CE - 010315000202301098001SENTENCIA20230330151404

Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección C Rad: 11001-03-15-000-2023-01098-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01098-00

Demandantes: MARÍA NOEMÍ ZULUAGA ESCOBAR Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA ,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Tema: Tutela contra providencia judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela interpuesta por la señora María Noemí Zuluaga Escobar y otros contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de febrero de 2023 al buzón de la Secretaría General del Consejo de Estado, los señores María Noemí Zuluaga

Escobar, Lucero Eliana Quintero Zuluaga, Jeiver Stiven Quintero Zuluaga, Omar

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 28 de febrero de 2023 al buzón de la Secretaría General del Consejo de Estado, los señores María Noemí Zuluaga Escobar, Lucero Eliana Quintero Zuluaga, Jeiver Stiven Quintero Zuluaga, Omar Andrey Quintero Zuluaga, María Eva Gil de Quintero, Luz Mary Quintero Gil, Bairon de Jesús Quintero Gil, Arnobio de Jesús Quintero Gil, Pablo Elías Quintero Gil, Gloria Emilsen Quintero Gil, Devora Rosa Quintero Gil y María Eva Quintero Gil, actuando a través de apoderado judicial, ejercieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, con el fin de que les sean amparados sus “ derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y la no denegación de justicia, a la igualdad, a la reparación integral, a la vida y a la integridad personal de las víctimas.”

2. La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión del auto del 31 de agosto de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante el cual se confirmó parcialmente la decisión del 16 de febrero de 2022 del Juzgado 63 Administrativo del Circuito Ju dicial de Bogotá, que rechazó la demanda de reparación directa, interpuesta contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, para en su lugar rechazarla únicamente en relación con elDemandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección C

General de la Nación, para en su lugar rechazarla únicamente en relación con elDemandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

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2 Ejército Nacional y ordenar continuar con el trámite frente a la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior al interior del proceso radicado con el número 11001 -33-43-0632022-00059-00/01.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“Tutelar los derechos fundamentales al: i) Libre acceso a la administración de justicia y debido proceso, en cuanto a la supremacía del principio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procedimental, que tiene por fundamento el derecho a una tutela judicial efectiva y la no denegación de justicia (Artículos 29, 228 y 229 de la Constitución, en concordancia con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Garantías Judiciales -); ii) Supremacía constitucional sobre leyes y jurisprudencia (Artículo 4 de la Constitución); iii) Inobservancia del precedente jurisprudencial vertical y horizontal que aplica la excepción a la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves

constitucional sobre leyes y jurisprudencia (Artículo 4 de la Constitución); iii) Inobservancia del precedente jurisprudencial vertical y horizontal que aplica la excepción a la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Todo lo anterior, en concordancia con el bloque de constitucionalidad (Artículo 93 de la Constitución) y la obligación internacional de los operadores judiciales de actuar ejerciendo un estricto control de convencionalidad (Artículos 1 y 2 de la Convención Americana); iv) Derecho a la igualdad de las víctimas en casos de gr aves violaciones a los derechos humanos (Artículo 13 de la Constitución.); v) Principio de reparación integral a las víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos, en especial: Derechos a la vida (Artículo 4 de la Convención Americana y 11 de la Constitución), e integridad personal (Artículo 5 de la Convención Americana y 12 y 44 de la Constitución), todo ello en conexidad con la obligación del Estado Colombiano establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humano s; declarando que la providencia judicial del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C, con ponencia del Magistrado JOSÉ ÉLVER MUÑOZ BARRERA, del 31 de agosto de 2022, dentro del medio de control de reparación directa con Radicado No. 11 001 33 43 063 2022 00059 01, incurrió en defecto material o sustancial, teniendo en cuenta que: I) La ratio decidendi del H, Tribunal Administrativo de Cundinamarca se

No. 11 001 33 43 063 2022 00059 01, incurrió en defecto material o sustancial, teniendo en cuenta que: I) La ratio decidendi del H, Tribunal Administrativo de Cundinamarca se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; II) La de cisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho que vulnera garantías como el ius cogens internacional, III) Se desconoció el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación y IV) El juez se abstiene de aplicar la exce pción de inconstitucionalidad cuando corresponde (T-640/15).” (Sic a lo transcrito)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 8 de febrero de 2022 l a señora María Noemi Zuluaga Escobar y otros , en ejercicio del medio de control de reparación directa, consagrado en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, instauraron demanda a fin de que se declarara administrativa yDemandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

