CE - 010315000202301274001SENTENCIA20230418085147

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01274-00

Actor: Andrés Mauricio Benavides Rosero

Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital.2

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Actor: Andrés Mauricio Benavides Rosero

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sala Primera

Actor: Andrés Mauricio Benavides Rosero

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño , porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 3 de febrero de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 520013333001201500261-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad “[…] de los fallos de primera y segunda instancia proferidos el 14 de agosto y el 14 de noviembre de 2014, respectivamente, dentro del proceso disciplinario REG14 -2012-94, que resolvió sancionar al demandante con destitución del cargo e inhabilitado por 11 años; a sí como de la Resolución No. 01206 del 06 del 2015 […]” , que resolvió retirarlo del servicio de la Policía Nacional por destitución. Precisó que, a título de restablecimiento del derecho, solicitó “[…] ser reintegrado al mismo cargo que venía desempeñando, o al superior que le correspondía en el escalafón policial, así como el pago de salarios y demás prestaciones sociales dejadas de percibir

restablecimiento del derecho, solicitó “[…] ser reintegrado al mismo cargo que venía desempeñando, o al superior que le correspondía en el escalafón policial, así como el pago de salarios y demás prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento de su desvinculación hasta la fecha del reintegro, con los respectivos intereses moratorios, para l o cual, solicitó la declaratoria de inexistencia de solución de continuidad […]”.

4. Señaló que, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto, mediante sentencia de 20 de septiembre de 2018 , resolvió negar las pretensiones de la demanda.3

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Actor: Andrés Mauricio Benavides Rosero

5. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, mediante

sentencia de 3 de febrero de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de septiembre del 2018, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa (sic), de conformidad con la parte motiva de esta providencia. […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] adentrándonos al caso bajo estudio, considera el recurrente que el señor Benavides Rosero sí contaba con permiso para cruzar la frontera al Ecuador, debido a que este se extendió de manera directa por parte del comandante de la Unidad Antinarcóticos de Ipiales, al ser su superior jerárquico e inmediato, de quien debía cumplir órdenes sin cuestionarlas.

Al respecto, considera esta Corporación que no son de recibo los argumentos

Antinarcóticos de Ipiales, al ser su superior jerárquico e inmediato, de quien debía cumplir órdenes sin cuestionarlas.

Al respecto, considera esta Corporación que no son de recibo los argumentos enunciados con los que se pretende eludir la obligación de tramitar la solicitud de permiso para cruzar la frontera con el Ecuador, debido a que, el patrullero Andrés Mauricio Benavides Rosero tenía conocimie nto del instructivo permanente No. 30 SUGIR GASIN de 15 de abril del 2009, el cual regulaba las instrucciones y procedimientos que deben acoger los miembros de la Policía Nacional, entre otras autoridades, y en el que expresamente se indicó que: «Los miembros de la Policía Nacional no están autorizados para cruzar fronteras, sin previo permiso».

Tan es así que el demandante tenía conocimiento del mentado instructivo que estuvo presente en la socialización que se realizó por parte de la Compañía Antinarcóticos de Ipiales, como consta en el Acta No. 160 – SURANCREG4-2.92 «Instructivo y Órdenes Permanentes».

Cabe señalar que según la jurisprudencia constitucional, la obediencia debida, estipulada en la Constitución Política 2, no debe entenderse c omo una obediencia ciega e irracional, dado que aunque exoneran de responsabilidad al agente que ejecuta la orden de servicio dada por el superior, « esta no lo hace de manera total o irrestricta, pues la prevalencia de los derechos fundamentales intangibl es e inescindibles de la dignidad humana[25] y la vigencia de un orden justo, imponen el rechazo de la concepción absoluta de dicho principio en tratándose del cumplimiento

o irrestricta, pues la prevalencia de los derechos fundamentales intangibl es e inescindibles de la dignidad humana[25] y la vigencia de un orden justo, imponen el rechazo de la concepción absoluta de dicho principio en tratándose del cumplimiento de una orden de servicio manifiestamente antijurídica o ilegítima, caso en el cual deberá asumir su responsabilidad el agente que la ejecute »3

Al respecto, la Corte Constitucional dijo que, aunque la norma constitucional hace referencia solo a los miembros de las Fuerzas Militares, el principio de obediencia debida aplica también en el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional […]”.

