CE - 010315000202301083001SENTENCIA20230328082145

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01083-00

Actor: Jener Quintero Solano Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderada1, presentó acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_PODERES_28_2_20234(.pdf) Nr oActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_PODERES_28_2_20234(.pdf) Nr oActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01083-00

Actor: Jener Quintero Solano

su juicio, al proferir la sentencia de 26 de enero de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulida d y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013342054202000377 - 01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital. Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cu ales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio núm. 20200423330452701 de 23 de noviembre de 2020, por medio de la cual “[…] fue negada al demandante la petición elevada para que se le reconociera el subsidio famili ar establecido en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 […] ”. Precisó que, a título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) “[…] pagar a favor del demandante por concepto de subsidio familiar el 4% del salario básico más la prima de antigüedad […]”; ii) “[…] pagar todas las sumas reconocidas

pagar a favor del demandante por concepto de subsidio familiar el 4% del salario básico más la prima de antigüedad […]”; ii) “[…] pagar todas las sumas reconocidas debidamente indexadas conforme al IPC certificado por el DANE […]” y iii) “[…] pagar los intereses de qué trata el numeral 3° del artículo 192 de la ley 1437 de 2011 […].

4. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá profirió sentencia de primera instancia el 1° de agosto de 2022, accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de se gunda instancia el 26 de enero de 2023 ,

resolviendo lo siguiente:

“[…] REVOCAR la sentencia con calenda primero (1°) de agosto de dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado Cincuenta y Cuatro (54) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. - Sección Segunda, a través de la cual se accedieron parcialmente a las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01083-00

Actor: Jener Quintero Solano

En su lugar, se dispone:

PRIMERO. – DENEGAR las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]”.

6. La Subsección B de la Sección S egunda del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca consideró que:

PRIMERO. – DENEGAR las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]”.

6. La Subsección B de la Sección S egunda del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca consideró que:

“[…] Dentro de los hechos demostrados, se observa que, si bien la parte demandante indica que constituyó unión marital de hecho el 3 de febrero de 2010 con la señora Jennifer Paola Peña y que solicitó en el mes de marzo el reconocimiento del subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2001, lo cierto es que dentro del plenario no obra documento que soporte ninguna de las situaciones descritas, si quiera testimonial o de parte -y refrendada dentro del período probatorio- , en ese sentido, imponer dicho período como cierto sin fundamento contrariaría el principio de la carga probatoria atendando (sic) el debido proceso.

Ahora bien, lo que sí es un hecho evidenciado es la constitución del matrimonio civil el 25 de junio de 2014 y la solic itud elevada el 1º de julio de 2014 (así de los nacimientos de su descendencia, los cuales también se allegaron a la entidad), de esta forma, se hizo el reconocimiento de la partida de subsidio familiar bajo la égida del Decreto 1161 de 2014, la cual fue r econocida mediante las Órdenes Administrativas de Personal relacionadas en el acápite probatorio.

De esta forma, en lo que respecta al subsidio familiar como partida computable en la asignación básica mensual en servicio activo, es claro que no es aplica ble lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 al caso en concreto, pues si

De esta forma, en lo que respecta al subsidio familiar como partida computable en la asignación básica mensual en servicio activo, es claro que no es aplica ble lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 al caso en concreto, pues si bien solo se puede presumir una convivencia entre tanto entraba en vigor lo dispuesto en el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014, se demostró que se contrajo matrimonio civil a partir del 25 de junio de 2014, esto es, se constituyó de manera posterior a la norma -pues la fecha que debe tomarse a efectos legales es aquella en la que se constituyó el derecho de manera formal y no la simplemente alegada-, por lo tanto, no se cumplió el requisito exigido por ley para su declaratoria.

Así las cosas, es evidente para esta Sala que como consecuencia de la nulidad del Decreto 3770 de 2009 y los efectos ex-tunc de la misma, le hubiese asistido al actor el reconocimiento del subsidio familiar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, esto es, en el porcentaje del 4% más la prima de antigüedad, si se hubiese constituido dentro su vige ncia, lo que no fue así; en ese sentido, se ha evidenciado la percepción de la partida bajo el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014, y así ha percibido el haber desde que se puso en conocimiento de la condición y esta se reconoció acorde la norma.

En consecuencia, le cabe razón a la entidad recurrente en su decir, por lo tanto, se revocará la decisión adoptada en primera instancia por la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar declarar la negativa

En consecuencia, le cabe razón a la entidad recurrente en su decir, por lo tanto, se revocará la decisión adoptada en primera instancia por la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar declarar la negativa del derecho pretendido […]”.4

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Actor: Jener Quintero Solano

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales del accionante al DEBIDO

PROCESO, LA IGUALDAD, MINIMO VITAL, JUNTO CON LOS PRINCIPIOS

CONSTITUCIONALES DE SEGURIDAD JURÍDICA, DERECHOS ADQUIRIDOS Y

EXPECTATIVA LEGITIMA.

