CE - 010315000202301165001SENTENCIA20230427155632

Demandantes: Nolberto Fernández Moreno y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01165-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01165-00

Demandantes: NOLBERTO FERNÁNDEZ MORENO Y OTRO

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – defecto por desconocimiento del precedente y violación al principio de igualdad – privación injusta de la libertad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre la acción de tutela presentada por el señor Nolberto Fernández Moreno y otros contra la sentencia del 1° de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que confirmó la negativa a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 6 de marzo de 2023, los señores Nolberto Fernández

pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 6 de marzo de 2023, los señores Nolberto Fernández Moreno en nombre propio y en representación de su hija Tania Sofía Fernández Ortiz; Tania Lorena Ortiz Mendoza, Yenni Cristina Fernández Ortiz, Carlos Andrés Fernández Ortiz, Leidy Alexandra Fernández Ortiz, Nelson Iván Fernández Ortiz; Arlex Norberto Fernández Ortiz, Mónica Alejandra Fernández Ortiz, Félix Roberto Fernández Herrera y Rosalba Moreno de Fernández, actuando en nombre propio, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y del Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales “a la igualdad, al debido proceso y el de garantías judiciales”.

2. La parte accionante consideró vulneradas dicha s garantías constitucionales, con ocasión de la providencia del 1° de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual confirmó el fallo del 29 de junio de 2021Demandantes: Nolberto Fernández Moreno y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01165-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 del Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Ju dicial de Ibagué, que negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso de reparación directa

www.consejodeestado.gov.co

2 del Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Ju dicial de Ibagué, que negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso de reparación directa con radicado N.º 73001 -33-33-008-2018-00243-01, instaurado contra la Nación – Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de su s derechos

fundamentales y como consecuencia solicitó:

(…) Segundo. - Declarar nula, sin valor ni efecto, las decisiones del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del medio de reparación directa promovida por Nolberto Fernández Moreno y otros.

Tercero. – Ordenar que en un término prudencial contado a partir de la notificación del fallo de tutela se profiera una nueva sentencia con base en los lineamientos que para el efecto se realice.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

4. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El señor Nolberto Fernández Moreno, en compañía de su grupo familiar1, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por los daños causados con ocasión de la presunta privación de la libertad que tuvo que soportar

declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por los daños causados con ocasión de la presunta privación de la libertad que tuvo que soportar durante el periodo comprendido entre el 15 de julio de 2009 y e l 12 de noviembre de 2016.

6. Se tiene que el 10 de julio de 2009 el Juez Primero Penal Municipal con Función de Garantías expidió orden de captura y el señor Fernández Moreno se hizo presente en la Fi scalía, siendo leg alizada en audiencia celebrad a el 15 de julio de 2009, imputándole el delito de rebelión. Dentro de la misma audiencia, se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia. No obstante, el 16 de julio de 2016 el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en el marco de la a udiencia de juicio oral dictó sentencia de carácter absolutorio, en aplicación al principio de in dubio pro reo.

7. El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué que mediante providencia del 29 de junio de 2021 negó las pretensiones de la demanda al considerar que la medida de aseguramiento

1 En nombre propio y en representación de su hija Tania Sofía Fernández Ortiz; Tania Lorena Ortiz Mendoza, Yenni Cristina Fernández Ortiz, Carlos Andrés Fernández Ortiz, Leidy Alexandra Fernández Ortiz, Nelson Iván Fernández Ortiz; Arlex Norberto Fernández Ortiz, Mónica Alejandra Fernández Ortiz, Félix Roberto Fernández Herrera y Rosalba Moreno de Fernández.Demandantes: Nolberto Fernández Moreno y otros

Ortiz, Nelson Iván Fernández Ortiz; Arlex Norberto Fernández Ortiz, Mónica Alejandra Fernández Ortiz, Félix Roberto Fernández Herrera y Rosalba Moreno de Fernández.Demandantes: Nolberto Fernández Moreno y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01165-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 decretada en contra del actor resultó razonable, dado que el ente acusador contaba con los elementos conducentes e inferencias para solicitar su aprehensión.

8. Concluyó que la imposición de la medida de aseguramiento se ajustó a los criterios establecidos en la legislación y, por tanto, no había lugar a concluir que dicha decisión hubiese sido irraciona l, desproporcionada ni ilegal o constitutiva de una falla del servicio atribuible a las entidades demandadas, en tanto, “quedó acreditado que al momento de la captura existían criterios para inferir que el de mandante era presunto autor del delito imputado, estando más que demostrado que el ente acusador cumplió con los requisitos exigidos en los artículos 306 y ss de la Ley 906 de 2004 para imponer la medida de aseguramiento, de ahí que no sea posible endilgar responsabilidad a la

FISCALIA GENERAL DE LA NACION y a la RAMA JUDICIAL.”

9. La decisión fue apelada por la parte activa del proceso, recurso que fue desatado por el Tribunal Administrativo del Tolima, autoridad judicial que en sentencia del 1° de

FISCALIA GENERAL DE LA NACION y a la RAMA JUDICIAL.”

