CE - 010315000202301327001SENTENCIA20230512125622

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01327-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01327-00

Demandante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIONES “A” Y “B”

Temas: Tutela contra autoridad judicial . Tardanza en admitir medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.

Carencia actual de objeto por hecho superado y estudio de fondo en relación por presunta mora judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón , quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsecciones “A” y “B” , en la que pide el amparo constitucional de su s derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por la

propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsecciones “A” y “B” , en la que pide el amparo constitucional de su s derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por la tardanza en proveer sobre la admisibilidad de los medios de control de protección de derechos e intereses colectivos que presentó ante la mencionada autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante relat ó que , en ejercicio del medio de control de protección e intereses colectivos, formuló las siguientes demandas:

• Radicado No.: 25000 -23-41-000-2023-00210-00; demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón y otros contrala Nación, Presidencia de la República y otros (presentada el 9 de febrero de 2023)

1 . • Radicado No.: 11001 -33-42-053-2021-00286-01; demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón y otros contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y otros (presentada el 8 de febrero de 2023) 2 . • Radicado No.: 25000 -23-41-000-2023-00135-00; demandante: Ericsson Ernesto Mena Garzón y otros contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA y otros (presentada el 26 de enero de 2023) 3 .

1 Por repart o correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”. 2 Por reparto correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci ón Primera,

3 .

1 Por repart o correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”. 2 Por reparto correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Secci ón Primera, Subsección “B”, para que conociera sobre la admisión del recurso de apelació n contra el fallo de primera instancia. 3 Por reparto correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01327-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

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Manifestó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsecciones “A” y “B”, a la fecha de la presentación de la solicitud de amparo no ha decidido sobre la admisión de las precitadas demandas.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar en los derechos fundamentales al de bido proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Seccion Primera, Subsecciones “A” y “B”, por la tardanza en proveer sobre la admisibilidad de tres demandas presentadas en ej ercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.

Afirmó que el artículo 20 de la Ley 472 de 1998 establece que el juez competente cuenta con tres ( 3) días hábiles para pronunciarse sobre la admisión de la

medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.

Afirmó que el artículo 20 de la Ley 472 de 1998 establece que el juez competente cuenta con tres ( 3) días hábiles para pronunciarse sobre la admisión de la demanda y que, en ca so de que se inadmita , otorgará el mismo término a la parte demandante para que subsane . Sin embargo, respecto a l as tres demandas que cursan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsecciones “A” y “B”, se superó dicho término.

Por último, aseguró que “en este análisis se evidencia que el tiempo para la admisión es demasiado extenso, en el entendido que se acude al mecanismo de ACCION POPULAR para defender los intereses colectivos, en este caso el derecho a un ambiente sano en co nexidad con el derecho a la salud y la vida, por esta razón se acude al mecanismo de Acción de tutela para la defensa de los derecho constitucionales en este caso la posible vulneración del derecho al debido proceso y el derecho a la administración de just icia que esta conexo con el derecho colectivo a un ambiente sano y que est á también conexo con el derecho fundamental a la salud y la vida”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló la siguiente:

“PRIMERO: Se TUTELE el derecho constitucional fundamental de petición a mi favor facilitando toda la información requerida en la misma y adicional la vulneración al artículo 29 y 229 de la C.P.C.

SEGUNDO: Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dar trámite preferente a las DEMANDAS DE ACCION POPULA R con los números de

radicado:

artículo 29 y 229 de la C.P.C.

SEGUNDO: Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dar trámite preferente a las DEMANDAS DE ACCION POPULA R con los números de

radicado:

Rad 25000234100020230021000

Demandante ERICSSON ERNESTO MENA GARZON Y OTRO

Demandado LA NACION - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTROS

Rad 11001334205320210028601 Demandante ERICSSON MENA Y OTROS

Demandado ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y OTRO

Rad 25000234100020230013500

Demandante ERICSSON ERNESTO MENA GARZON y OTRO

Demandado AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA Y

OTROS”.