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3 extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional , y la Fiscalía General de la Nación por (i) los perjuicios

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3 extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional , y la Fiscalía General de la Nación por (i) los perjuicios presuntamente ocasionados como consecuencia de la desaparición y muerte del señor Omar de Jesús Qu intero Gil , por supuestos miembros adscritos al Ejército Nacional, según hechos ocurridos el 28 de julio de 2002 en inmediaciones de las veredas El molino y El Chocó del municipio de Cocorná – Antioquia; y (ii) la imposibilidad de las víctimas indirectas del homicidio del señor Quintero Gil de acceder a la verdad, justicia y reparación. Lo anterior por la falta de investigación de los hechos de la ejecución extrajudicial.

5. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que en auto del 16 de febrero de 2022 rechazó de plano la demanda por considerar que operó el fenómeno de la caducidad.

6. Como fundamento de su decisión, citó la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 dictada dentro del proceso 85001 -33-33-002-2014-00144-01 (61.033).

7. Al revisar el caso concreto, advirtió que, la muerte del señor Omar de Jesús Quintero Gil, conforme al registro civil de defunción, ocurrió el 28 de julio de 2002.

Puso de presente que, en los hechos de la demanda, se indicó que la parte demandante tuvo conocimiento del deceso a los pocos días siguientes, cuando se

Quintero Gil, conforme al registro civil de defunción, ocurrió el 28 de julio de 2002. Puso de presente que, en los hechos de la demanda, se indicó que la parte demandante tuvo conocimiento del deceso a los pocos días siguientes, cuando se trasladaron al municipio de Cocorná y en la morgue del municipio hicieron reconocimiento del cuerpo de su familiar.

8. Adicionalmente, observó que se iniciaron investigaciones disciplinarias y penales por los hechos acontecidos bajo la investigación preliminar No. 070 del Juzgado 25 de Instrucción Penal Militar y se aportó el oficio del 14 de s eptiembre de 2015, mediante el cual se le informó a la señora María Nohemí Zuluaga una imposibilidad de acceso a las copias de dicha investigación, por archivo de las diligencias como consecuencia del auto inhibitorio del 18 de marzo de 2004 .

9. En consecuencia, contó el término de la caducidad a partir del 15 de septiembre de 2015, ya que consideró que dicha fecha correspondía al día siguiente al que la parte actora pudo inferir la posible participación del Estado.

10. Encontró que la solicitud de con ciliación extrajudicial se radicó el 2 de septiembre de 2021 y el 11 de noviembre del mismo año se entregó la constancia de conciliación fallida por parte del Ministerio Público. Por su parte, los actores presentaron la demanda el 8 de febrero de 2022, mot ivo por el cual el término de los dos años establecido en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, ya había vencido.Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

los dos años establecido en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, ya había vencido.Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

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11. Lo anterior por cuanto el término de caducidad transcurrió entre :

“El 15 de septiembre de 2015 y el 15 de septiembre de 2017 y que el mismo no fue suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, puesto que ésta solamente fue radicada hasta el día 2 de septiembre de 2021. Es así que pasaron alrededor de c inco (5) años aproximadamente, desde que los demandantes tenían pleno conocimiento del daño, de acuerdo con el material probatorio aportado y los hechos narrados en la demanda, razón por la cual se configura la caducidad del presente medio de control. De e sta forma, atendiendo el reciente pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado citado con antelación y las particularidades del presente caso el despacho aplicó los términos de caducidad como lo señala la norma, esto es, dos (2) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos o conocido por la parte demandante, puesto que no se acreditó la imposibilidad para ejercer su derecho de acción.” .

norma, esto es, dos (2) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos o conocido por la parte demandante, puesto que no se acreditó la imposibilidad para ejercer su derecho de acción.” .

12. Inconforme con dicha decisión, la parte actora la apeló al considerar que se debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad en relación con la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 dictada dentro del proceso 85001 -33-33-0022014-00144-01 (61.033).