9. La decisión fue apelada por la parte activa del proceso, recurso que fue desatado por el Tribunal Administrativo del Tolima, autoridad judicial que en sentencia del 1° de septiembre de 2022 confirmó la negativa al estimar que la medida de aseguramiento estuvo sustentada sobre los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, “de los cuales se podía inferir razonablemente que el demandante podría estar implicado en los hechos materia de investigación penal.”

10. Indicó que el señor Fernández Moreno fue capturado por orden judicial en virtud a diverso material probatorio que fue recaudado durante la investigación, testimonios de desmovilizados e informes de campo, razon es que dieron lugar a que se iniciara un proceso penal en su contra, que conllevó a la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia.

11. Resaltó el Informe Ejecutivo -FPJ-3 de la Policía Judicial en el que se indicaba que “por fuente humana del Ej ército se informa de la participación de los señores NOLBERTO FERNANDEZ MORENO como integrante del grupo guerrillero al margen de la ley frente 21 de las FARC, en diferentes modalidades, persona que se encarga de ayudar a realizar labores de inteligencia en contra del Ejército, conseguir dineros, intendencia, g uarda explosivos y se comunica vía celular con los comandantes de dicho grupo, utilizando varias fachadas, delinquiendo en toda la jurisdicción de

Chaparral Tolima (…) DATOS DE LOS TESTIGOS. EDUAR GILBERT

OVALDERRAMA GOMEZ, JAVIER ARAGON (…)”

dicho grupo, utilizando varias fachadas, delinquiendo en toda la jurisdicción de

Chaparral Tolima (…) DATOS DE LOS TESTIGOS. EDUAR GILBERT

OVALDERRAMA GOMEZ, JAVIER ARAGON (…)”

12. Concluyó que, igualmente, la sentencia de la Corte Constitucional SU-072 de 2018 estableció que: i) se debe examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de ese derecho fundamental pues no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en dichos eventos; ii) en todo caso, se deberá analizar todo el procedimiento llevado a cabo por los diferentes entes jurisdiccionales con el fin de no condenar sin antes establecer cómo ocurrieron los hechos y bajo qué circunstancias, vigilando así tanto los derechos de las personas como la labor investigativa y punitiva del Estado y; iii) el juez administrativo podrá elegir qué régimen de responsabilidad –subjetivo u objetivoresulta más idóneo para analizar el daño sufrido por el ciudadano.Demandantes: Nolberto Fernández Moreno y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01165-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4

1.3. Fundamentos de la vulneración

13. Desconocimiento del precedente : El actor s ostuvo que si bien el Tribunal Administrativo del Tolima manifestó en la decisión censurada que la Sección Tercera de esta Corporación modificó su jurisprudencia en materia de privación de la libertad

13. Desconocimiento del precedente : El actor s ostuvo que si bien el Tribunal Administrativo del Tolima manifestó en la decisión censurada que la Sección Tercera de esta Corporación modificó su jurisprudencia en materia de privación de la libertad y se acogió a la línea de la Corte Constitucional contenida en la se ntencia SU-072 de 2018, según la cual no basta con que se profiera una sentencia absolutoria o con resolución de preclusión, para que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado, pues debe analizarse la razonabilidad de la medida de aseguramiento, lo cierto era que dicho precedente no le era aplicable a su caso, pues debió darse aplicación al régimen objetivo de responsabilidad.

14. Esto toda vez que en su situación particular “ el hecho no existió y la conducta fue atípica”, casos en que a su juicio, opera la responsabilidad objetiva de responsabilidad.

15. Violación al principio de igualdad2: Toda vez que el Tribunal Administrativo del Tolima al estudiar otros casos que también tratan de privación injusta la libertad, ha aplicado con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional señalada en la presente tutela, la responsabilidad extracontractual del Estado, “toda vez que la conducta es atípica y por ende la conducta inexistente” fallos que anexó a la demanda.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

16. Mediante auto del 14 de marzo de 2023 se admitió la demanda de tutela y se dispuso su notificación tanto a la parte accionante como al Tribunal Administrativo del Tolima, como autoridad judicial demandada. Igualmente, se ordenó vincular en calidad

16. Mediante auto del 14 de marzo de 2023 se admitió la demanda de tutela y se dispuso su notificación tanto a la parte accionante como al Tribunal Administrativo del Tolima, como autoridad judicial demandada. Igualmente, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué, a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, quienes hicieron parte del proceso ordinario y fungió como a quo ordinario respectivamente.

17. Por último, se solicitó a las autoridades de primera y segunda instancia que allegaran copia digital íntegra del expediente del proceso de reparación directa con radicado 73001-33-33-008-2018-00243-01.

