CE - 010315000202301250001SENTENCIA20230424085333

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE (E): RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001 03 15 000 2023 01250 00

Demandante: MARPICO S.A.

Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otro

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Sanción por inexactitud y mora en la autoliquidación de aportes al SPS.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por MARPICO S.A. contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

La parte accionante, por medio de apoderado judicial, promueve acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Cuarta, y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene lo siguiente:

PRIMERO: Se ordene dejar sin efectos la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, de fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021).2

PRIMERO: Se ordene dejar sin efectos la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, de fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021).2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01250 00

Demandante: MARPICO S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: Se ordene dejar sin efectos la sentencia de segu nda instancia, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, de fecha primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior se declare la nulidad de los Actos Administrativos, Resolución No. RDC 369 del siete (07) de diciembre de dos mil quince (2015) y Resolución No. RDO 019 del trece (13) de enero de dos mil quince (2015), proferidos por la UGPP, conforme lo expuesto anteriormente, en lo que deviene al cargo no estu diado por el Ad Quem, y se tenga de presente la jurisprudencia frente a la firmeza de las declaraciones privadas y la irretroactividad de la norma en materia tributaria.

1.1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte accionante señaló los siguientes:

1. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adelantó un proceso de determinación de obligaciones contra la sociedad MARPICO S.A., por la presunta mora e inexactitud en la

1. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adelantó un proceso de determinación de obligaciones contra la sociedad MARPICO S.A., por la presunta mora e inexactitud en la presentación de las autoliquidaciones y pago de los aportes al Sistema de Protección Social, para los períodos comprendidos entre enero a diciembre de 2011 y 2013.

1. Como consecuencia de ese proceso, el 7 de diciembre de 2015, el Subdirector de Determinación de Obligaciones de la UGPP expidió la Resolución RCD 369, a través de la cual resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el contribuyente en contra de la Liquidación Oficial 019 del 13 de enero de 2015, que estableció la existencia de una mora en el pago de los aportes a la seguridad social durante los períodos comprendidos entre enero y diciembre de 2011 y 2013, por la suma de $ 65.573.156 y le impuso sanción por inexactitud en las autoliquidaciones de ese período por el valor de $ 10.120.902.

1. La accionante, a través de apoderado judicial, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la n ulidad de los actos administrativos antes mencionados y, como consecuencia de lo anterior, se ordenara la devolución de los valores pagados por la empresa por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes.3

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01250 00

Demandante: MARPICO S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01250 00

Demandante: MARPICO S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co iv) El 21 de mayo de 2021 e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, dispuso lo siguiente:

PRIMERO: Se DECLARA LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial RDO 019 del 13 de enero de 2015 y la Resolución RDC 369 del 11 de diciembre de 2015 que resolvió el recurso de reconsideración; por medio de las cuales se profirió liquidación por mora e inexactitud en los pagos al Sistema de Protección Social por los periodos de enero a diciembre de 2011 y 2013 a la sociedad MARPICO SA.A., de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento:

• SE ORDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES P ARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP i) reliquidar los ajustes de los trabajadores que percibieron viáticos permanentes, que se aceptaron como factores no salariales, teniendo en cuenta que de superar el límite de 40% de pagos desalarizados, el excede nte si hace parte del IBC; ii) verificar y validar las Planillas – PILA que no fueron tenidas en cuenta durante el trámite administrativo, lo anterior conforme a las consideraciones expuestas.

hace parte del IBC; ii) verificar y validar las Planillas – PILA que no fueron tenidas en cuenta durante el trámite administrativo, lo anterior conforme a las consideraciones expuestas.

TERCERO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

1. El 1.° de septiembre de 2022 el Consejo de Estado, Sección Cuarta, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, modificó la decisión , en el

siguiente sentido:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial nro.

RDO 019 del 13 de enero de 2015 y de la Resolución nro. RDC 369 del 7 de diciembre de 2015, expedidas por la UGPP en contra la sociedad MARPICO SA, en relación con los periodos de enero a diciembre de los años 2011 y 2013.

SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se le ORDENA a la UGPP practicar una nueva liquidación en la que: (i) se eliminen los ajustes determinados en aquellos casos en los que se integró al IBC los pagos no constitutivos de salario por viáticos permanentes de transporte, por no integrar la base de aportes al sistema de seguridad social, (ii) se reliquiden los aportes de los trabajadores que disfrutaron vacaciones y a su vez recibie ron viáticos permanentes de transporte, en el sentido de excluirlos del IBC y, en todo caso, se deberá atender el IBC del período anterior al inicio del descanso, (iii) se eliminen los ajustes al sistema de pensiones de Gladys Rosas Rodríguez (agosto a noviembre de 2011) y Álvaro Pedraza (junio a diciembre de 2011), (iv) se tengan

los ajustes al sistema de pensiones de Gladys Rosas Rodríguez (agosto a noviembre de 2011) y Álvaro Pedraza (junio a diciembre de 2011), (iv) se tengan en cuenta los pagos probados en las planillas de corrección posteriores a la liquidación oficial, aportadas con el recurso de reconsideración y (v) se disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes.

La UGPP deberá proceder a la devolución de los valores que resulten de la reliquidación ordenada en esta providencia, siguiendo para el efecto el4

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01250 00

Demandante: MARPICO S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co procedimiento establecido en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa verificación de los pagos realizados por la aportante.

2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.

1.2. Fundamentos de derecho

La parte accionante alega que con la providencia objeto de censura se incurrió en los siguientes defectos:

1.2.1. Defecto sustantivo

La parte accionante considera que el Consejo de Estado debió pronunciarse sobre el cargo relacionado con la aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012 y la firmeza de las planillas PILA del año 2011, pues en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho invocó la transgresión del derecho al debido proceso, derivado de la falta de competencia para llevar a cabo el proceso de administrativo de fiscalización

de las planillas PILA del año 2011, pues en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho invocó la transgresión del derecho al debido proceso, derivado de la falta de competencia para llevar a cabo el proceso de administrativo de fiscalización previamente agotado; además, en la fijación del litigio se hizo referencia a la configuración de la causal de anulación por falta de competencia de la UGPP, argumento que remitía al análisis del Estatuto T ributario, en el que se destaca el artículo 714 que trata de la firmeza de las declaraciones privadas, aspectos que fueron debidamente sustentados en los alegatos de conclusión de primera instancia.

Además, sostiene que la corporación se pronunció sobre el tema de la aplicación retroactiva de normas por parte de la UGPP en la sentencia del 10 de noviembre de 2022, expediente 2015 -01557-01, a partir de la cual puede inferirse que, en el caso concreto, se encontraba vigente el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, pues los períodos fiscalizados a la empresa MARPICO S.A. corresponden a enero – diciembre de 2011 y enero – diciembre de 2013 y, podía aplicarse parcialmente en lo relativo a la fiscalización de la primera anualidad mencionada. Así, indica que la entidad demandada transgredió los principios de confianza legítima, irretroactividad de la ley y buena fe, pues no aplicó la norma que regí a en los per íodos fiscalizados sino la Ley 1607 de 2012 de manera retroactiva.

Por lo anterior, sostiene que es procedente el amparo de los derechos fundamentales invocados, pues en la decisión objeto de cuestionamiento se acogió5

sino la Ley 1607 de 2012 de manera retroactiva.

Por lo anterior, sostiene que es procedente el amparo de los derechos fundamentales invocados, pues en la decisión objeto de cuestionamiento se acogió5

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01250 00

Demandante: MARPICO S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co una interpretación incor recta de los artículos 338, inciso 3.° de la Constitución Política y 156 de la Ley 1151 de 2007.

1.2.2. Desconocimiento del precedente

Explica que la corporación accionada desatendió las decisiones previas adoptadas por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo relativa s a la prohibición de aplicar de forma retroactiva las normas tributaria s. En ese sentido, citó la sentencia del 10 de septiembre de 2014, pero no detalló el número del expediente.

De otra parte, menciona que, en el caso concreto, es procedente revocar la decisión objeto de litis, en relación con la firmeza de las declaraciones del período comprendido entre enero y diciembre de 2011, puesto que la UGPP perdió la competencia temporal para realizar el requerimi ento oficial 648 del 31 de julio de 2014, al realizarlos dos años y siete meses después de que el aportante debió declarar y siete meses después de la oportunidad legal que tenía para iniciar el proceso de determinación de obligaciones, en los términos del artículo 714 del Estatuto Tributario.

