CE - 010315000202301088001SENTENCIA20230410141838

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01088-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: GLORIA MERCEDES ROJAS ESCOBAR Y OTRAS.

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. NO ERA PROCEDENTE

QUE LA SECCIÓN TERCERA DE ESTA CORPORACIÓN CONDENARA A

UNA ENTIDAD QUE CARECÍA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR

PASIVA MATERIAL. NO SE TRATA DE UN ASPECTO MERAMENTE

FORMAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por las actoras contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A” - DEL CONSEJO DE

ESTADO1.

1 En adelante la SECCIÓN TERCERA.2

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Las señoras GLORIA MERCEDES ROJAS ESCOBAR , GLORIA

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Las señoras GLORIA MERCEDES ROJAS ESCOBAR , GLORIA MARCELA y SANDRA PAOLA PEÑALOZA ROJAS, actuando a través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit aron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, al haber proferido en segunda instancia la sentencia de 23 de septiembre de 202 2, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 250002336000-2019-00120-01.

I.2.- Hechos

Indicaron que el 8 de agosto de 1989, el señor JULIO CÉSAR PEÑALOZA recibió un disparo por arma de fuego mientras se encontraba en la plaza central de Soacha en el marco del evento de recibimiento del entonces candidato presidencial LUIS CARLOS

GALÁN SARMIENTO.3

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Comentaron que cinco días después, producto de la herida y por la gravedad de la intervención quirúrgica que le practicaron, el señor JULIO CÉSAR PEÑALOZA falleció.

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Comentaron que cinco días después, producto de la herida y por la gravedad de la intervención quirúrgica que le practicaron, el señor JULIO CÉSAR PEÑALOZA falleció.

Informaron que el 11 de julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia declaró crimen de lesa humanidad el homicidio del señor JULIO CÉSAR PEÑALOZA, en calidad de delito conexo al magnicidio del

señor LUIS CARLOS GALÁN.

Agregaron que la Corte Suprema de Justicia también encontró probado que la POLICÍA NACIONAL actuó de forma omisiva, en la medida en que dicha institución conocía de la visita del candidato presidencial y fue requerida para activar los dispositivos de seguridad, no obstante, no ejecutó las medidas necesarias para un evento de tal importancia política y del riesgo que generaba.

Expusieron que además el Consejo de Estado al analizar casos relacionados con dichos hechos, “[…] encontró que el Departamento Administrativo de Seguridad (en adelante DAS) desvió las investigaciones sobre el magnicidio de Luis Carlos Galán […]”.

Adujeron que en el año 2019, en calidad de esposa e hijas del señor4

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JULIO CÉSAR PEÑALOZA , promovieron demanda en ejercicio del

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JULIO CÉSAR PEÑALOZA , promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra l a NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL, esta última, en calidad de sucesora procesal del DAS, con la finalidad de obtener el pago de los perjuicios causados por el homicidio de su familiar.

Manifestaron que el proceso aludido fue identificado con el número único de radicación 250002336000-2019-00120-00 y atribuido para su trámite en primera instancia a la SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN “A” - DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA2.

Comentaron que, en la contestación de la demanda, la POLICÍA NACIONAL propuso, entre otras, la excepción previa de indebida representación “[…] sustentada en que, para la fecha de los hechos, la entidad que se encontraba a cargo de los funcionarios que debían proveer seguridad era el DAS y que esta función la heredó la Unidad Nacional de Protección –UNP-, siendo la llamada a suceder procesalmente en este caso […]”.

2 En adelante el TRIBUNAL.5

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Expusieron que mediante auto de 1o. de octubre de 2020, entre otros aspectos, el TRIBUNAL declaró “[…] no probadas las excepciones de: i) caducidad y ii) la denominada indebida representación. Esta decisión no fue objeto de ningún recurso y quedó ejecutoriada […]”.

Explicaron que el 10 de mayo de 202 1, en el curso de la audiencia inicial, expusieron ante el TRIBUNAL el tema de la sucesión procesal del DAS; no obstante, dicha autoridad judicial se abstuvo de resolver el asunto en ese momento, a la espera del desarrollo del proceso y resolver en otra oportunidad más oportuna.

Agregaron que el 3 de marzo de 2022, el TRIBUNAL profirió la sentencia de primera instancia, en la que accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda, no obstante, haber determinado que, en efecto, la POLICÍA NACIONAL sí era la sucesora procesal del DAS.

