CE - 010315000202301037001SENTENCIA20230505231342

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01037-00

Accionantes: Yolanda Arias de Valencia y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01037-00

Accionantes: Yolanda Arias de Valencia y otros

Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

Temas: Acción de tutela en contra de providencia de reparación directa, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaron las pretensiones de la demanda.

Configuración de los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial. Flexibilización probatoria en materia de graves violaciones de derechos humanos.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por los señores Yolanda Arias de Valencia, José Never Galeano Ortiz, Luz Alejandra Galeano Arias y Rosalba Valencia Arias en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Valencia Arias en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, los señores Yolanda Arias de Valencia, José Never Galeano Ortiz, Diana Carolina Villada Arias, Luz Alejandra Galeano Arias y Rosalba Valencia Arias, por intermedio de apoderado judicial, promovieron demanda en orden a que se tutelen2

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sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Como consecuencia de lo anterior, requirieron dejar sin efecto o revocar la sentencia proferida el 30 de marzo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en el medio de control de reparación directa con número de radicado 63001-23-31-000-2009-00285-03, para, en su lugar, ordenar a la autoridad judicial precitada proferir una nueva decisión, en la que se aprecien todas las pruebas dejadas de valorar, se apliquen las reglas de derecho que ha trazado la Sección Tercera y la Corte Constitucional, con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral en aquellos casos constitutivos de delitos de lesa humanidad, como lo son las ejecuciones

Tercera y la Corte Constitucional, con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral en aquellos casos constitutivos de delitos de lesa humanidad, como lo son las ejecuciones extrajudiciales; y se acaten los parámetros ordenados por el máximo tribunal constitucional en la sentencia SU-060 de 2021.

1.1.2. Los hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de los accionantes señaló los siguientes:

1. El 4 de febrero de 2008 miembros del Ejército Nacional, adscritos al Batallón de Ingenieros núm. 8 «Francisco Javier Cisneros », al mando del subteniente Kiliam Rolando Umaña Camacho, presentaron a un ciudadano , Hugo Alexander Arias Calderón, dado de baja e n combate en zona rural del municipio de Quimbaya, Quindío, como supuesto integrante de las Bacrim, a pesar de que en la Misión Táctica núm. 025 Fenix 2 y en el anexo de inteligencia no se identificaron los nombres y apellidos de las personas que pertenecía a esa estructura arma ilegal. Así como tampoco registraba orden de captura. Adicionalmente, al momento de practicarse el levantamiento del cadáver, no se le encontraron elementos necesarios para perpetrar acciones de hurto, secuestro y extorsión.

1. Los señores Yolanda Arias de Valencia, José Never Galeano Ortiz, quienes actuaron en nombre propio y en representación de la menor Luz Alejandra Galeano Arias, Diana Carolina Villada Arias y Rosalba Valencia Arias instaur aron demanda de reparación directa en contra de la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional,3

Arias, Diana Carolina Villada Arias y Rosalba Valencia Arias instaur aron demanda de reparación directa en contra de la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional,3

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para que se le declarara a esta administrativamente responsable por la muerte del señor Hugo Alexander Arias Calderón.

1. El 14 de septiembre de 2017 , el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, condenó a la entidad demandada a pagar perjuicios morales y materiales, en la modalidad de lucro cesante, y a realizar unas actuaciones, con el fin satisfacer los bien es y derechos constitucional o convencionalmente vulnerados. Lo anterior, al considerar que la escena de los hechos fue modificada, el cuerpo fue manipulado, no se tenía certeza del correcto embalaje de las manos de las víctimas al momento de tomar la prueba de residuos de disparo y la víctima no se dedicaba a actividades ilícitas. Por lo anterior, ambos extremos procesales interpusieron recurso de apelación.