4. Pruebas relevantes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, aportó copia digital de las siguientes providencias:Radicado: 11001-03-15-000-2023-01327-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

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• Auto de 21 de marzo de 2023, proferido en el marco del medio de control de protección de derechos e inter ese colectivos con radicado No. 25000 -2341-000-2023-00210-00, por medio del cual se avoca conocimiento y se inadmite la demanda, por lo que se otorgó un término de tres (3) días para que se subsane so pena de rechazo.

41-000-2023-00210-00, por medio del cual se avoca conocimiento y se inadmite la demanda, por lo que se otorgó un término de tres (3) días para que se subsane so pena de rechazo. • Proveído de 23 de marzo de 2023, dictada en el expediente con radicado No. 25000 -23-41-002-2023-00135-00, por medio del cual se requirió a la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que informe s i el accionante junto con la señora Irma Llanos Galindo han presentado otras demandas de la misma naturaleza.

5. Trámite procesal

Por auto de 17 de marzo de 202 3, la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, a la Presidencia de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Distrito Capital de Bogotá, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a las señoras Irma Llanos Galindo y Ana Rodríguez Abril y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 25561 a 25570 de 22 de marzo de 2023 y los oficios 25586 a 25587 4 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”

6.1.1. En escrito de 23 de marzo de 2023, el magistrado sustanciador del

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”

6.1.1. En escrito de 23 de marzo de 2023, el magistrado sustanciador del expediente con radicado No. 25000 -23-41-000-2023-00135-00, solicitó que se nieguen las pretensiones de la solicitud de amparo, toda vez que no se configuraron los requisitos establecidos en la jurisprudencia para declarar la mora judicial.

Sostuvo que pese al gran volumen de expedientes que conoce esa sección y la diversidad de procesos que tienen términos preclusivos y aquellas que son de único conocimiento, el despacho r ealizó las actuaciones que han estado a su alcance, dando p revalencia a todas las acciones de naturaleza constitucional por cuanto están de por medio derechos fundamentales y colectivos de los ciudadanos.

Señaló que mediante proveído de 23 de marzo de 202 3, procedió a surtir el trámite correspondiente, esto es, previo al estudio de la admisión de la demanda requerir a la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que informara sobre la radicación por parte de los accionantes de demandas en ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos y que se allegaran las copias de las mismas, con el fin de estudiar la posible configuración del agotamiento de jurisdicción.

6.1.2. En escrito de 24 de marzo de 2023, el magistrado susta nciador del medio de control de protección e intereses colectivos bajo radicado el No. 25000-23-414

6.1.2. En escrito de 24 de marzo de 2023, el magistrado susta nciador del medio de control de protección e intereses colectivos bajo radicado el No. 25000-23-414 La parte accionante, l a autoridad judicial dem andada y los terceros interesados fueron notificados a las sigui entes direcciones de correo electrónico: notificaprimeralineambiental@gmail.com, scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificacionesjudiciales@anla.gov.co, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, notificacionessecretariageneral@alcaldiabogota.gov.co; notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co, jadmin53bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin53bta@notificacionesrj.gov.co, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, tutelasterritoriales@defensajuridica.gov.co, colectivoPolinizadores@gmail.com y illanos1217@gmail.com; anak33@hotmail.com.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01327-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

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000-2023-00210-00, solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.

En primer lugar, afirmó que l os demandantes no han radicado algún memorial de impulso procesal con el fin de que se adelantaran todos los trámites necesarios para el estudio de la admisión de la demanda.

superado.

En primer lugar, afirmó que l os demandantes no han radicado algún memorial de impulso procesal con el fin de que se adelantaran todos los trámites necesarios para el estudio de la admisión de la demanda.

De otr a parte , resaltó que mediante auto de 21 de marzo de 2023 avocó conocimiento del mencionado expediente y dispuso su inadmisión por el incumplimiento de los requisitos de la demanda establecidas por el legislador, “a saber: (i) inobservancia de lo previsto en el numeral 4° del artículo 161 del CPACA, establecido como requisito pr evio para demandar. (ii) inobservancia de lo previsto en el artículo 162 del CPACA, adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021. (iii) inobservancia de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998. (iv) Falta de prueba que acredite la exist encia y representación legal del colectivo “primera línea ambiental internacional”. Por su parte el auto inadmisorio de la demanda fue notificado a la parte actora para que en el término de tres (3) días, so pena de rechazo de esta subsane los defectos señalados en precedencia”.

