CE - 010315000202301179001SENTENCIA20230418085722

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00

Actora: Celina Esther Rondón Guerra

Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) dignidad humana, iii) vida, iv) mínimo vital, v) salud, y vi) seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar , porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 3 de noviembre de 2022, en el proceso ejecutivo identificado con el número único de2

Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00

Actora: Celina Esther Rondón Guerra

radicación 200013333003201800228-03, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00

Actora: Celina Esther Rondón Guerra

radicación 200013333003201800228-03, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, present ó demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el fin de que se diera cumplimiento a lo resuelto en la sentencia de 17 de agosto de 2017, proferida dentro del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 200013333003201500267-01, por medio de las cuales se ordenó la reliquidación de su pensión de jubilación, con base en el 75% de lo devengado en el último año de servicio.

31. Indicó que, mediante la Resolución núm. RDP 042186 de 9 de noviembre de 2017, la UGPP ordenó el descuento de la suma de $18.894.632, por concepto de aportes no realizados a pensión, lo cual, a su juicio, implicó que la UGPP aplicó el descuento a toda la vida laboral, tomando “[…] cálculos actuariales del monto pensional y con un año venidero […]”, y, no tomó los factores a los que se les debía aplicar el porcentaje que la ley ordena c on indexación, debiendo el pensionado pagar el 25% y el empleador el 75% , por lo cual no se ha dado cumplimiento a lo

aplicar el porcentaje que la ley ordena c on indexación, debiendo el pensionado pagar el 25% y el empleador el 75% , por lo cual no se ha dado cumplimiento a lo resuelto en dicho medio de control, a lo que se suma los intereses de mora desde la ejecutoria de la sentencia mencionada supra.

4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar, mediante

sentencia de 24 de febrero de 2022, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de pago de la obligación propuesta por la demandada, conforme lo expuesto.

SEGUNDO: DECLARAR de oficio probada la excepción de pago parcial de la obligación conforme lo expuesto.3

Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00

Actora: Celina Esther Rondón Guerra

TERCERO: SEGUIR adelante la ejecución contra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social – UGPPy a favor de CELINA ESTHER RONDON GUERRA, conforme a lo expuesto.

CUARTO: Practíquese la liquidación del crédito, la cual deberá ceñirse a las reglas establecidas en el artículo 446 del C.G. P. […]”.

5. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 3 de noviembre

de 2022, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la providencia apelada, esto es, la proferida en audiencia inicial, de instrucción y juzgamiento por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, de fecha 24 de febrero de 2022, por medio de la

audiencia inicial, de instrucción y juzgamiento por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, de fecha 24 de febrero de 2022, por medio de la cual declaró no probada la excepción de “pago de la obligación”, declaró probada de oficio la excepción de pago parcial, y, ordenó seguir adelante con la ejecución, pero en los términos indicados en la parte considerativa de este proveído, esto es, únicamente en cuanto al saldo insoluto por concepto de capital e intereses […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] De conformidad con lo transcrito, atisba la Sala de Decisión, contrario a lo indicado por el a quo en la providencia apelada, que en cuanto a la discordia sobre las deducciones efectuadas por la entidad, por concepto de aportes pensionales sobre los nuevos factores salariales incluidos en la mesada, tal como indicó el Contador Liquidador, le asiste razón a la UGPP en la suma que fue descontada, como quiera que el cálculo actuarial para el cobro de aportes pensionales insolutos, es la metodología que fue implementada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para tales cobros, cuyo fin es mantener la sost enibilidad financiera del sistema pensional, lo que significa que la formula aplicada fue la correcta.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, el Contador procedió a corroborar la liquidación sobre el cálculo de la reserva matemática, evidenciando que efectivamente, la suma que la UGPP debía descontar a la actora por aportes pensionales, sí era $18.894.632,13, tal como se evidencia en el informe arriba transcrito.

efectivamente, la suma que la UGPP debía descontar a la actora por aportes pensionales, sí era $18.894.632,13, tal como se evidencia en el informe arriba transcrito.

Por lo tanto, con relación a las deducciones de los aportes a pensión los cuales según la ejecutante fueron excesivos, no era procedente que el a quo declarara probada la excepción de pago parcial, pues se repite, la suma que fue descontada por tal concepto se encuentra acorde a los parámetros legales, no adeudándose suma alguna al respecto.

