CE - 010315000202301122001SENTENCIA20230418143436

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación:

11001-03-15-000-2023-01122-00

Accionante: SANTIAGO RÍOS BARCO

Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE TUTEL A – SE NIEGA EL AMPARO - No se configuró la vulneración de los derechos fundamentales invocados

Sentencia de primera instancia

La Sal a decide la acción de tutela pr omovida por el ciudadano Santiago Ríos Barco en contra del Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y de la Universidad Nacional de Colombia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Santiago Ríos Barco solicitó el amparo de su s derechos fundamentales «[…] de petición, acceso a la información, debido proceso

administrativo, derecho de defensa, confianza legítima, carrera administrativa, acceso a cargos públicos mediante concurso de méritos [y] derecho de contradicción […]», cuya vulneración le atribuyó a la omisión de las accionadas de emitir una respuesta «[…] de fondo , clara y congruente […]» al recurso de

acceso a cargos públicos mediante concurso de méritos [y] derecho de contradicción […]», cuya vulneración le atribuyó a la omisión de las accionadas de emitir una respuesta «[…] de fondo , clara y congruente […]» al recurso de reposición que promovió contra la Resolución CJR22 -0351 de 1° de septiembre de 2022, expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura , y a través de la cual «[…] se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Penal Municipal de la Rama Judicial […]».2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01122-00

Accionante: Santiago Ríos Barco

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo

siguiente:

2.1. Manifestó que se inscribió al concurso de méritos convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, encaminado a proveer el cargo de juez penal municipal.

2.2. Señaló que, con fecha 24 de julio de 2022, presentó la prueba de «[…] aptitudes y conocimientos […]», en la que obtuvo un puntaje de 795.47, resultado que le fue notificado mediante Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022.

2.3. Comentó que promovió recurso de reposición contra la Resolución CJR22-0351

notificado mediante Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022.

2.3. Comentó que promovió recurso de reposición contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, a través del cual expuso sus cuestionamientos y objeciones frente «[…] a las preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122, 129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y 129 […]».

2.4. Indicó que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial, mediante Resolución CJR23-0028 de 16 de enero de 2023, adujo resolver los múltiples recursos de reposición que se presentaron en contra de la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022; sin embargo, a su juicio, tal aseveración no es cierta, en tanto «[…] se limitó a justificar sus respuestas, más no se pronunció frente a las objeciones especificas realizadas en la ampliación del recurso […]».

2.5. Afirmó lo siguiente: «[…] el recurso de reposición presentado no ha obtenido una respuesta de fondo, clara y congruente con lo solicitado, se reitera, basta con mirar el CJR23-0028 - ANEXO 2 - RESPUESTA OBJECIONES que hace parte de la Resolución CJR23-0028 del 16 de enero de 2023 para darse cuenta que la accionada se limitó a enunciar justificaciones sin mayor análisis jurídico para ratificarse en las claves de respuesta de las anteriores preguntas, pero en ningún

la Resolución CJR23-0028 del 16 de enero de 2023 para darse cuenta que la accionada se limitó a enunciar justificaciones sin mayor análisis jurídico para ratificarse en las claves de respuesta de las anteriores preguntas, pero en ningún momento se controvirtieron y mucho menos se desvirtuaron los argumentos explícitos desarrollados en los escritos de complementación del recurso de reposición que presenté […]».

2.6. Aseveró que las accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados porque «[…] no han otorgado una respuesta de fondo, clara y congruente con lo solicitado […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01122-00

Accionante: Santiago Ríos Barco

[…] Solicito respetuosamente al juez de tutela, amparar mis derechos fundamentales de petición, acceso a la información, debido proceso administrativo, derecho de defensa, confianza legítima, carrera administrativa, acceso a cargos públicos mediante concurso de méritos, derecho de contradicción; además de aquellos que en su consideración también se haya vulnerado y, en consecuencia, se ordene a las accionadas dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir la notificación del fallo lo siguiente:

