CE - 010315000202301196001SENTENCIASENTENCIA20230518161334

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01196-00

Demandante: Max Rafael Gómez Montejo

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-01196-00 Demandante MAX RAFAEL GÓMEZ MONTEJO Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto por desconocimiento del precedente y fáctico. Contrato realidad. Elemento subordinación. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por Max Rafael Gómez Montejo, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 7 de marzo de 2023 1, Max Rafael Gómez Montejo , interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Las pretensiones son las siguientes: “PRIMERA.- Con fundamento en lo preceden te, solicito de los Honorables Consejeros de Estado, TUTELAR los derechos fundamentales expresados en esta acción y/o los demás

pretensiones son las siguientes: “PRIMERA.- Con fundamento en lo preceden te, solicito de los Honorables Consejeros de Estado, TUTELAR los derechos fundamentales expresados en esta acción y/o los demás derechos que la Sala encuentre vulnerados al estudiar de fondo el presente asunto. SEGUNDA.- Ordenar dejar sin efectos la senten cia de Segunda Instancia proferida el 12 de septiembre de 2022 por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso AdministrativoSección Segunda - Subsección A M.P. Dr. Rafael Francisco Suarez Vargas, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho número 15001233300020150017501 con Auto de obedecimiento del 19 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá. TERCERA.- De acuerdo con los diferentes lineamientos del Consejo de Estado, en casos como el presente, y como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene a la sala accionada emita una nueva sentencia tomando en cuenta las motivaciones o los precedentes judici ales que la Sala de decisión de Tutela determine en el fallo de amparo correspondiente. CUARTA.- Se profieran las demás órdenes que el Despacho disponga para el cumplimiento debido del fallo que se profiera”.

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. En vida, la señora Ana María Cecilia Magdalena del Carmen Montejo Niño se vinculó con la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, a través de la

1 Escrito de tutela radicado por ventanilla virtual.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01196-00

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co suscripción de contratos de prestación de servicios suscritos desde el 1º de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011. 2.2. El 6 de agosto de 2014, solicitó el reconocimiento de los derechos laborales a los que consideró tenía derecho, lo que se negó por la entidad mediante el Oficio S-2014-000094/DISAN ASJUR 4.22 del 23 de agosto de 2014. 2.3. Por lo anterior, la señora Montejo Niño en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional Dirección de Sanidad, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo que negó la existencia de la relación laboral así como el pago de las prestaciones sociales respectivas. En consecuencia, pidió se declarara la existencia de una relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones sociales y seguridad social a la que consideró tener derecho. 2.4. En primera instancia conoció el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho Nro. 01 el proceso con radicación 15001 -23-31-000-2015-00175-00. En sentencia del 9 de abril de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda. De acuerdo con lo probado en el proceso, encontró que se había configurado el elemento subordinación y por tanto que existía una relación laboral encubierta. 2.5. La decisión se apeló por la parte demandante, conoció en segunda instancia el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

el elemento subordinación y por tanto que existía una relación laboral encubierta. 2.5. La decisión se apeló por la parte demandante, conoció en segunda instancia el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. 2.6. Estando el proceso en segunda instancia, ante el fallecimiento de la demandante, mediante auto del 21 de octubre de 2021 se dispuso tener como sucesor procesal al señor Max Rafael Gómez Montejo y de esta maner a dar continuidad al proceso. 2.7. Posteriormente, en providencia del 12 de septiembre de 2022 <<notificada por correo electrónico el 6 de octubre de 2022>> , se revocó la decisión del tribunal y en su lugar, se negaron las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la sola determinación de que la contratista estuviera obligada a fungir como médico general en los turnos que se señalaban por el director de la Clínica no resultaba ser prueba suficiente para encontrar configurado el elemento de subordinación.

