CE - 010315000202301032001SENTENCIA20230411170502

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01032-00

Demandante: Dirección Nacional de Inteligencia -DNIDemandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección

Primera – Subsección B Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES / DEFECTO SUSTANTIVO – Concede amparo.

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo constitucional formulado por Lady Gisela García Colorado, en su calidad de Jefe de la Oficina Jurídica de la Dirección Nacional de Inteligencia contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 24 de febrero de 2023, la Dirección Nacional de Inteligencia ( en adelante DNI) interpuso demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B , con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

DNI) interpuso demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B , con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia de 26 de enero de 202 3, aclarada mediante providencia del 20 de febrero de 2023 , en el marco d el recurso de insistencia consagrado en el artículo 26 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, que promovió la Fundación para la Libertad de Prensa (en adelante FLIP) en su contra.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen a lo siguiente:

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Identificado con el número de radicado 25000-23-41-000-2023-00022-00.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01032-00

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<<Por medio de la presente acción de tutela, solicito al Honorable Consejo de Estado que se ampare el derecho fundamental al Debido Proceso y al Acceso a la

Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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<<Por medio de la presente acción de tutela, solicito al Honorable Consejo de Estado que se ampare el derecho fundamental al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia, y en consecuencia se revoque la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera – Subsección B de radicado 2500023-41-000-2023-00022-00 de fecha 26 de enero de 2023, bajo el entendido que las solicitudes de los numerales 1 y 3 de la comunicación 4-2022-307, relacionada con el suministro de los nombres de las herramientas tecnológicas o técnicas que utiliza la Entidad para desempeñar la función de inteligencia, fue bien denegado, y en su lugar, se ordene a la autoridad judicial emitir un nuevo fallo, teniendo en cuenta la normativa vigente y el respeto a la reserva de la información de inteligencia >>3 (negrilla propia del texto)

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- El 11 de noviembre de 2022, el representante legal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), presentó una solicitud de información ante l a Dirección Nacional de Inteligencia formulando nueve preguntas sobre las herramientas tecnológicas o técnicas que utiliza la entidad para el monitoreo de fuentes abiertas de información y/o redes sociales, entre ellas las siguientes:

<<1. ¿Informe cuáles son las herramientas tecnológicas o técnicas (software) que utiliza la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para realizar monitoreo de fuentes abiertas de información y/o redes sociales? (…)

<<1. ¿Informe cuáles son las herramientas tecnológicas o técnicas (software) que utiliza la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para realizar monitoreo de fuentes abiertas de información y/o redes sociales? (…)

6. Para cumplir con sus funciones legales de inteligencia, ¿la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) utiliza un software, hardware u otra infraestructura tecnológica?

¿Cuál? (…)>>4

5.- El 25 de noviembre de 2022, mediante oficio No. 2 -2022-2909, la DNI dio respuesta a la petición presentada por la FLIP indicando que la información solicitada en los referidos numerales estaba sujeta a reserva legal.

6.- Inconforme con la respuesta emitida, la FLIP interpuso recurso de insistencia para solicitar la entrega de la información requerida en los numerales 1 y 6 de la petición de información. El conocimiento del mencionado recurso le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B , autoridad que mediante Sentencia de 26 de enero de 202 3 accedió a la solicitud elevada por la FLIP y ordenó a la DNI expedir a costas del solicitante, la información relacionada con los nombres de las herramientas tecnológicas o técnicas que utiliza la entidad para realizar el monitoreo de fuentes abiertas de información.

3 Expediente digital, Folio 16 del escrito de tutela. 4 Expediente digital, escrito de petición contenido en 5 folios como anexo al escrito de tutela, índice 2 del aplicativo SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01032-00

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SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01032-00

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7.- El 7 de febrero de 2023, el representante legal de la FLIP solicitó la adición del mencionado fallo para que se incluyera en la parte resolutiva, la inf ormación solicitada en el numeral sexto del derecho de petición , que consistía en la entrega por parte de la DNI del nombre de las herramientas (software, hardware u otra infraestructura tecnológica) que utiliza la entidad para cumplir con sus funciones legales de inteligencia. A su vez, pidió aclarar la expresión “únicamente” contenida en la parte resolutiva de la sentencia de 26 de enero de 2023.