1. El 30 de marzo de 2022 , el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda, al concluir que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba,

revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda, al concluir que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba, pues no acreditó la falla en el servic io alegada, debido a que no se demostró que la muerte de Hugo Alexander Arias Calderón ocurrió en estado indefensión o por fuera de un enfrentamiento armado con el Ejército Nacional , ni la manipulación de la escena o del cuerpo. La anterior decisión fue notificada a las partes el 27 de octubre de 2022.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de los accionantes, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al proferir la sentencia del 30 de marzo de 2022, incurrió en los siguientes defectos:

1.1.3.1. Defecto fáctico

1. Por no valorar el Radiograma de Resultados Operacionales núm. 0161 , mediante el cual podía concluirse que los militares accedieron a la escena antes que la Policía Judicial, pues de otra forma no habrían podido preci sar con exa ctitud las características del arma de fuego; y el plano núm. 01/2017 del 7 de febrero de 2018 elaborado por Jorge Enrique Sarmiento Rodríguez del CTI, donde se evidenciaba4

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que el cuerpo de la víctima fue encontrado boca arriba y el arma de fuego fue

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que el cuerpo de la víctima fue encontrado boca arriba y el arma de fuego fue ubicada muy cerca de la mano izquierda de aquel, a pesar de que la accionada aseguró que «según las pruebas ARIAS VILLADA era diestro », lo que permitía inferir que el cuerpo fue manipulado por los integrantes del Ejercito Nacional, que al ubicarlo no cayeron en cuenta que el arma debía quedar en la extremidad dominante de la víctima (derecha).

1. Por la indebida valoración de los siguientes elementos:

A) La Misión Táctica Fénix 2, el Informe de Situación Operacional (Insitop), el Informe de Patrullaje, el Oficio 0503 del 5 de febrero de 2008, el Informe Ejecutivo CTI del 5 de febrero de 2008 y las declaraciones de l subteniente Kiliam Rolando Umaña y de los soldados Hernán Alonso Ángel Hernández, Cesar Augusto González Villa, Luis Fernando Cardona y Hernando Antonio Ospina Zuluaga, donde se evidencia cierta incongruencia en el número de militares que participaron en la operación.

B) El informe Pericial de Necropsia y el Informe de Materialización de Trayectorias, lo cual impidió que la accionada estableciera que el señor Hugo Alexander Arias Calderón se encontraba de espalda cuando fue impactado por los proyectiles, pues el primer info rme señaló que de los siete impactos que aquel recibió cuatro ingresaron por la zona «posterior-anterior», de ahí que se encontrara en una posición de indefensión y, adicionalmente, se desvirtuaba la

los proyectiles, pues el primer info rme señaló que de los siete impactos que aquel recibió cuatro ingresaron por la zona «posterior-anterior», de ahí que se encontrara en una posición de indefensión y, adicionalmente, se desvirtuaba la posición que los militares manifestaron tener durante el combate, esto es, de frente al supuesto agresor.

C) La declaración rendida por el subteniente Kiliam Rolando Umaña, como primer respondiente, en la que aseguró que encontró el cuerpo del señor Hugo Alexander boca abajo y el acta de levantamiento de cadáv er, donde los investigadores judiciales señalaron que se encontraba boca arriba, lo que demostraba que el cuerpo fue volteado por uno o varios miembros del Ejército Nacional antes que arribaran los servidores de Policía Judicial.5

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D) El Informe Pericial de Laboratorio Caso núm. BOG -2008-003938 de fecha 2008-02-13 del Instituto Nacional de Medicina Legal “Residuos de disparo”, puesto que en este se indic ó que «los resultados de estas pruebas no deben considerarse como única prueba y deb e ser analizado teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodearon los hechos investigados ». Adicionalmente, en ese Informe se realizó una clara advertencia, en el sentido de que «no se cuenta con información si el occiso tenía las manos debidamente embaladas al momento de la toma de la muestra».

ese Informe se realizó una clara advertencia, en el sentido de que «no se cuenta con información si el occiso tenía las manos debidamente embaladas al momento de la toma de la muestra».

En consecuencia, si el ST Kiliam Rolando Umaña aseguró que el cuerpo de la víctima quedó boca abajo y el CTI lo encontró boca arriba, cuando llegó a hacer el levantamiento, puede deducirse que antes de que arribaran los servidores judiciales los miembros del Ejército lo voltearon, por lo que al estar la víctima en contacto con las personas que por su oficio manipularon y en este caso dispararon armas de fuego de largo alcance, podrían encuadrarse las eventualidades que presenta dicho informe como generadoras de resultados positivos falsos.

