CE - 010315000202301412001SENTENCIAFALLO20230530090737

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-01412-00

Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros

Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del derecho / Reliquidación de pensión de jubilació n / Transitoriedad de la Ley 33 de 1985 / Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA _________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por Andrés Avelino Manjarres Bravo y Andrés José, Beatriz Helena y Harlem Marena Manjarres Hernández , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 , 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes 1.1. La solicitud1

Andrés Avelino Manjarres Bravo y Andrés José, Beatriz Helena y Harlem Marena Manjarres Hernández promovieron solicitud de tutela con el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

1.1. La solicitud1

Andrés Avelino Manjarres Bravo y Andrés José, Beatriz Helena y Harlem Marena Manjarres Hernández promovieron solicitud de tutela con el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, a la vida y al mínimo vital , los cuales consideraron vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 13 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 47001333300620150005401.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1. Sonia María Hernández Fuentes (q.e.p.d.), en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , present ó demanda en contra de la U nidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

1 Ver índice 2 de SAMAI, archivo denominado « ED_TUTELACONTRAPROVID(.pdf) Nr oActua 2»2

Expediente: 110010315000-2023-01412-00

Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros

Contribuciones Parafiscales de la Protección 2, con el fin de cuestionar la legalidad del acto administrativo a través del cual se le negó la reliquidación de la pensión de jubi lación conforme al régimen de transición de la Ley 33 de 1985.

1. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Mart a, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2021, denegó las pretensiones de la demanda. En contra de esta decisión la parte actora interpuso recurso de apelación.

1. El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de sentencia del 13 de

de la demanda. En contra de esta decisión la parte actora interpuso recurso de apelación.

1. El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de sentencia del 13 de julio de 2022, confirmó lo resuelto por el a quo al considerar que, si bien la demandante es beneficiaria de la transición del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, el IBL se liquida con fundamento en los factores descritos en el artículo 3 ibidem, modificado por la Ley 62 de 1985.

1. En relación con esa deci sión, la parte tutelante considera que la corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico , sustantivo y desconocimiento del precedente al pasar por alto que «para liquidar el monto de la pensión debía aplica rse el contenido de la Ley 6 de 1945, los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y el Decreto 1045 de 1978».

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y

MINIMO VITAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS

ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD

JURIDICA, FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY,

DEBIDO PROCESO, Y DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL, de los señores Andrés Avelino Manjarres Bravo, Beatriz Helena Manjarres Hernández, Harlem Marena Manjarres Hernández y Andrés José Manjarr es Hernández en

DEBIDO PROCESO, Y DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL, de los señores Andrés Avelino Manjarres Bravo, Beatriz Helena Manjarres Hernández, Harlem Marena Manjarres Hernández y Andrés José Manjarr es Hernández en calidad de sucesores procesales de la señora Sonia María Hernández Fuentes

(Q.E.P.D)

2. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Magdalena, en amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 13 de junio de 2022, que CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia por la cual se negó las pretensiones de la señora Sonia María Hernández Fuentes (Q.E.P.D) y sus sucesores procesales y, en consecuencia se ordene a reliquidar la pensión teniendo en cuenta el equivalente al 75% de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectivo. […]». 1.2. Informes rendidos en el proceso

2 En adelante UGPP3

Expediente: 110010315000-2023-01412-00

Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros

1.2.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena 3 solicitó que se niegue la pretensión de amparo toda vez que el asunto fue decidió a la luz de la tesis jurisprudencial vigente 4, la cual determina que «el régimen de transición previsto en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 solo atiende a la edad, no al monto ni ingreso base de liquidación de normas pensiones anteriores, puesto que estos últimos aspectos se rigen por las reglas de la misma Ley 33 de 1985» ;

no al monto ni ingreso base de liquidación de normas pensiones anteriores, puesto que estos últimos aspectos se rigen por las reglas de la misma Ley 33 de 1985» ; por lo que en el caso cuestionado, si bien Sonia Hernández Fuentes (q.e.p.d) era beneficiaria de la referida transición, lo cierto es que, «el ingreso base de liquidación y factores de salario están regidos por las Leyes 33 y 62 de 1985.»