Adujeron que interpusieron el recurso de apelación respectivo, en razón a que “[…] no se declaró la responsabilidad agravada del Estado por graves violaciones de derechos humanos, aun cuando es un hecho que implica un crimen de relevancia internacional; y (ii) porque el Tribunal só lo ordenó las reparaciones por daño moral y6

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porque el Tribunal só lo ordenó las reparaciones por daño moral y6

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dejó de lado otro tipo de reparaciones, como el lucro cesante y las medidas de satisfacción, aun cuando se presentaron elementos probatorios suficientes para que se otorgaran […]”.

Precisaron que, por su parte, la POLICÍA NACIONAL apeló la sentencia aludida, entre otras razones, porque en su sentir no era la llamada a suceder procesalmente al DAS en ese caso, conforme con lo dispuesto en el Decreto Ley 4057 de 31 de octubre de 20113.

Anotaron que mediante sentencia de 23 de septiembre de 2022, la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación revocó la decisión recurrida al estimar que la POLICÍA NACIONAL no era la entidad llamada a responder en ese caso, dado que el sucesor procesal del DAS era el Patrimonio Autónomo constituido para tal efecto y administrado por la Fiduprevisora S.A.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentaron que la presente acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional porque “[…] es un caso que

3 “Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan unas funciones y se dictan otras disposiciones”.7

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3 “Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan unas funciones y se dictan otras disposiciones”.7

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muestra la necesidad de aplicar estándares convencionales cuando hay una responsabilidad imputable al Estado por graves violaciones de derechos humanos […]” y, además en razón a que se “[…] configura una situación materialmente injusta que resulta incompatible con las garantías constitucionales y convencionales, lo cual requiere una corrección jurídica […]”.

Adujeron que al proferir la sentencia cuestiona da, el TRIBUNAL incurrió en defecto sustantivo, porque aplicó el estándar ordinario y no el convencional, pese a tratarse de un caso en el que están inmersas víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Agregaron que la “[…] falta de aplicación de ese estándar convencional llevó al Consejo de Estado a estudiar aspectos formales del proceso, como la adecuada sucesión procesal del DAS, con el objetivo de limitar y centrar la discusión únicamente en el estudio de la admisibilidad del medio de control […]”.

Expusieron que aunque la decisión estaba fundada en una norma vigente “[…] no es adecuada en la medida en que debía aplicar el estándar de protección convencional, dada la condición de las accionantes de víctimas de una grave violación de derechos humanos8

vigente “[…] no es adecuada en la medida en que debía aplicar el estándar de protección convencional, dada la condición de las accionantes de víctimas de una grave violación de derechos humanos8

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[…]”.

Arguyeron que los artículos 8.1, 25 y 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establecen que toda persona tiene derecho al acceso a la administración de justicia y, en caso de ser víctima de una grave violación de derechos imputable al Estado, a recibir una reparación justa por los daños, lo que incluye “[…] (i) el acceso a un recurso sencillo y rápido ante jueces y tribunales competentes; (ii) el derecho a recibir una sentencia en donde se dé respuesta al recurso en un término razonable; (iii) el derecho a que la decisión judicial que se tome sea efectivamente cumplida […]”.

Explicaron que si bien era importante definir qué entidad debía asumir la responsabilidad por los daños imputados al DAS, dicho problema responde esencialmente a un aspecto previo para la conformación del litigio y no a una decisión orientada a la justicia material.

Afirmaron que la SECCIÓN TERCERA no tuvo en cuenta la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, emitida contra el entonces director del DAS, el señor MIGUEL MAZA MÁRQUEZ, puesto que no efectuó

material.

Afirmaron que la SECCIÓN TERCERA no tuvo en cuenta la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, emitida contra el entonces director del DAS, el señor MIGUEL MAZA MÁRQUEZ, puesto que no efectuó un análisis de fondo y erróneamente concluyó que a la POLICÍA9

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NACIONAL no se le reprochó ninguna omisión, acción o extralimitación, cuando de esta sentencia claramente se desprende el daño antijurídico y el nexo de causalidad.

Arguyeron que la autoridad judicial accionada no valoró todas las piezas procesales y se centró únicamente en el escrito de la demanda, sin tener en cuenta los alegatos finales de los accionantes, cuando estos resultaban determinantes para establecer la sucesi ón procesal del DAS.

Aseveraron que la SECCIÓN TERCERA les impuso una carga desproporcionada al considerar que era su responsabilidad, en el impulso del medio de control, el no haber conformado adecuadamente la legitimidad en la causa por pasiva.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, las actoras pretenden lo siguiente:

“[…]PRIMERA. Proteger los derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia vulnerados por el Consejo de Estado.

SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia

“[…]PRIMERA. Proteger los derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia vulnerados por el Consejo de Estado.

SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 7 de octubre del 2022 por el Consejo de Estado,10

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Subsección A, Sección Tercera en la que se resolvió revocar la sentencia del 3 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el medio de reparación directa radicado por mi apoderada y sus hijas, Gloria Marcela Peñaloza Rojas y Sandra Paola Peñaloza Rojas.

TERCERO. Ordenar al juez de segunda instancia que resuelva integralmente el recurso de apelación p resentado por la CCJ el 25 de marzo de 2022 en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente al medio de reparación directa radicado por mi apoderada y sus hijas, Gloria Marcela Peñaloza Rojas y Sandra Paola Peñaloza. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA de esta Corporación manifestó que, en efecto, en la sentencia cuestionada se determinó que el daño se le imputó a una entidad que no estaba llamada a responder, dado que los hechos no eran responsabilidad de la POLICÍA NACIONAL,

en efecto, en la sentencia cuestionada se determinó que el daño se le imputó a una entidad que no estaba llamada a responder, dado que los hechos no eran responsabilidad de la POLICÍA NACIONAL, pues no participó en ellos y no ostentaba la condición de sucesora procesal de la entidad que habría causado el daño, esto es, el DAS.

Agregó que en la medida en que la entidad demandada no era la llamada a responder, resultaba innecesario pronunciarse sobre los demás argumentos de las apelaciones, en aplicación del artículo 282 del Código General del Proceso -CGP.

Indicó que no pasó por alto la importancia de los asuntos en los11

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cuales se alega la grave violación de derechos humanos; sin embargo, el hecho de que las pretensiones versen sobre una situación con tales connotaciones no constituye un habilitante para que se condene patrimonialmente a una entidad por hechos que le resultan ajenos y frente a los cuales no tuvo injerencia y tampoco tenía la condición de garante ni de sucesor procesal.

Expuso que en el caso de tutelas interpuestas contra decisiones dictadas por las Altas Cortes es necesaria la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional, lo cual no ocurre en este asunto, pues en la respectiva

dictadas por las Altas Cortes es necesaria la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional, lo cual no ocurre en este asunto, pues en la respectiva providencia se efectuó un análisis serio y razonado de la situación fáctica, jurídica y probatoria.

I.5.2.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, destacó que la presente acción de tutela est á dirigida contra la SECCIÓN TERCERA del Consejo de Estado.

Aseguró que es respetuoso de las decisiones que dentro del ejercicio de sus propias competencias, desarrolla y cumple el Consejo de Estado, en este caso, de la sentencia que profirió al desatar los12

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recursos de apelación presentados contra de la sentencia d e 3 de marzo de 2022.

Agregó que, en ese orden de ideas daría “[…] cumplimiento a las decisiones que se profieran en segunda instancia o en sede de tutela [...]”.

I.5.3.- La POLICÍA NACIONAL, vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

Afirmó que no está llamada a responder por lo que pretende la actora

interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

Afirmó que no está llamada a responder por lo que pretende la actora dado que, conforme con el Decreto Ley 4057 de 2011, no le fueron trasladadas las funciones del DAS relacionadas con la protección de las personas, sin que para la fecha en la que ocurrieron los hechos origen de la controversia tuviera asignada dicha función.

Sostuvo que tampoco est á llamada a responder en el presente asunto, dado que no hace parte de la estructura de la Rama Judicial, por lo que no tiene injerencia en las decisiones que haya adoptado la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación.13

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advier te que la POLICÍA NACIONAL solicitó su desvinculación del presente caso, por falta de legitimación en la14

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causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un p resupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigenci a que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 199115

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avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, e sta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación p or pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente caso, independiente mente de la prosperidad o no de las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que la POLICÍA NACIONAL fue sujeto procesal dentro del proceso ordinario origen de la controversia, es claro que debía ser notificada de la existencia del presente trámite, en razón al interés directo que le asiste en las resultas de este , en particular, porque en últimas lo que las actoras pretenden es que responda por las pretensiones que allí discutieron.

En consecuencia, la Sala denegará la solicitud de desvinculación de la POLICÍA NACIONAL, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.16

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resolutiva de la presente providencia.16

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).17

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).17

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un

extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años despu és de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales18

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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resoluci ón de conflictos.

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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resoluci ón de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse d e manera indefinida, mucho más si

momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse d e manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente19

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demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cua ndo el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origin