CE - 010315000202301022001SENTENCIASENTENCIA20230518161734

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01022-00

Demandante: Héctor Fredy Pérez Bolívar

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-01022-00

Demandante HÉCTOR FREDY PÉREZ BOLÍVAR

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA PRIMERA DE

ORALIDAD Y JUZGADO VEINTIDÓS ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del precedente. Asignación de retiro. Policías del nivel ejecutivo por incorporación directa antes de la Ley 923 de 2004. Causales de retiro. Destitución. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela instaurada por el señor Héctor Fredy Pérez Bolívar, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 24 de febrero de 20231, el señor Héctor Fredy Pérez Bolívar instauró acción de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia,

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 24 de febrero de 20231, el señor Héctor Fredy Pérez Bolívar instauró acción de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad y el Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín , por considerar vulnerados s us derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERO: Que se le TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, en concordancia con los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, así a los principios a la seguridad jurídica y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, al ciudadano HÉCTOR FREDY PÉREZ BOLÍVAR, el cual considera vulnerado por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, providencia Nro. 104 de fecha 24 de octubre de 2022, Magistrado Ponente: ÁLVARO CRUZ RIAÑO y del Juzgado Veintidós (22) Administrativo Oral de Medellín, Doctor GERARDO HERNÁNDEZ QUINTERO por la sentencia Nro. 041 de fecha 31 de mayo del año 2019, los cuales desconociendo el precedente jurisprude ncial le niegan la asignación mensual de retiro no obstante haber laborado en la Policía Nacional por más de 16 años, siendo evidente que el señor Magistrado y el Juez de primera instancia (…) no consultaron los más recientes pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado al respecto

1 Índice 2 en Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01022-00

consultaron los más recientes pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado al respecto

1 Índice 2 en Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01022-00

Demandante: Héctor Fredy Pérez Bolívar

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sin causa justificada y desconociendo el derecho de un grupo minoritario de uniformados que tienen derechos consolidados.

SEGUNDO: Que se deje sin efecto la sentencia de primera instancia proferida por el Juez Veintidós Administrativo Oral de Medellín, Doctor GERARDO HERNÁNDEZ QUINTERO el día 31 de mayo de 2019, al igual que la Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, donde figuró como Magistrado Ponente el Doctor ÁLVARO CRUZ RIAÑO dentro del proceso Radicado No. 05001 33 33 022 2018 00480 00 impetrado por HÉCTOR FREDY PÉREZ BOLÍVAR y donde fue demandada la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional CASUR.

TERCERO: Que se profiera decisión sustitutiv a o se ordene a dichas autoridades judiciales realizarlo, revocando las decisiones emitidas por el Doctor GERARDO HERNÁNDEZ QUINTERO, Juez Veintidós Administrativo Oral de Medellín el día 31 de mayo de 2019, y por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, conformada por los señores Magistrados ÁLVARO CRUZ RIAÑO, JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ y JOHN JAIRO

el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, conformada por los señores Magistrados ÁLVARO CRUZ RIAÑO, JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ y JOHN JAIRO ALZATE LÓPEZ el día 24 de octubre de 2022, proferidas dentro del proceso medio de Control Nulidad y restablecimiento del Derecho Radicado No. 05001 33 33 022 2018 00480 00».

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En el año 2018, el señor Héctor Fredy Pérez Bolívar interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) , con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que le negó el reconocimiento de la asignación de retiro. 2.2. El Juzgado Veintidós Administrativo Oral de Medellín conoció en primera instancia el asunto , bajo el radicado Nro. 05001-33-33-022-2018-00480-00.

