CE - 010315000202301184001SENTENCIA20230508141348

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01184-00

Referencia: Acción de tutela

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

TESIS: TESIS: LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE MERA LEGALIDAD Y A ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE

FORMA ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES : AL DEBIDO PROCESO , A LA

IGUALDAD Y A LA DEFENSA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO 1, por estimar que le vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la defensa.

1 En adelante la Sección Segunda2

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA , actuando a través de apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la defensa, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA al proferir la providencia de 13 de diciembre de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 201700700-01.

I.2. Hechos

Indicó que laboró como auxiliar de servicios generales en diferentes instituciones educativas de la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira , a través de distintitos contratos de prestación de servicios, que se extendieron, de forma consecutiva, en el período comprendido entre el 16 de febrero de 2004 y el 18 de febrero de 2016.3

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Adujo que laboró en la Institución San Nicolás y en otr os

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Adujo que laboró en la Institución San Nicolás y en otr os establecimientos educativ os de la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira en donde se le requiriera y las funciones que realizaba evidenciaban la continua subordinación, lo cual demostraba que las labores desarrolladas no fueron de carácter transitorio o esporádico, sino que, por el contrario, se trató de una relación prolongada en el tiempo.

Relató que mientras duró su vinculación, debió cumplir con una jornada de diez horas diarias, que iniciaba a las siete de la mañana y finalizaba a las cinco de la tarde, de lunes a sábado, y sin que le fueran reconocidas las dos horas extras diarias que trabajaba mes a mes.

Refirió que, el ente territorial tenía en su planta de personal funcionarios que cumplían con las mismas actividades que ella desempeñaba, pero cuya prestación se diferenciaba en que a aquellos sí les cancelaban todas las prestaciones sociale s de ley y a ella no se le pagó ninguna, así como tampoco los aportes al sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos profesionales.4

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Sostuvo que el 12 de julio 2017, presentó solicitud de reconocimiento de la relación laboral y el pago de las respectivas prestaciones sociales ante el Municipio de Pereira que , a través del Oficio 46892 de 2 de noviembre de 2017, denegó las peticiones.

Afirmó que incon forme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el MUNICIPIO DE PEREIRA , proceso que fue identificado con el número único de radicación 66001-23-33-0002017-00700-01 y le correspondió en primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA que, mediante sentencia de 22 de noviembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Señaló que, inconforme con la anterior decisión, al igual que la parte demandada, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante providencia de 1 3 de diciembre de 2022, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que en el caso objeto de estudio se evidenciaba que entre ella y el el MUNICIPIO DE PEREIRA nunca existió una relación laboral5

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

verdadera naturaleza laboral de la relación, lo cual se evidenciaba en el fenómeno de contratación irregular utilizado por el Municipio de Pereira, pues en otros 27 procesos promovidos por otros contratistas contra ese ente territorial y con el mismo apoderado, se encontraba probado que en los mismos sí hubo un contrato laboral en aplicación del principio de contrato realidad, por lo cual en su caso debía ordenarse el reconocimiento de los derechos adquiridos como trabajadora con el pago de las prestaciones dejadas de percibir.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 2. DECLARAR, que la sentencia o fallo de segunda instancia proferido en proceso contencioso Administrativo por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMIN ISTRATIVO, en contra del MUNICIPIO DE PEREIRA violó por vía de hecho derechos fundamentales como DERECHO A UN DEBIDO PROCESO, DERECHO

A LA IGUALDAD, DERECHO A LA DEFENSA, Y DERECHOS

ADQUIRIDOS.

3. ORDENAR dejar sin efecto la sentencia en segunda instancia proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y en su lugar se confirme la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal de lo Contencioso

3. ORDENAR dejar sin efecto la sentencia en segunda instancia proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y en su lugar se confirme la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal de lo Contencioso

Administrativo de Risaralda.

4. ORDENAR la revisión de la sentencia proferida por el CONSEJO

DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO […]”.7

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia o en el evento en que se conozca de fondo, denegar las pretensiones de la demanda por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados por la accionante.

Afirmó que el presente asunto no debe superar el examen de procedibilidad de la acción de tutela, por falta de los requisitos mínimos que exige la jurisprudencia constitucional para desatar el amparo contra una decisión judicial proferida con autonomía del juez natural de la causa, en derecho y que goza de los efectos de la cosa juzgada.

