CE - 010315000202301059001SENTENCIA20230508140922

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01059-00

Referencia: Acción de tutela

Actoras: SANDRA MILENA GARCÍA VILLEGAS Y OTRA.

TESIS: LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE MERA LEGALIDAD Y A ASPECTOS QUE

FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD

JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES : AL DEBIDO PROCESO , A LA

IGUALDAD, A LA LIBERTAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por las

señoras SANDRA MILENA y ANYI MELISA GARCÍA VILLEGAS

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1.

1 En adelante el Tribunal2

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Actoras: SANDRA MILENA GARCÍA VILLEGAS Y OTRA.

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I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

Las señoras SANDRA MILENA y ANYI MELISA GARCÍA VILLEGAS, actuando a través de apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la libertad, al acceso a la administración de justicia, así como de los principios a la presunción de inocencia, seguridad jurídica, confianza legítima y reparación integral, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por el Tribunal al proferir la providencia de 17 de agosto de 2022, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2017-00049-01.

I.2. Hechos

Indicaron que, en el año 2015, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN2 inició una investigación penal en contra de su familiar, el señor LUÍS HORACIO GARCÍA OSORIO, por la presunta comisión de los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o port e

2 En adelante la Fiscalía3

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2 En adelante la Fiscalía3

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de estupefacientes.

Adujeron que el 29 de diciembre de 2015 , el JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE SEVILLA - VALLE le impuso al señor GARCÍA OSORIO medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario.

Relataron que el 4 de octubre de 2016 la FISCALÍA solicitó al JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE SEVILLA - VALLE que declarara la preclusión de la investigación penal, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 322 de la Ley 906 de 31 de agosto de 20043.

Refirieron que el 5 de octubre de 2016, el JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE SEVILLA - VALLE llevó a cabo la audiencia de preclusión y mediante auto interlocutorio núm. 486 declaró la preclusión de la investigación contra el procesado, quien estuvo privado de la libertad durante 9 meses y 9 días.

3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.4

preclusión de la investigación contra el procesado, quien estuvo privado de la libertad durante 9 meses y 9 días.

3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.4

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Sostuvieron que, debido a lo anterior, el señor LUÍS HORACIO GARCÍA OSORIO (q.e.p.d.) junto a ellas y otros familiares presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN - RAMA JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con la finalidad de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por la privación injusta de la libertad del señor LUÍS HORACIO GARCÍA OSORIO, proceso que fue identificado con el número único de radicación 76147-33-40-002-2017-00049-01 y le correspondió en primera instancia al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CARTAGO que, mediante sentencia de 20 de agosto de 2021, denegó las pretensiones de la demanda.

Señalaron que, inconformes con la anterior decisión, interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 17 de agosto de 2022, confirmó la sentencia de primera instancia, bajo el argumento de que en el caso objeto de

recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 17 de agosto de 2022, confirmó la sentencia de primera instancia, bajo el argumento de que en el caso objeto de estudio el daño reclamado no cumplía con el requisito de la antijuridicidad, en tanto la medida impuesta se ajustó a los presupuestos exigidos por la norma para su procedencia.5

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I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al desconocer que el principal requisito para la prosperidad de la medida de aseguramiento, en los términos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, era la existencia de una inferencia razonable de autoría o participación del indiciado en los hechos punibles que se investigaban, lo cual no había ocurrido en el caso de marras.

Adujeron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico al haber valorado de forma indebida el testimonio del señor JHON ANDERSON GARCÍA HENAO , pues conforme al mismo no era razonable inferir que el señor LUIS HORACIO GARCÍA OSORIO estaba involucrado en los delitos por los cuales fue procesado, toda vez que el testigo explicó claramente la razón por la cual los

era razonable inferir que el señor LUIS HORACIO GARCÍA OSORIO estaba involucrado en los delitos por los cuales fue procesado, toda vez que el testigo explicó claramente la razón por la cual los elementos ilícitos se encontraban en el lugar de residencia de su abuelo y cómo fueron ingresados sin el conocimiento de aquel, sin embargo, la accionada desconoció que dicho testimonio posteriormente dio lugar a la preclusión de la investigación penal en favor del señor GARCÍA OSORIO.

Afirmaron que el señor LUIS HORACIO GARCÍA OSORIO solo se6

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dedicaba a rentar a varias personas las habitaciones de su inmueble, que fungía como inquilinato y los demás involucrados en el ilícito abusaron de su confianza e ingresaron elementos ilegales a su hogar sin que este se enterara, por lo cual nunca existió la inferencia razonable qu e se necesitaba para imponer una medida de aseguramiento en contra de aquel y , por ello , la privación de la libertad que padeció constituía un verdadero daño antijurídico que debía ser indemnizado.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] dejar SIN EFECTO alguno la sentencia de segunda instancia

debía ser indemnizado.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] dejar SIN EFECTO alguno la sentencia de segunda instancia No. 87 del 17 de agosto de 2022, proferida por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.

