negativo, por indebida apreciación probatoria, en concurrencia con un defecto sustancial o material, por desconocimiento de la doctrina probable en relación con la cuantificación del daño inmaterial para los hermanos”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 7 de marzo de 202 3, el Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá remitió el expediente que contiene las actuaciones del proceso N° 11001-33-43-064-2017-00368-01, correspondiente a la demanda de reparació n directa que adelantaron los señores Héctor Hernando Aguirre Hoyos y Orlando Aguirre Rodríguez y las señoras Mar ilu Aguirre Rodríguez y Marisol Aguirre Rodríguez contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

5. Trámite procesal

Por auto de 2 de marzo de 202 3, el despacho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 19217 a 19227 de 6 de marzo de 2023 8 , con el fin de notificar a las partes.

7

Radicado No.: 08001-31-03-009-2007-00052-01, C.P.: Álvaro Fernando García Restrepo.

marzo de 2023 8 , con el fin de notificar a las partes.

7

Radicado No.: 08001-31-03-009-2007-00052-01, C.P.: Álvaro Fernando García Restrepo.

8 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo elect rónico: digitadorasobh@gmail.com, aguirrehector940@gmail.com, scs03sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co, scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co, notificacion.tutelas@policia.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, jadmin64bta@cendoj.ramajudicial.gov.co y jadmin64bta@notificacionesrj.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00986-00

Actor: HÉCTOR HERNANDO AGUIRRE HOYOS Y OTROS

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6. Oposición

6.1. Re spuesta de l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”

En escrito de 7 de marzo de 2023, la magistrada encargada del despacho ponente informó que la decisión objetada se dictó con ponencia del magistrado Javier Tobo Rodríguez, quien ejerció hasta el 31 de agosto de 2022 y agregó que “no me es posible emitir juicio o concepto frente a las consideraciones que motivaron la enunciada decisión de instancia, por lo que solicito tener en cuenta los

Rodríguez, quien ejerció hasta el 31 de agosto de 2022 y agregó que “no me es posible emitir juicio o concepto frente a las consideraciones que motivaron la enunciada decisión de instancia, por lo que solicito tener en cuenta los argumentos expuestos en la decisión tutelada”.

6.2. Respuestas de la Policía Nacional

En oficio de 8 de marzo de 2023, el jefe del Área Jurídica pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, pues no se demostró la vulneración de derechos fundamentales alegada por los accionantes.

Afirmó que la tasación de los perjuicios morales establecida en la sentencia objetada se ajustó a la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado 9 .

Agregó que el tribunal accionado en ejercicio de la sana crítica y los principios de razonabilidad y proporcionalidad determinó que si bien en los testimonios allegados por la parte actora manifiestan que la víctima y su familia se reunían aproximadamente cada 5 o 6 meses, lo cierto es que la familia no tuvo conocimiento del deceso del señor Artidoro Aguirre Mariño sino después de transcurridos 6 meses, lo que evidenciaba que la relación de parentesco no era tan cercana.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada goza de discrecionalidad para determinar y liquidar los perjuicios como consecuencia de los daños morales causados dentro del proceso objeto de estudio, con sujeción al material probatorio donde se acreditó el perjuicio alegado.

Finalmente, manifestó que los demandantes no demostraron la exist encia de un

causados dentro del proceso objeto de estudio, con sujeción al material probatorio donde se acreditó el perjuicio alegado.

Finalmente, manifestó que los demandantes no demostraron la exist encia de un perjuicio irremediable, máxime cuando ya se agotaron todos los mecanismos jurisdiccionales con el fin de buscar un resarcimiento por los perjuicios morales ocasionados como consecuencia de la muerte del señor Artidoro Aguirre Mariño.

6.3. El Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá , aun cuando fue debidamente notificado del auto admisorio de la acción de tutela, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artícul os 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

9

Radicado No.: 66001-23-31-000-2001-00731-01, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00986-00

Actor: HÉCTOR HERNANDO AGUIRRE HOYOS Y OTROS

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2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de

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2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” , en la decisión de 25 de agosto de 2022 vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , al supuestamente incurrir en los defectos i) fáctico en su dimensión negativa , por la valoración inadecuada y contraevidente del material probatorio, específicamente , de los testimonios de los señores Amadeo Rueda Pérez y Orlando Aguirre y la señora Luz Deisy F lorida Rueda y ii) por desconocimiento del precedente judicial , al no acoger las sentencias del Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia relacionadas con la doctrina probable sobre el daño moral, listadas en el acápite de los fundamentos de la acción.

La Sala entiende que el defecto sustantivo en los términos invocados está inmerso en el desconocimiento del precedente judicial, razón por la cual se abordará al efectuarse el estudio de esa anomalía alegada por la parte actora.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humano s10 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos

la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humano s10 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 11, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201212, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más ad elante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 201413, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximo s tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200514.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable

hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los

10 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 11 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 12 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 13 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 14

M. P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00986-00

Actor: HÉCTOR HERNANDO AGUIRRE HOYOS Y OTROS

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derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera ra zonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requi sitos específicos de procedencia que ha precisado la

derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requi sitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico 15; (ii) Defecto procedimental absoluto 16; (iii) Defecto fáctico 17; (iv) Defecto material o sustant ivo18; (v) Error inducido 19; (vi) Decisión sin motivación20; (vii) Desconocimiento del precedente21 y (viii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procede ncia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en r eiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 22 y de la Corte Constitucional23.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) cumple el presupuesto de la relevancia constitucional porque se debe determinar si el hecho de que la autoridad jud icial accionada hubiera modificado la decisión de primera instancia en relación con los perjuicios morales en la sentencia de 25 de agosto de 2022, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por lo que no se observa que la solicitud de amparo se presente como una instancia adicional o se plantee un asunto de mera legalidad.

15 Se presenta cuando el funcionario judicial que pr ofirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 16 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 17 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación d el supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 18 Como son los casos en que se decide con base en no rmas inexistentes o inconstit ucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 19 Que se presenta cuan do el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 20 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus

toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 20 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 21 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar l a eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 22 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. N º 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 23 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00986-00

Actor: HÉCTOR HERNANDO AGUIRRE HOYOS Y OTROS

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.Radicado: 11001-03-15-000-2023-00986-00

Actor: HÉCTOR HERNANDO AGUIRRE HOYOS Y OTROS

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Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del r ecurso de apelación, por lo que los accionantes no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial -subsidiariedad-; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses 24 establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional 25 -inmediatez-; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.

4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial alegados

4.2.1. Los accionantes acudieron al mecanismo de protección constitucional con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , supuestamente vulnerados con el fallo de 25 de agosto de 2022, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” , modificó la decisión de primera instancia en relación con los perjuicios morales por lo s que se condenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional (redujo de 50 SMLMV a

10 SMLMV).

instancia en relación con los perjuicios morales por lo s que se condenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional (redujo de 50 SMLMV a

10 SMLMV).

Lo anterior, al con siderar que incurrió en los defectos i) fáctico en su dimensión negativa, por valoración inadecuada y contraevidente del material probatorio, específicamente, de los testimonios de los señores Amadeo Rueda Pérez y Orlando Aguirre y la señora Luz Deisy Flor ida Rueda y ii) por desconocimiento del precedente judicial, al no acoger