CE - 010315000202301386001SENTENCIA20230424093348

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202301386-00

Actor: Juan de Dios Vásquez Figueredo Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) mínimo vital y iv) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra el Tribunal Administrativo de Santander, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202301386-00

Actor: Juan de Dios Vásquez Figueredo

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Tribunal

Administrativo de Santander, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, porque, a su juicio, i) el Tribunal, al proferir la sentencia de 15 de noviembre de 2022, ii) el Juzgado, al proferir la sentencia de 14 de julio de 2020, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identifi cado con el número único de radicación 680013333003201600295-04, y iii) la UGPP, al expedir “[…] las resoluciones UGM 038199del13/03/201 y 025241 del 31/05/2013 […]”: vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, dentro

de la cual formuló las siguientes pretensiones:

“[…] -Se declare la nulidad del acto administrativo UGM038199 de fecha 13 de marzo de 2012 expedido por CAJANAL, mediante el cual se ajustó la mesada

de la cual formuló las siguientes pretensiones:

“[…] -Se declare la nulidad del acto administrativo UGM038199 de fecha 13 de marzo de 2012 expedido por CAJANAL, mediante el cual se ajustó la mesada pensional del accionante, pero liquidándola con el 75% del ingreso base de liquidación.

-Se declare la nulidad de la resolución EDP025241 del 31 de mayo de 2013, proferida por la UGPP, por medio de la cual se negó la r eliquidación de la pensión de vejez a favor del señor Juan de Dios Vásquez Figueredo.

-Que a título de restablecimiento del derecho declarar que el accionante tiene derecho a que se le reliquide la pensión sobre el 85% del ingreso base de3

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Actor: Juan de Dios Vásquez Figueredo

liquidación, y s e ordene el pago de las diferencias adeudadas de la pensión, esto es, el 10% debidamente indexadas tomando como base el IPC, como lo ordena el Art. 187 del CPACA.

-Se ordene en (sic) pago de las costas del proceso a favor de la parte actora, así como el pago de intereses moratorios, en los términos del numeral 4 del Art. 195 del CPACA, y el cumplimiento de fallo de acuerdo con el Art. 192 numeral 2 del

CPACA […]”.

4. Señaló que, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bucaramanga , mediante sentencia de 14 de julio de 2020 , resolvió negar las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Santander , mediante sentencia de 15 de

mediante sentencia de 14 de julio de 2020 , resolvió negar las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Santander , mediante sentencia de 15 de

noviembre de 2022, resolvió:

“[…] PRIMERO: CONFIRMASE la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga de fallo de fecha 27 de noviembre de 2019 (sic), por las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia, conforme las consideraciones expuestas en esta providencia […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Está acreditado en el caso de la referencia que al señor JUAN DE DIOS VELASQUEZ FIGUEREDO mediante Resolución No 16517 del 2 de mayo de 2005, le fue reconocida una pensión de pensión de vejez liquidada en la suma de $1.076.219, para lo cual se aplicó de manera integra lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, tomando el 85% sobre el salario promedio de 10 años, entre el 1 de junio de 1994 al 30 de mayo de 2004.

Que posteriormente, esta Corporación con providencia de fecha 17 de febrero de 2011 ordenó la reliquidación de esta prestación, disponiendo incluir en su liquidación la totalidad de los factores salariales devengados por el accionante con base en la ley 33 de 1985 y en la jurisprudencia vigente para esa fecha del H. Consejo de Estado, sin hacer ninguna referencia al promedio del salario que se

liquidación la totalidad de los factores salariales devengados por el accionante con base en la ley 33 de 1985 y en la jurisprudencia vigente para esa fecha del H. Consejo de Estado, sin hacer ninguna referencia al promedio del salario que se debía aplicar, el cual fue tomado por la UGPP en la Resolución N° UGM038199 del 13 de marzo de 2012 que dio cumplimiento a dicha sentencia en el 75% de lo devengado por el accionante en el año anterior al cumplimiento de su estatus de pensionado.