8.- Mediante providencia del 20 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B adicionó el ordinal segundo de conformidad con la solicitud elevada por la FLIP y aclaró la sentencia en el sentido de indicar que la expresión “únicamente” de la parte resolutiva hace referencia a que solo se accederá a la entrega de los nombres de las herramientas tecnológicas o técnicas (software), es decir, que la DNI no debe suministrar la información contenida en ellas, ni la información relacionada con el funcionamiento, capacidad y operatividad de las mismas.

9.- Como fundamento de las pretensiones, la parte actora aduce que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al incurrir en (i) un desconocimiento del

9.- Como fundamento de las pretensiones, la parte actora aduce que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al incurrir en (i) un desconocimiento del precedente porque se desatendió la ratio decidendi de las sentencias C-540 de 2012 y C -913 de 2010, según la cual la reserva es inherente a las actividades de inteligencia, así como las sentencia s C-274 de 2013 y C -540 de 2012; y (ii) un defecto sustantivo generado p or la indebida interpretación: ( a) del derecho al acceso a la información pública y del principio de divulgación parcial; ( b) la reserva de los medios utilizados para desarrollar la función de inteligencia; y ( c) la inobservancia del principio iura novit curia.

10.- En relación a la indebida interpretación del derecho al acceso a la información o pública y del principio de divulgación parcial, la entidad adujo que el Tribunal accionado omitió incluir en su análisis : (i) el concepto del derecho de acceso a la información establecido en el artículo 4° de la Ley 1712 de 20145, según el cual “[e]l acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática”; (ii) el principio de máxima publicidad del artículo 2° ibídem, en el que también se señala que “[t]oda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley ”; (iii) el

en el que también se señala que “[t]oda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley ”; (iii) el principio de buena fe consagrado en el artículo 3° de la misma norma, según el cual “todo suj eto obligado, al cumplir con las obligaciones derivadas del derecho de

5 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01032-00

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acceso a la información pública, lo hará con motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa” ; y (iv) el inciso segundo del artículo 21 ibídem, según el cual “[n]inguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder o negar la divulgación de un documento, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información”.

11.- Por lo anterior, la DNI alega que el Tribunal no tuvo en cuenta que las respuestas suministradas por la entidad pretendían ponderar los derechos del solicitante con la necesidad de garantizar la reserva de la información requerida, pues en cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la información pública: nunca negó la existencia de las herramien tas tecnológicas en su poder, señaló sus

solicitante con la necesidad de garantizar la reserva de la información requerida, pues en cumplimiento de las normas que regulan el acceso a la información pública: nunca negó la existencia de las herramien tas tecnológicas en su poder, señaló sus capacidades; aclaró que estas apoyaban la función de inteligencia desarrollada por la entidad; y justificó la reserva de la información requerida indicando que esta hacía parte de los medios y métodos empleados por la entidad para desarrollar labores de inteligencia, razón por la cual en virtud de los artículos 2° y 4° de la Ley 1712 de 2014, y el artículo 33 6 de la Ley 1621 de 2013 7, esta era reservada . Además, manifestó que en cumplimiento de las disposiciones consagradas en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015 8 motivó su respuesta haciendo referencia expresa al daño presente, probable y específico que podía generar la divulgación de la información.

12.- Sobre la reserva de los medios utilizados para desa rrollar la función de inteligencia, manifestó que la decisión atacada resolvió autorizar el acceso a la información requerida sin tener cuenta que la Ley 1621 de 2013 establece que los medios técnicos utilizados por los organismos de inteligencia para cumplir con sus funciones legales y misionales, tienen un carácter legal especial, ya que ayudan a garantizar la seguridad, la defensa nacional y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que las herramientas tecnológicas utilizadas para monitorear fuentes abiertas, estaban incluidas dentro del género global denominado en el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013 como "elementos técnicos".

fundamentales de los ciudadanos, por lo que las herramientas tecnológicas utilizadas para monitorear fuentes abiertas, estaban incluidas dentro del género global denominado en el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013 como "elementos técnicos".

6 Artículo 33. Reserva. Por la naturaleza de las funciones que cumplen los organismos de inteligencia y contrainteligencia sus documentos, información y elementos técnicos estarán amparados por la reserva legal por un término máximo de treinta (30) años contados a partir de la recolección de la información y tendrán carácter de información reservada (…). 7 “Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”. 8 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01032-00

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Además, precisó que los artículos 249 (parágrafo 1°), 33 (inciso primero) y 3510 de la mencionada norma obligaban a la DNI a guardar la reserva de los medios utilizados en las actividades de inteligencia y contrainteligencia.