PRIMERO: Dar respuesta de fondo, clara y congruente al recurso de reposición interpuesto y amplia do dentro del término de ley frente a las preguntas plasmadas renglones atrás en tanto las mismas se emitan con fundamento en la norma y la jurisprudencia actual; como consecuencia tener

reposición interpuesto y amplia do dentro del término de ley frente a las preguntas plasmadas renglones atrás en tanto las mismas se emitan con fundamento en la norma y la jurisprudencia actual; como consecuencia tener como válidas las opciones de respuestas seleccionadas por la suscrita en el examen, así mismo excluir o tener por invalidas aquellas preguntan que no son competencia del juez Penal Municipal.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS O MODIFICAR el acto administrativo

RESOLUCIÓN CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS QUE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO EN CONTRA LA RESOLUCIÓN CJR22 -0351 Y SU ANEXO , por medio del cual se negó el recurso de reposición presentado y se ORDENE expedir otro conforme a Derecho y las pretensiones precedentes y, en consecuencia, se modifique el puntaje para el Cargo de Juez Penal Municipal, para que en su lugar se asigne un puntaje superior a 800 puntos, de conformidad a los aciertos obtenidos […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 6 de marzo de 2023, se admitió la presente acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración

de Carrera Judicial y de la Universidad Nacional de Colombia. También se ordenó notificar al agente del Ministerio Público para lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la s notificaciones a las autoridades accionadas, se advierte

que se allegó el siguiente informe:

5.1. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial rindió informe en el que solicitó que se declarara la carencia

que se allegó el siguiente informe:

5.1. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial rindió informe en el que solicitó que se declarara la carencia actual de obj eto por hecho superado porque : «[…] mediante la Resolución CJR23-0028 de 16 de enero de 2023 (…) se atendieron de manera clara, completa y de fondo la totalidad de los reparos formulados en el recurso por el tutelante […]».

5.2. Igualmente aclaró que: «[…] ni en el escrito del recurso interpuesto por el tutelante, ni en la adición al mismo, se hizo referencia o mención alguna a las preguntas 32, 65, 66, 70, 100, 101, 102 y 126, por lo que no se realizó la4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01122-00

Accionante: Santiago Ríos Barco

marcación de los ítems en la fila correspondiente al as pirante dentro del Anexo 2 de la Resolución CJR23 -0028 de 16 de enero de 2023 y, en consecuencia, la acción de tutela no es el escenario para efectuar nuevos cuestionamientos a los resultados obtenidos en la prueba de 24 de julio de 2022 […]».

5.3. Aseguró que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, en tanto que: «[…] los reparos que planteó en su recurso sobre las preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122 y 129, fueron atendidos en los puntos

tanto que: «[…] los reparos que planteó en su recurso sobre las preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122 y 129, fueron atendidos en los puntos 13, 17, 18 y 35 de la Resoluci ón CJR23-0028 de 16 de enero de 2023 […]». Al respecto, explicó lo siguiente:

[…] Conforme al numeral 35 de la Resolución CJR23-0028 de 16 de enero de 2023 y el “Anexo 2 - Respuesta a objeciones”, se dieron a conocer las claves de respuesta correctas y la correspondiente explicación, como resultado de las valoraciones técnicas que responden a criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros previamente determinados; es así que, frente a lo señalado en las preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 11 0, 119, 120, 122 y 129 se indicó pertinencia del enunciado de la pregunta y la clave asignada, así como la justificación de la opciones de las respuestas no válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración de las preguntas […].

5.4. Por último, indicó que la acción de tutela no era el mecanismo judicial idóneo para ejercer control a los actos administrativos aquí acusados.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 1, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 1, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 2 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 3 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora, en tanto que, presuntamente, se abstuvieron de emitir una respuesta «[…] de fondo , clara y congruente […]» al recurso de reposición que promovió contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022.