En ese orden de ideas, queda claro que no es posible predicar una consolidación de la situación pensional del accionante ni hablar de derechos adquiridos respecto al reconocimiento que se efectuó en la Resolución No 16517 del 2 de mayo de 2005 que reliquidó su mesada pensional conforme a la Ley 100 de 1993, como lo refiere el accionante en el recurso de apelación, en tanto, que esta prestación fue sometida a un estudio posterior en la que se aplicó lo dispuesto en la Ley 33 de4

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Actor: Juan de Dios Vásquez Figueredo

1985, siguiendo las consideración de esta Corporación en la sentencia de fecha 17 de febrero de 2011.

Por lo expuesto no le asiste razón al apelante al señalar que la UGPP para cambiar lo dispuesto en la Resolución UGM038199 debía demandarla judicialmente al no poder disponer de lo en ella dispuesto de manera unilateral, pues si insiste que la modificación efectuada en la mesada pensional del accionante respondió a al proceso de reajuste que el mismo promovió y que culminó con un fallo judicial.

poder disponer de lo en ella dispuesto de manera unilateral, pues si insiste que la modificación efectuada en la mesada pensional del accionante respondió a al proceso de reajuste que el mismo promovió y que culminó con un fallo judicial.

Ahora, está demostrado que el accionante, como lo dijo el a -quo, es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, corresponde apli car la sentencia de unificación citada en el acápite anterior, según la cual, a las personas beneficiarias del mismo se les tendrán en cuenta los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones anterior, esto es, la Ley 33 de 1985, que consagra como tasa de remplazo el 75% de lo devengado en el último año de servicios, tal y como se dispuso en la Resolución demandada, sin que sea posible, por el principio de inescindibilidad de la ley, dividir las leyes que contienen los distintos regimenes pensionales para aplicar a la situación pensional del señor Velásquez Figueredo una parte de cada de una ellas, que es lo que él pretende.

Lo anterior, reafirma lo esgrimido en precedencia en torno a la no existencia de derechos adquiridos en cabeza del accionante de cara a lo dispuesto por la UGPP en la Resolución No 16517 del 2 de mayo de 2005, pues en esa oportunidad la entidad demandada aplicó de manera integral o uniforme la Ley 100 de 1993, empero, de acuerdo con la providencia citada en virtud del régimen de transición, en casos como el que nos ocupa de la Ley 100 solo se toma lo referente al calculo del IBL, lo que quiere decir, que dicho acto administrativo había aplicado en la

empero, de acuerdo con la providencia citada en virtud del régimen de transición, en casos como el que nos ocupa de la Ley 100 solo se toma lo referente al calculo del IBL, lo que quiere decir, que dicho acto administrativo había aplicado en la situación pensional del actor una norma que no gobierna la prestación objeto de este asunto.

Finalmente señala la Sala que, tampoco es posible acudir al principio de favorabilidad al que se hace referencia en la apelación, como quiera, que no se persigue en este caso la aplicación total de un régimen pensional que se considere más beneficioso para el señor Velásquez Figueredo, sino que lo que se pretende que se mantengan las condiciones convenientes de la ley 33 de 1985 pero con la aplicación del 85% de tasa de remplazo que prevé el Art. 34 de la Ley 100 de 1993 para pensiones reconocidas en virtud de esta última disposición legal, reiterándose el principio de inescindibilidad de la ley que impide el fraccionamiento solicitado en la demanda […]”.2

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERA: Respetuosamente, solicito a su entidad Tutelar los derechos Fundamentales del accionante; al debido Proceso, Derecho de igualdad, Vida digna, Mínimo vital, Derechos adquiridos, seguridad jurídica, Confianza legítima, Derecho

2 Transcripción literal del texto.5

Núm. único de radicación: 110010315000202301386-00

Actor: Juan de Dios Vásquez Figueredo

de persona de especial protección, (adulto mayor), Seguridad jurídica,

Núm. único de radicación: 110010315000202301386-00

Actor: Juan de Dios Vásquez Figueredo

de persona de especial protección, (adulto mayor), Seguridad jurídica, Administración de justicia eficaz y efectiva, presuntamente trasgredidos por las

entidades UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP., EL JUZGADO CARTOCE ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, con ocasión de las resoluciones UGM 038199del13/03/201 y 025241 del 31/05/2013 y las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro del medio de control d e Nulidad y Restablecimiento del Derecho fechados 27/11/2019 y/o 14/07/2020 y la sentencia de segunda instancia de fecha 15/11/2022, dentro del proceso con radicado 680013333003-2016-0029504.

SEGUNDA: Una vez lo anterior, Respetuosamente, se solicita al despacho Ordenar dejar sin efectos las resoluciones UGM 038199del13/03/201 y 025241 del 31/05/2013 y las sentencias judiciales proferidas en primera y segunda instancia proferidas al interior del medio de control con fechas 27/11/2019 y/o 14/07/2020 y la sentencia de segunda instancia de fecha 15/11/2022, reconociendo que el accionante tiene derecho al 85% del ingreso base de liquidación IBL., como se expuso y liquidó en la resolución 16517 del 07/06/2005 que reconoció su pensión y

sentencia de segunda instancia de fecha 15/11/2022, reconociendo que el accionante tiene derecho al 85% del ingreso base de liquidación IBL., como se expuso y liquidó en la resolución 16517 del 07/06/2005 que reconoció su pensión y los porcentajes aplicables en virtud de los artículos 21, 33, 34, 36 y demás de la ley 100/1993.

TERCERA: Respetuosamente, se solicita al despacho Tutelar los Derechos fundamentales del accionante en listados en la pretensión primera y reconocer que el señor JUAN DE DIOS VASQUEZ FIGUEREDO, es una persona vulnerable y de especial protección por ostentar la calidad de adulto mayor de especial protección, pues su único sustento lo percibe de la pensión que devenga y que fue reconocida por la resoluciones 26528 del 19/09/2002 y 16517 /07/06/2005, de la cual, sustenta su único ingreso, y su mínimo vital para su manutención y su familia compuesta por su esposa y sus dos hijos quienes igualmente dependen económicamente de éste manteniendo vigente la base de su pensión liquidada en la resolución 16517 del día 07/06/2005 sobre el 85% del promedio devengado en los últimos 10 años por el hecho de haber cotizado al sistema más de 1634,5 semanas como lo ordenan artículos 21, 33, 34, 36 y demás de la ley 100/1993.

CUARTA: Respetuosamente, solic ito al despacho tutelar los derechos del accionante indicados en la pretensión primera de la presente acción, indicando que el accionante tiene derecho al reajuste en la pensión de vejez, adicionando los factores salariales ordenados por el Tribunal Administrativo de Santander en fallo del

accionante indicados en la pretensión primera de la presente acción, indicando que el accionante tiene derecho al reajuste en la pensión de vejez, adicionando los factores salariales ordenados por el Tribunal Administrativo de Santander en fallo del día 17 de febrero de 2011 dentro del medio de control radicado 680012331000200401, ordenando a la entidad UGPP., como entidad a cargo de las pensiones de la extinta CAJANAL, para que esa entidad proceda a adicionar los factores reconocidos en el citado fallo y exclusivamente en los términos allí estipulados y no como injustificadamente se realizó en las resoluciones UGM 038199del13/03/201 y 025241 del 31/05/2013, que según el accionante, desde allí se le viene privando del 10% mes a mes de su mesada pensional por haber reducido injustificadamente dicho porcentaje del 85% al 75%, sin que se le hubiera ordenado en esos términos a dicha entidad (UGPP), la anterior anomalía se ha venido siendo reflejada en lo devengado mes a m es por accionante señor JUAN DE DIOS VASQUEZ FIGUEREDO y en consecuencia se le ordene el pago de su pensión de vejez con el 85% sobre el IBL y no sobre el 75% como injustamente se ha venido realizando posterior a la expedición de las resoluciones UGM 038199del13/03/201 y 025241 del 31/05/2013.

QUINTA: Respetuosamente, se solicita que una vez tutelados y amparados los derechos fundamentales violentados por las entidades accionadas y descritos en la pretensión primera de la presente acción constitucional, se reconozca al señor JUAN

QUINTA: Respetuosamente, se solicita que una vez tutelados y amparados los derechos fundamentales violentados por las entidades accionadas y descritos en la pretensión primera de la presente acción constitucional, se reconozca al señor JUAN DE DIOS VASQUEZ FIGUEREDO los siguientes factores salariales que deben ser6

Núm. único de radicación: 110010315000202301386-00

Actor: Juan de Dios Vásquez Figueredo

tenidos en cuenta sobre la liquidación de la pensión de vejez vitalicia reconocida con el 85%, según la resolución 16517 del día 07/06/2005 emitida por CAJ ANAL, como son; Factor prima de antigüedad, bonificación por desempeño Grupal, factor nacional, prima de navidad, grupal, factor individual, factor de prima de vacaciones, factor nacional de prima de servicios, prima de navidad y bonificación por compensación y los demás que su despacho considere propios luego de analizada la situación pensional del accionante.

SEXTA: Una vez tutelados los derechos fundamentales descritos en la pretensión primera se solicita al despacho Ordenar a la entidad UGPP., y la entidad accionada se mantenga incólume la resolución No 16517 del día 07/06/2005, en lo que respecta al monto del 85% ordenado y reconocido como IBL., o porcentaje de la mesada pensional del accionante, ordenando que los ajustes se realicen sobre dicho monto y no otro.

SEPTIMA: Una vez tutelados los derechos fundamentales de la presente acción

constitucional, en listados en los hechos y la pretensión No 1ª, se solicita al despacho ordenar a la entidad UGPP., y la entidad accionada o a quien corresponda que se

SEPTIMA: Una vez tutelados los derechos fundamentales de la presente acción

constitucional, en listados en los hechos y la pretensión No 1ª, se solicita al despacho ordenar a la entidad UGPP., y la entidad accionada o a quien corresponda que se REINTEGRE a favor del señor JUAN DE DIOS VASQUEZ FIGUEREDO, los dineros que se han dejado de cancelar de la pensión desde la expedición de las resoluciones UGM 038199del13/03/201 y 025241 del 31/05/2013, o desde cuando se haya descontado o bajado el porcentaje del 10% sobre el valor aludido mes a mes con la respectiva indexación […]”.3

7. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló lo siguiente:

“[…] Según mi mandante, en lo que refiere al cumplimiento del fallo de fecha 17 de febrero de 2011, le ordenó una reliquidación clara y concisa y la entidad (UGPP), realizó actividad diferente, por lo que, resultó perjudicado el accionante, desmejorando su situación pensional, pues prueba de ello, le redujo su base pensional injustificadamente, dado que, el tribunal Administrativo de Santander, le había ordenado agregar factores salariales, allí indicados y la entidad de manera injustificada rebajó su porcentaje pensional al del 85% reconocido mediante la resolución No 16517 del 07/06/2005, bajándola al 75% sin justificación alguna como se deja ver en las resoluciones demandadas en el expediente radicado 680013333003-2016-00295-04 y que tanto en primera y segunda instancia por la autoridad se omitió realizar su verdadero análisis revaluando la ilegalidad de l as

se deja ver en las resoluciones demandadas en el expediente radicado 680013333003-2016-00295-04 y que tanto en primera y segunda instancia por la autoridad se omitió realizar su verdadero análisis revaluando la ilegalidad de l as resoluciones UGM 038199del13/03/201 y 025241 del 31/05/2013 […]”.

[…]

“[…] primera y segunda instancia, fallan y generan el denominado defecto factico, pues omiten la existencia de los derechos reconocidos y al margen de las resoluciones No 16517 del 07/06/2005 que se encuentra vigente y no ha sido derogada, y en otro sentido más aun grave la autoridad Judicial de primera instancia y segunda instancia, no se apoya y hace un estudio mínimo de la ilegalidad de las resoluciones No UGM 038199del13/03/201 y 025241 del 31/05/2013 y el actuar de la entidad UGPP., en el cumplimiento debido de la sentencia del tribunal administrativo de Santander, de fecha 17/02/2011, es decir ni siquiera existe coherencia y cuidado en el cumplimiento de su propia jurisprudencia , pues el accionante no comprende como en el año 2011 en esta sentencia se emite una orden y la entidad accionada destinataria la inaplica y nuevamente, en la nueva actuación

3 Ibídem.7

Núm. único de radicación: 110010315000202301386-00

Actor: Juan de Dios Vásquez Figueredo

del 15/11/2022 la misma autoridad Judicial no tiene en cuenta sus propias decisiones.

En otro sentido, la sentencia de fecha 15/11/2022, se basa en la aplicación de la ley 33 de 1985 y deja de aplicar a favor del accionante el verdadero sentido de los

decisiones.

En otro sentido, la sentencia de fecha 15/11/2022, se basa en la aplicación de la ley 33 de 1985 y deja de aplicar a favor del accionante el verdadero sentido de los artículos 21, 33, 34, 36 y s.s., de la ley 100 de 1993, ordenamiento que es el aplicable al aquí accionante en lo que respecta con su mesada pensional existiendo su contradicción entre los fundamentos y la decisión final […]”.4

Actuación

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 21 de marzo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, al Juez Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga y a la Directora General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la P rotección Social – UGPP; y iii) vinculó, en calidad de tercero con interés legítimo, al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bucaramanga , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

9. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela. Al respecto, consideró lo siguiente:

“[…] Descendiendo al caso concreto me permito informar que la presente acción de tutela es abiertamente improcedente por cuanto el aquí accionante la utiliza como una tercera instancia del trámite ordinario para que se revoque la decisión del juez natural

“[…] Descendiendo al caso concreto me permito informar que la presente acción de tutela es abiertamente improcedente por cuanto el aquí accionante la utiliza como una tercera instancia del trámite ordinario para que se revoque la decisión del juez natural de la causa, pues la reliquidación de la pensión de vejez solicitada por el señor JUAN DE DIOS VASQUÉZ FIGUEREDO […] la presente acción es abiertamente improcedente, porque LO PRETENDIDO POR LA PARTE ACCIONANTE ES SUSTITUIR UNA DECISIÓN JUDICIAL EJECUTORIADA PROFERIDA POR EL JUEZ NATURAL DE LA CAUSA, quien con base en la normativa y jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional y del Consejo de Estado, vigente para la época de los hechos, ajustó la mesada pensional de la interesada con la inclusión de todos los factores salariales devengados en los últimos 10 años de servicio.

Efectivamente señor juez, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, mediante sentencia de segunda instancia, confirmó acertadamente el fallo proferido en primera y segunda instancia y en consecuencia NEGÓ las pretensiones de la demanda en lo relacionado con la reliquidación de la mesada pensional sobre el 85% de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, máxime si

4 Ibídem.8

Núm. único de radicación: 110010315000202301386-00

Actor: Juan de Dios Vásquez Figueredo

tenemos en cuenta que una vez empezó el régimen de transición en virtud de la Ley 100 de 1993, los regímenes especiale s como el del aquí accionante habían

Actor: Juan de Dios Vásquez Figueredo

tenemos en cuenta que una vez empezó el régimen de transición en virtud de la Ley 100 de 1993, los regímenes especiale s como el del aquí accionante habían desaparecido, razón por la cual solo se le respeta el tiempo y la edad como en efecto ocurrió […]”.

10. El Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bucaramanga allegaron copi a digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 680013333003201600295-04

11. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 5, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187 y con el artículo 13 del A cuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales

esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a meno s que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.9

Núm. único de radicación: 110010315000202301386-00

Actor: Juan de Dios Vásquez Figueredo

Problemas jurídicos

14. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital ; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo posteriormente a vii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

16. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

determine la ley y la propia doctrina judicial.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.10

Núm. único de radicación: 110010315000202301386-00

Actor: Juan de Dios Vásquez Figueredo

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

17. Esta Sección adoptó 10 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005 11, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore s obre el tema.

18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

tutela contra tutela.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Adminis