1.2.2. El Juzgado Sexto del Circuito Judicial de Santa Marta5 solicitó que se niegue el amp aro constitucional toda vez que los argumentos expuestos carecen de relevancia constitucional, los cuales fueron desatados por el juez ordinario. Además, señaló que no se vulneró ningún derecho fundamental que, contrario a ello, el proceso se adelantó bajo las garantías procesales correspondientes.

1.2.3. La UGPP6 solicitó que se nieguen las pretensiones de amparo ya que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena i) no se encuentra incursa en ningún requisito de precedencia de la tutela contra providencia judicial, ii) no vulnera los derechos fundamentales invocados, iii) se ajustó al ordenamiento y a los criterios fijados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, iv) la solicitud de tutela no procede para reclamar pretensiones de carácter económico y v) no sat isface el requisito de la inmediatez.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia jud icial; iii) determinación del

pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia jud icial; iii) determinación del problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

3 Ver índice 16 de SAMAI, archivo denominado RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_202301412ANDRESAV(.pdf) NroActua 16 4 Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación número: 25000-23-42000-2013-03453-01(3290-18) 5 Ver índice 15 de SAMAI, archivo denominado «RECIBEPRUEBAS_CONTESTACIONTUTE LA(.pdf) NroActua 15» 6 Ver índice 14 de SAMAI, archivo denominado «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_RV_RADDELAACCION(.zip) NroActua 144

Expediente: 110010315000-2023-01412-00

Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, 7 esta Sala es competente para conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contenciosocompetente para conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.9 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en e sta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]» [Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,10 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001 -03-15000-2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 10 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica.

antes reseñada. 10 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica.

Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.5

Expediente: 110010315000-2023-01412-00

Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros

Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia . Estos son: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es dec ir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar imp rocedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,12 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial , a part ir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados

solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.13

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, a la vida y al mínimo vital de los demandantes con ocasión de la sentencia del 13 de julio de 2022, a través de la cual confirmó la decisión de negar l a reliquidación de la pensión de vejez a Sonia María Hernández Fuentes (q.e.p.d.), con lo cual incurrió, presuntamente, en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente por inaplicar la transitoriedad integral de la Ley 33 de 1985?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

de 2004 y C-590 de 2005. 12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.6

Expediente: 110010315000-2023-01412-00

Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial

La Corte Constitucional14 ha definido el precedente judicial como la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos debe ser considerada por las autoridades judiciales al momento de proferir una decisión. En esa misma línea el tribunal constitucional ha destacado que la relevancia del precedente responde a: i) la necesidad de proteger el derecho a la igualdad y salvaguardar los principios de buena fe y seguridad jurídica de quienes acuden a la administración de justicia y; ii) el reconocimiento del carácter vinculante de las decisiones judiciales adoptadas por los órganos cuya función es unificar jurisprudencia, con lo cual se le otorga la «categoría de fuente de derecho aplicable al caso concreto».

En ese sentido y dada la imposibilidad que le asiste al legislador de regular, a partir de disposiciones de carácter general, cada situación particular y concreta que se puede presentar al interior de u na sociedad, es que surge

fuente de derecho aplicable al caso concreto».

En ese sentido y dada la imposibilidad que le asiste al legislador de regular, a partir de disposiciones de carácter general, cada situación particular y concreta que se puede presentar al interior de u na sociedad, es que surge la necesidad e importancia de reconocer la obligatoriedad del precedente judicial, ya que, cuando la norma no es clara o su construcción gramatical resulta ambigua, es el juez, a partir del análisis de la situación fáctica en estudio y las normas aplicables a esta, quien define cada caso, a partir de la creación de las denominadas reglas de origen judicial 15. Es desde esa realidad que el precedente judicial adquiere la categoría de fuente formal de derecho16 que propende por la aplicación uniforme de este, como una forma de materializar el derecho a la igualdad y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima que deben dirigir toda actuación del Estado.