Agrego que en el presente asunto se configuró la carencia de objeto por sustracción de materia, comoquiera que se superó y dejó de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar una decisión.

Finalmente, sostuvo que el despacho a cargo tiene una importante carga laboral y que a pesar de ello adelantó las actuaciones correspondientes para garantizar el trámite y desarrollo normal del proceso

6.2. Respuesta de l Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Primera, Subsección “B”

que a pesar de ello adelantó las actuaciones correspondientes para garantizar el trámite y desarrollo normal del proceso

6.2. Respuesta de l Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Primera, Subsección “B”

En escrito de 24 de marzo de 2023, el magistrado sustanciador del proceso No. 11001-33-42-053-2021-00286-01, pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se vulneraron los derechos f undamentales de los demandantes.

Relató que el referido asunto lo conoció en primera instancia el Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, quien admitió la demanda por auto de 6 de octubre de 2021, corrió los correspondientes trasla dos, citó a diligencia de pacto de cumplimiento, decretó y practicó las pruebas pertinentes y , finalmente, profirió sentencia el 16 de diciembre de 2022 en la que negó las pretensiones de la demanda.

Agregó que contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido por el a quo mediante auto de 23 de enero de 2023 y el 7 de febrero de 2023 el expediente electrónico fue remitido al tribunal.

Indicó que el proceso que señala n los accionantes en el escrito de tutela no está pendiente de admisión de demanda sino de l recurso de apelación, el cual fue enviado el mes anterior, por lo que no se es tá vulnerando el debido proceso, toda vez que el término de tres (3) días señalado en el artículo 20 de la Ley 472 de 1998, no es aplicable en este momento procesal.

enviado el mes anterior, por lo que no se es tá vulnerando el debido proceso, toda vez que el término de tres (3) días señalado en el artículo 20 de la Ley 472 de 1998, no es aplicable en este momento procesal.

Mencionó que en el marco de la competencia residual también conoce de otras acciones constitucionales , además de las acciones populares , como lo son (i) cumplimiento, (ii) grupo, (iii) recursos de insistencia, (iv) nulidades electorales, (v) revisión de constitucionalidad de textos de consultas populares, (vi) objeciones y observaciones, (vii) acciones de tutela; (viii) habeas corpus, (ix) impedimentos, (x) conflictos de competencias administrativas, así como otros medios de control deRadicado: 11001-03-15-000-2023-01327-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

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conformidad con el Decreto 2288 de 1989 y la Ley 1437 de 2011, que también deben ser atendidos con prelación , pues poseen igual importancia constitucional. Agregó que los procesos de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho que conoce son de alta complejidad.

Agregó que los accionantes no demostraron circunstancias que permitan dar un trato de prelación frente a los demás procesos de naturaleza constitucional, por lo que una vez llegue el turno de sustanciación de este pro ceso se admitirá el

Agregó que los accionantes no demostraron circunstancias que permitan dar un trato de prelación frente a los demás procesos de naturaleza constitucional, por lo que una vez llegue el turno de sustanciación de este pro ceso se admitirá el recurso, se correrá el correspondiente traslado y , finalmente, se emitirá el fallo de segunda instancia.

Por último, manifestó que “se han venido ejecutando las funciones de conformidad con las capacidades y limitaciones humanas, mater iales y considerando la magnitud de los procesos a cargo, así como su importancia nacional y jurídica, teniendo en cuenta en todo caso que el Despacho procede a fallar conforme el orden de ingreso y la naturaleza del proceso, sin que esto implique una mora injustificada o desconocimiento de los derechos fundamentales de los usuarios de la administración de justicia”.

6.3. Respuesta del Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá

En escrito de 24 de marzo de 2023, la titular del despach o pidió que se desvincule de la acción de tutela por cuanto ha perdido competencia para pronunciarse sobre las pretensiones formuladas.