3. Fundamentos de la acción El accionante consideró que la decisión del 12 de septiembre de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 15001 -23-31-000-201500175-00/01, incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente horizontal y fáctico. 3.1. Defecto por desconocimiento del precedente. Sostuvo que la accionada incurrió en desconocimiento del precedente horizontal, toda vez que la posición sostenida en la providencia cuestionada era opuesta a los criterios y la posición asumida con anterioridad por la misma sala y despacho ponente

incurrió en desconocimiento del precedente horizontal, toda vez que la posición sostenida en la providencia cuestionada era opuesta a los criterios y la posición asumida con anterioridad por la misma sala y despacho ponente en el fallo de segunda instancia del 7 de julio de 2022 proferido dentro delRadicado: 11001-03-15-000-2023-01196-00

Demandante: Max Rafael Gómez Montejo

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co medio de control de Nulidad y Restablecimiento del derecho No. 15001-23-33000-2013-00636-01 promovido por la señora Aida Patricia Medina Jiménez contra la Nación, Ministerio de Defensa, Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, casos que dijo, guardaban identidad aspectos fácticos, jurí dicos y probatorios. Hizo un cuadro en el que presentó los dos casos. Señaló que de cara a los criterios que establece la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 en materia de indicios de subordinación no se analizaron con la misma mesura las pruebas ni se hizo el mismo razonamiento y análisis frente las circunstancias fácticas compartidas en ambos casos para determinar la consecuencia jurídica y en esa medida aseguró que se profirieron decisiones opuestas frente al mismo problema (desnaturalización del contrato de prestación de servicios y existencia de relación laboral), incluso a pesar de que ambas actoras fueron “compañeras de trabajo” ya que su labor fue contemporánea en la misma entidad y bajo las mismas condiciones o carga obligacional como médicos generales. También se refirió a un desconocimiento de la sentencia de unificación SUJa pesar de que ambas actoras fueron “compañeras de trabajo” ya que su labor fue contemporánea en la misma entidad y bajo las mismas condiciones o carga obligacional como médicos generales. También se refirió a un desconocimiento de la sentencia de unificación SUJ025-CE-S2-2021, pues advirtió que en esta sentencia “se le indica al Juez Contencioso -Administrativo los parámetros o indicios que debe tener en cuenta para efectos de determinar la auténtica naturaleza que subyace a cada vinculación contractual” e hizo hincapié en que se omitió valorar el parámetro consistente en “Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral”, lo que se evidenciaba en su caso de acuerdo con el material probatorio. 3.2. Defecto fáctico. Concretamente por valoración indebida de las pruebas aportadas al expediente. En concreto, dijo que el fallo infería a partir de la copia del libro de entrega y recibo de turnos del personal médico de la Clínica Regional de Tunja del período comprendido entre el 22 de marzo de 2005 y el 18 de mayo de 2006, que en ese lapso a sistió a cumplir sus obligaciones contractuales en la institución atendiendo a la coordinación de unos turnos, cuando esto no era un tema de coordinación. Que de la revisión del mencionado libro, era evidente que a partir de allí no se lograba inferir de manera razonable que si existió algún tipo de diálogo o concertación entre las partes para la fijación de los turnos o de las jornadas, más aún si se tenía en cuenta el hecho probado de que no era la única

lograba inferir de manera razonable que si existió algún tipo de diálogo o concertación entre las partes para la fijación de los turnos o de las jornadas, más aún si se tenía en cuenta el hecho probado de que no era la única profesional en medicina general, así como tampoco esa prueba tenía la capacidad per se de desvirtuar la tesis de la demanda en cuanto a que no tenía ningún grado de autonomía ni inherencia en este aspecto ya que la jornada o los turnos le habían sido impuestos de manera unilateral por la entidad, aspectos que por el contrario, en la prueba testimonial si señalaba de manera coherente e inequívoca, por lo que en su sentir, resultaba errada y arbitraria la apreciación de la sala. También dijo que en la sentencia se indicó que los testigos traídos al plenario indicaron que las actividades encomendadas a la contratista se cumplían a través de turnos, pero que no indicaron la periodicidad de estos, cuando los testigos habían suministrado información relevante para tener por probado el elemento subordinación.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01196-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En ese orden, sostuvo que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta las demás pruebas documentales que obraban en el expediente tales como los contratos de prestación de servicios en los cuales se podía verificar entre otros aspectos, la intensidad horaria semanal que debía necesariamente cumplir como obligación para el pago de los honorarios, esto es, un tiempo no inferior a 44 horas semanales y en otros, un tiempo no inferior a 33 horas semanales.