Mediante sentencia del 31 de mayo de 2019 dicha autoridad judicial negó las pretensiones de la demanda, porque consideró que la norma aplicable para el actor era el artículo 25 del Decreto 4433 del 2004, en concordancia con la Ley 923 de 2004. En esa medida, concluyó que era «improcedente acceder al reconocimiento y pago de la Asignación Mensual de Retiro al señor HECTOR FREDY PEREZ BOLÍVAR en razón a su calidad de Subintendente de la Policía Nacional, toda vez que este, se reitera, al momento de

la Asignación Mensual de Retiro al señor HECTOR FREDY PEREZ BOLÍVAR en razón a su calidad de Subintendente de la Policía Nacional, toda vez que este, se reitera, al momento de la entrada en vigencia del decreto 4433 de 2004, no cumplía con los requisit os exigidos para ello, esto es, tener como mínimo 15 años de servicio cumplidos, lo anterior en concordancia con la ley 923 de 2004, por tanto la decisión de negar el reconocimiento de dicha prestación es acertada, pues en el artículo 25 del Decreto 4433 d e 2004 se indica de forma clara que únicamente son beneficiarios de dicha prestación quienes hayan completado 20 años o más de servicio y sean retirados de manera absoluta del mismo. En el caso particular del demandante no alcanzó el mínimo de tiempo de servicios, el cual es un requisito indispensable para el reconocimiento pretendido». 2.3. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, bajo el argumento de que el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 fue declarado nulo por el Consejo de Estado. A su vez, sostuvo que, de acuerdo con el Consejo de Estado, el único condicionamiento que la Ley 923 de 2004 consagró para ser beneficiario de la transición es que al momento de la entrada en vigencia la persona se encuentre en servicio activo en la fuerza pública. Y añadió que, al no existir unRadicado: 11001-03-15-000-2023-01022-00

Demandante: Héctor Fredy Pérez Bolívar

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co régimen pensional vigente para el momento de su retiro, debía aplicarse el

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co régimen pensional vigente para el momento de su retiro, debía aplicarse el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990. 2.4. Mediante sentencia de 24 de octubre de 2022 (notificada el mismo día) 2, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad confirmó la decisión, pero por razones diferentes a las expuestas en primera instancia. De entrada, el Tribunal reconoció que como la vinculación del demandante fue anterior a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, pues fue previa al 30 de diciembre de 2004, el actor es beneficiario de la protección contemplada en el inciso 2º del numeral 3.1. del artículo 3 de la Ley 923, segú n la cual no es posible exigir para el reconocimiento de la asignación de retiro «un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal». Sin embargo, resaltó que la norma mencionada es incompleta, ya que el legislador no precisó cuál era el tiempo de servicio máximo, pues únicamente indicó que para establecerlo habría que r emitirse “al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley”; en contraposición a lo que ocurre con el tiempo de servicio mínimo, pues en tal norma sí determinó este que no puede ser inferior a 15 años de servicio cuando el r etiro se produzca por cualquier otra causal diferente a la solicitud propia. Por ende, el Tribunal

con el tiempo de servicio mínimo, pues en tal norma sí determinó este que no puede ser inferior a 15 años de servicio cuando el r etiro se produzca por cualquier otra causal diferente a la solicitud propia. Por ende, el Tribunal sostuvo que la aplicación del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 exige para su complementación una integración normativa. De acuerdo con lo anterior, señaló qu e para establecer el tiempo de servicio máximo había que remitirse a las disposiciones vigentes a la fecha de expedición de la Ley 923 de 2004, que no son otras que los Decretos 1091 de 1995 y 2070 de 2003, mediante los cuales se fijó el régimen de la asig nación de retiro. Estos decretos, sin embargo, en lo que a la asignación de retiro del nivel ejecutivo se refiere fueron extraídos del ordenamiento jurídico por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, respectivamente. Así las cosas, el Tribunal explicó que esas normas que fueron anteriores a la Ley 923 y que, en principio, eran las que determinaban el tiempo de servicio frente al nivel ejecutivo no pueden ser utilizadas para la necesaria integración normativa. E indicó que las normas expedidas luego de la Ley 923 de 2004 que reglamentaban el régimen de asignación de retiro del nivel ejecutivo por incorporación directa vinculado con anterioridad a la Ley 923, es decir el parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 y el artículo 2º del Decreto 1858 de 2012, también fueron anuladas por el Consejo de Estado. En las dos sentencias que declararon la nulidad, el argumento determinante de la alta corporación fue que el Gobierno Nacional desconoció el tiempo de

Decreto 1858 de 2012, también fueron anuladas por el Consejo de Estado. En las dos sentencias que declararon la nulidad, el argumento determinante de la alta corporación fue que el Gobierno Nacional desconoció el tiempo de servicio que debía respetar para quienes se encontraban vinculados a la fecha de entrada en vigencia la Ley 923 de 2004, pues habían fijado un tiempo superior al contemplado en el régimen anterior.