En ese orden, para la Sala no se constituye una causa justificada el obedecimiento ciego a una orden impuesta por su superior de ausentarse del lugar donde prestaba sus servicios para trasladarse al vec ino país del Ecuador, como quiera que el demandante tenía pleno conocimiento que se trasladaba por un hecho ajeno a la

2 ARTICULO 91. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden. 3 Corte Constitucional sentencia T 582 de 2016 Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA

MARTELO4

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Actor: Andrés Mauricio Benavides Rosero

prestación del servicio. Tan es así que, en la declaración rendida en la Fiscalía

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01274-00

Actor: Andrés Mauricio Benavides Rosero

prestación del servicio. Tan es así que, en la declaración rendida en la Fiscalía Provincial del Carchi, el mismo demandante manifestó que su capitán le dijo que lo acompañara a la ciudad de Tulcán conjuntamente con el compañero Jonathan Botina «para comprar unos artículos navideños».

Finamente, discrepa el demandante del criterio plasmado por el a quo sobre la legalidad de la prueba trasladada del proceso seguido en el Ecuador en contra del Capitán William Orlando Rodríguez Mora, debido a que, considera que solo puede aducirse en contra del disciplinado, cuando ha sido parte en el proceso del cual es traída la prueba. En ese orden, refiere que, el señor Andrés Mauricio Benavides no ha sido parte dentro del proceso que se adelantó en el Ecuador, tal como se acreditó en la audiencia llevada a cabo el 9 de noviembre del 2011 por la Fiscalía de ese país, donde se determinó que los patrulleros Benavides Rosero y Botina Cuastumal no tienen responsabilidad alguna por el delito aduanero.

Al respecto, es preciso mencionar que la prueba mediante la cual se solicitaba al Fiscal del Carchi la totalidad de las diligencias surtidas en relación a unos hechos ocurridos el pasado 8 de noviembre del 2012 se torna válida, en la medida que se trata de una prueba documental que no requiere de ninguna solemnidad, siendo que se expidió por la autoridad competente y se puso en conocimiento de la parte demandante dentro del proceso disciplinario, a efectos de controvertir la prueba, la

trata de una prueba documental que no requiere de ninguna solemnidad, siendo que se expidió por la autoridad competente y se puso en conocimiento de la parte demandante dentro del proceso disciplinario, a efectos de controvertir la prueba, la que incluso se decretó con el fin de esclarec er los hechos que dieron origen a la sanción disciplinaria que ahora se discute.

Finamente, se aclara al recurrente que no es posible darle el mismo valor probatorio a las pruebas recaudadas en la Fiscalía del Carchi a efectos de exonerarlo de la sanción disciplinaria objeto de debate, toda vez que, en el Ecuador se venía adelantando la investigación por el delito de contrabando, mientras que en Colombia se le endilgó el cargo de sanción disciplinaria por abandono del servicio por causa injustificada, el que como se vio, prosperó tras el agotamiento del proceso disciplinario que observó el respeto por el debido proceso.[…]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] solicito a los Honorables Magistrados amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia de los que soy titular, violentados por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión, con la ex pedición del fallo de 3 de febrero de 2023 dentro del proceso contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 52 -001-3333-001-2015-0026100 (7055), y en consecuencia se impartan las siguientes órdenes:

1.- Revóquese el fallo de s egunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión.

33-001-2015-0026100 (7055), y en consecuencia se impartan las siguientes órdenes:

1.- Revóquese el fallo de s egunda instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión.

2.- En su lugar, ordénese al Tribunal Administrativo de Nariño que, en Sala, se profiera dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del fall o nueva decisión en la que se subsanen los defectos respetuosamente expuestos,5

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Actor: Andrés Mauricio Benavides Rosero

accediendo a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en su totalidad, con especial atención al momento de tasar la indemnización en consideración a que el suscrito pertenecía al escalafón de carrera de la POLICÍA

NACIONAL. […]”.

6.1. El actor en su escrito de tutela señaló que la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en un defecto fáctico.

Actuación

7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 15 de marzo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño; y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

con interés legítimo, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela , toda vez que: “[…] la decisión cuestionada no configura ninguna de las causales genéricas de procedencia de esa acción constitucional […]”.

8.1. Al respecto, consideró lo siguiente:

“[…] los argumentos que soportan la acción de tutela fueron debidamente estudiados y resueltos en el fallo de segunda instancia, por lo que se evidencia que el accionante en el escrito de tutela, esboza su inconformidad con la decisión adoptada por esta Corporación, sin acreditar las irregularidades de orden constitucional en las que presuntamente se incurrió, por tal razón, no resulta de recibo que la parte a ctora pretenda hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió dentro del proceso, con el único propósito de obtener una modificación en la condena que le r esulte favorable. […]”.

9. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, toda vez que, “[…] no se violó ninguno de los derechos fundamentales deprecados por la parte actora en la decisión judicial cuestionada […]”.6

improcedente la solicitud de amparo, toda vez que, “[…] no se violó ninguno de los derechos fundamentales deprecados por la parte actora en la decisión judicial cuestionada […]”.6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01274-00

Actor: Andrés Mauricio Benavides Rosero

10. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, “[…] teniendo en cuenta LA INEXISTENCIA DE UN PERJUCIO IRREMEDIABLE OCASIONADO al tutelante, ya que dentro del escrito de la acción de tutela no se probó efectivamente la existencia del mismo por alguna determinación adoptada por el Tribunal Administrativo de Nariño Sala Primera de Decisión, máxime cuando ejerció su derecho de contradicción y defensa, es de señala r que actualmente se evidencia que agotó todos los mecanismos jurisdiccionales a fin de buscar un (sic) la nulidad de los actos administrativos sancionatorios. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

11. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 4, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º de l Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20186 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que asigna a

6 de abril de 20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20186 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

12. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 6 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01274-00

Actor: Andrés Mauricio Benavides Rosero

Problema jurídico

13.Corresponde a la S ala establecer: si, en efecto, es procedente la acción d e

Actor: Andrés Mauricio Benavides Rosero

Problema jurídico

13.Corresponde a la S ala establecer: si, en efecto, es procedente la acción d e tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

14.Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso ; iv) marco normativo y jurisprudencial del derech o fundamental a la igualdad , v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia vi) análisis del caso concreto y finalmente las vii) conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

15.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

16. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-013288

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01274-00

Actor: Andrés Mauricio Benavides Rosero

C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

17.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformi dad; v) la identificación clara de los hechos

la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformi dad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

18.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en e jercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corre sponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.

19.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

20.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.

10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.

10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 11 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de ag osto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01274-00

Actor: Andrés Mauricio Benavides Rosero

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

21.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

22.Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 201413, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos

201413, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilida d de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artí culos 228 y 230 de la Carta)” [ 14]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [15].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [16].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

13 Ut supra página 6.

derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

13 Ut supra página 6. [14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”10

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Actor: Andrés Mauricio Benavides Rosero

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determin ar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [17].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la a cción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente. La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones

declararla improcedente. La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [19].

que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [19].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esencia les son el derecho al juez natural [ 20]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica -; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las r eglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]”.

[…]

[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación d e la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.” [18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.” [18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.” [19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.” [20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01274-00

Actor: Andrés Mauricio Benavides Rosero

“[…] Atendiendo