Adicionalmente, el Informe mencionado refiere que «la detección de residuos de disparo define con certeza si la muestra contiene o no los elementos metálicos (antimonio, bario, plomo), pero no permiten determinar que estos se hayan adquirido por disparar un arma de fuego », de tal forma que el solo hecho de que el occiso presentara sustancias químicas (antimonio, bario, plomo) en su mano derecha, no significa que las mismas se derivaron de haber disparado un arma de fuego.

Aunado a ello, al analizar la ampliación del protocolo de necropsia, se tiene que el Instituto Nacional de Medicina Legal indicó que la herida en el «dedo índice derecho se trata ba de una herida por proyectil de arma de fuego », lo que significa que la extremidad derecha de Hugo Alexander estaba contaminada con sustancias propias de proy ectiles de arma de fuego y, por ende, era casi seguro que arrojara un resultado positivo.6

significa que la extremidad derecha de Hugo Alexander estaba contaminada con sustancias propias de proy ectiles de arma de fuego y, por ende, era casi seguro que arrojara un resultado positivo.6

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E) La Misión Táctica Fenix 2 y el Anexo de Inteligencia, pues to que en la sentencia del 30 de marzo de 2022, la Subsección accionada indicó que esa Misión tenía como «finalidad capturar o dar muerte en combate a un grupo de cuatro personas, al parecer miembros de la cuadrilla 50 de la FARC o de bandas delincuenciales que delinquían en algunas veredas del municipio de Quimbaya, al servicio del narcotráfico , que intimid aban, extorsionaban, realizaban inteligencia delictiva y pretendían secuestrar un habitante . Sin embargo, esos documentos no contienen información clara sobre los nombres, apellidos, posición jerárquica o al menos el alias de los integrantes de esos grupos delincuenciales, que s upuestamente operaban para febrero de 2008 en la zona rural del municipio de Quimbaya, Quindío.

1.1.3.2. Defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial

Los accionantes afirmaron que la autoridad accio nada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente horizontal y constitucional, debido a que , en primer lugar, de los hechos demostrados en el proceso de reparación directa puede

Los accionantes afirmaron que la autoridad accio nada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente horizontal y constitucional, debido a que , en primer lugar, de los hechos demostrados en el proceso de reparación directa puede afirmarse que la muerte del señor Hugo Alexander Arias Ca lderón no se presentó durante un combate con la fuerza pública, sino que se derivó de una ejecución extrajudicial o falso positivo.

En segundo lugar , no se tuvieron en cuenta las reglas fijadas en casos de graves violaciones de derechos humanos , de confo rmidad con las sentencias del 26 de octubre de 2011, radicado: 1993 -01886-01 (18850), del 5 de abril de 2013, radicado: 1999-00217-01 y del 28 de agosto de 2014, radicado: 1999 -01063-01 (32988) del Consejo de Estado y SU -035 de 2018 y SU -061 de 2021 de la Corte Constitucional, puesto que (i) se impuso a los accionantes la carga de probar la ilicitud de los actos de la fuerza pública, cuando la accionada señaló que no se cumplió con la carga de la prueba, al no haberse acreditado la falla del servicio, sin tener en cuenta que es el Estado quien debe demostrar que el proceder de sus agentes estuvo ajustado a los cánones de la legalidad; (ii) se apreció indebidamente todo e l material probatorio adosado en el proceso y (iii) no se valoraron los indicios de connotación grave de responsabilidad.7

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adosado en el proceso y (iii) no se valoraron los indicios de connotación grave de responsabilidad.7

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1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 7 de marzo de 2023, el despacho sustanciador (i) admitió la acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, (ii) vinculó, como tercero interesado , a la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional y (iii) comisionó al Tribunal Administrativo del Quindío, para que notificara a todas las personas que intervinieron en el medio de control de reparación directa, exceptuando a las señoras Diana Carolina Villada Arias, Yolanda Arias de Valencia , Luz Alejandra Galeano Arias y al señor José Never Galeano Ortiz; así como a la entidad precitada.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

El magistrado Guillermo Sánchez Luque sostuvo que las consideraciones esgrimidas en la providencia del 21 de abril de 2021 son suficientes para explicar la improcedencia del amparo deprecado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta Subsección es competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con lo previsto en el ordinal 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,

