CE - 010315000202301107001SENTENCIA20230602120154

Radicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00

Accionante: Superintendencia del Subsidio Familiar

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00

Accionante: SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCASECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN D

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora pretende reabrir la controversia resuelta por el juez natural.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la Superintendencia del Subsidio Familiar contra la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado nro. 11001 33 42 047 2018 00446 01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

Subsección D, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado nro. 11001 33 42 047 2018 00446 01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora promovió acci ón de tutela en contra de la sentencia proferida el 1 de s eptiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , con el fin de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al accesoRadicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00

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efectivo a la administración de justicia y a la igualdad, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1.- TUTELAR a la SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR su derecho fundamental al debido proceso (art. 29 C. Pol.) , y de acceso efectivo a la administración de justicia, en la dimensión de la garantía de un juez objetivo, e imparcial, además del derecho a la igualdad de las partes en el desarrollo de procedimiento judicial que impone que al juez le está vedado tomar parte en la Litis debatida, y que debe garantizar un examen imparcial de las pruebas aportadas con mérito para la definición del asunto puesto en su consideración.

2.- Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

con mérito para la definición del asunto puesto en su consideración.

2.- Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “D” el 1 de septiembre de 2022.

3.- En su lugar, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “D” que adopte una nueva decisión en la que atienda a la real idad fáctica, jurídica, y PROBATORIA exhibida en el proceso, con respeto por el equilibrio y las cargas procesales asignadas en el ordenamiento procesal a las partes, en orden a evitar condenar al Estado a pago de indemnizaciones por las que no es responsa ble, de acuerdo a lo expuesto en la presente solicitud de amparo.

4.- Compulsar copias de la presente actuación a las autoridades correspondientes a efectos de que se determine si el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “D”, al proferir la sentencia objeto de examen, alteró el sistema de turnos […]”. [Mayúsculas del escrito de tutela]

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La entidad accionante informó que, mediante la Resolución nro. 0239 expedida el 19 de abril de 2017 , nombró al señor Fabio Andrés Parra Vargas en período de prueba, en el empleo de carrera administrativa denominado profesional especializado, código 2028, grado 212.

Manifestó que el desempeño inicial en el período de prueba y a lo largo del primer año de labores del profesional transcurrió sin novedad alguna.

denominado profesional especializado, código 2028, grado 212.

Manifestó que el desempeño inicial en el período de prueba y a lo largo del primer año de labores del profesional transcurrió sin novedad alguna.

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00. 2 Ibídem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00

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Indicó que el 2 de mayo de 2018 el señor Parra Vargas radicó carta de renuncia con nota de irrevocabilidad y, por medio de la Resolución nro. 0249 expedida ese mismo día, el Superintendente del Subsidio Familiar aceptó la renuncia al cargo de profesional especializado código 2028, grado 21, a partir del 7 de mayo de 2018.

Señaló que el 3 de mayo de 2018 el señor Parra Vargas solicitó al Superintendente del Subsidio Familiar no tener en cuenta la carta de renuncia, bajo la consideración que fue presentada en medio de un estado depresivo producto de la enfermedad que padecía.

La parte actora sostuvo que, “(…) sin conocimiento concomitante de la Superintendencia, el señor Fabio Andrés Parra Vargas fue diagnosticado con episodio depresivo y trastorno afectivo bipolar II desde octubre de 2017. Por ese diagnóstico estuvo incapacitado del 21 al 27 de

la Superintendencia, el señor Fabio Andrés Parra Vargas fue diagnosticado con episodio depresivo y trastorno afectivo bipolar II desde octubre de 2017. Por ese diagnóstico estuvo incapacitado del 21 al 27 de octubre de 2017; del 09 al 13 de abril de 2018; del 16 al 20 de abril de 2018; del 21 al 30 de abril de 2018 y del 01 al 11 de mayo de 2018, dichas incapacidades fueron transcritas y pagas (sic) por la EPS a la que estaba afiliado, sin embargo, fueron puestas en conocimiento de la Superintendencia de Subsidio Familiar, con posterioridad a su ocurrencia (…)”3. (Negrillas del escrito de tutela).