2 Índice 12 en Samai bajo radicado 05001-33-33-022-2018-00480-01.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01022-00

Demandante: Héctor Fredy Pérez Bolívar

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal, a su vez, explicó que en la sentencia del 3 de septiembre de 2018 (una de las refe ridas en el párrafo anterior) el Consejo de Estado no solo declaró la nulidad con efectos ex tunc del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, sino que también se ocupó de desentrañar cuál es el límite temporal que debe ser considerado en la reglamentación de la Ley 923 de 2004 frente al personal. Aseguró que en esa providencia el Consejo de Estado determinó que las normas anteriores a las que remite la Ley 923 de 2004 están contenidas en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 y son las que complementan el extremo temporal del tiempo exigible al personal del nivel ejecutivo por incorporación directa anterior a la Ley 923 de 2004. De acuerdo con tales decretos no puede exigirse un tiempo de servicio superior a 20 años cuando el retiro se produce

temporal del tiempo exigible al personal del nivel ejecutivo por incorporación directa anterior a la Ley 923 de 2004. De acuerdo con tales decretos no puede exigirse un tiempo de servicio superior a 20 años cuando el retiro se produce por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro deviene de cualquier otra causal. Pese a lo anterior, el Tribunal aseguró que existe una nueva norma que cubre el supuesto de hecho del demandante: el Decreto 754 de 2019. Explicó que si bien tal norma rige a partir d e su publicación, esta debió ser aplicada retrospectivamente por varias razones, entre ellas que ese decreto fue proferido precisamente para suplir el vacío de regulación ocasionado a partir de la nulidad del artículo 2º del Decreto 1858 de 2012; que tal d ecreto no desconoce el análisis realizado por el Consejo de Estado en cuanto al límite material establecido para acceder al derecho de asignación de retiro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que se encontraba en servicio activo al 31 de diciembre de 2004; y que este regula puntualmente la situación particular del señor demandante, entre otras razones. Con base en lo anterior, concluyó que debían negarse las pretensiones del actor, pues para la causal de retiro por destitución derivada de fallos disciplinarios, el artículo 1º del Decreto 754 de 2019 exige mínimo de 20 años de servicio. Tiempo que no satisface el demandante, quien cuenta con un tiempo total reconocido para prestaciones sociales de 16 años, 7 meses y 7 días. Finalmente, añadió que i ncluso si, en gracia de discusión, se aplicara el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, como lo solicitó el actor, esta norma

7 días. Finalmente, añadió que i ncluso si, en gracia de discusión, se aplicara el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, como lo solicitó el actor, esta norma dispone que los uniformados que se retiren o sean separados del servicio requieren para gozar de la asignación de retiro de un ti empo mínimo de 20 años de servicio. Por tanto, concluyó que aun de aceptarse la aplicación del Decreto 1212 de 1990 el actor no cuenta el tiempo mínimo de 20 años de servicio requerido para acceder a la prestación. Y precisó que, aunque el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 dispone que los uniformados retirados por mala conducta tienen derecho a una asignación de retiro si tienen un mínimo de 15 años de servicio, en el caso del demandante no puede afirmarse que fue retirado por mala conducta, pues, al co ntrario, su desvinculación fue consecuencia de una sanción disciplinaria de destitución decretada mediante fallos disciplinarios que son proferidos por autoridades diferentes a las nominadoras y que están revestidas de poder disciplinario, lo que revela qu e se trata de una causal disímil, que se encuadra en unaRadicado: 11001-03-15-000-2023-01022-00

Demandante: Héctor Fredy Pérez Bolívar

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co separación del servicio activo.