Afirmó que el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos con radicado No. 11001 -33-42-053-2021-00286-00 que iniciaron los accionantes contra la Alcaldía Mayor d e Bogotá, Secretar ía Distrital d el Medio Ambiente, Empresa Metro, APCA TRANSMIMETRO (conformado por las empresa: Harbour Engineering Company Limited y Xi’An Metro Company Limited), el Consorcio Supervisor PLMB (conformado por las empresas Ayesa M éxico de C.V., Ayesa

Empresa Metro, APCA TRANSMIMETRO (conformado por las empresa: Harbour Engineering Company Limited y Xi’An Metro Company Limited), el Consorcio Supervisor PLMB (conformado por las empresas Ayesa M éxico de C.V., Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU Sucursal Colombia, MAB Ingenier ía de Valor, MM S.P.A. ITALFERR S.P.A.), el C onsorcio M etro BOG, el Jardín Botánico “José Celestino Mutis”, la Corporación Autónoma Regional, CAR y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, se profirió sentencia el 16 de diciembre de 2022, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

Agregó que contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelac ión, el cual se concedió mediante proveído de 23 de enero de 2023, por lo que se remitió el expediente al tribunal accionado para lo de su competencia.

Por último, resaltó que “por haber conocido de la primera instancia, puedo informar que se trata de una acción popular de gran complejidad, integrada por casi 400 archivos digitales, algunos de ellos con documentos de más de mil folios y varios cuadernos principales, anexos y de medidas cautelares, lo cual exige de tiempo para su análisis minucioso, por lo mismo, no puede pretender el actor emplear la herramienta constitucional, cuando no existe vulneración de derecho fundamental alguno”.

6.4. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

En oficio de 23 de marzo de 2023, la coordinadora del Grupo Gerencia de Defensa Judicial pidió que se desvincule a la Presidencia de la República por falta de

6.4. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

En oficio de 23 de marzo de 2023, la coordinadora del Grupo Gerencia de Defensa Judicial pidió que se desvincule a la Presidencia de la República por falta de legitimación en la causa por pasiva y, de manera subsidiaria, que se nieguen las pretensiones, pues no se vulneraron los derechos fun damentales de los demandantes.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01327-00

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Afirmó que no es la autoridad competente para intervenir en la conducta que despliegue la rama judicial, pues en virtud del principio de separación de poderes son titulares de los principios constitucionales de independencia y autonomía que impide alguna injerencia de parte de esa entidad.

Para terminar , indicó que el accionante no aclara c ómo la Presidencia de la República vulneró su derecho fundamental al debido proceso, pues ni siquiera se hizo alusión a que se hubiera ini ciado un proceso administrativo en cabeza de esa entidad, por lo que no podría vulnerar los derechos fundamentales alegados por la parte actora.

6.5. Respuesta de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA

En escrito de 24 de marzo de 2023, el apoderado judicial de la entidad solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, bajo el argumento de que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

En escrito de 24 de marzo de 2023, el apoderado judicial de la entidad solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, bajo el argumento de que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante.

Sostuvo que en el presente asunto se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva , en la medida en que no se encuentra dentro del ámbito de sus funciones y competencias pronunciarse sobre la admisión o no de las demandas presentadas por el accionante. Asimismo, no es la entidad competente para realizar algún tipo d e inspección o vigilancia frente a los términos empleados por las autoridades que conforman la rama judicial para agotar las distintas etapas procesales, pues son los despachos judiciales quien es ostentan la competencia para pronunciarse al respecto.

Finalmente, manifestó que el demandante no demostró la configuración de un perjuicio irremediable a partir de los supuestos desarrollados en el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991.

6.6. Respuesta de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá D.C.

En correo e lectrónico de 23 de marzo de 2023, la directora distrital de gestión judicial pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela, en tanto no se probó ninguna vulneración de los derechos fundamentales invocados por el demandante.

Señaló que no le corresponde al Distrito Capital de Bogotá la asunción de alguna responsabilidad que se alegue frente a la admisión de las demandas presentadas por el accionante, más aún cuando esto le corresponde al tribunal accionado.

Afirmó que de las tres acciones p opulares que menciona en el escrito de tutela ,

responsabilidad que se alegue frente a la admisión de las demandas presentadas por el accionante, más aún cuando esto le corresponde al tribunal accionado.

Afirmó que de las tres acciones p opulares que menciona en el escrito de tutela , esa entidad territorial actúa como parte demandada en el proceso No. 202100286, en el cual se limitó a ejercer su derecho de defensa, presentando la respectiva contestación de demanda y seguimiento a los recu rsos presentados, sin que se pueda señalar que ha tenido acciones contrarias a la ética procesal o que haya presentado actuaciones dilatorias.