1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 2 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01122-00

Accionante: Santiago Ríos Barco

8. Con el fin de resolver tal interrogante, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) el contenido y alcance del derecho de petición; para

Accionante: Santiago Ríos Barco

8. Con el fin de resolver tal interrogante, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) el contenido y alcance del derecho de petición; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. El contenido y alcance del derecho fundamental de petición

9. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener de ellas pronta resolución.

10. Se trata de un derecho fundamental de toda persona cuya garantía se considera satisfecha cuando, presentada la solicitud, el peticionario obtiene una contestación que cumple con las características de ser oportuna, clara, congruente, efectiva, eficazmente notificada; todas ellas suficientemente reiteradas y explicadas por la jurisprudencia constitucional4.

11. En síntesis, la respuesta debe versar sobre lo preguntado, sin evasivas ni subterfugios y precisando lo que el peticionario desea; debe ser clara a fin de que el solicitante entienda los argumentos de la autoridad independientemente de que los comparta o no; debe mantener coherencia con lo solicitado; además de ser proferida dentro de la oportunidad fijada por la ley para ello, y ser notificada de manera eficaz para su debida materialización.

VI.4. Caso concreto

12. El ciudadano Santiago Ríos Barco solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «[…] de petición, acceso a la información, debido proceso

notificada de manera eficaz para su debida materialización.

VI.4. Caso concreto

12. El ciudadano Santiago Ríos Barco solicitó el amparo de sus derechos fundamentales «[…] de petición, acceso a la información, debido proceso

administrativo, derecho de defensa, confianza legítima, carrera administrativa, acceso a cargos públicos mediante concurso de méritos [y] derecho de contradicción […]», cuya vulneración le atribuyó a la omisión de las accionadas de emitir una respuesta «[…] de fondo , clar a y congruente […]» al recurso de reposición que promovió contra la Resolución CJR22 -0351 de 1° de septiembre de 2022, expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura , y a través de la cual «[…] se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Penal Municipal de la Rama Judicial […]».

4 Sentencia de 2 de mayo de 2012 y sentencia T -377 de 20000 que fijan el alcance del derecho de petición y las condiciones en que se debe darle contestación. Las principales características del derecho y otras subreglas que lo informan se advierte en las sentencias T-578 de 1992, T-567 de 1992, T-382 de 1993, T-572 de 1994, T-113 de 1995, T -275 de 1995, T -474 de 1995, T -472 de 1996, T -312 de 1999, T -415 de 1999; T1889 de 2001; T -1160 de 2001, T -306 de 2002, T -1100 de 2006, T -108 de 2006, T -147 de 2006, T -442 de 2006, T-431 de 2007, entre otras.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01122-00

Accionante: Santiago Ríos Barco

VI.4.1. Análisis de la presunta vulneración en el caso objeto de estudio

13. La Sala comienza por señalar que encuentra acreditados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, en tanto que: (i) el señor Ríos Barco está legitimado en la causa por activa; (ii) la acción de amparo fue promovida dentro de un término razonable, y (iii) no cuenta con otro medio judicial expedito y eficaz que garantice la protección de sus derechos fundamentales.

14. Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, que si bien es cierto el actor solicita expresamente que se deje sin efectos «[…] el acto administrativo RESOLUCIÓN CJR23-0028 16 ENE2023 Y SUS ANEXOS […]», la realidad es que dicha petición surge porque a juicio del tutelante las accionadas no resolvieron de manera clara, fondo y congruente los cuestionamientos u objeciones que presentó frente «[…] a las preguntas 53, 82, 88, 103, 105, 106, 108, 110, 119, 120, 122, 129, 32, 53, 65, 66, 70, 82, 100, 101, 102, 103, 126 y

129 […]».

15. Significa lo anterior que el presente asunto está orientado a determinar si se violó

129 […]».

15. Significa lo anterior que el presente asunto está orientado a determinar si se violó o no el núcleo esencial del derecho de petición del actor, con ocasión del recurso de reposición que promovió en contra de la Resolución CJR220351 de 1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de defensa ordinario resultaría ineficaz para tal fin.