De otro lado, como la demanda ejecutiva también va encaminada al saldo insoluto por concepto de capital (reliquidación pensional) e intereses moratorios, los cuales según la ejecutante no fueron liquidados correctamente, argumento que consistió el juez y que sirvió para considerar que la entidad había efectuado un pago parcial con los actos administrativos emitidos, la Sala advierte que según el primer informe del Contador Liquidador, la UGPP a la fecha del mismo, presentaba un saldo pendiente por tales conceptos, siendo liquidados por el experto en la suma de $69.976.95 por concepto de capital y por intereses de mora la suma de $44.386.04, para un total de $114.362.99.4

Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00

Actora: Celina Esther Rondón Guerra

En consecuencia, sobre lo reclamado por concepto de capital más intereses moratorios, a siente esta Sala de Decisión con lo decidido por el juez de primera instancia, por lo que por tal tópico, sí es procedente declarar probada la excepción de pago parcial de la obligación.

moratorios, a siente esta Sala de Decisión con lo decidido por el juez de primera instancia, por lo que por tal tópico, sí es procedente declarar probada la excepción de pago parcial de la obligación.

Finalmente, la Sala no puede pasar por alto la solicitud que fue incoada por la apoderada de la parte ejecutante, en la cual descorre traslado del informe presentado por el Contador Liquidador de esta Corporación, como de su aclaración, radicados IC No. 2022 – YD-062 de fecha 12 de agosto de 2022 e IC No. 2022 -YD087 del 14 de octubre de 2022, solicitando que sean desestimados, por cuanto en el plenario ya reposaban dos anteriores informes aportados por el Profesional Universitario Grado 12 de este Tribunal, en donde se daba por cierto la liquidación que fue efectuada por la ejecutante, concluyendo que los descuentos efectuados a aportes pensionales fueron exagerados, informes que no fueron objetados. La anterior petición, fue remitida por Secretaría el día 1 ° de noviembre del presente año, y, se encuentra visible en el archivo 36 del expediente digital […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Que se tutelen a mi favor los DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA JUSTICIA, IGUALDAD, MÍNIMO VITAL, SEGURIDAD JURÍDICA, en conexidad con afectación a la estabilidad jurídica, falta de aplicación de la norma general, por la aplicación errónea de un formato del Ministerio de Hacienda; falta de verificación de correcta liquidación, y demás conexos violados con

JURÍDICA, en conexidad con afectación a la estabilidad jurídica, falta de aplicación de la norma general, por la aplicación errónea de un formato del Ministerio de Hacienda; falta de verificación de correcta liquidación, y demás conexos violados con la sentencia objeto de la presente tutela.

2. Como consecuencia de los derechos constitucionales fundamentales vulnerados, se deje sin efecto alguno la sentencia proferida por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, Magistrado Ponente: […], fechada del tres (03) de noviembre de dos mil veintidós (2022), que en el parágrafo tercero de la página dieciséis del fallo determina que el descuento es legalmente acorde y que por lo tanto el Juez de primera instancia no debió declarar probada parcialmente la excepción de pago, y que por lo tanto no existe suma adeudada por concepto de descuentos por reintegros a la nación; apartándose de todo razonamiento jurídico.

2. (sic) Por lo anterior, d ejar sin efecto o en su lugar, ordene a la UGPP dejar sin efecto, la Resolución 042186 del 09 de noviembre de 2017 y reconozca y pague los descuentos desproporcionados en suma de $19.589.371 y los respectivos intereses de mora, mismos que para el 25 de may o de 2021 correspondían a la suma de

$18.502.402.

3. (sic) Se aplique la indemnización moratoria del artículo 141 de la ley 100 de 1993.

