CE - 010315000202301008001SENTENCIA20230512122228

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01008-00

Actor: Personería Distrital de Barranquilla

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01008-00

Demandante: PERSONERÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la pretensión de anular el acto administrativo que declaró la insubsistencia en empleo público de libre nombramiento y remoción -jefe de oficina de control interno-. Defectos fáctico y procedimental absoluto

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a de cidir la acción de tutela promovida por la Personería Distrital de Barranquilla , quien actúa mediante su personero distrital, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico , en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido p roceso y a la defensa, así como los principios de publicidad, congruencia, seguridad jurídica y

personero distrital, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico , en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido p roceso y a la defensa, así como los principios de publicidad, congruencia, seguridad jurídica y “vigencia de un orden justo ”, supuestamente vulnerados con la sentencia de 6 de mayo de 202 2, proferida en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 08001-33-33-003-2014-00483-01.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura del escrito de tutela y del expediente ordinario se tienen como hechos relevantes los siguientes:

La entidad accionante relató que la señora Marla Luz Miranda Cepeda laboró en la Personería Distrital de Barranquilla hasta el 16 de junio de 2014 1 , y que mediante Resolución No. 036 de 16 de junio de 2014 se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de jefe de la Oficina de Control Interno.

Sostuvo que en razón a la expedición de la Ley 1474 de 2011, el personero distrital de Barranquilla expidió la Resolución No. 039 de 19 de junio de 2014, mediante la cual se modificó parcialmente el manual de funciones y requisitos para desempeñar el empl eo de jefe de la Oficina de Control Interno, en el que se incluyó acreditar t ítulo profesional y experiencia mínima de tres (3) años relacionada en asuntos de control interno.

Resaltó que , ante la vacancia absoluta por la declaratoria de insubsistencia , se

incluyó acreditar t ítulo profesional y experiencia mínima de tres (3) años relacionada en asuntos de control interno.

Resaltó que , ante la vacancia absoluta por la declaratoria de insubsistencia , se expidió la Resolución No. 050 de 15 de julio de 2014 en la que se nombró en

1 Vinculada a la entidad por medio de la Resolución No. 197 de 19 de septiembre de 2005.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01008-00

Actor: Personería Distrital de Barranquilla

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encargo a la señora María Isabel Carvajal Monterrosa, en calidad de jefe de Oficina de Control Interno de la Personería Distrital de Barranquilla, por un término de 19 días.

Afirmó que el Personero Distrital de Barranquilla a través de la Resolución No. 059 de 5 de agosto de 2014, “previo estudio de la hoja de vida” , nombró en propiedad en el empleo de jefe de la Oficina de Control I nterno a la señora Claudia Patricia Granados Cañas.

Señaló que la señora Mar la Luz Miranda Cepeda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra el Distrito de Barranquilla, Personería Distrital de Barranquilla, con el fin de que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) No. 036 de 16 de junio de 2014 2

Distrito de Barranquilla, Personería Distrital de Barranquilla, con el fin de que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) No. 036 de 16 de junio de 2014 2 , por medio del cual se declara la insubsistencia del cargo como Jefe de la Oficina de Control Interno Código 006 Grado 002 de la planta global de la Personería Distrital de Barranquilla, ii) DP No. 168-2014 de 16 de junio de 2014 y DP No . 169-2014 de 16 de junio de 2014 3 , mediante los cuales el Personero Distrital de Barranquilla le comunica la insubsistencia a la señora Mar la Luz Miranda Cepeda del cargo anteriormente menci onado y iii) No. 050 de 15 de julio de 2014 4 y 059 de 5 de agosto de 2014 5 .

Indicó que luego de que se admitiera la demanda 6 y se presentara la contestación, se llevó a cabo la audiencia inicial 7 , en la que se vinculó a las señoras María Isabel Carvajal M onterrosa y Claudia Patricia Granados Cañas , como litisconsortes necesarios.