16. En este punto, la Sala estima pertinente poner de relieve, a través de la siguiente tabla comparativa, lo manifestado por el actor en el citado recurso de reposición y la respuesta emitida, mediante la Resolución CJR23-0028 de 16 de enero de 2023 –

Anexo N° 2, por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo

Superior de la Judicatura:

Solicitudes del accionante conforme al recurso de reposición Respuesta de las accionadas conforme a la Resolución N° CJR23-0028 de 16 de enero de 2023 – Anexo N° 2 «[…] Pregunta 53: Las normas que condicionan las demás normas, tienen un contenido abstracto y abierto, y están formuladas como cláusulas generales que determinan criterios interpretativos del resto del ordenamiento

la UNAL dice que son valores D

Se considera que también es válida la respuesta principios C

Justificación:

En la Sentencia C-1287/01 con ponencia del magistrado MARCO GERARDO MONROY CABRA, la Corte Constitucional señala con suprema claridad, con sustento en la doctrina «[…] Esta pregunta es pertinente porque para cualquier operador jurídico y, en especial, para los jueces y magistrados, es fundamental

CABRA, la Corte Constitucional señala con suprema claridad, con sustento en la doctrina «[…] Esta pregunta es pertinente porque para cualquier operador jurídico y, en especial, para los jueces y magistrados, es fundamental conocer los diferentes tipos de normas que integran un sistema jurídico con el objeto de poder interpretarlas y aplicarlas.

[…]

La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque los principios también son normas que condicionan las demás normas, pero con mayor grado de concreción y, por lo tanto, de aplicabilidad concreta, alcanzando por sí mismos proyección normativa.

La opción D es la respuesta correcta porque7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01122-00

Accionante: Santiago Ríos Barco

especializada sobre la materia, que i) tanto los valores como los principios condicionan las demás normas y ii) que la distinción entre valores principios, es de grado de abstracción y de apertura normativa, en el sentido que las normas que reconocen valores serían normas más abstractas y abiertas que las que consagran principios pero además.

[…]

Por lo anterior, es claro que tanto los valores como los principios cumplen los supuestos del cuestionamiento, vale decir, i) son normas que condicionan las demás normas, ii) tienen un contenido abstracto y abierto, y están formuladas como cláusulas generales que determinan criterios interpretativos del resto del ordenamiento, por lo que las claves de respuesta D (universidad) y C (marcada) serían

contenido abstracto y abierto, y están formuladas como cláusulas generales que determinan criterios interpretativos del resto del ordenamiento, por lo que las claves de respuesta D (universidad) y C (marcada) serían correctas […]». tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional han definido los valores de la forma expuesta en el enunciado […]». (Subrayas por fuera del texto original) «[…] Pregunta 82: El caso de un psicólogo a quien solicitan información desde una entidad pública en relación con uno de sus clientes. Conforme la solicitud, se utilizará de manera anónima para ilustrar casos de acoso laboral. El psicólogo niega la información y aduce protección del secreto profesional. se interroga si desde una perspectiva constitucional, se estructura principalmente por.

La UNAL dice que es la C relación personal

Se considera que es la B carácter de la información

Justificación:

La relación que existe entre el psicólogo y sus clientes no es personal sino profesional; es más, la estructura de la pregunta o uno de sus supuestos, es precisamente “El psicólogo se niega, aduciendo la protección del secreto profesional”, no el secreto que surge de una relación personal, por eso la respuesta correcta es por el carácter de la información donde se deriva el secretor profesional.

La anterior postura, se revela, totalmente, valedera al observar los artículos 10 literal f y 23 de la Ley 1090/06 por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones, como quiera que en ningún momento señala que el secreto profesional

23 de la Ley 1090/06 por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones, como quiera que en ningún momento señala que el secreto profesional psicólogo cliente se estructura principalmente por una relación personal por el contrario, estas normas, reiteran, lo racional y lógico, esto es, relación se estructura en razón de su actividad profesional. «[…] Esta pregunta es pertinente porque es importante que los aspirantes a jueces y magistrados estén familiarizados con las implicaciones del mandato constitucional que establece en su artículo 74 que “el secreto profesional es inviolable”; durante el ejercicio profesional de los aspirantes como jueces de tutela (jueces constitucionales), deberán tener este insumo claro.