Adujo que el señor Fabio Andrés Parra Vargas presentó demanda bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución nro. 0249 del 2 de mayo de 2018, por la cual se le aceptó la renuncia, y se ordenara el reintegro al servicio sin solución de continuidad , con el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su retiro hasta su reincorporación.

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00

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Indicó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá que, en sentencia del 9 de marzo de 2022, negó las pretensiones4.

Anotó que la Subsección D, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 1 de septiembre de 2022 , declaró la nulidad de Resolución nro. 024 9 del 2 de mayo de 2018 que aceptó la renuncia del señor Fabio Andrés Parra Vargas al cargo de profesional especializado, código 2028, grado 21, y , a título de restablecimiento del derecho, condenó a la Superintendencia del Subsidio Familiar a reintegrarlo al cargo del cual le fue aceptada su renuncia, o a uno de igual o superior categoría, así como a pagarle los sueldos y prestaciones dejados de devengar desde la fecha del retiro hasta l a efectiva reincorporación.

Conforme con lo anterior, informó que el 18 de noviembre de 2022 reintegró al señor Parra Vargas al cargo que venía ocupando, como profesional especializado, código 2028, grado 21.

Frente a la subsidiariedad, precisó que, una vez surtido el debate del proceso contencioso en sus dos instancias y al no configurarse las causales de los recursos extraordinarios de revisión y de unificación jurisprudencial previstos en los artículos 250 y 257 del CPACA, respectivamente, agotó todos los medios de defensa y recursos judiciales

causales de los recursos extraordinarios de revisión y de unificación jurisprudencial previstos en los artículos 250 y 257 del CPACA, respectivamente, agotó todos los medios de defensa y recursos judiciales que tenía a su alcance.

Arguyó que la sentencia cuestionada incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y falta de motivación.

En cuanto al defecto fáctico , consideró que se hizo una inadecuada valoración probatoria , a partir de lo que concluyó que la entidad (i) conocía la totalidad de las incapacidades, (ii) su diagnóstico médico y lo que ello implicaba, y que (iii) para el momento en que presentó la

4 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00

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renuncia tenía viciado el consentimiento . Acotó que la providencia cuestionada se fundamentó en prueba s que no eran idóneas para determinar la existencia de un vicio en la voluntad al momento de presentar la renuncia, carga que correspondía a la parte demandante, que no fue cumplida y que flexibilizó el juez de segunda instancia.

Argumentó que en la provi dencia atacada se adoptó una decisión sin motivación, en la medida que el tribunal concluyó , sin sustento probatorio, que la capacidad decisoria del señor Parra Vargas se

Argumentó que en la provi dencia atacada se adoptó una decisión sin motivación, en la medida que el tribunal concluyó , sin sustento probatorio, que la capacidad decisoria del señor Parra Vargas se encontraba viciada, al punto de entender que no estaba en capacidad de decidir si renunciaba al cargo que venía desempeñando en la entidad.

Agregó que la autoridad judicial accionada desconoció el pre cedente jurisprudencial en la medida que el Consejo de Estado ha expresado que, si la manifestación de la voluntad se ve afectada por error, fuerza o coacción física o moral y dolo, corresponde al demandante aportar las pruebas pertinentes y suficientes qu e acrediten la existencia de dichos vicios, sin que tal situación se hubiere verificado en este caso, pues el tribunal terminó supliendo, en un ejercicio forzado de argumentación, y sin el respaldo probatorio, normativo y jurisprudencial del caso, una carga propia del demandante, teniendo como resultado la condena de la entidad y la declaración de la ilegalidad de un acto sin que lograra ubicarse el vicio bajo alguno de los títulos que permiten declarar la nulidad de un acto administrativo.