2.3. Finalmente, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia que decida de fondo el presente asunto, proceda a proferir una sentencia de remplazo que acceda a las pretensiones formuladas en la demanda, dando el valor probatorio que corresponde al testimonio del joven JHON ANDERSON HENAO GARCIA recepcionado en la audiencia penal, preliminar concentrada celebrada el 29 de diciembre de 2015, el cual nunca fue valorado por esa Corporación, a pesar de que con el mismo se demuestra que la medida de aseguramiento impuesta al señor LUIS HORACIO GARCIA OSORIO no fue legal y de suyo, que la privación de la libertad que padeció si fue injusta […]”.7

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I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL sostuvo que la acción de tutela de la referencia

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I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL sostuvo que la acción de tutela de la referencia resulta improcedente, toda vez que no se advierte la vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues las decisiones proferidas al interior del medio de control de reparación directa están revestidas de legalidad , máxime aun, teniendo en cuenta que lo pretendido por las accionantes es reabrir el debate procesal, por encontrarse inconformes con la decisión adoptada en segunda instancia.

Añadió que una vez fueron valoradas las pruebas aportadas por los sujetos procesales se concluyó que la medida de aseguramiento fue impuesta teniendo en cuenta pruebas como el acta de registro de allanamiento y el informe presentado por los investigadores, que daban cuenta de que los procesados fueron capturados en flagrancia pues en el inmueble se encontraban sustancias estupefacientes.

Arguyó que el hecho de que el proceso penal haya concluido con sentencia absolutoria solo tuvo lugar por el preacuerdo al que llegó el ente investigador con los señores ANDRES FELIPE PULGARIN ARIZA y JHON ANDERSON HENAO GARCÍA -nieto del señor LUIS HORACIO GARCÍA OSORIO-, quienes se abrogaron la totalidad de8

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la responsabilidad en los hechos delictivos investigados, lo cual no implicaba que el Juez de Control de Garantías al momento de imponer la medida de aseguramiento no hubiera tenido elementos probatorios que constituyeran indicios graves y suficientes que permitieran inferir razonablemente al momento de la ocurrencia de los hechos la autoría del ilícito por parte del señor LUIS HORACIO

GARCÍA OSORIO.

Afirmó que la conclusión del Juez Penal de aceptar el preacuerdo y la solicitud de desvinculación del señor GARCÍA OSORIO por petición de la Fiscalía, en el ámbito del dere cho administrativo y la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, no tiene la entidad necesaria para declarar que la investigación penal y la medida privativa de la liberad eran un daño que aquel no estaba en obligación de soportar, pues existían indicios graves que lo incriminaban como autor del punible.

Manifestó que, debido a lo anterior, concluyó que la medida de aseguramiento con detención preventiva en centro carcelario, contó con los elementos probatorios y cumplió con los deberes y exigencias convencionales y constitucionales para privar provisionalmente de la libertad al procesado.9

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377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth Garc ía González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucional es fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella11

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella11

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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona

genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la12

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decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales

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decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que s e impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si l a irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del c ual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acred itar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, un o de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.13

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela p rocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

tutela p rocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, las actoras pretenden que se deje sin efectos la sentencia de 17 de agosto de 2022 , proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2017-00049-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la14

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libertad, al acceso a la administración de justicia, así como de los principios de presunción de inocencia, seguridad jurídica, confianza legítima y rep aración integral, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo por desconocimiento de lo previsto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal y fáctico por la indebida valoración de los testimonios y declaraciones rendidos en el proceso.

La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa presentada por las actoras contra la FISCALÍA y la RAMA JUDICIAL, al estimar que hubo una privación injusta de la libertad

testimonios y declaraciones rendidos en el proceso.

La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa presentada por las actoras contra la FISCALÍA y la RAMA JUDICIAL, al estimar que hubo una privación injusta de la libertad del señor LUIS HORACIO GARCÍA OSORIO durante 9 meses y 9 días, por la presunta comisión de los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las actoras estiman que la preclusión de la investigación iniciada en contra del señor GARCÍA OSORIO demuestra que estuvo privado de la libertad injustamente, por lo que la providencia cuestionada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, dado que, en su sentir, de las pruebas obrantes en el plenario podía concluirse la falla en el servicio; aunado a lo anterior, afirmaron que la autoridad judicial accionada desconoció que de conformidad c on lo previsto en el15

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artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, para la prosperida d de la medida de aseguramiento se requería la existencia de una inferencia razonable de autoría o participación del indiciado en los hechos punibles que se investigaban, lo cual no ocurría en el caso de marras.

de la medida de aseguramiento se requería la existencia de una inferencia razonable de autoría o participación del indiciado en los hechos punibles que se investigaban, lo cual no ocurría en el caso de marras.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, al haber proferido la sentencia cuestionada.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una16

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tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

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tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de es te derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001

5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.17

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La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sal a, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe

vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sal a, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial tr ascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal

justificará la espe