Afirmó que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Barranquilla en sentencia de 8 de noviembre de 2018 8 , negó las pretensiones de la demanda , bajo el argument o de que “el acto demandado se expidió en ejercicio de la facultad discrecional y en beneficio del servicio público a cargo de la entidad, y en ese sentido, el nominador se encontraba en libertad de realizar los ajustes que considerara necesarios y de ese modo, ejer cer la facultad de libre remoción,

facultad discrecional y en beneficio del servicio público a cargo de la entidad, y en ese sentido, el nominador se encontraba en libertad de realizar los ajustes que considerara necesarios y de ese modo, ejer cer la facultad de libre remoción, circunstancia que conlleva a que el cargo de desviación de poder alegado en la demanda, no tenga vocación de prosperidad, y sea la razón suficiente para denegar las súplicas de la demanda”.

Por último, manifest ó que cont ra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo del Atlántico en fallo de 6 de mayo de 2022 , revocó lo resuelto por el a quo y declaró la nulidad de la Resolución No. 036 d e 16 de junio de 2014 , al considerar que las personas que se nombraron en reemplazo de la señora Miranda Cepeda no cumplían con los requisitos mínimos, en concreto, los tres (3) años de experiencia relacionada con asuntos de control interno . A simismo, condenó a la Personería Dist rital de Barranquilla a cancelar a la señora Marla Luz Miranda Cepeda la totalidad de los emolumentos salariales y prestacionales que debió percibir desde el momento del retiro -16 de junio de 2014 hasta el 16 de junio de 2016 -, con sustento en la

2 “Por medio de la cual se declara la insubsistencia de (…) Marla Luz Miranda Cepeda, en el empleo de Jefe de Oficina de Control Interno de la Personería Distrital de Barranquilla”. 3 “Mediante las cuales, el Personero Distrital de Barranquilla le comunica la insubsistencia a (…) Marla Luz Miranda Cepeda

Control Interno de la Personería Distrital de Barranquilla”. 3 “Mediante las cuales, el Personero Distrital de Barranquilla le comunica la insubsistencia a (…) Marla Luz Miranda Cepeda en el empleo de Jefe de Oficina de Control Interno de la Personería Distrital de Barranquilla”. 4 “Por medio del cual el Personero Distrital de Bar ranquilla realizó el nombramiento de la se ñora Claudia Patricia Granados Cañas, en el empleo de Jefe de Oficina de Control Interno de la Personería Distrital de Barranquilla”. 5 “Por medio de la cual el Personero Distrital de Barranquilla realizó el nombra miento de la señora Claudia Patricia Granados Cañas, en el empleo de Jefe de Oficina de Control Interno de la Personería Distrital de Barranquilla”. 6 El auto admisorio de la demanda se notificó a la Personería Distrital de Barranquilla a la dirección de c orreo electrónico perbarranquilla@yaoho.com. 7 Citación que se remitió a la parte demandada al correo electrónico perbarranquilla@yahoo.com. 8 Notificada a la parte demandada a la dirección de correo electrónico perbarranquilla@yahoo.com.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01008-00

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sentencia SU -874 de 2014, decisión respecto de la cual la parte actora solicitó aclaración y adición, las cuales fueron negadas en auto de 23 de junio de 2022.

2. Fundamentos de la acción

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sentencia SU -874 de 2014, decisión respecto de la cual la parte actora solicitó aclaración y adición, las cuales fueron negadas en auto de 23 de junio de 2022.

2. Fundamentos de la acción

La entidad accionante presentó acción de tutela con e l objeto de que proteja n sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, así como los principios de publicidad, congruencia, seguridad jurídica y “ vigencia de un orden justo ”, supuestamente vulnerados con la sentencia de 6 de mayo de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico anuló la Resolución No. 036 de 16 de junio de 2014 y condenó a la Personería Distrital de Barranquilla a cancelar a la señora Marla Luz Miranda Cepeda la totalidad de los emolumentos salariales y prestacionales que debió percibir desde el momento del retiro -16 de junio de 2014 hasta el 16 de junio de 2016-.

En primer lugar, se refirió a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, para lo cual afir mó que la “tutela tiene relevancia constitucional, dado que la providencia judicial de la sección C del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico ha afectado los derechos constitucionales fundamentales el debido proceso, defensa, principio de publicidad, principio d e congru encia, seguridad jurídica y vigencia de un orden justo, de la personería Distrital de Barranquilla en el proceso de Nulidad y Restablecimiento de derecho con radicación 08 -001-33-33-003-2014-00483-01, como habrá de explicarse y fundamentarse en la presente acción de tutela”.