Luego de exponer los defectos que estimó se configuraron, concluyó que “(…) le corresponde al juez constitucional conjurar la situación acaec ida en detrimento de los derechos fundamentales de la entidad (…), ordenando a la Corporación accionada proferir una decisión con la exposición de la debida carga argumentativa y con la evaluación de la eficacia y alcance real de las pruebas aportadas, de modo que se adopte una decisión coherente y correspondiente con el verdadero alcance de los

exposición de la debida carga argumentativa y con la evaluación de la eficacia y alcance real de las pruebas aportadas, de modo que se adopte una decisión coherente y correspondiente con el verdadero alcance de los hechos que develan tales pruebas”.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00

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En el acápite que denominó “cuestión final”, expuso que la sentencia de primera instancia “(…) fue recurrida por el actor el 24 de marzo de 2022; el 7 de junio de 2022 el a quo concedió el recurso de apelación, el 7 de julio de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda recibió el asunto por reparto , el día 12 siguiente ingresó al despacho; siendo admitido el 26 de julio de 2022, notificada por estado electrónico el 27 del mismo mes y año; una vez culminó el término de ejecutoria, el 9 de agosto de 2022 pasó al despacho para sentencia de segunda instancia (…)”56, y la providencia fue proferida el 1 de septiembre de 2022, por lo que afirmó que lo anterior evidencia una sustanciación y proyección “ maratónica”, dado que la decisión fue proferida en menos de un mes desde que pasó al despacho para sentencia.

Agregó que lo expuesto conlleva a analizar si en este caso se respetó el sistema de turnos, o si, por el contrario, hubo una alteración en el mismo;

proferida en menos de un mes desde que pasó al despacho para sentencia.

Agregó que lo expuesto conlleva a analizar si en este caso se respetó el sistema de turnos, o si, por el contrario, hubo una alteración en el mismo; por ello, en el acápite de pretensiones de la acción de tutela, solicitó que se compulsaran copias a las autoridades correspond ientes con el fin de que se determine si en la sentencia atacada se alteró el sistema de turnos.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada en esta Corporación el 1 de marzo de 20237 y correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 3 de marzo de 20238, la admitió y dispuso notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, y vincular al Juzgado

5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00. 6 Negrillas originales en el escrito, 7 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00. 8 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00

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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00

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Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá y al señor Fabio Andrés Parra Vargas9.

De igual forma, solicitó al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá y/o al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que allegara copia digital del proceso con radicado nro. 11001 33 42 047 2018 00446 01, el cual fue remitido10.

3.2. La magistrada ponente de la decisión cuestionada rindió informe11 vía mensaje de datos , en el que manifestó que en el caso objeto de estudio no se reúnen las exigencias especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales.

Al respecto, sostuvo que la providencia acusada fue proferida i) por funcionarios competentes, ii) con acatamiento al procedimiento establecido para esta clase de actuaciones, iii) aplicando el supuesto legal que sirvió de fundamento a la decisión, de acuerdo al acervo probatorio allegado al expediente, iv) sin que se presente contradicción entre los fundamentos de la decisión y la parte resolutiva de la misma, v) no se está frente a un error inducido, vi) la decisión fue ampliamente motivada con fundamentos de hecho y de derecho , y vii) no se presentó desconocimiento del precedente constitucional.

está frente a un error inducido, vi) la decisión fue ampliamente motivada con fundamentos de hecho y de derecho , y vii) no se presentó desconocimiento del precedente constitucional.

Por último, señaló que la acción de tutela es improcedente debido a que la hoy accionante ejerció todos los mecanismos judiciales que tenía a su disposición y los argumentos que plantea ya fueron resueltos en el proceso contencioso y, dado el carácter residual de la a cción de tutela, ésta no puede utilizarse como una tercera instancia.