13. Manifestó que el derecho internacional proscribe el establecimiento de términos que limiten el juzgamiento y castigo de la conducta del Estado como parte responsable en actos de lesa humanidad. Afirmó que la decisión del A Quo , de declarar la caducidad y r echazar la demanda, vulneró ostensiblemente el derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso de las víctimas, ya que lo pertinente era dar trámite al juicio para determinar la existencia de los actos de lesa humanidad y los daños qu e dicha actuación del Estado causó en la víctima directa y en los demandantes.

14. A su juicio, al tratase de actos de lesa humanidad, el término para acceder a la administración de justicia es distinto al establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 . Así mismo, consideró que la referida sentencia de unificación no es obligatoria por cuanto, en los términos del artículo 230 de la Constitución, el precedente obligatorio no existe.

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera, Subsección

C, en auto del 31 de agosto de 2022 resolvió:

precedente obligatorio no existe.

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Tercera, Subsección

C, en auto del 31 de agosto de 2022 resolvió:

“PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el auto del 16 de febrero de 2022 proferido por el Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, únicamente en el sentido de rechazar la demanda de referencia fr ente a las pretensiones formuladas contra el Ejército Nacional, por haber operado la caducidad del medio de control.

SEGUNDO: En consecuencia, REVOCAR PARCIALMENTE el auto del 16 de febrero de 2022 proferido por el Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

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5 en lo que respecta a las pretensiones formuladas contra la Fiscalía General de la Nación, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.”

16. En relación con el rechazo de la demanda por caducidad frente a las pretensiones formuladas contra el Ejército Nacional, indicó que los demandantes conocieron del suceso trágico en los días siguientes al que ocurrió. También supieron que, en su momento, se atribuyó la muerte de su familiar al combate que se presentó entre él y el Ejército Nacional, cuestión que ellos mismos afirmaron en la demanda.

conocieron del suceso trágico en los días siguientes al que ocurrió. También supieron que, en su momento, se atribuyó la muerte de su familiar al combate que se presentó entre él y el Ejército Nacional, cuestión que ellos mismos afirmaron en la demanda.

17. Igualmente, puso de presente que el deceso reun ía las características de un delito de lesa humanidad, ya que (i) el señor Quintero Gil se desempeñaba como agricultor, por lo que el presunto ataque fue contra un miembro de la población civil;

(ii) falleció por causas violentas en el marco de ataques gen eralizados de violencia y (iii) a partir de los informes que reposaban en el expediente y la presentación que la Jurisdicción Especial para la Paz -JEPhizo del macro caso No. 03 frente al contexto de violencia en el departamento de Antioquia entre 2002 y 2008, se concluyó que las ejecuciones extrajudiciales en la región constituyeron una circunstancia generalizada contra la población civil.

18. Adicionalmente, explicó que la imprescriptibilidad de los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario no se hace extensiva a lo contencioso administrativo ni incide en la aplicación del término de caducidad previsto por el legislador.

19. Citó la sentencia SU -312 de 2020 en la que la Corte Constituciona l unificó su

jurisprudencia en los siguientes términos:

“En suma, este Tribunal estima que la existencia de un sistema de justicia transicional vigoroso como el introducido en el país por el Acto Legislativo 01 de 2017, permite concluir que el derecho a la reparación de las víctimas de graves violaciones a los

“En suma, este Tribunal estima que la existencia de un sistema de justicia transicional vigoroso como el introducido en el país por el Acto Legislativo 01 de 2017, permite concluir que el derecho a la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no sólo se puede garantizar a través del medio de control de reparación directa, sujeto a término de caducidad, sino por otros mecanismos, cuyos plazos de extinción son más amplios, como las indemnizaciones administrativas o los procesos de investigación, juzgamiento y sanción ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Así las cosas, con base en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte estima que la aplicación del té rmino legal de caducidad del medio de control de reparación directa en tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra es acorde a los mandatos constitucionales y, por ello, decide unificar su jurisprudencia en t al sentido con el fin de superar los criterios divergentes existentes dentro de la Jurisdicción Constitucional.”1

1 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-312 del 13.08.2020 M.P. Luis Guillermo Guerrero PérezDemandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

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20. Puso de presente que al momento de presentación de la demanda de reparación directa, esto es el 8 de febrero de 2022, ya existía una postura jurídica unificada y consolidada de la jurisprudencia de lo contencioso administrativo en torno a la aplicación del término de caducidad en casos en los que se estudien demandas de reparación directa originadas en la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, esto es, la postura desarrollada en la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

21. Citó las reglas y sub reglas allí establecidas, las cuales son:

“PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término

forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.”