Restablecimiento de derecho con radicación 08 -001-33-33-003-2014-00483-01, como habrá de explicarse y fundamentarse en la presente acción de tutela”.

Luego afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, el cual sustent ó en que la valoración probatoria es absolut amente inadecuada e irrazonable, lo que a su vez generó una vul neración al principio de congruencia, pues en el expediente ordinario se demostró que las señoras Claudia Patricia Granados Cañas y María Isabel Carvajal Monterrosa cumpl ían los requisitos mínimos 9 para ejercer el cargo de jefe de la Oficina de Control Int erno, particularmente, el de experiencia relacionada de conformidad con lo previsto en la Ley 1474 de 2011 y los Decretos 785 y 2539 de 2005 , compilados por el Decreto 1083 de 2015.

Al respecto, la parte actora incluyó un cuadro en el que se refiere a los requisitos mínimos (tít ulo prof esional y 3 años de experiencia relacionada) para ejercer el cargo de jefe de la Oficina de Control Interno y el cumplimiento de los mismos por parte de las señoras Granados Cañas y Carvajal Monterrosa quienes fueron nombradas en el cargo en mención, en el que, a su juicio, se evidencia que i) la señora María Isabel Carvajal Monterrosa es contadora pública y tiene como experiencia relacionada con el cargo 9 años como auditor región norte y ii) la señora Claudia Patricia Grana dos Cañas es administrad ora de empresas y laboró en la Sociedad Metropolitana de Envíos Ltda y en la ESAP.

experiencia relacionada con el cargo 9 años como auditor región norte y ii) la señora Claudia Patricia Grana dos Cañas es administrad ora de empresas y laboró en la Sociedad Metropolitana de Envíos Ltda y en la ESAP.

Resaltó que al analizar las hojas de vida de las señoras Carvajal Monterrosa y Granados Cañas, se pu ede constatar que i) “sí cumplían con las exige ncias de la norma, d onde la seño ra María Carvajal cuenta con 9 años de experiencia y la señora Claudia Granados con 3 años de experiencia en asuntos de control interno”, y ii) que el nominador si bien modificó el manual de funciones y requisitos, este no g eneró un perjuicio en el desarrollo de las atribuciones de la entidad, toda vez que al momento de ser nombradas en distintos periodos cumplían con los requisitos para ejercer el cargo, por lo que es improcedente hablar de una desviación de poder.

9 De acuerdo con el manual de funciones y requisitos para desempeñar el empleo de j efe de la Oficina de Control Interno, los requisitos mínimos son: i) título profesional y ii) 3 años de experiencia relacionada con asuntos de control interno.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01008-00

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Indicó que el tribunal accionado no tuvo en cuenta la experiencia y los certificados laborales que se anexaron en las hojas de vida de las señoras María Isabel

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Indicó que el tribunal accionado no tuvo en cuenta la experiencia y los certificados laborales que se anexaron en las hojas de vida de las señoras María Isabel Carvajal Monterrosa y Claudia Patricia Granados Cañas, con los que se demostraba que cumplían con los tres ( 3) años de experiencia relaci onada en asuntos de control interno.

Agregó que la resolución mediante la cual se modificó el manual de funciones y requisitos para desempeñar el empleo de jefe de la Oficina de Control Interno, demuestra que las señoras Gr anados Cañas y Carvajal Monterrosa cumplían con los requisitos mínimos , específicamente , el de los tres ( 3) años de experiencia relacionada para ocupar el cargo que, destacó, es de libre nombramiento y remoción.

De otr a parte , sostuvo que el tribunal acci onado incurrió en defecto procedimental absoluto, porque la sentencia objetada no ha sido notificada en debida forma en razón a que la entidad cuenta con un correo institucional exclusivo para las notificaciones judiciales, como lo establece el artículo 19 7 de la Ley 1437 de 2011.

Aseveró que el Tribunal Administrativo del Atlántico ha venido notificando a un correo inválido y en desuso de la entidad, el cual es perbarranquilla@yahoo.com, mientras que la dir ección de correo electró nico ins titucional es notificacionesjudiciales@personeriadebarranquilla.gov.co.

Señaló que “carpeta 01 – primera instancia (C01 principal – 39 Alegatos de Conclusión de la Per sonería Distrital de Barranquilla), folio 175 al folio 180 del

Señaló que “carpeta 01 – primera instancia (C01 principal – 39 Alegatos de Conclusión de la Per sonería Distrital de Barranquilla), folio 175 al folio 180 del expediente digital de la señora Marla Luz Miranda Cepeda, el apoderado señaló el correo institucional para efectos de notificaciones judiciales el cual es notificacionesjudiciales@personeriadebarranquilla.gov.co, y por tanto el Tribunal nunca notificó a este último como sustento para el envío de sus decisiones”.

Finalmente, insistió en que la autoridad judicial accionada incurrió en “indebida valoración de pruebas en cua nto no se tuvieron en cu enta aspectos importantes de las Hojas de vida de las señoras Carvajal y Granados al momento de ser nombradas en el cargo de Jefe de Oficina de Control Interno, cargo que es de Libre nombramiento y remoción, y que por consiguiente e l nominador tiene la facultad discrecional para declarar la insubsistencia del cargo siempre y cuando se haga en mejoramiento de las funciones de la entidad”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“Con apoyo en las razones de hecho y de derecho antes expuest as esta agencia del Ministerio Público solicita que se acceda a las pretensiones de la presente acción de tutela y se consideren violados los derechos constitucionales fundamentales al derecho al debido proceso, derecho de defensa, principio de publicidad, principio congruencia, seguridad jurídica y vigencia de un orden justo en el proceso de nulidad y restablecimiento del Derecho con radicado 08 -001-33-33-003-2014-00483-01 en que figura como demandante: Marla Luz Miranda Cepeda; y d emandado: la Personería

restablecimiento del Derecho con radicado 08 -001-33-33-003-2014-00483-01 en que figura como demandante: Marla Luz Miranda Cepeda; y d emandado: la Personería Distrital de BarranquillaDistrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

En consecuencia, solicitamos se declaren sin valor o efecto las providencias antes enunciadas y, en su lugar, concedan los derechos fundamentales transgredidos por violación del derecho al debido proceso, derecho de defensa, principio de publicidad, principio congruencia, seguridad jurídica y vigencia de un orden justo en el proceso de nulidad y restablecimiento del Derecho con radicado 08 -001-33-33-003-2014-00483-01 en q ue figur a como demandante: Marla Luz Miranda Cepeda; y demandado: la Personería Distrital de Barranquilla - Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01008-00

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4. Pruebas relevantes

Mediante correo electrónico de 8 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Atlántico allegó enlace del expediente digital No. 08001-33-33-000-2023-0100801, que contiene las actuaciones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la señora Marla Luz Miranda Cepeda contra el Distrit o Especi al, Industrial y Portuario de Barranquilla , Personería Distrital de Barranquilla.

restablecimiento del derecho que promovió la señora Marla Luz Miranda Cepeda contra el Distrit o Especi al, Industrial y Portuario de Barranquilla , Personería Distrital de Barranquilla.

5. Trámite procesal

Por auto de 2 de marzo de 202 3, el despacho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial deman dada. Asimismo, vinculó al dis trito de Barranquilla y a las señoras Marla Luz Miranda Cepeda, María Carvajal Monterrosa y Claudia Patricia Granados Cañas, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 19532 a 19539 de 6 de marzo de 2023 10 , con el fin de dar cumplimiento de la anterior providencia.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Barranquilla

En escrito de 8 de marzo de 2023, el titular del despacho manifestó que no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora , y que en el proceso de nulidad y restablecimiento derecho con radicado No. 08001 -33-33-003-2014-00483-01, el Tribunal Administrativo del Atlántico por medio de fallo de 6 de mayo de 2022, revocó la sentencia de 8 de noviembre de 2018.

Resaltó que durante el trámite del proceso ordinario acudió al procedimiento legalmente establecido y respetó el tiempo, oportunidades, derechos constitucionales y garantías procesales a las partes en forma imparcial.

Por último, manifestó que la decisión proferida por el juzgado no es objeto de

legalmente establecido y respetó el tiempo, oportunidades, derechos constitucionales y garantías procesales a las partes en forma imparcial.

Por último, manifestó que la decisión proferida por el juzgado no es objeto de cuestionamiento dentro de los fundamentos de la acción de tutela que promovió la Personería Distrital de Barranquilla.