9 Esta orden se cumplió el 10 de marzo de 2023. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00. 10 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00. 11 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00

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3.3. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá presentó informe12 vía correo electrónico, mediante el cual solicitó se declare que dicho despacho no ha vulnerado los derechos fundamentales que

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3.3. El Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá presentó informe12 vía correo electrónico, mediante el cual solicitó se declare que dicho despacho no ha vulnerado los derechos fundamentales que considera transgredidos la parte actora y, en consecuencia, la improcedencia de la tutela al no acreditarse una vía de hecho, ni alguna de las causales de procedencia del amparo contra decisiones judiciales.

3.4. El señor Fabio Andrés Parra Vargas, actuando por conducto de apoderado13, manifestó que se oponía a las pretensiones de la acción de tutela y consideró que el tribunal accionado no vulneró ningún derecho fundamental de la parte actora porque el procedimiento impartido por los despachos judiciales que conocieron del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se ciñeron al cumplimiento de la Constitución y la Ley.

Aseveró que la cuestión planteada no tiene relevancia constitucional, porque el accionado, al proferir el fallo aludido, no incurrió en vía de hecho, pues la decisión que tomó fue basada en el diagnóstico expedido por un médico psiquiatra y lo que la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y la Corte Suprema de Justicia han explicado sobre los trastornos mentales.

Sostuvo que “(…) no hubo ninguna alteración de turnos al momento de tomar la decisión teniendo en cuenta el recurso de apelación presentado por la parte actora, pues cuando estamos tratando asuntos que se ventilan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la norma que prevalece es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

por la parte actora, pues cuando estamos tratando asuntos que se ventilan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la norma que prevalece es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, que en su artículo 247, establece en que oportunidad se debe dictar sentencia (…)”. En ese sentido, agregó que la sentencia atacada fue dictada “(…) después de los 20 días siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso, teniendo en cuenta que este

12 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00. 13 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00

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auto fue notificado el 27 de julio de 2022 y la sentencia fue proferida el 03 de septiembre de 2022 (…)”.

3.5. Por auto del 17 de abril de 202314, con el fin de determinar lo indicado por el accionante, se solicitó a la magistrada ponente de la sentencia reprochada indicara si había acatado el orden de los turnos para proferir la sentencia y, en caso negativo, explicara las razones.

3.6. La magistrada ponente de la decisión cuestionada remitió escrito vía

reprochada indicara si había acatado el orden de los turnos para proferir la sentencia y, en caso negativo, explicara las razones.

3.6. La magistrada ponente de la decisión cuestionada remitió escrito vía correo electrónico15 en el que explicó que, desde que tomó posesión como magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinama rca, el despacho a su cargo ha presentado un porcentaje de efectividad superior al 100%, lo que le permitió tener, a diciembre de 2022, solo 64 procesos activos sin sentencia o decisión definitiva.

Anotó que “ (…) los proyectos que son presentados ante la Sala de Decisión, se registran acatando la entrada al despacho de los mismos, no obstante, esto no implica per se que sean aprobados en dicho orden, ya que, dependiendo del desarrollo de cada Sala, la novedad de la temática, la complejidad del asunto, la natur aleza del mismo, existencia de sentencia de unificación o línea jurisprudencial pacífica sobre la temática, en ocasiones existen aplazamiento o retiro de los mismos para ampliar la discusión (…)”.

Adicionalmente, presentó un listado de los procesos de nul idad y restablecimiento del derecho que ingresaron al despacho para fallo en el año 2022, precisando que “ (…) entre la entrada al despacho, sustanciación, registro en Sala del proyecto y el fallo, no transcurren más de 3 meses (…)”.

14 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00. 15 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00. 15 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00

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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199116 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,17 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202118, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201919 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente20:

4.2.1. El señor Fabio Andrés Parra Vargas , actuando por conducto d e apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia del Subsidio Familiar , con el fin de

4.2.1. El señor Fabio Andrés Parra Vargas , actuando por conducto d e apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia del Subsidio Familiar , con el fin de obtener la nulidad de la Resolución nro. 0249 del 2 de mayo de 2018, por la cual se le aceptó la renuncia al cargo de profesional especializado, código 2028, grado 21, de la planta global de dicha entidad.