otros aspectos, la intensidad horaria semanal que debía necesariamente cumplir como obligación para el pago de los honorarios, esto es, un tiempo no inferior a 44 horas semanales y en otros, un tiempo no inferior a 33 horas semanales. Aseguró que la autoridad judicial accionada se ap artó de lo que lógica y el material probatorio razonablemente revelaban de cara al parámetro de subordinación y los 4 indicios que lo componían, frente a los cuales se advertía que si bien fueron abordados individualmente no fueron considerados en conjunto, como parte de un todo. Insistió que debía tenerse en cuenta que: ▪ Por orden de la entidad demandada prestó sus servicios en las instalaciones físicas de la Clínica de la Policía del Área de Sanidad de Boyacá, con sede en Tunja desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2011. ▪ Sí debía cumplir una jornada descrita en los contratos, dentro de unos turnos que eran fijados por la entidad a su arbitrio, sin darle margen de decisión para su fijación o modificación, sin poder ausentarse a discrecio nalidad o incluso llegar tarde, restándole autonomía. ▪ Que las actividades como Médica General debían llevarse a cabo en estricta atención a los lineamientos establecidos por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, la Clínica de la Policía de Boyacá y sus funcionarios directivos; esto es, bajo los parámetros, planes, programas y procesos establecidos para el sector salud, y con sujeción a las directrices de un superior, cual era, en la mayoría de los casos, el director de la clínica de la policía regional Tunja. ▪ Que de acuerdo al componente obligacional de cada contrato se evidenciaba la

salud, y con sujeción a las directrices de un superior, cual era, en la mayoría de los casos, el director de la clínica de la policía regional Tunja. ▪ Que de acuerdo al componente obligacional de cada contrato se evidenciaba la extensión de las actividades desarrolladas más allá de la simple atención del servicio de medicina general, esto es, a la asistencia en otros trámites administrativos, de prevención y promoción de salud, capacitación e integración de comités que eran propios de la misión de la entidad demandada y que, daba cuenta de la dependencia respecto de la demandada a la hora de ejercer su profesión, pues que debía solicitar au torización para la prescripción de medicamentos y para el empleo de instrumentos genéricos de los usuarios. ▪ Que la Resolución 3523 de 2009 “Por la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan las funciones de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional”, es una norma de la entidad con alcance y aplicación nacional para sus unidades desconcentradas, por tanto las funciones, lineamiento y demás consignas eran exigidas y observadas por los funcionarios de la entidad e implican subordinación, y fueron atendidas por ella. Frente a este aspecto, manifestó que existió una indebida valoración probatoria en su dimensión negativa, ya que no se había pronunciado al respecto en el fallo al no efectuar el análisis que correspondía, pues que había omitido realizar la valoración de los elementos materiales que daban cuenta de esta correspondencia de actividades, entre ellos la Resolución 3523 del 05 noviembre de 2009 “Por la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan las funciones de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional” y la Hoja No. 13 de la

de esta correspondencia de actividades, entre ellos la Resolución 3523 del 05 noviembre de 2009 “Por la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan las funciones de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional” y la Hoja No. 13 de la Resolución Nro. 385 del 20 de mayo de 2011 “por la cual se adopta el manual especifico de funciones y requisitos para los empleos públicos de planta de personal civil y no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de Sanidad PolicíaRadicado: 11001-03-15-000-2023-01196-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Nacional de Colombia”, correspondiente a los requi sitos y funciones del empleo denominado servidor misional en sanidad policial código 2 -2 grado 21 de 8 horas.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 27 de marzo de 2023, el despacho admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes accio nante y accionada y, dispuso la vinculación como terceros con interés a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Dirección de Sanidad, parte demandada en el proceso ordinario y, al Tribunal Administrativo de Boyacá, autoridad que dictó el proceso ordinario en primera instancia. 4.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho Nro. 01, rindió informe en el que manifestó que, la decisión emitida en esa instancia había sido favorable a las pretensiones de la demanda y que, la tutela iba dirigida contra el órgano

