CE - 010315000202301017001SENTENCIA20230508140615

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01017-00

Referencia: Acción de tutela

Actores: NOLBERTO ALFONSO RAMÍREZ PINTO Y OTROS.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR

FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LOS ACTORES

PRETENDEN QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN

INTEGRAL A LAS PRUEBAS QUE FUERON ALLEGADAS AL PROCESO

DE REPARACIÓN DIRECTA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA

EL ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE

ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONEN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A L DEBIDO PROCESO, A LA

IGUALDAD Y A LA DIGNIDAD HUMANA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por los actores contra

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1.

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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NOLBERTO ALFONSO RAMÍREZ PINTO fue condenado por el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE TUNJA por el delito de tentativa de extorsión, a la pena de 96 meses de prisión.

Comentaron que a través de sentencia de 23 de julio de 2015, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO modificó la dosificación de la pena aludida y, en su lugar, le impuso al señor RAMÍREZ PINTO 72 meses de prisión, esto es, 6 años.

Informaron que mediante auto de 6 de enero de 2016, de forma tardía, el JUZGADO 7 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CALI decretó la extinción de la pena , al haber purgado en reclusión física 4 años, 7 meses y 5 días, más el tiempo que le fue redimido por trabajo, lo que en total sumó 6 años y 20.6 días.

Agregaron que el señor NOLBERTO ALFONSO RAMÍREZ PINTO estuvo privado de su libertad de manera injusta en establecimiento carcelario, por prolongación ilegal de su reclusión durante el período de los 20.6 días, por lo que promovieron medio de control de4

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carcelario, por prolongación ilegal de su reclusión durante el período de los 20.6 días, por lo que promovieron medio de control de4

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reparación directa contra la NACIÓNRAMA JUDICIAL 3, con la finalidad de obtener el pago de los perjuicios respectivos, el cual fue identificado con el número único de radicación 760013333021-201700306-00.

Expusieron que el proceso aludido fue atribuido para su trámite en primera instancia al JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI 4 que, mediante sentencia de 28 de septiembre de 2021, accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda.

Adujeron que , al igual que la RAMA JUDICIAL , interpusieron el recurso de apelación respectivo ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 8 de febrero de 2023, revocó la decisión recurrida y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

Manifestaron que el TRIBUNAL estimó que no había lugar a acceder a las pretensiones, dado que el señor NOLBERTO ALFONSO RAMÍREZ PINTO había recobrado su libertad como consecuencia de la redención de la pena y no por haber purgado la condena total que

3 En adelante la Rama Judicial. 4 En adelante el Juzgado.5

RAMÍREZ PINTO había recobrado su libertad como consecuencia de la redención de la pena y no por haber purgado la condena total que

3 En adelante la Rama Judicial. 4 En adelante el Juzgado.5

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le había sido impuesta.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentaron que la presente acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, porque se trata de un debate que recae sobre garantías fundamentales.

Adujeron que al proferir la sentencia cuestionada, el TRIBUNAL incurrió en el defecto fáctico porque no valoró de forma correcta las sentencias que fueron proferidas en el curso del proceso penal, “[…] el documento visible en la página 332, cuaderno 4 y c. el auto interlocutorio no. 13 de 6 de enero de 2016 proferido por el Juzgado 7 de Ejecución de Penas y Medida s de Seguridad de Cali, en donde están todas las actuaciones relacionadas con la pena impuesta a NOLBERTO ALFONSO RAMÍREZ PINTO y sus redenciones […]”.

Precisaron que la valoración adecuada de la s pruebas aludidas permitía concluir que existió una falla en el servicio por parte de la autoridad judicial, porque no resolvió en término sobre la libertad del señor NOLBERTO ALFONSO RAMÍREZ PINTO, lo que implicó una

permitía concluir que existió una falla en el servicio por parte de la autoridad judicial, porque no resolvió en término sobre la libertad del señor NOLBERTO ALFONSO RAMÍREZ PINTO, lo que implicó una prolongación irregular de su reclusión.6

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Agregaron que , en su sentir, el TRIBUNAL desconoció la Constitución Política porque inobservó el fin de resocialización de la pena, objetivo este que se ve maximizado a través del derecho a la redención del tiempo de la condena.

Arguyeron que al proferir la sentencia cuestionada, la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto por desconocimiento del precedente judicial contenido en el auto de 21 de septiembre de 2017, proferido por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO dentro del expediente identificado con el número único de radicación 250002336000-2014-01097-01, conforme con el cual el título de imputación del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia también abarca la mora judicial.

Explicaron que la falta de decisión en un plazo razonable “[…] siempre que la demora no esté justificada, es motivo para que resulte procedente el examen de una demanda de reparación directa […]”.

Afirmaron que el TRIBUNAL desconoció “[...] las reglas contenidas

siempre que la demora no esté justificada, es motivo para que resulte procedente el examen de una demanda de reparación directa […]”.