3. Fundamentos de la acción Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente judicial.

3. Fundamentos de la acción Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente judicial.

A su juicio, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad pasó alto la sentencia de 20 de enero de 2022, radicado 050012333000 -2016-02750-01 (0627-2021), proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente William Hernández Gómez, en la cual se aclaró que la norma aplicable, en materia de reconocimiento de asignación de retiro, para los miembros del nivel ejecutivo de la Policía incorporados directamente antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 es el artículo 144 del Decreto 1213 de 1990. Para respaldar su tesis transcribió el siguiente aparte de la sentencia mencionada: «De todo lo anterior es dable concluir que la totalidad de las normas, con excepción del artículo 1.° del Decreto 1858 de 2012 sobre el personal homologado y el Decreto 754 de 2019 que regulan el régimen de asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, han sido o declaradas inexequibles por parte de la Corte Constitucional (es el caso del Decreto Ley 2070 de 2003) o declaradas nulas por parte del Consejo de Estado (artículos 53 del Decreto 1029 de 1994, 51 del Decreto 1091 de 1995, 25, parágrafo 2.° del Decreto 4433 de 2004 y 2.° del Decreto 1858 de 2012).

53 del Decreto 1029 de 1994, 51 del Decreto 1091 de 1995, 25, parágrafo 2.° del Decreto 4433 de 2004 y 2.° del Decreto 1858 de 2012). Como consecuencia de ello, para los miembros del nivel ejecutivo incorporados directamente antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, por así ordenarlo en su artículo 3.° numeral 3.1, los requisitos para acceder a la asignación de retiro no pueden ser mayores a los regulados en las normas que regían la situación de estos servidores públicos a su entrada en vigencia (31 de diciembre de 2004) que, dada la nulidad e inexequibilidad declarada de los decretos aludidos, no eran otras distintas que los artículos 144 y 104 de los Decret os 1212 y 1213 de 1990, respectivamente. En efecto, esta es la conclusión a la que se llegó ante la falta de normativa aplicable a dichos servidores públicos antes de la entrada en vigor del Decreto 1858 de 2018, para los del nivel ejecutivo por homologac ión, y del Decreto 754 de 2019, para los que tienen esta categoría, pero por incorporación directa. Al respecto la jurisprudencia precisó lo siguiente: “[…] 68. La consecuencia lógica de la declaratoria de nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 y del parágrafo del artículo 25 del Decreto 4433 del 2004 es que se aplique para el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante la ley reglamentada, es decir, la Ley 923 del 2004 tal como lo ha señalado en asuntos similares esta Corporación.

69. En ese sentido, a la entrada en vigencia de la Ley 923 del 2004 (30 de diciembre del 2004)

923 del 2004 tal como lo ha señalado en asuntos similares esta Corporación.

69. En ese sentido, a la entrada en vigencia de la Ley 923 del 2004 (30 de diciembre del 2004) el demandante se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional y por tanto no se podía exigir un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones anteriores.

70. En esa medida, para el reconocimiento de la asignación de retiro le es aplicable la transición señalada en el artículo 3º, ordinal, 3.1. inciso segundo de la Ley 923 del 2004, toda vez que el único condicionamiento es que al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 del 2004 la persona se encuentre en servicio activo de la Fuerza Pública, al margen de la causal de retiro.

71. Conforme al régimen de transición para el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante resulta entonces aplicable el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, teniendo en cuenta la condición que ostentaba al momento de su retiro, esto es Intendente, que señala para el caso concreto 15 años de servicios para su reconocimiento, cuando el retiro seRadicado: 11001-03-15-000-2023-01022-00

Demandante: Héctor Fredy Pérez Bolívar

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co produjera por causa distinta a la voluntad propia, requisito que cumple toda vez que según la hoja de servicios y el acto acusado, al momento de su retiro del servicio contaba con un tiempo de servicio de 18 años, 2 meses y 12 días. […]

produjera por causa distinta a la voluntad propia, requisito que cumple toda vez que según la hoja de servicios y el acto acusado, al momento de su retiro del servicio contaba con un tiempo de servicio de 18 años, 2 meses y 12 días. […]

73. Es de anotar, que debido a que el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional es jerárquicamente superior al de Suboficiales de la institución, en casos como el presente se debe dar aplicación directa al Decreto 1212 de 1990 en su artículo 144, para el reconocimiento de la asigna ción de retiro. […]» (Negrilla fuera de texto). En esa medida, a los miembros de la Policía Nacional del Nivel Ejecutivo que fueron incorporados de manera directa no se les podía exigir para el reconocimiento de la asignación de retiro un tiempo superior a los 20 ni inferior a los 15 años que contiene el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990”».