Asimismo, cabe advertir que la jurisprudencia constitucional ha entendido que la lectura del artículo 230 de la Constitución Política, según el cual «los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley» , debe hacerse bajo el entendid o que el operador judicial también se encuentra sometido al precedente judicial, en tanto, a través de este es que se determina el contenido y alcance normativo de la ley 17. De acuerdo con lo

14 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015. 15 Corte Constitucional, sentencia C-634 de 2011: «[…] n las sociedades contemporáneas, merced la complejidad de las relaciones entre sus agentes, es imposible que las asambleas representativas puedan configurar preceptos que solucionen, de manera específica, todos

merced la complejidad de las relaciones entre sus agentes, es imposible que las asambleas representativas puedan configurar preceptos que solucionen, de manera específica, todos los casos posibles. Por ende, es inevitable (y como se verá más adelante incluso necesario y valioso) que los jueces conserven la competencia para la definición concreta del derecho, a partir de reglas de origen judicial, creadas a partir de las disposiciones aprobadas por el legislador.» 16 Corte Constitucional, sentencia C-634 de 2011 17 Corte Constitucional, sentencia C-539 de 2011.7

Expediente: 110010315000-2023-01412-00

Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros

anterior, el concepto «ley» del referido artículo 230, debe ser entendido como el conjunto de normas constitucionales y legales, incluida la interpretación que de estas hacen las autoridades judiciales. Es decir, el carácter vinculante del precedente judicial es un claro desarrollo del principio de legalidad que debe dirigir las actuaciones que adelanten los servidores públicos.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 237 de la Constitución Política, el Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso -administrativo tiene el deber de unificar jurisprudencia al interior de la jurisdicción, de tal manera que las decisiones emitidas por este órgano se constituyen en precedente de obligatorio cumplimiento. Lo anterior cobra especial relevancia, al tratarse de un desarrollo del derecho a la igualdad, que se hace efectivo cuando una situación fáctica y jurídica se define con aplicación de criterios e interpretaciones adoptadas de manera previa en casos análogos, dicho en otras palabras, el derecho a la iguald ad se materializa cuando

efectivo cuando una situación fáctica y jurídica se define con aplicación de criterios e interpretaciones adoptadas de manera previa en casos análogos, dicho en otras palabras, el derecho a la iguald ad se materializa cuando asuntos con situaciones fácticas y problemas jurídicos similares se definen con base en la misma interpretación.

De otra parte, como se ha expuesto en párrafos anteriores, la regla general es la obligatoriedad del precedente proferido por los órganos de cierre de la respectiva jurisdicción, sin embargo, existen ciertos eventos en los que el juez puede separarse de dicha interpretación, para lo cual la jurisprudencia constitucional18 ha establecido como requisitos: i) el de la transparencia: para lo cual, el juez debe referirse de manera expresa al precedente conforme al cual se han resuelto casos análogos y del cual estima pertinente apartarse y; ii) el de la suficiencia: este exige al operador judicial exponer razones suficientes y válidas que justifiquen un cambio en el precedente, para lo que deberá demostrar que la ratio decidendi avalada por el órgano de cierre para resolver casos con situaciones jurídicas y fácticas similares « ha perdido vigencia para resolver asuntos futuros, bien sea por el cambio normativo o por la simple transformación social». En consonancia con lo anterior, es claro que, si una autoridad judicial se aparta del precedente sin acreditar el cumplimiento de los mencionados requisitos, la consecuencia es la vul neración de los derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso, así como, de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

2.4.3. Defecto sustantivo o material

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte

principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

2.4.3. Defecto sustantivo o material

En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto19. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho

18 Corte Constitucional, sentencias T-446 de 2013 y SU-113 de 2018. 19 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.8

Expediente: 110010315000-2023-01412-00

Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros

de que, si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta20, para lo cual precisó que los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las que se detecta el defecto sustantiv o, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance

dentro del margen de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.

A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos procesales21.

2.4.3. Sobre el caso concreto

Los demandantes acudieron al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundament ales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia proferida el 13 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena que confirmó la decisión del a quo de negar la reliquidación de la pensión de vejez de Sonia María Hernández Fuentes (q.e.p.d.).

Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto sustantivo22 y desconocimiento del precedente al pasar por alto que « para liquidar el monto de la pensión debía aplicarse el contenido de la Ley 6 de 1945, los

Lo anterior, al considerar que la referida decisión judicial incurrió en defecto sustantivo22 y desconocimiento del precedente al pasar por alto que « para liquidar el monto de la pensión debía aplicarse el contenido de la Ley 6 de 1945, los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y el Decreto 1045 de 1978» , es decir, la transitoriedad integral de la Ley 33 de 1985.

Ahora bien, al descender a la situación particular planteada por los demandantes, se observa que el Tribunal Administrativo del Magdalena en su decisión reconoció a Sonia María Hernández Fuentes (q.e.p.d.) como

20 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018 21 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018 22 Si bien la demandante también alegó un defecto fáctico, la motivación expuesta al respecto coincide con el presunto desconocimiento de las mismas normas invocadas en el defecto sustantivo, razón por la cual, el análisis se realizará respecto de este último.9

Expediente: 110010315000-2023-01412-00

Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros

beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 23, que en su artículo 1 dispone:

«[…] Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del

continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

[…]

Parágrafo 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido q uince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley. […]» [ Subrayado por la Sala]

De acuerdo con la normativa que antecede, se observa que el beneficio del régimen de transición contenido en la Ley 33 de 1985, conlleva a que se preserve la edad para adquirir el derecho, de acuerdo con el régimen anterior que resultare aplicable. Al respecto, en sentencia del 11 de mayo de 2020, expediente contencioso 250002342000201602800 (012454 -2018)24, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, explicó:

«[…] Régimen pensional aplicable a los empleados públicos con anterioridad a la Ley 33 de 1985

[…]

36. Ahora bien, sobre la norma anterior que resulta oponible por virtud del régimen de transición, se considera que la lectura desprevenida del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, supone que solo sea para efectos de determinar la edad; criterio que pese a ser contrario a lo que por mucho tiempo defendió la sección segunda, en cuanto a la aplicación integral e inescindible de

del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, supone que solo sea para efectos de determinar la edad; criterio que pese a ser contrario a lo que por mucho tiempo defendió la sección segunda, en cuanto a la aplicación integral e inescindible de la norma pensional, será el que acogerá esta Sala, porque apunta a la real intención del legislador al dist inguir expresamente los aspectos que protegía, sustentado en su libertad de configuración, y porque resulta ser la interpretación que de mejor forma se acopla a los principios constitucionales, y con el resultado de la evolución jurisprudencial que a parti r de ellos hoy día rige para las situaciones pensionales que se consolidan en vigencia de la Ley 100 de 1993, tal como pasará a explicarse. […]». (Resaltado por la Sala)

De acuerdo con la trascripción que antecede, la lectura otorgada al parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, es que se preservará, únicamente, el requisito de la edad del régimen anterior a aquellos beneficiarios de la transición. Tesis acogida por la autoridad judicial demandada al decidir acerca de la reliquidación pensional pretendida por Sonia María Hernández Fuentes (q.e.p.d.), así:

23 Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público. 24 CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Actor: Maryland Carrillo Turriago, C/. Colpensiones.10

Expediente: 110010315000-2023-01412-00

Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros

«[…] Si tomamos los periodos relacionados entre el 1 de marzo de 1969 a la

Expediente: 110010315000-2023-01412-00

Demandantes: Andrés Avelino Manjarres Bravo y otros

«[…] Si tomamos los periodos relacionados entre el 1 de marzo de 1969 a la fecha de entrada en vigencia de la Le y 33 de 1985, se tiene que aquella para ese momento había laborado como servidora pública un tiempo de 15 años, 10 meses y 26 días, tiempo que le permite, como en efecto lo sostiene en el recurso de apelación, beneficiarse del régimen de transición a que r efiere el parágrafo segundo del artículo 1 de aquella ley, es decir, como lo sostiene el Consejo de Estado, solo determina que se pensiona con la edad del régimen anterior, pues los factores de salario