Afirmaron que el TRIBUNAL desconoció “[...] las reglas contenidas en la ratio decidendi de múltiples sentencias del Consejo de Estado que son aplicables al caso bajo estudio, bajo el título de imputación7

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falla del servicio […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, los actores pretenden lo siguiente:

“[…] Se nos TUTELEN los derechos al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Magna, Dignidad Humana, resocialización y libertad y demás valores y principios Constitucionales protegidos y garantizados por la Legislación y Jurisprudencia vigentes que han sido tratados en esta acción de tutela y que están siendo vulnerados por el accionado.

2. Que como consecuencia lógica y jurídica de la p rotección de los derechos reclamados, se ordene dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso tramitado en el tribunal accionado, bajo el radicado 760010-3333-021-2017-00336-01, y ordenar que profiera un nuevo fallo respetando nuestros derechos fundamentales […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que la solicitud de amparo no tiene

33-021-2017-00336-01, y ordenar que profiera un nuevo fallo respetando nuestros derechos fundamentales […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que la solicitud de amparo no tiene vocación de prosperar, dado que la sentencia cuestionada contiene las argumentaciones necesarias con las cuales de manera unánime, la Sala decidió revocar la sentencia proferida por el JUZGADO y proceder a negar las pretensiones de la demanda.8

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Agregó que si bien los actores estimaban que el señor NOLBERTO ALFONSO RAMÍREZ PINTO estuvo privado de la libertad más de los 6 años de los que resultó condenado, lo cierto era que del material probatorio obrante en el expediente advirtió que aquel recobró su libertad por pena cumplida, gracias a la materialización de su derecho de redención de la pena de prisión y no porque efectivamente hubiese estado recluido por todo el término de la condena que le fue impuesta.

Indicó que los actores no pueden pretender “[…] que, en virtud del derecho a la redención de pena, se configure una prolongación ilícita de la privación de la libertad, cuando lo que se procura con ese derecho es que los PPL puedan recobrar su libertad de manera anticipada, sin haber cumplido la totalidad de la pena física que les

de la privación de la libertad, cuando lo que se procura con ese derecho es que los PPL puedan recobrar su libertad de manera anticipada, sin haber cumplido la totalidad de la pena física que les haya sido impuesta […]”.

Expuso que la providencia cuestionada fue proferida con estricto apego a criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado, además que se evidencia que los actores pretenden constituir la acción de tutela en una tercera instancia.

I.5.2.- La RAMA JUDICIAL y el JUZGADO, vinculados en calidad9

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de terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un10

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asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:11

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona

genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años despu és de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resoluci ón de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos

conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas12

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susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse d e manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cua ndo el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.13

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucio nal establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución . […]” (Destacado fuera del texto)

mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución . […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, los actores pretenden que se deje sin efecto la sentencia de 8 de febrero de 2023 , proferida por el TRIBUNAL, mediante la cual revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda dentro del14

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medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 760013333021 2017 00306 01.

La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa presentada en el año 201 7 por los actores contra la RAMA JUDICIAL, porque estimaban que hubo una prolongación injustificada de la privación de la libertad del señor NOLBERTO

ALFONSO RAMÍREZ PINTO.

El caso tiene origen en el hecho de que el señor NOLBERTO ALFONSO RAMÍREZ PINTO fue condenado a 6 años de prisión, de los cuales estuvo privado de la libertad en tiempo físico 4 años, 7 meses y 5 días por redención de la pena.

Los actores estiman que descontado el tiempo de redención de la

los cuales estuvo privado de la libertad en tiempo físico 4 años, 7 meses y 5 días por redención de la pena.

Los actores estiman que descontado el tiempo de redención de la pena, el señor NOLBERTO ALFONSO RAMÍREZ PINTO estuvo privado de la libertad durante 20.6 días más de lo que debía haber purgado, lo cual atribuyó a una falla en el servicio por mora en la resolución de la solicitud respectiva.

A la providencia cuestionada los actores le atribuyen la configuración de los defectos fáctico, violación directa a la Constitución y15

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desconocimiento del precedente jurisprudencial , dado que , en su sentir, de las pruebas obrantes en el plenario podía concluirse la falla en el servicio que implicó la prolongación injusta de la libertad, además porque conforme con la jurisprudencia de esta Corporación, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia abarca la mora judicial.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial alegados, al haber proferido la sentencia de 8 de febrero de 2023.

e incurrió en los defectos fáctico, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente judicial alegados, al haber proferido la sentencia de 8 de febrero de 2023.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corpor ación, en especial el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una16

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cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».6

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser

5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.17

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desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como

requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, proteg e “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilid ad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal

motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal

[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”18

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requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra pro videncias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela deb e ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará