CE - 010315000202301330001SENTENCIA20230515155238

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01330-00

Actor: Remo Areiza Taylor Demandados: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la

Carrera Judicial y otro1

Temas: Derecho fundamental al trabajo/alcance

Derecho fundamental debido proceso/alcance

Derecho fundamental a la identidad étnica y cultural/alcance

Derecho fundamental a la igualdad/alcance

Derecho fundamental al acceso a cargos públicos/alcance

Derecho fundamental de petición/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Trabajo, ii) debido proceso, iii) identidad étnica y cultural, iv) igualdad, v) acceso a cargos públicos y vi) petición

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01330-00

Actor: Remo Areiza Taylor

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. Remo Areiza Taylor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de

Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, i) la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las Resoluciones núms. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 20222 y CJR23-0026 de 16 de enero de 2023; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle asignado un puntaje que no correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro del respectivo concurso de méritos; ii) al no resolver de fondo el recurso de reposición en el cual solicitó que “[…] la calificación debía ser efectuada por un profesional del derecho […]” y que se computen “[…] a favor del suscrito las preguntas […] las cuales deben tenerse como acertadas frente a la calificación realizada al suscrito: entre las cuales se encuentran la N° 61, 62, 78, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 96, 97, 104, 108, 123 y 130 […]”, vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, al “[…] acceso a un cargo público […]” , al debido proceso, a la “[…]

91, 92, 96, 97, 104, 108, 123 y 130 […]”, vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, al “[…] acceso a un cargo público […]” , al debido proceso, a la “[…] diversidad étnica y cultural […]”, igualdad y petición.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Mencionó que, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo núm.

PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 20182, dispuso “[…] Convocar a los interesados en vincularse a la Rama Judicial […] para que se inscriban y participen en el concurso de méritos destinado a la conformación de los correspondientes Registros Nacionales de Elegibles […]”.

2 “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial".3

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Actor: Remo Areiza Taylor

4. Señaló que, se inscribió al cargo de “[…] Magistrado de Tribunal Superior - Sala Penal […]” y presentó la prueba de “[…] conocimientos […]”, frente a lo cual, mediante la Resolución núm. CJR22-0351 de 1 ° de septiembre de 2022 , se estableció que obtuvo un puntaje de 727,30 y en consecuencia no aprobó el examen.

5. Indicó que interpuso recurso de reposición contra la Resolución mencionada anteriormente, el cual fue objeto de ampliación; oportunidad en la que expuso unos

obtuvo un puntaje de 727,30 y en consecuencia no aprobó el examen.

5. Indicó que interpuso recurso de reposición contra la Resolución mencionada anteriormente, el cual fue objeto de ampliación; oportunidad en la que expuso unos cuestionamientos claros y específicos sobre las preguntas núms. 61, 62, 78, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 96, 97, 104, 108, 123, 130.

6. Sostuvo que, la Unidad de Administración de Carrera Judicial expidió la Resolución núm. CJR23-0026 de 16 de enero de 2023 3, de la cual adujo que , “[…] la petición interpuesta mediante el recurso de reposición no se resolvió de fondo […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] I. Solicito, generosamente, a los honorables Consejeros que se deje sin efecto la Resolución Numero CJR23 -0026 del 16 de Enero de 2023 (con el ANEXO 1, ANEXO 2 y ANEXO 2 - RESPUESTA OBJECIONES), que confirmo las decisiones contenidas en la Resolución CJR2 2-0351 de 1° de septiembre de 2022, y en consecuencia resolvió no reponer los puntajes obtenidos por los recurrentes relacionados en el “Anexo 1”, para el cargo Magistrado de Tribunal Superior - Sala Penal. Conforme a lo expuesto anteriormente, que se modi fique la resolución de la referencia asignando el puntaje de aprobación al suscrito, y en su lugar se me permita continuar en la fase II del concurso para ser convocado al curso de Formación

Penal. Conforme a lo expuesto anteriormente, que se modi fique la resolución de la referencia asignando el puntaje de aprobación al suscrito, y en su lugar se me permita continuar en la fase II del concurso para ser convocado al curso de Formación Judicial. II.

II. Solicito, comedidamente, a los honorables Consejeros que se ordene al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que expida un acto administrativo con idénticos fines al del “Acuerdo número 131 del 17 de agosto de 1995” con el objeto de efectuar un concurso de méritos , suplementario del concurso de méritos para Magistrados de Tribunales Superiores del país convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de Agosto del año 2018, destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para los cargos de Magistrado de Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, con base en el cual la Sala Administrativa del

3 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22 -0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Magistrado de Tribunal Superior - Sala Penal de la Rama Judicial”.4

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Actor: Remo Areiza Taylor

Consejo Superior de la Judicatura elaborara las listas de candidatos para la provisión de los mismos. […]”.4

8. Como fundamento de su solicitud el actor manifestó que, la autoridad accionada no respondió satisfactoriamente su solicitud por lo que considera se vulneró su s

de los mismos. […]”.4

8. Como fundamento de su solicitud el actor manifestó que, la autoridad accionada no respondió satisfactoriamente su solicitud por lo que considera se vulneró su s derechos fundamentales invocados supra.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto del 21 de marzo de 2023; dispuso lo siguiente: “[…] En consideración a que, mediante auto del 24 de enero de 2023, el despacho del magistrado Hernando S ánchez Sánchez admitió la solicitud de amparo presentada por la señora Jennifer Patricia Santos Ibarra (rad. 2023 -00230-00), proceso al que, por auto del 30 de enero siguiente, se acumuló la instaurada por el señor Jeison Humberto Gómez Cruz (rad. 2023 -00329-00), ambas con similares supuestos fácticos y jurídicos a la acción de tutela promovida por el señor Remo Areiza Taylor1, por Secretaría General, remítase el expediente de la referencia (rad. 11001-03-15-0002023-01330-00) al mencionado despacho, con el objeto de que se estudie y decida sobre una posible acumulación, conforme con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 20152 […]”.

10. El Despacho sustanciador mediante auto del 10 de abril de 2023: i) avocó el conocimiento de la acción de tutela de la referencia; ii) admitió la acción de tutela; (iii) notificó al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la Directora de la Unidad

de Administración de Carrera Judicial y a la Rectora de la Universidad Nacional de

conocimiento de la acción de tutela de la referencia; ii) admitió la acción de tutela; (iii) notificó al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Rectora de la Universidad Nacional de Colombia, quienes podrán rendir informe y allegar los documentos que pretendan hacer valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes; iv) vinculó a los participantes de la convocatoria pública ordenada por el Acuerdo núm. PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de terceros con interés legítimo; v) ordenó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial que publicara el auto admisorio de la demanda en su página web, con el fin de informar y notificar a los participantes de la convocatoria, sobre la acción de tutela de la referencia, en su calidad de terceros con interés legítimo, quienes en un término de tres (3) días, a partir de la notificación, podrán rendir informe y allegar los documentos que pretendan hacer valer como pruebas.

4 Transcripción literal del texto.5

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Actor: Remo Areiza Taylor

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

11. La Unidad de Administración de Carrera Judicial se opuso a la solicitud de

amparo bajo los siguientes términos: “[…] La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos invocados por el accionante puesto que, las objeciones presentadas por el accionante en el recurso de reposición y su adición, fueron atendidas mediante la

“[…] La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos invocados por el accionante puesto que, las objeciones presentadas por el accionante en el recurso de reposición y su adición, fueron atendidas mediante la Resolución CJR23-0026 de 16 de enero de 2023, por lo que se configura la carencia de objeto por hecho superado. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos invocados puesto que, no se observó inconsistencia alguna en el proceso de calificación de la prueba del tutelante, lo que dio lugar a que se confirmara el resultado por él obtenido en la Resolución CJR22 -0351 de 1° de septiembre de 2022. La tutela no procede bajo el entendido que existe otro mecanismo de defensa idóneo […]”.

12. La Universidad Nacional de Colombia solicitó declarar la improceden cia de la

acción de tutela, al considerar que:

“[…] Es preciso concluir que la Universidad Nacional de Colombia, como consultor del concurso, ha desarrollado su labor dentro de los términos señalados en la Ley y la reglamentación específica que regula el sistema especial de selección para los cargos requeridos en la Convocatoria 27 de 2018, y en consecuencia:

1. La Universidad no ha vulnerado ningún derecho del accionante.

2. La parte accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

3. No existe ningún elemento que acredite algún indicio frente a la vulneración de los derechos del accionante dentro del presente proceso de selección.

4. Dentro del caso en concreto, se presentó el fenómeno de hecho superado por actual carencia del objeto […]”.

13. Los participantes de la convocatoria pública guardaron silencio en esta oportunidad procesal.6

4. Dentro del caso en concreto, se presentó el fenómeno de hecho superado por actual carencia del objeto […]”.

13. Los participantes de la convocatoria pública guardaron silencio en esta oportunidad procesal.6

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Actor: Remo Areiza Taylor

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 6 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Proced e, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

16. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si se deben proteger

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

16. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si se deben proteger los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la identidad étnica y cultural, a la igualdad, al acceso a cargos públicos y de petición invocados por el actor, los cuales considera vulnerado s por la Nación – Rama Judicial – Consejo

Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional, puesto que “[…] la petición interpuesta mediante el recurso de reposición no se resolvió de fondo […]” que presentó contra la Resolución núm. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 6 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.7

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Actor: Remo Areiza Taylor

17. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; ii) marco

Actor: Remo Areiza Taylor

17. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas: i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la identidad étnica y cultural; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a cargos públicos; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición; vii) análisis del caso concreto, y finalmente viii) las conclusiones de la Sala.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo

18. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

19. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo ha

dicho lo siguiente9:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atribut o inalienable de la personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individ uo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables

través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individ uo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en c ontacto productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de protección subjetiva con la enumeración de principios mín imos que limitan el ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo

1. […]”.

9 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.8

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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

20. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

establece que:

“[…] ART ÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

21. Atendiendo a que, la Corte Constitucional 10 ha definido el derecho al debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar e n forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la identidad étnica y cultural

22. Vistos los artículos 1, 7 y 70 de la Constitución Política de Colombia de 1991, sobre el derecho a la identidad cultural que se deriva del principio a la diversidad cultural.

identidad étnica y cultural

22. Vistos los artículos 1, 7 y 70 de la Constitución Política de Colombia de 1991, sobre el derecho a la identidad cultural que se deriva del principio a la diversidad cultural.

10 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.9

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23. Atendiendo a que la Corte Constitucional11 ha reconocido la garantía del derecho fundamental a la identidad étnica y cultural que implica a cargo del Estado, el deber de (i) reconocer, respetar y proteger la diversidad étnica y cultural, lo cual incluye la economía de subsistencia de los pueblos i ndígenas; (ii) promover los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, respetando sus costumbres, tradiciones e instituciones; (iii) adoptar medidas especiales para garantizar a estas comunidades el disfrute de sus derechos y la i gualdad, real y efectiva, para el ejercicio de los mismos; en concordancia deben ser protegidos ante la violación de sus derechos y asegurar que accedan a procedimientos legales efectivos.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

24. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,

establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

25. Atendiendo a que la Corte Constitucional12 ha entendido que el derecho a la igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la

11 Corte Constitucional, sentencia T-063 de 15 de febrero de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la

11 Corte Constitucional, sentencia T-063 de 15 de febrero de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 12 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.10

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adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a cargos públicos

26. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de

1991, que establece que:

“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.

[…]

“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.

27. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que entran dentro del ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que han cumplido con los requisitos para acceder a un cargo, (ii) la prohibición de establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el concurso de méritos, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles aquella que

requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el concurso de méritos, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido seleccionado en dos o más concursos, (iv) la prohibición de remover de manera ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona que ocupen un cargo público […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición

27. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

establece que:

“[…] ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. […]”.

28. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte C onstitucional13 ha precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii)

13 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.11

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Actor: Remo Areiza Taylor

la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el

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Actor: Remo Areiza Taylor

la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas […]”.

Análisis del caso concreto

29. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

30. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

31. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

31.1.Documentos anexos al escrito de tutela.

31.2.Informe rendido por la Unidad de Administración Carrera Judicial, junto con sus anexos.

31. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

31.1.Documentos anexos al escrito de tutela.

31.2.Informe rendido por la Unidad de Administración Carrera Judicial, junto con sus anexos.

31.3.Informe rendido por la Universidad Nacional de Colombia, junto con sus anexos.12

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Actor: Remo Areiza Taylor

Solución del caso concreto

32. Remo Areiza Taylor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de

Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, i) la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las Resoluciones núms. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 20222 y CJR23-0026 de 16 de enero de 2023; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle asignado un puntaje que no correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro del respectivo concurso de méritos; ii) al no resolver de fondo el recurso de reposición en el cual solicitó que “[…] la calificación debía ser efectuada por un profesional del derecho […]” y que se computen “[…] a favor de l suscrito las preguntas […] las cuales deben tenerse como acertadas frente a la calificación realizada al suscrito: entre las cuales se encuentran la N° 61, 62, 78, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 96, 97, 104, 108, 123 y 130 […]”, vulneraron sus derechos fundamentales al

realizada al suscrito: entre las cuales se encuentran la N° 61, 62, 78, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 96, 97, 104, 108, 123 y 130 […]”, vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, al “[…] acceso a un cargo público […]” , al debido proceso, a la “[…] diversidad étnica y cultural […]”, igualdad y petición.

33. La Sala advierte que el recurso de reposición promovido por el actor contra la Resolución núm. CJR22-0351 de 1° de sept iembre de 2022, efectivamente fue resuelto a través de la Resolución núm. CJR23-0026 de 16 de enero de 2023 , expedida por la Unidad de Administraci