4.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho Nro. 01, rindió informe en el que manifestó que, la decisión emitida en esa instancia había sido favorable a las pretensiones de la demanda y que, la tutela iba dirigida contra el órgano de cierre quien emitió la sentencia de segundo grado. En ese orden de ideas, consideró que, en lo que respecta al tribunal, no había vulneración de derechos fundamentales. 4.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, se pronunció e indicó que la decisión estaba soportada en las normas, en la situación fáctica y en lo probado en el expediente ordinario. Adicional a lo anterior, dijo que no se cumplían los requisitos de procedencia, concretamente el de inmediatez. 4.4. La Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, manifestó, en primer término, que no se cumplía con el requisito de inmediatez, al haber transcurrido un tiempo de 5 meses y 25 días, lo que mostraba una falta de interés. Por lo demás, indicó que la providencia de cierre estaba de bidamente sustentada, conforme a las normas, la jurisprudencia y lo probado en el proceso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como

ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Cuestión previa Advierte la Sala que tanto la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación como la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, manifestaron que en el caso no se cumplía con el requisito de inmediatez.

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o l a omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01196-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Revisadas las fechas en que se emitió la sentencia cuestionada, esto es, el 12 de septiembre de 2022, la notificación hecha por correo electrónico el 6 de octubre de 2022 y, la presentación del escrito de tutela por ventanilla virtual el 7 de marzo de 2023, se advierte que, haciendo el conteo desde la notificación respectiva y que, de dando aplicación a lo dispu esto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 3,

de 2023, se advierte que, haciendo el conteo desde la notificación respectiva y que, de dando aplicación a lo dispu esto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 3, transcurrió un tiempo de 4 meses y 26 días, lo que no excede del lapso de 6 meses que se ha entendido como razonable para la presentación de la acción de tutela contra providencia judicial.

3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar si en la providencia emitida el 12 de septiembre de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 15001 -23-31-000-2015-00175-00/01, incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente horizontal y fáctico que, a juicio del actor, llevaban a concluir que estaba configurada la subordinación como elemento relevante para tener por demostrado el contrato realidad, pues en su sentir, de un lado, dejó de tenerse presente el precedente horizontal en un caso similar al suyo y de otro, la valoración de las pruebas a su juicio, fue indebida, ya que con una correcta valoración de las mismas, era posible entender configurado el elemento subordinación.

4. Defecto por desconocimiento del precedente. Análisis en el caso concreto. 4.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. Por lo anterior, la aplicación del precedente busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y

semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. Por lo anterior, la aplicación del precedente busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, consecuentemente, se garantice el debido proceso del ciudadano. La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial implica que4“…un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a lo s supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una dis tinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

3 “ARTÍCULO 8. Notificaciones personales. Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio. El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtu vo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtu vo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar. La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos e mpezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”. (subrayado fuera del texto) (…)”. 4 Corte Constitucional. SU-573 de 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01196-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Para la Sala 5, puede plantearse la transgresión del precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación; (ii) que tales decisiones eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente; (iii) que la decisión judicial que se cue stiona en sede de tutela es contraria al precedente vinculante, (iv) y que el juez de instancia no presentó una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante. El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii) cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a

específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii) cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata de sentencias de unificación. 4.2. En el caso, advierte la Sala que el accionante consideró un desconocimie nto del precedente horizontal en relación con dos sentencias, cuyo análisis se hará a continuación, anticipando desde ya que este defecto no se estructura en la providencia que se cuestiona: 4.3. Un primer pronunciamiento tiene que ver con la sentencia del 7 de julio de 2022 dentro del caso seguido por la señora Aida Patricia Medina Jiménez, sentencia frente a la que se observa que si bien se trató de una profesional de la medicina, como igualmente lo era la ya fallecida señora Ana María Cecilia Magdalena del Ca rmen Montejo Niño y además, que se trata de dos providencias emitidas por la misma Sala de decisión, esto es, por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, lo cierto es que existen ciertos aspectos que difieren en uno y otro caso, tanto en relación con las situaciones fácticas que rodearon cada uno de los casos, como de las pruebas que dieron cuenta de ciertos aspectos que, en el caso de la señora Aida Patricia Medina dieron claridad a la autoridad judicial en ese momento para acceder a lo pretendido en la demanda por encontrar acreditada la relación laboral encubierta en la suscripción de contratos de prestación de servicios. Es así como de la lectura de los dos fallos, se evidencian estas diferencias que

pretendido en la demanda por encontrar acreditada la relación laboral encubierta en la suscripción de contratos de prestación de servicios. Es así como de la lectura de los dos fallos, se evidencian estas diferencias que se advierten en cada una de las decisiones y que, permiten a la Sala concluir que resultaron relevantes para adoptar decisiones distintas de cara a cada caso concreto: Caso Aida Patricia Medina Jiménez Caso Ana María Cecilia Magdalena del Carmen Montejo Niño Se trató de una médico general y médico auditora que prestó sus servicios en Sanidad Militar de la Policía Nacional, mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios. Se trató de una médico general que prestó sus servicios en Sanidad Militar de la Policía Nacional, mediante la suscripción de contratos de prestación de servicios. No solo prestó sus servicios como médico al servicio de sanidad, sino que también tenía a cargo todo lo relacionado con promoción y prevención de salud, capacitación e integración de comités. De acuerdo con lo probado en el expediente, prestó sus servicios brindando atención a pacientes, haciendo ronda médica, ayudando en algunas cirugías, apoyo en traslado de pacientes y asistencia a reuniones administrativas.

5 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Expediente No. 11001-03-15-0002013-02625-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01196-00

Demandante: Max Rafael Gómez Montejo

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Max Rafael Gómez Montejo

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Caso Aida Patricia Medina Jiménez Caso Ana María Cecilia Magdalena del Carmen Montejo Niño De acuerdo con la prueba testimonial, debía avisar previamente las inasistencias y cumplía un horario de trabajo. De acuerdo con la prueba documental del libro de entrega y recibo de turnos, se evidenció que firmaba la entrega de algunos turnos unos días a la semana sin especificar hora. Conformaba o integraba las comisiones de salud. Se evidenció de las declaraciones rendidas que no se refirieron a las condiciones de modo en que se presentó la relación laboral. De acuerdo con lo anterior, advierte la Sala que hubo una diferencia en relación con diversos aspectos, lo que hace que, pese a tratarse de la misma Sala de decisión, las circunstancias en uno y otro caso llevaran a que se definiera la controversia de manera distinta. 4.4. Ahora bien, frente a la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, advierte la Sala que el análisis que se hizo en la sentencia tuvo en cuenta los parámetros e indicios a los que se refiere la sentencia y, que no se hubiera detenido sobre el punto concreto relacionado con que “las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral”, no implica un desconocimiento a los parámetros de la sentencia, pues como se anuncia en este criterio, la revisión de tareas asignadas a los empleos de planta se da al

cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral”, no implica un desconocimiento a los parámetros de la sentencia, pues como se anuncia en este criterio, la revisión de tareas asignadas a los empleos de planta se da al verificar que se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral, lo que desde el inicio no se advirtió por el juez natural conforme con el análisis del material probatorio aportado al expediente.

5. Defecto fáctico. Análisis en el caso concreto. 5.1. El defecto fáctico, es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se cuestiona. En otras palabr