13.- La DNI señaló que el Tribunal accionado no tuvo en cuenta que el concepto "elementos técnicos", alude al término “medios” incluido en los precitados artículos de la Ley 1621 de 2013 . Por lo anterior, consideró que la información requerida era

"elementos técnicos", alude al término “medios” incluido en los precitados artículos de la Ley 1621 de 2013 . Por lo anterior, consideró que la información requerida era reservada debido a que las her ramientas tecnológ icas o técnicas que utiliza la entidad para desem peñar su función de inteligencia, se encuentran incluidas en la categoría de medios, puesto que no solo juegan un papel fundamental dentro del ciclo de inteligencia (planeamiento, recolección, análisis y difusión de la información), sino que también permiten garantizar el cumplimiento de las funciones legales y constitucionales encomendadas a la entidad.

14.- Sumado a lo anterior, resaltó que si bien el Tribunal accionado reconoció que la información contenida en los elementos técnicos y la "información relacionada con el funcionamiento y operatividad de las herramientas está sujeta a reserva en tanto su acceso efectivamente puede comprometer la seguridad nacional del Estado", omitió evaluar que al referirse al “daño espec ífico” la DNI señaló que: "las herramientas tecnológi cas o técnicas (software) que utiliza la DNI para realizar monitoreo de fuentes abiertas de información, son de libre acceso", por lo que al ser de libre acceso, la divulgación de su nombre generaría que terceros ajenos al peticionario, identifiquen "información relacionada con el funcionamiento y operatividad de las herramientas", comprometiendo las operaciones, la vida e integridad de los agentes de inteligencia y la seguridad nacional del Estado.

15.- Además, precisó que el razonamiento expuesto también deb e aplicarse a todas las herramientas tecnológicas o técnicas que utili za la entidad para desempeñar su función de inteligencia, es decir, pues al entregar sus nombres al

15.- Además, precisó que el razonamiento expuesto también deb e aplicarse a todas las herramientas tecnológicas o técnicas que utili za la entidad para desempeñar su función de inteligencia, es decir, pues al entregar sus nombres al peticionario, terceros ajenos a este podrían identificar "información relacionada con el funcionamiento y operatividad de las herramientas", comprometiendo aquello que se busca proteger con la reserva.

9 “Artículo 24. Deber de Reserva de la Comisión. Los miembros de la Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia están obligados a guardar reserva sobre las informaciones y documentos a los que tengan acceso durante y después de su membrecía, hasta el término que establece la presente ley.

Parágrafo 1°. Ningún documento público emanado de la Comisión podrá revelar datos que puedan perjudicar la función de inteligencia; poner en riesgo las fuentes, los medios o los mét odos; o atentar contra la vigencia del régimen democrático, la seguridad o la defensa nacional.” 10 Artículo 35. Valor Probatorio de los Informes de Inteligencia. En ningún caso los informes de inteligencia y contrainteligencia tendrán valor probatorio dentro de procesos judiciales y disciplinarios, pero su contenido podrá constituir criterio orientador durante la indagación. En todo caso se garantizará la reserva de la información, medios, métodos y fuentes, así como la protección de la identidad de los fun cionarios de inteligencia y contrainteligenciaRadicación: 11001-03-15-000-2023-01032-00

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16.- Por último, sobre la falta de aplicación de l principio iura novit curia, la entidad señaló que el Tribunal accionado incurrió en los siguientes errores:

(i) Al explicar las razones por las cuales consideraba que debía accederse a la solicitud de información, estableció de manera equivocada que la DNI fundamentó la reserva acudiendo al numeral 7º del artículo 24 de la Ley 143 7 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", hecho que a su parecer no corresponde a la realidad, dado que en la respuesta de la DNI el fundamento legal que establece el objeto legítimo de la reserva es el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013 "Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el m arco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones".