2.1. Competencia

Esta Subsección es competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con lo previsto en el ordinal 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a la misma Corporación (sic), y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos generales de pr ocedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para8

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efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantean los demandantes en contra de la sentencia del 30 de marzo de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, dentro del medio de control de reparación directa con radicación 63001-23-31-000-2009-00285-03 y, en caso de ser así, definir si se configur aron los defectos fáctico y desconocimiento del precedente

reparación directa con radicación 63001-23-31-000-2009-00285-03 y, en caso de ser así, definir si se configur aron los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial. Sobre esta última causal , se aclara que el estudio no se realizará bajo el defecto sustantivo, comoquiera que los argumentos expuestos por los accionantes para fundamentarlo se adecuan más a la primera causal mencionada.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 20052, en la que se hace distinción e ntre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que

consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que

1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.9

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afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez d ebe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza

siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez d ebe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se fijaron como causales específicas de procedibilidad , aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada, los cuales consisten en : (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

El Consejo de E stado, en sentencia del 31 de julio de 2012,3 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en presencia de proveíd os que resulten violatorios de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados en la ley y la jurisprudencia.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de reparación directa con número de radicado 63001-23-31-000-2009-00285, la Sala de decisión establece lo siguiente:

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de reparación directa con número de radicado 63001-23-31-000-2009-00285, la Sala de decisión establece lo siguiente:

2.4.1. Los señores Yolanda Arias de Valencia, José Never Galeano Ortiz, quienes actuaron en nombre propio y en representación de la menor Luz Alejandra Galeano Arias, Diana Carolina Villada Arias y Rosalba Valencia Arias instauraron demanda de10

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reparación directa en contra de la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, para que se le declarara administrativamente responsable por los perjuicio s causados, con ocasión a la muerte del señor Hugo Alexander Arias Calderón el 4 de febrero de 2008 atribuida a la fuerza pública.

2.4.2. El 14 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión, accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

«[…] En primer lugar, es importante resaltar que conforme a la declaración rendida por el primer respondiente de la escena del crimen (el Subteniente (sic) Umaña Camacho) este dice haber resguardado la zona, acordonarla y haber asegurado su integridad. Igualmente, informa que el cadáver quedó boca abajo. Los documentos

por el primer respondiente de la escena del crimen (el Subteniente (sic) Umaña Camacho) este dice haber resguardado la zona, acordonarla y haber asegurado su integridad. Igualmente, informa que el cadáver quedó boca abajo. Los documentos que soportan el combate dan cuenta de un total de 62 municiones gastadas por parte de los 4 hombres que aceptan haber disparado (numeral iv literal B). Los anteriores aspectos no concuerdan con lo hallado por el CTI al recibir la escena del crimen.

Conforme a lo documentado en la inspección técnica al cadáver (literal C Numeral iii) y el levantamiento fotográfico que lo soporta (literal C numeral iv) el mismo se encuentra boca arriba, y así se do cumenta en las fotos . Por ello, acá se encuentra una clara manipulación de la escena del crimen.

Igualmente, analizado el informe ejecutivo de noticia criminal (literal C numeral i), el levantamiento topográfico (literal C numeral v) y el acta núm. 0458 del 5 de febrero de 2008 sobre munición gastada (literal B numeral iv) solo se encuentran 5 vainas de fusil, cuando se dice haber gastado un total de 62, y el cadáver presenta 7 lesiones por arma de fuego conforme al informe de necropsia (numeral vii literal C) y el análisis de trayectorias (literal E numeral ii).

Así las cosas, claramente la escena d el crimen fue manipulada desde la hora en que se dice ocurrió el combate (8 u 8:30 del 4 de febrero de 2008) y la hora de arribo del personal del CTI (de 5 a 5:30 del 5 del mismo mes y año) pues de que otra forma se

se dice ocurrió el combate (8 u 8:30 del 4 de febrero de 2008) y la hora de arribo del personal del CTI (de 5 a 5:30 del 5 del mismo mes y año) pues de que otra forma se justifica la presencia de 7 lesiones y s olo encontrarse 5 vainillas de fusil, no encontrarse las restantes 57 vainillas percutidas por los 4 hombres que dispararon en el supuesto enfrentamiento con una banda criminal.