22. Al analizar el caso concreto, en aplicación de las normas jurídicas y reglas jurisprudenciales antes mencionadas d eclaró la caducidad del medio de control en

relación con el Ejército Nacional, al afirmar:

“Siendo así, el término de dos (2) años para demandar empezó a correr en 2002 porque: i) el hecho dañoso ocurrió el 28 de julio de ese año y ii) los actores conocieron que la producción del daño era atribuible al Ejército Nacional en los días siguientes al suceso, pues así se les informó en la morgue de Cocorná, cuando les aseguraron que la muerte de su familiar se produjo en comb ate. Luego, conociendo la intervención del Estado por vía de acción en la producción del daño, es claro que los demandantes también podían advertir la posibilidad de imputarle responsabilidad en sede judicial, razón por la que les era exigible incoar el me dio de control en término. En consecuencia, habida cuenta de que:

1. El término de caducidad opera plenamente a la demanda presentada por la señora Zuluaga Escobar y otros. ii) El hecho dañoso consistió en la ejecución extrajudicial del señor Quintero Gi l, que ocurrió el 28 de julio de 2002.

Zuluaga Escobar y otros. ii) El hecho dañoso consistió en la ejecución extrajudicial del señor Quintero Gi l, que ocurrió el 28 de julio de 2002. iii) Los aquí demandantes comprendían y conocían de la presunta participación de los agentes del Estado desde los días siguientes a aquellos en que sucedieron los hechos y, en consecuencia, estaban en condiciones de advertir la posibilidad de imputar responsabilidad administrativa. iv) No se señalaron, mucho menos acreditaron, circunstancias excepcionales que les hubiese impedido ejercer en término su derecho de acción a los demandantes, luego de conocer lo ocurrido.Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

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La Subsección concluye que el término para demandar, de acuerdo con el plazo señalado por el legislador, corrió entre 2002 y 2004; entonces, al haber formulado solicitud de conciliación extrajudicial el 2 de septiembre de 2021 (fl. 190, ib.) y haber incoado el medio de control el 8 de febrero de 2022, los accionantes actuaron de forma extemporánea. En consecuencia, no hay lugar a continuar con el proceso de referencia, en lo que respecta a las pretensiones contra el Ejército Nacional, por haber operado el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control. Siendo así, considerando que el a quo arribó a la misma

consecuencia, no hay lugar a continuar con el proceso de referencia, en lo que respecta a las pretensiones contra el Ejército Nacional, por haber operado el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control. Siendo así, considerando que el a quo arribó a la misma conclusión, esta Sala de decisión procederá a confirmar parcialmente el auto proferido por el Juzgado 63 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el pasado 16 de febrero de 2020, de acuerdo con los argumentos ya expuestos.”

23. Finalmente, en relación con la Fiscalía General de la Nación, consideró que, no existían suficientes elementos de juicio que permitieran llegar a la misma conclusión, o a una opuesta, en lo que respecta a la atribución de responsabilidad hecha a dicha entidad por sus presuntas omisiones porque, en dicho momento procesal, no contaba con pruebas suficientes que permitan conocer el momento en el que la parte actora conoció con certeza la omisión endilgada al ente acusador frente a su labor investigativa, por lo que, concluyó que el estudio de la caducidad debía diferirse a una etapa procesal posterior.

24. En atención a que la decisión del Tribun al Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C revocó el rechazo de la demanda frente a la Fiscalía General de la Nación, en auto del 16 de noviembre de 2022 el Juzgado 63

Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá admitió la demanda presentada por 1) María Noemí Zuluaga Escobar; 2) Lucero Eliana Quintero Zuluaga; 3) Jeiver Stiven Quintero Zuluaga; 4) María Eva Gil de Quintero; 5) Devora Rosa Quintero Gil; 6) Luz

María Noemí Zuluaga Escobar; 2) Lucero Eliana Quintero Zuluaga; 3) Jeiver Stiven Quintero Zuluaga; 4) María Eva Gil de Quintero; 5) Devora Rosa Quintero Gil; 6) Luz Mary Quintero Gil; 7) Bainor de Jesús Quintero Gil; 8) Arnobio de Jesús Quintero Gil; 9) Pablo Elías Quintero Gil; 10) Gloria Emilsen Quintero Gil; 11) María Eva Quintero Gil, a través de apoderado judicial, en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación.