A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordenara el reintegro al mencionado cargo, o uno equivalente, y se condenara a la demandada a pagarle todos los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados

16 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 17 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 18 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 19 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. 20 Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el nro. 11001 33 42 047 2018 00446 01, visto en el índice 10 de la Sede Electrónica

20 Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el nro. 11001 33 42 047 2018 00446 01, visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00

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de percibir desde el momento del retiro hasta la reincorporación efectiva al cargo.

4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá que, en sentencia del 9 de marzo de 2022, negó las pretensiones21.

4.2.3. En contra de la precitada decisión, el entonces demandante interpuso recurso de apelación y la Subsección D, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 1 de septiembre de 2022, dispuso lo siguiente:

“[…]PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 9 de marzo de 2022 por el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo Oral del Circuito de Bogotá D.C., que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar se dispone ACCEDER parcialmente a las mismas, así:

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de Resolución N.º 02489 del 02 de mayo de 2018, “Por el cual se acepta renuncia”, al señor Fabio

y en su lugar se dispone ACCEDER parcialmente a las mismas, así:

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de Resolución N.º 02489 del 02 de mayo de 2018, “Por el cual se acepta renuncia”, al señor Fabio Andrés Parra Vargas al cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 21.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR a reintegrar al señor FABIO ANDRÉS PARRA VARGAS en el cargo del cual le fue aceptada su renuncia, o a uno de igual o superior categoría, y a pagarle los sueldos y prestaci ones dejados de devengar desde la fecha del retiro hasta que se haga efectivo el reintegro.

CUARTO: DECLARAR para todos los efectos que no ha existido solución de continuidad en la prestación de los servicios por parte

del señor Fabio Andrés Parra Vargas.

QUINTO: ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR que a los salarios y demás prestaciones sociales que deba cancelar como consecuencia del restablecimiento del derecho, realice los descuentos de los emolumentos que el señor Fabio Andrés Parra Vargas hubiese percibido del tesoro público, con ocasión del desempeño en otros cargos o los que hubiese recibido del sector privado, ya sea como trabajador dependiente o independiente. De igual manera, deberá descontar el tiempo de las incapacidades médicas después del 2.do día, desde que estuvo separado del

21 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

igual manera, deberá descontar el tiempo de las incapacidades médicas después del 2.do día, desde que estuvo separado del

21 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01107 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00

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servicio y hasta el reintegro, de conformidad a la parte motiva de esta sentencia.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

Aunque la parte actora no lo alega, la Sala estima pertinente resaltar que, frente a la condena impuesta a la Superintendencia de Subsidio Familiar, consistente en pagarle al señor Parra Vargas los sueldos y prestaciones dejados de devengar desde la fecha del retiro hasta que se haga efectivo el reintegro, dicha condena debe cumplirse conforme con lo dispuesto en el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia . Frente a lo resuelto en el numeral quinto, en la parte motiva de la providencia , se indicó que tales descuentos, es decir, lo que hubiese percibido del tesoro público o recibido del sector privado, procedían conforme a lo establecido en la sentencia SU - 354 de 2017 proferida por la Corte Constitucional. Igualmente, ordenó descontar el tiempo de las incapacidades médicas después de que el mencionado señor estuvo separado del servicio, porque

en la sentencia SU - 354 de 2017 proferida por la Corte Constitucional. Igualmente, ordenó descontar el tiempo de las incapacidades médicas después de que el mencionado señor estuvo separado del servicio, porque el pago le corresponde a la EPS y al fondo de pensiones.

4.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primero de los requisitos que el juez constitucional debe examinar para establecer la procedencia de la acción contra providencia judicial es la relevancia constitucional.

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juezRadicación: 11001 03 15 000 2023 01107 00

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constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucio nal so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En cons