Con base en esa providencia, la parte actora reiteró que la norma aplicable para resolver la asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, incorporado de manera directa, es el artículo 144 del Decreto 1212 de

1990. Por lo tanto, a este personal no se les podría exigir para el reconocimiento de la asignación mensual de retiro un tiempo superior a los 20 años ni inferior a los 15.

A su vez, transcribió la sentencia de 24 de febrero de 2022, radicado 11001-03-15000-2021-07125-01, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la cual también se pronunció sobre la norma aplicable para el reconocimiento de la asignación de retiro y, puntualmente, sobre la situación del

000-2021-07125-01, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la cual también se pronunció sobre la norma aplicable para el reconocimiento de la asignación de retiro y, puntualmente, sobre la situación del actor de ese caso, quien fue destituido en virtud de una sanción disciplinaria: «Por otra parte, cabe anotar que contra la sentencia de 21 de enero de 2021 proferida por la subsección A de esta sección, la cual acogieron los magistrados accionados para fundamentar su determinación de negar las súplicas, se instauró acción de tutela, a cuyo amparo se accedió con providencia de 28 de mayo de ese año37, por lo que fue dejada sin efectos; y aunque el 16 de septiembre siguiente38 se revocó dicha decisión, en sede de impugnación, en reciente pronunci amiento de 20 de enero del presente año, la misma subsección, en un asunto idéntico al que es objeto de estudio, concedió las pretensiones formuladas, al considerar que la norma aplicable es la Ley 923 de 2004, cuya única condición para ser beneficiario de la transición señalada en su artículo 3, es que al momento de su entrada en vigor la persona se encontrara en servicio activo en la fuerza pública (Policía Nacional o fuerzas militares), toda vez que respecto de la exigencia del término se limitó a respetar los mínimos y máximos, que no son otros que los señalados en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro, al margen de la causal de desvinculación y de la clase de ingreso al nivel ejecutivo (homologación o incorpo ración directa).

1213 de 1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro, al margen de la causal de desvinculación y de la clase de ingreso al nivel ejecutivo (homologación o incorpo ración directa). En ese orden de ideas, en armonía con el análisis normativo y jurisprudencial realizado en líneas anteriores y comoquiera que de las pruebas allegadas a estas diligencias se desprende que el accionante (i) el 1° de agosto de 1997 se incorporó de manera directa al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, donde prestó sus servicios durante 19 años, 4 meses y 14 días, y (ii) el 21 de febrero de 2017 fue retirado del servicio activo por destitución, en razón a una sanción disciplinaria que lo i nhabilitó para ejercer cargos públicos, las condiciones para obtener la asignación de su retiro debe verificarse bajo lo dispuesto en la Ley 923 de 2004, que estipula que la norma reglamentaria no podía contener para quienes estuvieran en servicio activo requisitos mayores a los previstos en las disposiciones anteriores en cuanto al tiempo de servicio; y además, debían incluir un régimen de transición que respetara las expectativas legítimas de quienes se encontraran próximos a consolidar su estatus de retirado. Por consiguiente, como para el 31 de diciembre de 2004 (entrada en vigor de la Ley 923 de 2004) el demandante se encontraba activo en la Policía Nacional, estaba amparado por el mencionado régimen de transición y, en esa medida, le era aplicable el Decreto 1212 de 199043, pues según los artículos 12 del Decreto ley 132 de 1995 y 9 del Decreto ley 1791 de

mencionado régimen de transición y, en esa medida, le era aplicable el Decreto 1212 de 199043, pues según los artículos 12 del Decreto ley 132 de 1995 y 9 del Decreto ley 1791 de 200044, el grado de intendente, que tenía el actor al momento del retiro, era equivalente alRadicado: 11001-03-15-000-2023-01022-00