1.4. Sustento de la vulneración

1.4.1. Desconocimiento del precedente

25. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada al aplicar la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 desconoció fallos posteriores del Consejo de Estado, en los que se garantizó el acceso a la administración de justicia en casos de delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.

26. Citó la sentencia T-352 de 2016 de la Corte Constitucional en la cual se indicó “que dar aplicación al artículo 164 del CPACA, relativo a la cadu cidad de la acción de reparación directa sin tener en consideración las circunstancias fácticas que dieron origen a las demandas y, por el contrario, darle prevalencia a la formalidad procesal, desconoceDemandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

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8 totalmente lo establecido por los instrumentos inter nacionales integrados al ordenamiento interno mediante el bloque de constitucionalidad a través del artículo 93 Superior, así como los instrumentos normativos de interpretación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, además de los artículos de la Constitución Política de 1991, referentes a la dignidad humana, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”

27. Igualmente, señaló la decisión del 28 de junio de 2019 dictada en el expediente 05001-23-33-000-2018-00165-01 (61.147) del Consejo de Estado, en la cual se afirmó “que la no aplicación del término de caducidad ordinario en el juzgamiento de la responsabilidad pública en materia de delitos de lesa humanidad se impone, por cuanto es necesario hacer prevalecer las garantías procesales de acceso efectivo a la administración de justicia interna (…)”

28. En el mismo sentido, indicó como desconocida la providencia del 31 de julio de 2019 radicado 25000-23-36-0002018-00109-01 (63119) proferida por el Consejo de

Estado, Sección Tercera, Subsección B.

29. Afirmó que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 fue inaplicada por la Sección Segunda del Consejo de Estado al resolver la acción de tutela 2019Estado, Sección Tercera, Subsección B.

29. Afirmó que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 fue inaplicada por la Sección Segunda del Consejo de Estado al resolver la acción de tutela 201904842-0, así como un auto del 18 de febrero de 2022, frente al cual no indicó el número de radicado.

30. Puso de presente el auto del 19 de julio de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el cual, a su juicio, se expuso que la caducidad es una limitación al derecho de acceso a la administración de justicia que solo puede ser impuesta por el legislador.

1.4.2. Violación directa de la Constitución - excepción de inconstitucionalidad

31. Según la parte actora, mediante sentencia del 31 de julio de 20192, la máxima corporación en lo contencioso administrativo estableció que, en casos de graves violaciones a derechos humanos, prevalece el acceso a un recurso judicial fácil y efectivo para reparar a las víctimas, incorporando así la imprescriptibili dad y no caducidad de las acciones de reparación contra el Estado en cumplimiento de los estándares fijados por los altos tribunales a nivel internacional.

32. En consecuencia, la autoridad judicial accionada debió aplicar la excepción de inconstitucionalidad en relación con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020.

2 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA.

sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020.

2 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA.

SUBSECCIÓN B. C.P. ALBERTO MONTAÑA PLATA. Bogotá, D.C., treinta (31) de julio de dos mil diecinueve (2019). Rad. 25000-23-36-000-2018-00109-01 (63119).Demandantes: María Noemí Zuluaga Escobar y otros

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9 1.4.3. Falta de control de convencionalidad

33. La parte actora manifestó que si bien el fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa es una cuestión que el juez de conocimiento debe resolver mediante su pronunciamiento de fondo en un caso en concreto, también lo es que, de aplicarse un control de convencionalidad que de manera cautelar proteja el derecho de las víctimas en cuanto al acceso a un recurso judicial fácil y efectivo que garantice la protección de sus derechos, el Estado colombiano estaría en cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas sobre la protección de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

34. Consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha evolucionado en el concepto y alcance del control de convencionalidad, iniciando con la obligación

derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

34. Consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha evolucionado en el concepto y alcance del control de convencionalidad, iniciando con la obligación de i