(ii) El Tribunal fundamentó la obligación que tenía la entidad de sustentar la existencia de un "riesgo presente, probable y específico de dañar un bien o interés protegido y que el daño a producirse es significativo", en fragmentos de la sentencia C-951 de 2014, en la que se estudió la constitucionalidad de la Ley 1755 de 2015, "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", omitiendo aplicar las disposiciones de la norma especial consagrada

"Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", omitiendo aplicar las disposiciones de la norma especial consagrada en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Púbica Nacional y se dictan otras disposiciones”. Al respecto precisó que en la Sentencia C-274 de 2014, la Corte Constitucional consideró que, si bien la carga de la prueba le correspondía en comienzo a la DNI, a la entidad solo le correspondía demostrar la relación del elemento técnico reservado, con un objetivo legítimo e stablecido legal o constitucionalmente.

(iii) El Tribunal no observó la reglamentación del artículo 28 de la Ley 1712, establecida en el artículo 2.7.1.4.4.7 del Decreto 1081 de 2015, norma que establece que se debe realizar "La determinación del daño presente, probable y específico que causaría la divulgación de la información pública y la relación de las razones y las pruebas, en caso de que existan. que acrediten la amenaza del daño" (numeral 4), razón por la cual concluyó de manera equivocada que la DNI no aportó pruebas que permitieran inferir la existencia de un daño, pese a que, dicha norma es clara en indicar que las pruebas se pueden aportar si existen, requerimiento que fue satisfecho por la entidad al realizar la valoración del daño probable.

(iv) Al referirse sobre el análisis del daño presente, probable y específico realizado por la DNI, el Tribunal interpretó de forma errada el argumento propuesto por la

satisfecho por la entidad al realizar la valoración del daño probable.

(iv) Al referirse sobre el análisis del daño presente, probable y específico realizado por la DNI, el Tribunal interpretó de forma errada el argumento propuesto por la entidad según el cual "dar a conocer las herramientas tecnológicas o técnicas que utiliza la DNI puede generar desinformación" . Esto debido a que a partir delRadicación: 11001-03-15-000-2023-01032-00

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mencionado argumento se pretendía ilustrar que, al utilizar elementos técnicos de libre acceso para monitorear información pública, divulgar los nombres de estas herramientas, facilitaría la obstrucción en el acceso a estas fuentes de información , trayendo como consecuencia desinformación en el conocimiento producido para la toma de decisiones en materia de seguridad y defensa nacional.

(v) Finalmente, al concluir que "no se avizora[ba] una amenaza a la seguridad y defensa nacional por la entrega de los nombres de las herramientas técnicas o tecnológicas", el Tribunal no observó lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014, en las Sentencias C-540 de 2011 y C-274 de 2013 y en el artículo 2.1.1.4.4.1 del Decreto 1081 de 2015.

16.- Sobre el desconocimiento del precedente judicial adujo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció la ratio decidendi de la sentencia C540 de 2012 proferida por la Corte Constitucional, según la cual, “(…) en términos

16.- Sobre el desconocimiento del precedente judicial adujo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció la ratio decidendi de la sentencia C540 de 2012 proferida por la Corte Constitucional, según la cual, “(…) en términos generales la reserva o secreto de un documento público (…) es admitida en el caso de las informaciones sobre defensa y seguridad nacionales, siempre que se ajuste a los principios de razonabilidad y proporcionalidad (…)” , sumado a que, la Corte Constitucional en sent encia C -913 de 2010 indicó que, “es inherente a estas actividades [inteligencia y contrainteligencia] el elemento de la reserva o secreto de la información recaudada y de las decisiones que en ella se sustentan, dado que la libre circulación y el público conocimiento de las mismas podría ocasionar el fracaso de esas operaciones y de los objetivos perseguidos”.

17.- Así, precisó que, la divulgación de los nombres de los medios técnicos utilizados por la entidad para realizar las labores de inteligencia a su cargo, permite al público conocer su funcionamiento y operatividad, tal como el propio Tribunal accionado lo reconoció.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

18.- Mediante auto del 02 de marzo de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, notificó a la autorid ad judicial demandada, vinculó a la FLIP en calidad de tercero con interés e n el proceso, accedió a la medida provisional solicitada por la entidad accionante y ordenó suspender provisionalmente los efectos del fallo de 26 de enero de 2023 proferido por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

solicitada por la entidad accionante y ordenó suspender provisionalmente los efectos del fallo de 26 de enero de 2023 proferido por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