6. (sic) Las demás disposiciones que a bien tenga el juez Constitucional. […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló lo siguiente:5

6. (sic) Las demás disposiciones que a bien tenga el juez Constitucional. […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló lo siguiente:5

Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00

Actora: Celina Esther Rondón Guerra

“[…] Ello atención a que como se ha indicado, los contadores que para otro tipo de casos similares al mío, han liquidado de manera correcta la obligación, y han reconocido que la entidad UGPP realiza erradamente el cálculo de estos valores que han de ser reiterados a la nación, en tanto si bien es cierto han de descontarse de los factores salariales lod aportes a pensión, también es cierto que ya laboré más de 20 años para la naión, cumpli con la edda requerida y no soo me reconocen mal mi mesada pensional, sino también tengo que acudir a una instancia judicial para que me sea reconocida mi correcta mesada pensional, esperando años en un trámite de primera y segunda instancia, para que la entidad UGPP reconozca un retroactivo pensional de aproximadamente 30 millones, de los cuales descuentan casi 20 millones por supuestos reintegros a la nación, como si no fuera suficiente todos los años que laboré y que espere mi reconocimiento para que me vulneren mis derechos nuevamente por parte de la entidad y ahora por el Tribunal Administrativo del Cesar […]”.

[…]

“[…] Mi vida se ha visto gravemente afectada ya que como ya mencione, mi calidad de vida durante trece (13) años aproximadamente, fue carente de recursos, porque evidentemente la mesada pensional que me fue reconocida era muy inferior a la correcta, que solo ha sta el año 2017 me fue reliquidada mi mesada pensional y al

vida durante trece (13) años aproximadamente, fue carente de recursos, porque evidentemente la mesada pensional que me fue reconocida era muy inferior a la correcta, que solo ha sta el año 2017 me fue reliquidada mi mesada pensional y al esperar sufragar las múltiples deudas que obtuve en vista de mi carencia de recursos, me encontré con el arrebato de mi dinero por parte de la entidad UGPP, a la cual no le bastó reconocer mal mi pensión, sino también quitarme más del 70% de mi retroactivo pensional, as así que evidentemente no sufrague mis deudas, que como bien es cierto, a la fecha tengo 71 años de edad y múltiples patologías que la edad acarrea, por tanto al usurpar más de la mi tad de mi retroactivo pensional, no solo emiten una decisión contraria a la ley sino que también quebranta en gran manera el derecho a la vida digna de un adulto mayor que usa sus pocos esfuerzos restantes para solicitar el amparo a sus derechos fundamentales con el objetivo de justicia […]”.1

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 8 de marzo de 2023; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar ; y iii) vinculó, como terceros con interés, al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, concediéndoles el término de tres (3 ) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. El Tribunal Administrativo del Cesar solicitó negar la acción de tutela.

particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9. El Tribunal Administrativo del Cesar solicitó negar la acción de tutela.

9.1. Al respecto, señaló que:

1 Transcripción literal del texto.6

Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00

Actora: Celina Esther Rondón Guerra

“[…] Al respecto me permito manifestar que no se avizora arbitrariedad o contrariedad con el derecho en la decisión atacada por vía constitucional, como para asumir la vulneración del derecho fundamental invocado por el actor, que permita hacer prosperar sus pretensiones, toda vez que según criterio reiterado de la Corte Constitucional, la procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencia está supeditada a la configuración de ciertas hipótesis que han sido desarrolladas jurisprudencialmente por esa Alta Corporación […]”.

[…]

“[…] La Corporación valoró en conjunto los documentos allegados con la demanda para establecer si constituyen una prueba idónea de la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a favor del ejecutante, tal como lo establece el artículo 422 del Código General del proceso, determinando que contrario a lo indicado por la apoderada de la UGPP, el título ejecutivo en el proceso cumple con los requisitos señalados en la normatividad señalada anteriormente, porque las sente ncias contienen una obligación clara, expresa y exigible, en la medida en que la obligación está contenida nítidamente en las providencias de primera y segunda instancia señaladas en párrafo anterior, en las cuales se detalló con claridad la forma en la

contienen una obligación clara, expresa y exigible, en la medida en que la obligación está contenida nítidamente en las providencias de primera y segunda instancia señaladas en párrafo anterior, en las cuales se detalló con claridad la forma en la cual procedería la reliquidación pensional de vejez a favor de la hoy accionante, cuáles factores salariales devengados en el último año deberían ser incluidos en la liquidación pensional, la fórmula que debería aplicarse para el reajuste, y, autorizó que si sobre los nuevos factores incluidos, no se había efectuado las deducciones legales, se procediera a ello. Consignándose, además, cuándo sería exigible la obligación […]”.