Demandante: Héctor Fredy Pérez Bolívar

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de sargento segundo dentro de la desaparecida jerarquía de suboficiales de la Policía Nacional. Ahora bien, el artículo 114 del referido estatuto 1212 de 1990 preveía que los suboficiales de la Policía Nacional que fueran retirados del servicio activo después de 15 años por (i) llamamiento a calificar servicios, (ii) mala conducta, (iii) no asistir al servicio por más de 5 días sin causa justificada, (iv) voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, (v) sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, (vi) disminución de la capacidad sicofísica, (vii) incapacidad profesional o (viii) conducta deficiente, y los que se desvinculen o sean separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro. En el presente caso, se reitera, las pruebas dan cuenta de que el accionante laboró para la

Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro. En el presente caso, se reitera, las pruebas dan cuenta de que el accionante laboró para la Policía Nacional 19 años, 4 meses y 14 días, esto es, más de los 15 añ os que impone la normativa para ser beneficiario de la asignación de retiro. Sin embargo, también se advierte que el demandante fue destituido, en atención a una sanción disciplinaria que lo inhabilitó para ejercer cargos públicos, causal que, como se vio, no es de aquellas descritas expresamente en el aludido artículo 114 del Decreto 1212 de 1990. No obstante, ese vacío no es óbice para negar el derecho, puesto que esta Corporación ha precisado que la destitución puede ser enmarcada dentro de la causal de mala conducta. En consecuencia, como el 31 de diciembre de 2004 el demandante se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional, institución en la que laboró por más de 15 años, hasta cuando fue destituido, se tiene que cumple los requisitos consagr ados tanto en la Ley 923 de 2004 como en el Decreto 1212 de 2010 para ser beneficiario de la asignación de retiro». Con fundamento en las sentencias mencionadas, la parte actora consideró que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta el más reciente precedente jurisprudencial emitido por parte del Consejo de Estado con respecto a la asignación mensual de retiro para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó a la institución después del 31 de diciembre de 2004, fecha en la cual entró a regir la Ley 923 de 2004. Precedente según el cual a aquellos «no se les podría exigir

ingresó a la institución después del 31 de diciembre de 2004, fecha en la cual entró a regir la Ley 923 de 2004. Precedente según el cual a aquellos «no se les podría exigir para tener derecho a la asignación mensual de retiro, un tiempo superior a los 20 años ni inferior a los 15».

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Mediante auto de 3 de marzo de 2023, el despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Héctor Fredy Pérez Bolívar contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad y el Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín; ordenó notificar en calidad de tercero interesado a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ; dispuso efectuar las notificaciones pertinentes; y reconoció al abogado Leonel Torres Moreno como apoderado de la tutelante. 4.2. El Juzgado Veintidós Administrativo de Medellín manifestó que, con base en las pruebas y normas aplicables, llegó a la conclusión de que era improcedente acceder al reconocimiento y pago de la asignación mensual de retiro del actor, puesto que al momento de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004 aquel no cumplía con los requisitos exigidos en el régimen de transición para acceder a la asignación de retiro en los términos del Decreto 1212 de 1990, esto es 15 años de servicio a la fecha de entrada en vigencia de aquel Decreto. Al contrario, para ese momento el tutelante solo contaba conRadicado: 11001-03-15-000-2023-01022-00

Demandante: Héctor Fredy Pérez Bolívar

8

de aquel Decreto. Al contrario, para ese momento el tutelante solo contaba conRadicado: 11001-03-15-000-2023-01022-00

Demandante: Héctor Fredy Pérez Bolívar

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aproximadamente 8 años de servicio, en razón a que su vinculación con la institución castrense empezó el 17 de febrero de 1997. Por lo anterior, aseguró que el régimen pensional aplicable es el contenido en el Decreto 4433 de 2004, según el cual se requiere un mínimo de 20 años de servicios para adquirir la asignación de retiro, lo cual no se cumplió en el proceso estudiado, ya que se acreditó un total de 16 años 7 meses y 7 días. De otra parte, sostuvo que no existe precedente judicial obligatorio en tanto no se ha proferido por el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativo sentencia de un