Igualmente, es menester aclarar que si bien, se encuentra en la escena un ca rtucho de 9 mm y otro de 7, 65 mm, en primer lugar, el arma hallada cerca del cadáver, si bien este presentaba rastros de pólvora en la mano derecha conforme el informe pericial de laboratorio del 18 de junio de 2008 (numeral xii literal C) el mismo da cuenta de que no se sabe si el occiso tenía las manos embaladas en debida forma, lo que le resta credibilidad a este aspecto, lo que sumado a la falta de pruebas sobre huellas en el arma, no atan a la misma al señor Arias Calderón.

Adicionalmente, es un hech o que debe tenerse por probado, que el fallecido ARIAS CALDERÓN no se dedicaba a actividades ilícitas, por el contrario era un joven de condición socio económica baja, del campo, que había migrado a la ciudad a buscar trabajo, como lo relatan de forma conteste (sic) no solo las declaraciones recibidas en este proceso (numerales vii, viii, ix, y x literal D) sino que fue corroborado por la Fiscalía en su estudio de campo investigador FPJ -11 del 15 de noviembre de 201111

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Fiscalía en su estudio de campo investigador FPJ -11 del 15 de noviembre de 201111

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(literal C numeral xxvi) lo que descart a que la víctima perteneciera a algún grupo ilegal como lo pretende hacer ver el Ejército […]

Así las cosas, claramente se encuentra demostrado que en el presente caso, no estamos en presencia de unas muertes en combate, sino en la ejecución vil e injustificada de un civil, al que le propinaron múltiples heridas de fusil, ejecutado por un grupo de hombres (no existe claridad sobre la formación del destacamento, pero el enfrentamiento se da frente a los 4 que aceptan haber disparado ) entrenados para matar y portadores de armas de largo alcance, de los que constitucional y legalmente se espera sean los protectores de la vida de los ciudadanos, por lo que evidentemente nos encontramos frente a un hecho reprochable y encuadrado claramente en la violación de la ley, la Constitución, en derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos y por ello en presencia de la FALLA DEL SERVICIO […]

En el caso que nos ocupa, el daño ha de entenderse superado, ya que se evidencia con el fallecimiento de HUGO ALEXANDER ARIAS CALDERÓN y la congoja que esto generó en sus familiares cercanos […]

Se entiende el nexo causal, como aquél (sic) elemento en el que se estudia que la

con el fallecimiento de HUGO ALEXANDER ARIAS CALDERÓN y la congoja que esto generó en sus familiares cercanos […]

Se entiende el nexo causal, como aquél (sic) elemento en el que se estudia que la conducta desplegada por la administración es eficiente en la causación del daño, desde el punto de vista jurídico, es decir, desde un análisis del deber jurídico en cabeza de la administración.

Sobre este aspecto, es importante ten er en cuenta que si bien, no existe pruebas directas que den cuenta de las circunstancias en las que de forma concreta ocurrieron los hechos objeto del proceso, pues las declaraciones de los militares que participaron en la supuesta operación militar, no m erecían el menor crédito , como ya se analizó, es claro que de alguna forma, la víctima fue sacada de su entorno social normal, asesinado y plantado en una escena de un supuesto combate con un grupo de hombres pertenecientes a alguna organización al margen de la ley.

Por ello, no existen razón alguna para pensar que el fallecido se expuso al daño padecido por su propia actuación, pues es claro que los hechos no se dieron como fueron informados por el Grupo Especial ATILA UNO, y el hecho de que se hubiere encontrado un arma en la escena y el cadáver diera positivo en la prueba de rastros de pólvora en sus manos, no justifica en modo alguno el vil e irregular actuar de la fuerza pública, pues este segundo aspecto no es otra cosa que otra de las manipulaciones de la escena del crimen, razones suficientes para desechar el argumento de la culpa de la víctima y tener por demostrado el nexo causal entre el daño y el accionar de la fuerza pública […]».

manipulaciones de la escena del crimen, razones suficientes para desechar el argumento de la culpa de la víctima y tener por demostrado el nexo causal entre el daño y el accionar de la fuerza pública […]».

2.4.3. Tanto la parte demandante como demandada interpu