2014, al realizarlos dos años y siete meses después de que el aportante debió declarar y siete meses después de la oportunidad legal que tenía para iniciar el proceso de determinación de obligaciones, en los términos del artículo 714 del Estatuto Tributario.

1.2.3. Defecto procedimental

La parte accionante aduce que la corporación accionada incurrió en esa causal, por exceso ritual manifiesto, al no estudiar el cargo de la aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012 y la consecuencia directa de la firmeza de las declaraciones presentadas, a pesar de que invocó la violación del debido proceso y , en el recurso de apelación, amplió los desacuerdos propuestos en la demanda . Así, a su juicio, el juez ordinario de segunda instancia debió analizar el proceso y, en virtud de sus facultades oficiosas, interpretar y ampliar el estudio del concepto de violación, para darle prevalencia al derecho sustancial sobre el formal.6

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01250 00

Demandante: MARPICO S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.3. Actuación procesal

El 14 de marzo de 2023 se admitió la solicitud y, en consecuencia, se ordenó notificar de ese proveído a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Cuarta, y a los del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, como demandados, y a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social , como tercer a con interés, a

a los del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, como demandados, y a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social , como tercer a con interés, a quienes les otorgó un término de tres días, para que se pronunciaran sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela.

1.4. Intervenciones

1.3.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. La magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto advierte que la acción de tutela de la referencia es improcedente, debido al incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional y el empleo del mecanismo de amparo como instancia adicional al proceso ordinario.

Además, sostiene que la parte accionante pretende revivir el debate jurídico, ya que, a diferencia de lo expuesto en el escrito inicial, en el proceso ordinario no formuló ningún cargo r elacionado con la aplicación retroactiva de la Ley 1607 de 2012 y la firmeza de las planillas PILA de 2011 , situación que impedía emitir un pronunciamiento sobre el particular.

Por último, manifiesta que la decisión objeto de cuestionamiento no contiene una interpretación contraria a los postulados mínimos de razonabilidad jurídica o incompatible con la Constitución Política, por lo que, en caso de asumir el estudio de fondo, debe negarse ante la inexistencia de transgresión de los derechos fundamentales invocados.

1.3.2. Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. La subdirectora jurídica de la entidad indica que no se configura el defecto sustantivo, ya que el caso se analizó de acuerdo con

1.3.2. Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. La subdirectora jurídica de la entidad indica que no se configura el defecto sustantivo, ya que el caso se analizó de acuerdo con las normas existentes sin que exista contradicción entre los fundamentos y la decisión ni una lesión o amenaza de los derechos fundamentales invocados.7

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01250 00

Demandante: MARPICO S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

De otra par te, solicita la desvinculación de la entidad, por cuanto no vulneró las garantías constitucionales.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a la misma Corporación (sic), y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Cuestión previa

Antes de proceder al estud io de la presunta vulneración del derecho fundamental invocado por la parte accionante , la Sala aclara que solo realizará el análisis de la

asunto.

2.2. Cuestión previa

Antes de proceder al estud io de la presunta vulneración del derecho fundamental invocado por la parte accionante , la Sala aclara que solo realizará el análisis de la decisión adoptada en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, al ser el órgano de cierre en el pr esente asunto y, por tanto, el que finalizó la discusión en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000 23 37 000 2016 01111 01.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 1.° de septiembre de 2022 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derech o 25000 23 37 000 2016 01111 01 . En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida decisión se incurrió en los defectos sustantivo , procedimental y el desconocimiento8

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01250 00

Demandante: MARPICO S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co del precedente judicial y, por ende, si se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un

igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que esto s resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40, estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante, lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia const itucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las

Bajo este criterio, la jurisprudencia const itucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C -590 de 20052, donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la oportunidad del amparo.

1 Sentencias T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU -047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, y T-774 de 2004. 2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.9

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01250 00

Demandante: MARPICO S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la

sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos les ionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto orgánico, defecto proc edimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,3 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse su est udio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse l os parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse l os parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014,4 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia , según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328-01(IJ). 4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,10

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01250 00

Demandante: MARPICO S.A.