Manifestó que es evidente que en este caso la accionante pretende darle un alcance particular al defecto fáctico para que, en sede de tutela, el juez constitucional examine nuevamente el material

juzgada.

Manifestó que es evidente que en este caso la accionante pretende darle un alcance particular al defecto fáctico para que, en sede de tutela, el juez constitucional examine nuevamente el material probatorio que aportó con la demanda ordinaria y así se le permita acceder a una tercera oportunidad de revisión del asunto, con cuya decisión se muestra inconforme.8

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señaló que en la sentencia objeto de controversia se advierte que hay suficiente claridad sobre la debida valor ación probatoria efectuada, teniendo en cuenta que las únicas pruebas aportadas por la hoy tutelante fueron los contratos de prestación de servicios celebrados con la entidad territorial y dos testimonios transcritos literalmente, sin embargo, aunque la accionante solo hace referencia a uno de los testimonios, esto es, el de la señora MARTHA ELENA OSORIO BUENO, también se analizó el de la señora LUZ STELLA MARÍN, los cuales, en conjunto con las demás pruebas aportadas al plenario, no resultaron suficientes para determinar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente entre las partes.

Llamó la atención sobre la ausencia de fundamentos jurídicos que emplea la accionante para alegar la presunta vulneración de su derecho a la igualdad, tenien do en cuenta que no p odía resultar

Llamó la atención sobre la ausencia de fundamentos jurídicos que emplea la accionante para alegar la presunta vulneración de su derecho a la igualdad, tenien do en cuenta que no p odía resultar admitido un señalamiento de esta índole bajo el simple argumento de que a otras personas sí le s reconoció la relación laboral, pues lo cierto es que en la jurisdicción contencioso administrativa la justicia es rogada y, por lo tanto, se requiere de una actividad probatoria suficiente, pues cada situación particular es diferente y, en9

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

consecuencia, la decisión que en cada caso se adopte, obedecerá a las particularidades de cada asunto.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El MUNICIPIO DE PEREIRA sostuvo que no se advierte la vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues las decisiones proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado están revestidas de legalidad, máxime si se tiene en cuenta que lo pretendido por la accionante es reabrir el debate procesal, por encontrarse inconforme con la decisión cuestionada.

Añadió que una vez fueron valoradas las pruebas aportadas por los sujetos procesales se concluyó que no se pudo probar la continuada subordinación de la trabajadora respecto del empleador, lo cual

con la decisión cuestionada.

Añadió que una vez fueron valoradas las pruebas aportadas por los sujetos procesales se concluyó que no se pudo probar la continuada subordinación de la trabajadora respecto del empleador, lo cual faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponer reglamentos, dependencia que debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, para poder aplicar el principio de primacía de la realidad.10

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Arguyó que la valoración probatoria de los testimonios por parte de la autoridad accionada se hizo conforme a las reglas de la sana crítica, pues los testimonios no fueron símiles entre ellos y, además, en el presente proceso se dio un testimonio de oídas, esto es, el de la señora LUZ STELLA MARÍN , quien no estuvo presente en el momento en que la demandante prestó sus servicios.

Afirmó que en cuanto al otro testimonio recepcionado, esto es, el de la señora MARTHA ELENA OSORIO , sí fue valorado, pero se concluyó que se limitó a manifestar lo relacionado con su experiencia personal como compañera de trabajo en la misma Institución Educativa, refiriéndose a las labores que ella realizaba, más no precisamente a las actividades desarrolladas por la demandante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

personal como compañera de trabajo en la misma Institución Educativa, refiriéndose a las labores que ella realizaba, más no precisamente a las actividades desarrolladas por la demandante.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de11

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin12

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desbor de13

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irreg ularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las senten cias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.14

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surg e cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los

víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)15

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la sentencia de 13 de diciembre de 2022 , proferida por l a SECCIÓN SEGUNDA, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2017-00700-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de

proferida por l a SECCIÓN SEGUNDA, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2017-00700-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la defensa, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por la indebida valoración de l acervo probatorio, específicamente, de los testimonios rendidos en el proceso.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corpor ación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una16

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

cuestión de «evidente relevancia constitucional» . Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional2, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».3

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación4, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como

2 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 3 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.17

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [5]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [6].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [7].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el

[5] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [6] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [7] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”18

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-01184-00

ACTORA: OLGA LUCÍA PINEDA PINEDA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

amparo constitucional [8].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la prete nsión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la prete nsión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurispruden cia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni p uede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de eviden te relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [ 9]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido

[8] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en nume