Por último , indicó que en el presente asunto no es aplicable lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 1564 de 2 012, porque se debe atender a las situaciones particulares de cada caso que le permite al jue z de conocimiento superar el termino de 1 año para dictar la sentencia.

6.7. Las señoras Irma Llanos Galindo y Ana Rodríguez Abril, a pesar de que se les notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela, guardaron silencio.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01327-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. Aun cuando en las pretensiones de la acción de tutela el demandante pide el amparo del derecho de petición, la Sala abordará el análisis a partir del debido proceso y de acceso a la administración de justicia porque lo alegado hace relación a una supuesta mora judicial.

2.2. Precisado lo anterior, l e correspon de a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsecciones “A” y “B” , incurrieron en mora judicial por la tardanza en proveer sobre la admisibilidad de los medios de control de protección e intereses colectivos co n radicados Nos. 25000-23-41-000-2023-00210-00, 11001 -33-42-053-2021-00286-01 y 25000 -2341-000-2023-00135-00, y si se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

3. De la mora judicial

La mora jud icial fue definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un obstáculo para el acceso a la administración de justicia5.

judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un obstáculo para el acceso a la administración de justicia5.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T -1154 de 2001 6, indicó que “a fin de que proceda la acción de tutela, es indispensable q ue determinada dilación o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los términos dentro de un proceso, no constituye per se una violación al debido proceso, salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. Así entonces, la mora judicial sólo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones "imprevisibles e ineludibles", tales como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los términos señalados por la ley”.

Ello significa que no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que ella debe ser injustificada, además de estar probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia d e un perjuicio irremediable. Si, por el contrario, la actuación de los falladores de instancia es célere y diligente, pero por circunstancias imprevisibles, no es posible dar cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial.

No obstante, para establecer si la mora en la decisión oportuna de las autoridades es violatoria de derechos fundamentales, es preciso analizar la razonabilidad del plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.

No obstante, para establecer si la mora en la decisión oportuna de las autoridades es violatoria de derechos fundamentales, es preciso analizar la razonabilidad del plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.

Por otra parte, la Corte Constitucional ha puntualizado que, no obstante, los análisis que se hagan sobre la justificación del funcionario sobre la mora judicial,

5 Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 2012-00052-01(AC). 6

M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01327-00

Actor: Ericsson Ernesto Mena Garzón

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“el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en aquellos supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la organización y funcionamiento de la rama judicial.” En tales eventos, para establecer que el retraso es justificado es necesario, además, mostrar que se han intentado agotar todos los medios que las circunstancias permitan para evitarlo7.

Reiterando el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 20168, indicó que la acción de tutela es procedente cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada, teniendo en cuenta que, en estos casos, es posible que el derecho a un debido proceso se lesione a causa

sentencia SU-394 de 20168, indicó que la acción de tutela es procedente cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada, teniendo en cuenta que, en estos casos, es posible que el derecho a un debido proceso se lesione a causa del incumplimiento de los términos procesales, por lo que puede materializarse un daño que genere perjui cios no subsanables 9. La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la fa lta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial10.

La Corte Constitucional se apoyó en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 11, en la que se establecieron criterios objetivos para deter minar bajo qué circunstancias se configura la violación al plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas.

En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), consagra en su artículo 8.1 (garantías ju diciales) el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente dentro de un plazo razonable y con las garantías debidas, lo que se complementa con el artículo 25.1 en el que se reconoce el derecho al recurso judicial efectivo.

La Corte IDH interpretó en conjunto dichas normas, particularmente en el Caso Genie Lacayo contra Nicaragua12, donde retomó la postura de la Corte Europea de Derechos Humanos (Corte EDH), que afirma que la razonabilidad del plazo debía

La Corte IDH interpretó en conjunto dichas normas, particularmente en el Caso Genie Lacayo contra Nicaragua12, donde retomó la postura de la Corte Europea de Derechos Humanos (Corte EDH), que afirma que la razonabilidad del plazo debía valorarse atendiendo los sigui entes criterios: “a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales”13

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