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2.5. Hechos probados

2.5.1. La compañía MARPICO S.A. presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Liquidación Oficial de Revisión RDO 019 de 13 de enero de 2015 y de la Resolución RDC 369 de 11 de

control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Liquidación Oficial de Revisión RDO 019 de 13 de enero de 2015 y de la Resolución RDC 369 de 11 de diciembre de 2015, a través de las cual es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social determinó oficialmente los pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social por los períodos de enero a diciembre de 2011 y de 2013 e imp uso sanción por mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos, respectivamente. A título de restablecimiento del derecho, solicitó la devolución de los pagos realizados por la decisión de la administración y el reembolso de los gastos en que incurrió en la defensa jurídica ejercida en el proceso administrativo y la investigación.

2.5.2. El 21 de mayo de 2021 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, resolvió lo siguiente: (i) declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, (ii) a título de restablecimiento del derecho , le ordenó a la entidad: a) reliquidar los ajustes de los trabajadores que recibieron viáticos permanentes aceptados como no salariales, teniendo en cuenta el límite del 40 % y b) verificar y validar las planillas PILA que no fueron aplicadas durante el trámite administrativo, (iii) negó las demás pretensiones y (iv) se abstuvo de condenar en costas a las partes.

2.5.3. El 1.° de septiembre de 2022 e l Consejo de Estado, Sección Cuarta, al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, modificó la decisión de primera instancia, en el siguiente sentido:

costas a las partes.

2.5.3. El 1.° de septiembre de 2022 e l Consejo de Estado, Sección Cuarta, al resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, modificó la decisión de primera instancia, en el siguiente sentido:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial nro.

RDO 019 del 13 de enero de 2015 y de la Resolución nro. RDC 369 del 7 de diciembre de 2015, expedidas por la UGPP en contra la sociedad MARPICO SA, en relación con los periodos de enero a diciembre de los años 2011 y 2013.

SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se le ORDENA a la UGPP practicar una nueva liquidación en la que: (i) se eliminen los ajustes determinados en aquellos casos en los que se integró al IBC los pagos no constitutivos de salario por viáticos permanentes de transporte, por no integrar la base de aportes al sistema de seguridad social, (ii) se reliq uiden los aportes de11

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01250 00

Demandante: MARPICO S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los trabajadores que disfrutaron vacaciones y a su vez recibieron viáticos permanentes de transporte, en el sentido de excluirlos del IBC y, en todo caso, se deberá atender el IBC del período anterior al inicio del descanso, (iii) se e liminen los ajustes al sistema de pensiones de Gladys Rosas Rodríguez (agosto a

permanentes de transporte, en el sentido de excluirlos del IBC y, en todo caso, se deberá atender el IBC del período anterior al inicio del descanso, (iii) se e liminen los ajustes al sistema de pensiones de Gladys Rosas Rodríguez (agosto a noviembre de 2011) y Álvaro Pedraza (junio a diciembre de 2011), (iv) se tengan en cuenta los pagos probados en las planillas de corrección posteriores a la liquidación oficial, aportadas con el recurso de reconsideración y (v) se disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes.

La UGPP deberá proceder a la devolución de los valores que resulten de la reliquidación ordenada en esta providencia, siguiend o para el efecto el procedimiento establecido en el artículo 311 de la Ley 1819 de 2016, previa verificación de los pagos realizados por la aportante.

2.6. Caso concreto.

2.6.1. Examen de procedencia de la acción de tutela

2.6.1.1. El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate planteado por la sociedad accionante gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

2.6.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad», en cuanto se alega la presunta configuración de varias causales de procedibilidad en la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Cuarta que puso fin a la discusión propuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000 23 37 000 2016 01111 01.

sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Cuarta que puso fin a la discusión propuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000 23 37 000 2016 01111 01.

2.6.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», ya que la decisión obj eto de reproche constitucional data del 1.° de septiembre de 2022; se notificó electrónicamente a las partes el 9 de igual mes y año y la presente acción de tutela se radicó en la Secretaría General de esta corporación el 10 de marzo de 2023,5 es decir, dentro del término de los seis meses que señaló esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.6.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».

5 Índice 1, del expediente electrónico.12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 01250 00

Demandante: MARPICO S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.6.1.5. Dentro de la acci ón de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos frente a los que se alega vulneración».

2.6.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», puesto que las decisiones que se cuestionan se profirieron dentro del trámite de un proceso de reparación directa.

Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se

decisiones que se cuestionan se profirieron dentro del trámite de un proceso de reparación directa.

Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las