La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque Para que se active el secreto profesional que se establece entre el psicólogo y su cliente no es relevante la información que se pretende obligar a divulgar, sino la defensa de la relación personalísima que se establece entre el profesional y su cliente. El profesional está obligado, por ende, a proteger toda la información que le sea confiada, sin que le sea dable establecer diferenciaciones “El secreto profesional nace de una relación de confianza que surge entre el profesional y su cliente a propósito de los asuntos objeto de su relación: En el secreto profesional descansa parte muy importante de la confianza que debe surgir y permanecer entre el profesional y su cliente a propósito de los asuntos objeto de su relación. Mal se podría asegurar el éxito de la gestión

En el secreto profesional descansa parte muy importante de la confianza que debe surgir y permanecer entre el profesional y su cliente a propósito de los asuntos objeto de su relación. Mal se podría asegurar el éxito de la gestión confiada a aquél si los temores de quien requiere sus servicios le impiden conocer en su integridad los pormenores de la situación en que se ocupa… El secreto profesional tiene como fundamentos esenciales la tutela de la privacidad natural de la persona y la protección de la honra, el buen nombre y la buena fama del depositante del secreto: Se reserva para la privacidad o exclusividad, con un doble fin: primero, para no dejar indefensa a la persona,8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01122-00

Accionante: Santiago Ríos Barco

[…]

Así las cosas, como la opción “relación profesional” no aparece dentro de las posibilidades de respuesta, debe activarse a favor el participante este yerro de redacción, bajo la perspectiva que sin duda la respuesta B) El carácter de la información, en este caso, es sin duda la que no solo deviene racional, sino que encuadra mejor en los artículos precitados que hacen parte del marco legal del ejercicio de la profesión de Psicología […]». al despojarla de la introspección necesaria para vivir dignamente, con su privacidad natural. Y segundo, por la honra, buen nombre y buena fama del depositante del secreto, que deben quedar incólumes. Se habla de reserva, lo cual indica que el conocimiento se guarda para algo específico, que debe ser utilizado en la confidencialidad y exclusividad propias del

fama del depositante del secreto, que deben quedar incólumes. Se habla de reserva, lo cual indica que el conocimiento se guarda para algo específico, que debe ser utilizado en la confidencialidad y exclusividad propias del oficio. Se viola el secreto cuando se divulga (…).” Sentencia C301 de 2012 Corte Constitucional).

La opción C es la respuesta correcta porque es el carácter personalísimo de la relación lo que determina la aplicación del secreto profesional. “La Corte Constitucional ha definido el secreto profesional como la información reservada o confidencial que se conoce por ejercicio de determinada profesión o actividad. En este sentido, el secreto profesional es un derecho – deber del profesional, pues de verse compelido a revelar lo que conoce perderá la confianza de sus clientes, su prestigio y su fuente de sustento. El secreto profesional nace de una relación de confianza que surge entre el profesional y su cliente a propósito de los asuntos objeto de su relación…” Sentencia C301 de 2012 Corte Constitucional […]». (Subrayas por fuera del texto original) «[…] Pregunta 88: X tenía la creencia errada de que iba a ser atracada por Y, y reacciona causándole una lesión creyendo que estaba actuando en legítima defensa.

La UNAL considero que la respuesta acertada es la D y que responde por lesiones personales culposas.

Se considera que la respuesta acertada es la C.

Justificación:

En el caso concreto X actuó frente a una percepción errada de lo que estaba pasando lo que conllevo a que creyera que podía actuar en

Se considera que la respuesta acertada es la C.