SEGUNDO: En consecuencia, DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio N. 20200423330452701 de fecha noviembre 23 de 2020, suscrito por Oficial Jefe División de Nóminas Armada Nacional, mediante el cual fue negada al demandante la petición elevada para que se le reconociera el subsidio familiar establecido en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.

1. Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del d erecho, SE CONDENE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL, a pagar a favor del demandante por concepto de subsidio familiar el 4% del salario básico más la prima de antigüedad, de conformidad con el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.

2. SE CONDENE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –

4% del salario básico más la prima de antigüedad, de conformidad con el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.

2. SE CONDENE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL, a pagar todas las sumas reconocidas debidamente indexadas conforme al IPC certificado por el DANE.

3. SE CONDENE a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL, a pagar los intereses de qué trata el numeral 3° del artículo 192 de la ley 1437 de 2011. […]”.

7.1. El actor en su escrito de tutela señaló que la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defec to sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 2 de marzo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ; y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, al Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.5

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Actor: Jener Quintero Solano

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

Actor: Jener Quintero Solano

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, consideró que, “[…] no hay lugar a la violación o transgresión alguna de los derechos fundamentales alegados […]”. Al respecto manifestó lo siguiente:

“[…] como se puede evidenciar del expediente y de la decisión adoptada en Sala, no sólo se hizo un correcto y adecuado análisis de todo lo contentivo del plenario, en igual manera, se cumplieron en debida forma todas las etapas procesales; además de lo anterior se llevó a cabo el estudio del caso en concreto tomando el horizonte normativo que le es aplicable al caso en concreto, verbi gracia, llevando a cabo un estudio minucioso de los elementos probatorios para dar el enfoque en que debía adoptarse el asunto de conocimiento (decisión que revocó el fallo de primera instancia, negándose el reconocimiento del subsidio familiar en los térm inos pretendidos), así como se dio aplicación de la jurisprudencia unificada e imperante para apoyar las decisiones emitidas en esta Corporación, pues se motivó en debida forma las razones por las cuales no cumplía con los requisitos de derecho para serle reconocidas las pretensiones, como bien podrá evidenciarse al estudiarse el componente del expediente en este proceder de la tutela interpuesta en donde, una vez dadas las consideraciones normativas, jurisprudenciales y fácticas o probatorias […]”.

[…]

“[…] Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la Sala no solo tuvo en cuenta lo contenido en el expediente, conforme la normatividad y jurisprudencia aplicable en

[…]”.

[…]

“[…] Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la Sala no solo tuvo en cuenta lo contenido en el expediente, conforme la normatividad y jurisprudencia aplicable en el proceso objeto de acción de tutela, sino que no es procedente el defecto alegado, aunado al análisis íntegro del material probatorio, realizándose las adecuaciones fáctico-jurídicas en debida forma, con las cuales se fundamentó la sentencia en las decisiones imperantes al momento de proferir el fallo […]”.

10. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional y el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

11.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''6

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Actor: Jener Quintero Solano

20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018 4 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

12. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

13. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

14. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad , v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a l mínimo vital ; vi) procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

fundamental a l mínimo vital ; vi) procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.7

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Actor: Jener Quintero Solano

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

15. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

16. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia

determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

16. Esta Sección adoptó7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20058, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

17. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformi dad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.8

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Actor: Jener Quintero Solano

providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corr esponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa cons tatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

21. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción d e tutela

acción de tutela en el caso concreto

21. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción d e tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de relevancia constitucional

22. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 201411, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte

9 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 11 Ut supra página 6.9

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Actor: Jener Quintero Solano

Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de

Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (a rtículos 228 y 230 de la Carta)” [ 12]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “ involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[13].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [14].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa dla actora para demostrar en sede de tutela que el asunto es de r elevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda dete rminar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[15].

actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda dete rminar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional[15].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de l a acción de tutela se derive que esa es la pretensión dla actora, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, ava lada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01083-00

Actor: Jener Quintero Solano

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que l a cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decis iones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada

bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [17].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ 18]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica -; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

23. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado19:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘ que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos

[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.” [17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.” [18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.” 19 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01083-00

Actor: Jener Quintero Solano

fundamentales.”20

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01083-00

Actor: Jener Quintero Solano

fundamentales.”20

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la

Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral -, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artícul