2 Si bien es cierto la parte actora denominó este cargo como violación directa de la Constitución, lo cierto es que esta Sala lo estudiará como una violación al principio de igualdad porque alegó que el mismo tribunal falló casos similares de distinto modo.Demandantes: Nolberto Fernández Moreno y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01165-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5

1.5. Intervenciones

18. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las

siguientes intervenciones:

1.5.1. Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué

19. Pidió negar las pretensiones de la demanda toda vez que se valoró de forma

siguientes intervenciones:

1.5.1. Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué

19. Pidió negar las pretensiones de la demanda toda vez que se valoró de forma suficiente la actuación procesal penal, lo que le permitió concluir que la medida de aseguramiento solicitada por el ente acusador en contra del señor Nolberto Fernández Moreno contaba con los presupuestos constitucionales y legales para su imposi ción, “porque, de los elementos probatorios relacionados en el apartado anterior de este informe, se podía partir de la calificación inicial o provisional del delito de Rebelión para inferir los fines, bajo los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, necesarios para desvirtuar la antijuridicidad del daño que alegaba la parte accionante por lo que la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia, resultaba razonable”.

1.5.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

20. Solicitó declarar la improcedencia de la acción en la medida que el accionante pretende es reabrir un debate que ya se llevó en el proceso judicial y retrotraer actuaciones y etapas procesales que se surtieron dentro del proceso contencioso administrativo, máxime cuando no se advierte violación alguna a los derechos fundamentales invocados.

1.5.3. Fiscalía General de la Nación

28. Requirió declarar la improcedencia porque a su juicio no se cumplen las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, “así como tampoco se argumentó la configuración de alguna causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y no se omitió el precedente

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, “así como tampoco se argumentó la configuración de alguna causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y no se omitió el precedente jurisprudencial.”

21. Adujo que la aplicación de la jurisprudencia vigente frente al tema fue correcta, ya que de la misma se concluyó que la restricción de la libertad no fue producto de la negligencia, arbitrariedad o desproporcionalidad, sino que estuvo fundamentada en los elementos probatorios que militaban en el expediente.Demandantes: Nolberto Fernández Moreno y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01165-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 1.5.4. Tribunal Administrativo del Tolima

22. Arguyó que los argumentos de la providencia atacada resultaban suficientes para soportar la defensa en la acción de tutela interpuesta por el demandante, “por lo que se procede a transcribirlos”.

23. Los demás sujetos, pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron informe de fondo del asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

24. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Fernández Moreno y otros, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del

24. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el señor Fernández Moreno y otros, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal Administrativo del Tolima, por tanto, debe aplicarse el numeral 5° de la referida norma.

2.2. Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

26. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y el de garantías judiciales con ocasión a la sentencia del 1° de septiembre de 2022, que confirmó la negativa a las pretensiones de la demanda al considerar que la privación que sufrió el demandante no fue injusta?

27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados; y iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados; y iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Cont encioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandantes: Nolberto Fernández Moreno y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01165-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su procedencia.5

29. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

30. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

31. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

32. Cabe destacar que la Corte Constitucional 6 desde la sentencia C -590 de 2005 incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito

de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.

4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 5 Se dijo en la mencionad a sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 6 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001 -03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02 .20, Rad. 11001 -03-15-000-201905291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.Demandantes: Nolberto Fernández Moreno y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01165-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8

33. El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal relevancia.

34. Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una argumentación diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se dedique a la lesión de la garantía fundamental invocada.

34. Así, respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica un quebrantamiento del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la parte actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autoridad judicial, por las razones anteriormente anotadas.

36. En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar el test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales

encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar el test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Lo anterior, desde la perspectiva del núcleo esencial de las garantías fundamentales invocadas y los casos anteriormente ejemplificados.

37. Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 7, en la que se indicó que para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providen cia judicial se debían analizar dichos requisitos.

38. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.

39. En la sentencia SU-215 de 20228, el alto tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento.

7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia d e 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 8 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y

Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 8 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este po stulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.Demandantes: Nolberto Fernández Moreno y otros Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01165-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9

40. Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 9 modificó su postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos casos en los que se hace evidente que los argumentos propuestos por los tutelantes se limitan a

40. Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 9 modificó su postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos casos en los que se hace evidente que los argumentos propuestos por los tutelantes se limitan a desarrollar aspectos de índole legal o económico, s in que se propongan razones de importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución ante la posible vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del fondo del asunto.

41. De esta manera, esta Sala de Decisión en esa oportuni dad, se planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en

concreto se refieren a:

1. que el actor cumpla su carga argumentativa, e n donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

1. que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

1. que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

42. La carga argumentativa como criterio para determinar cuándo un asunto reviste de

ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.

42. La carga argumentativa como criterio para determinar cuándo un asunto reviste de relevancia constitucional: De acuerdo con la Corte Constitucional, este presupuesto implica que el accionante cumpla con una carga explicativa mínima al identificar: (i) los derechos fundamentales afectados; (ii) los hechos que generan la vulneración; y (iii) los motivos por los que considera que la autoridad judicial accionada ha incurrido en uno de los defectos.

43. Frente a este último punto, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar qu