Justificación:

En el caso concreto X actuó frente a una percepción errada de lo que estaba pasando lo que conllevo a que creyera que podía actuar en LGITIMA DEFENSA, al ser la legitima defensa una causal de justificación de las consagrada en el artículo 32 del C.P estamos ante un ERROR DE PROHIBICION INDIRECTO concretamente frente a la existencia de una causal de justificación, y en el caso concreto estamos ante lo que se conoce como una DEFENSA PUTATIVA porque no puede ser legitima porque efectivamente no se está presentando una agresión injusta, no había un riesgo actual e inminente y la reacción no podía ser proporcional al no haber agresión.

Ahora, se considera que ese error de prohibición indirecto era INVENCIBLE y no vencible porque «[…] Esta pregunta es pertinente porque la confusión en la solución de estos casos puede presentarse puesto que la dogmática tradicional contempla que el error sobre los presupuestos de una causal de justificación es un error de prohibición indirecto, por tanto, debería ser la consecuencia jurídica la absolución en los casos de error invencible y la rebaja punitiva en los casos de error vencible. no obstante, en Colombia, el legislador dispuso, en el numeral 10 del artículo 32 del Código Penal, que el error sobre los presupuestos objetivos de una causal de justificación recibe tratamiento de error de tipo, por tanto, en caso de que sea vencible el tratamiento será procesarlo por el respectivo tipo penal en su modalidad culposa (si la hubiere), y en caso de que sea invencible, la consecuencia

de justificación recibe tratamiento de error de tipo, por tanto, en caso de que sea vencible el tratamiento será procesarlo por el respectivo tipo penal en su modalidad culposa (si la hubiere), y en caso de que sea invencible, la consecuencia será la atipicidad del comportamiento.

La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta incorrecta porque no puede eximirse de responsabilidad aplicando la legítima defensa puesto que en el caso no se verifica el requisito de que la agresión debe ser real, en tanto que fue imaginada por “A”, según lo establecido en el numeral 6 del artículo 32 de la Ley 599 del 2000, Código Penal.

La opción D es la respuesta correcta porque el legislador colombiano ha decidido regular la defensa putativa en el numeral 10, del artículo9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01122-00

Accionante: Santiago Ríos Barco

no había forma de X saliera de ese error por lo cual no se le podía dar el tratamiento de vencible y equipararlo al error de tipo que se hace en el C.P Colombiano, y la invencibilidad del error parte de que actuó con el convencimiento fundado de que estaba siendo víctima de un ataque actual e injusto por parte de un extraño y no podía actualizar su conocimiento en ese momento de lo injusto de su conducta […]».

32 de la Ley 599 del 2000, Código Penal, como un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. En este caso, hay un error de tipo vencible debido a que si “A” hubiese sido diligente, se hubiese percatado de

32 de la Ley 599 del 2000, Código Penal, como un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. En este caso, hay un error de tipo vencible debido a que si “A” hubiese sido diligente, se hubiese percatado de que no existía agresión alguna en su contra […]». (Subrayas por fuera del texto original) «[…] Pregunta 103:

La representante legal de una sociedad es condenada por el delito de omisión de agente retenedor por no consignar la suma de 26 millones de pesos por concepto de declaración de impuestos de los periodos 2,3,4 y 5 del 2008, la condena fue de 48 meses, solicito la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se le debía conceder o no:

La UNAL dice que la respuesta correcta es la D, negarse por ser un delito doloso contra la administración pública.

Se considera que la opción B también es correcta, no cumplía el requisito objetivo

Justificación:

Para responder a esta pregunta se debe hacer un cuadro comparativo de los requisitos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena antes y después de la expedición de la ley 1709 de 2014 […].

La modificación que es materia de importancia para resolver esta pregunta que trajo la ley 1709 de 2014 es frente al requisito objetivo para acceder al beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, es así que encontramos que la condena fue de 48 meses de prisión o 4 años por hechos acaecidos en el año 2008 ósea que antes de la expedición de la ley 1709 de 2014 traía como requisito para acceder a este beneficio judicial

meses de prisión o 4 años por hechos acaecidos en el año 2008 ósea que antes de la expedición de la ley 1709 de 2014 traía como requisito para acceder a este beneficio judicial que la condena no podía ser superior a 36 meses o 3 años.

Lo a