[…]

“[…] Decisión que fue apelada por la ejecutada, manifestando que la UGPP canceló la diferencia pensional, la indexación y se hicieron los descuentos en salud, liquidación que estaba acorde con la ley, conforme a las sentencias que servían de título ejecutivo. Agregando que los intereses moratorios, los cuales fueron echados de menos por el Juez de primera instancia, fueron reconocidos a través de la Resolución SFO 002515 de 2019, cancelados junto con las agencias en derecho y costas, por la suma de $570.810 pesos, dinero abonado a la cuenta bancaria de la actora y que lo señalado por el contador, fundamento del a quo para dictar su sentencia, no hacía parte de la obligación del presente título ejecutivo, que la señora CELINA ESTHER RONDÓN GUERRA en su demanda expresa es su descontento con los descuentos efectuados, no en relación con la liquidación de los factores salariales.

Así las cosas, este Tribunal en aras de verificar si la liquidación realizada por la

CELINA ESTHER RONDÓN GUERRA en su demanda expresa es su descontento con los descuentos efectuados, no en relación con la liquidación de los factores salariales.

Así las cosas, este Tribunal en aras de verificar si la liquidación realizada por la ejecutada para dar cumplimiento a la obligación, estuvo o no acorde con las providencias que sirven de título ejecutivo, si se efectuaron correctamente las deducciones de ley, y, para conocer si existía o no pago total de la obligación, requirió al Contador Liquidador de esta Corporación mediante auto de fecha 28 de julio de 2022, el cual rindió informe que reposa en el expediente y se transcribió apartes del mismo en el fallo de esta Corporación […]”.

10. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.7

Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00

Actora: Celina Esther Rondón Guerra

10.1. Al respecto, señaló que:

“[…] Descendiendo al caso en concreto me permito informar a su Señoría que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para revocar las decisiones proferidas por el juez natural de la causa, máxime si tenemos en cuenta que se le utiliza como una tercera instancia del trámite ordinario en el que se pretende el reintegro de los dineros que le corresponden a la Nación por aportes de pensión no realizados por reliquidación de la pensión de Vejez en cumplimiento a fallo judicial y de lo cual media un deber de recaudo, por lo que es necesario realizar las siguientes

reintegro de los dineros que le corresponden a la Nación por aportes de pensión no realizados por reliquidación de la pensión de Vejez en cumplimiento a fallo judicial y de lo cual media un deber de recaudo, por lo que es necesario realizar las siguientes precisiones […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, es claro que la UGPP en virtud de la Constitución y la Ley debe garantizar la Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional y realizar el cobro de los aportes para pensión que no se hicieron tanto por el empleado como por su empleador […]”.

[…]

“[…] Por lo anterior, es pertinente manifestar que la entidad no se encuentra vulnerando derecho fundamental alguno, debido a que ha dado respuesta a todas y cada una de las peticiones por el elevadas, y ha acatado las providencias judiciales de conformidad en lo en ella establecido, así como, dando aplicación a la normatividad aplicable al caso objeto de estudio […]”.

[…]

“[…] Como puede observarse, en el presente caso no se presenta ninguno de los requisitos generales y menos específicos para que proceda la acción de tutela que ahora incoa la parte accionante aduciendo vulneración a sus derechos fundamentales al precedente jurisprudencial vertical, por cuanto las decisiones adoptadas dentro de la acción ejecutiva seguido en la jurisdicción contencioso administrativa se ciñeron tanto a las normas como a la jurisprudencia que regulan el tema de la LIQUIDACION Y TERMINACION DEL PROCESO […]”

11. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar allegó el expediente del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 200013333003201800228-03.8

11. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Valledupar allegó el expediente del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 200013333003201800228-03.8

Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00

Actora: Celina Esther Rondón Guerra

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 2, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20184 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 5, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción

transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00

Actora: Celina Esther Rondón Guerra

se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana ; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la vida ; vi) marco normativo y jurisprudencial del

derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana ; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la vida ; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital ; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la salud; viii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social; procediendo posteriormente a ix) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena6, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

17. Esta Sección adoptó 7 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005 8, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición

perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 8 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.10

Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00

Actora: Celina Esther Rondón Guerra

acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objet o de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidado sa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tu tela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C -590 de 2005,

9 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

9 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.11

Núm. único de radicación: 110010315000202301179-00

Actora: Celina Esther Rondón Guerra

proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

23. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 201411, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo

lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (a rtículos 228 y 230 de la Carta)” [ 12]; por otro, evita que la acción de tut