6.2. Respuesta del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla

En escrito de 8 de marzo de 202 3, el apoderado de la entidad territorial pidió “DENEGAR la ACCION DE TUTELA, con relación al distrito de Barranquilla”.

Afirmó que el Tribunal Administrativo del Atlán tico es el llamado a responder por los derechos fundamental es invocados por la parte actora, razón por la cual se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

6.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico y a las señoras Marla Luz Miranda Cepeda, María Carvajal Monterros a y Claudia Patricia Granados Cañas , guardaron silencio a un cuando se les notificó en debida forma del auto admisorio de la acción de tutela.

10 El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesa dos fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: notificacionesjudiciales@personeriadebarranquilla.gov.co, ventanillad01tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co; jsanchew@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, claugran74@hotmail.com,

notijudiciales@barranquilla.gov.co, adm03bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin03baq@notificacionesrj.gov.co, lizkevin01@yahoo.es, marlaluzmice@hotmail.com y joealejotd@gmail.com.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01008-00

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en l os artículos 86 de la Constitu ción Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. La entidad accionante invoca el defecto procedimental absoluto por la supuesta indebida notificación del fallo objetado . Al respecto, la Sala se relevará de realizar estudio en relación con este alegato, por cuanto a l ve rificar los argumentos que sus tentan e l defecto fáctico se evidencia que la parte actora demostró que tuvo conocimiento de la decisión objeto de reproche constitucional, al punto que formula reparos para que el juez constitucional la deje sin efecto 11 .

2.2. De otra parte, aun cuando en el escrito de tutela se alega la vulneración del principio de congruencia procesal, en realidad todos los argumentos se orientan a

11 .

2.2. De otra parte, aun cuando en el escrito de tutela se alega la vulneración del principio de congruencia procesal, en realidad todos los argumentos se orientan a edificar una supuesta indebida valoración probatoria, por lo que el análisis constitucional se realizará a partir de la cara cterización del defecto fáctico en su dimensión negativa.

2.3. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 6 de mayo de 2022 , proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó la señora Marla Luz Miranda Cepeda contra el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Personería Distrital de Barranquilla vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, así como los principios de publicidad, congruencia, se guridad jurídica y “ vigencia de un orden justo ”, al incurrir, supuestamente, en un defecto fáctico, por la indebida valoración del manual de funciones y requisitos para desempeñar el empleo de Jefe de la Oficina de Control Interno de la Personería de Barra nquilla, así como la hoja de vida de las señoras Claudia Patricia Granados Cañas y María Isabel Carvajal Monterrosa, que demostraban que cumplía n con el requisito de tres ( 3) años de experi encia mínima relacionada con asuntos de control interno.

3. Procedencia ex cepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los ju eces la protección inmediata de sus derecho s

3. Procedencia ex cepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los ju eces la protección inmediata de sus derecho s constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana so bre Derechos Humanos 12 y 2.3 lite ral a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 13, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unific ación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201214, acogió la tesis de admitir

11

En similar sentido véase: Consejo de Estado, Sección Cuarta, s entencia de 20 de octubre de 2022, C.P.: Milton Chaves

García. 12 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 13 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 14 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01008-00

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la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelant e, la mi sma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 201415, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tri bunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condici ones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200516.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulnerac ión (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la part e actora (…); (v) Que la parte actora ident ifique de manera razonab le tanto los hechos que generaron la vulneración como los

efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la part e actora (…); (v) Que la parte actora ident ifique de manera razonab le tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico 17; (ii) Defecto procedimental abso luto18; (iii) Defecto fáctico 19; (iv) Defecto material o sustantivo 20; (v) Error inducido 21; (vi) Decisión sin motivación22; (vii) Desconocimiento del precedente23 y (viii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cump limiento estricto de todos los requisitos g enerales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegado s por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiter ada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo 24 y de la Corte Constitucional25.

15 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 16

M. P. Jaime Córdoba Triviño.

17

Constitucional25.

15 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 16

M. P. Jaime Córdoba Triviño.

17 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 18 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 19 Que surge cuando el juez carece del apo yo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 20 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 21 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 22 Que implica el in cumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fun damentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 23 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 24 Cfr., Sentencia del 7 de diciemb re de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7

jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 24 Cfr., Sentencia del 7 de diciemb re de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016 -02213-01), Sentencia del 24 de n oviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Ber múdez Berm