19.- Además, requirió a dicha autoridad judicial para que allegara en medio magnético, copia del expediente con radicado No. 25000-23-41-000-2023-00022-00.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01032-00

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(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B11

20.- El Tribunal accionado señaló que, en el fallo del 26 de enero de 2013, se realizó un análisis de la naturaleza de la información solicitada y de las normas que regulan la información de carácter reservado. Además, precisó que en la providencia cuestionada se precisó que, si bien el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013 establece una reserva de orden legal que cobija a los documentos, información y elementos técnicos que utilizan los organismos de inteligencia y contrainteligencia, la Sala advirtió que el solicitante no requirió obtener acceso a las herramientas técnicas, ni la información contenida en estas, sino que lo solicitado concernía únicamente al nombre de las herramientas técnicas o tecnológicas utilizadas por la entidad para el monitoreo de fuentes abi ertas y labores de inteligencia, por lo que el DNI no logró demostrar la forma en la que dicha información podía generar un daño probable,

nombre de las herramientas técnicas o tecnológicas utilizadas por la entidad para el monitoreo de fuentes abi ertas y labores de inteligencia, por lo que el DNI no logró demostrar la forma en la que dicha información podía generar un daño probable, presente y específico que conllevara una amenaza y afectación a la estabilidad de la democracia nacional, el orden público y los derechos fundamentales.

(ii) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)12

21.- El representante legal de la FLIP solicitó que no se acceda a las pretensiones de la demanda. Para ello, indicó que el asunto objeto de controversia se encuentra regulado por tres leyes estatutarias aplicables a l a reserva de la información, que son, las Leyes 1621 de 2013, 1712 de 2014 y 1755 de 2015. Además, resaltó que al pronunciarse sobre el caso objeto de estudio, el Tribunal accionado hizo referencia a los postulados definidos en la Ley 1712 de 2014 y la facultad de divulgación parcial prevista en el artículo 21 de la citada ley, nombrándose además lo dispuesto en la sentencia C-540 de 2012 sobre la constitucionalidad de la Ley 1621 de 2013 y la sentencia C-274 de 2013, sobre la constitucionalidad de la Ley 1712 de 2014.

22.- Además, precisó que el fallo atacado si tuvo en cuenta la reserva legal contenida en el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013 , sin embargo, el Tribunal accionado precisó que esta no se aplicaba a la solicitud elevada por la FLIP, pues la petición solo versaba sobre el nombre de las herramientas o elementos técnicos que utiliza la entidad para el desarrollo de sus funciones, y no sobre la info rmación

accionado precisó que esta no se aplicaba a la solicitud elevada por la FLIP, pues la petición solo versaba sobre el nombre de las herramientas o elementos técnicos que utiliza la entidad para el desarrollo de sus funciones, y no sobre la info rmación contenida en los mismos o sobre la información relacionada con el funcionamiento y operatividad de dichas herramientas, por lo que la reserva debía cumplir con los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad, incluyendo la demostración de un daño sustancial, que en este caso no se acreditó , siendo necesario entonces, dar prevalencia al interés público en el acceso a la información solicitada.

11 Intervención contenida en 6 folios. 12 Intervención contenida en 13 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01032-00

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23.- En lo referente al desconocimiento del precedente judicial, indicó que si bien el fallo de insistencia se fundamentó en la Ley 1755 de 2015 sobre el derecho de petición, también consideró las reglas de las sentencias C -491 de 2007, C -540 de 2012 y C-274 de 2013. Adicionalmente, resaltó que, dentro del estudio del caso se aludió específicamente a los artículos 18, 19 y 21 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013.

24.- Finalmente, reiteró la importancia de discutir la necesidad de adoptar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas adecuados y efectivos, sobre las tecnologías con capacidad de vigilancia, pues el derecho al acceso a la

24.- Finalmente, reiteró la importancia de discutir la necesidad de adoptar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas adecuados y efectivos, sobre las tecnologías con capacidad de vigilancia, pues el derecho al acceso a la información implica interpretar de forma evolutiva la normatividad vigente, de conformidad con los nuevos avances tecnológicos. Esto, para fomentar mejores prácticas de transparencia, tal y como lo dispuso el Tribunal accionado en la decisión objeto de demanda.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

25.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó su postura en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.

26.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corporación adoptó los criterios