CE - 010315000202301421001SENTENCIA20230518161135

Demandante: Consorcio Cigucón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01421-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01421-00

Demandante: CONSORCIO CIGUCÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Tema: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional y subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela formulada por el Consorcio Cigucón contra el Tribunal Administrativo de Boyacá . Esto, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El accionante, actuando por intermedio de su representante legal, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá 1. Con la interposición de este mecanismo de amparo pretende que se le proteja sus derechos fundamentales al debido

1. El accionante, actuando por intermedio de su representante legal, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá 1. Con la interposición de este mecanismo de amparo pretende que se le proteja sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

2. En sentir de la parte actora, la transgresión de las citadas garantías constitucionales se consolidó con la decisión del 20 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. En esta providencia se revocó el fallo de 22 de noviembre de 2021, dictado por el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja que había declarado liquidado y terminado el contrato de obra n.°7 de 2014 celebrado entre el accionante y la Empresa Departamental de Servicios Públicos de

Boyacá S.A. E.S.P2.

3. Lo anterior en el marco de la demanda de controversias contractuales identificada con el n.°15001 -33-33-006-2019-00014-00/01, promovida por la ESPB contra el

Consorcio Cigucón.

1 La tutela se presentó el 21 de marzo de 2023. 2 En adelante ESPBDemandante: Consorcio Cigucón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01421-00

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1.1. Pretensión constitucional

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

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1.1. Pretensión constitucional

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

1. Que como consecuencia de lo anterior se deje sin efecto la sentencia de fecha 20 de Septiembre de 2022, mediante el cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA, SALA DE DECISION No 04 se REVOCO la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2021, proferida por el juzgado administrativo del Circuito de Tunja

2. Que como consecuencia de lo anterior se profiera decisión sustitutiva revocando la

decisión del TRIBUNAL ADMNISTRATIVO, SALA DE DECISION No 4 , DISPONIENDO LA CONFIRMACION de la sentencia proferida por e l Juzgado doce administrativo del Circuito de Tunja como quiera que se encuentra ajustada a derecho. (SIC)

1.2. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia, de la siguiente manera:

5. El 8 de septiembre de 2014 la ESPB y el Consorcio Cigucón3 suscribieron contrato de obra n.º 007 de 2014, cuyo objeto consistía en la construcción de un alcantarillado sanitario y fluvial en el municipio de Villa de Leyva (Boyacá). El plazo inicialmente se pactó en 7 meses y su valor fue de $1.109.232.532,69.

6. Una vez vencido el plazo de ejecución contractual y sus respectivas prórrogas4, las partes contratantes iniciaron las gestiones tendientes a liquidar bilateralmente el contrato de obra. En este trámite se presentaron discrepancias respecto de mayores cantidades de ítems y obras.

las partes contratantes iniciaron las gestiones tendientes a liquidar bilateralmente el contrato de obra. En este trámite se presentaron discrepancias respecto de mayores cantidades de ítems y obras.

7. El 25 de octubre de 2016, la entidad realizó la toma de posesión de las obras, debido a que el contratista fue renuente a entregarlas en virtud de las inconformidades mencionadas con anterioridad.

8. En consecuencia, el 6 de diciembre de 2016, la ESPB entregó las obras al Municipio de Villa de Leyva, con constancia que las mismas estaban terminadas y en funcionamiento.

9. La ESPB y el contratista continuaron efectuando los trámites necesarios con miras a la liquidación del contrato, sin embargo, siguieron las diferencias respecto de las obras realizadas, por lo que fracasó la intención que se realizara bilateralmente.

10. La ESPB en ejercicio del medio de control de controversias contractuales , demandó al consorcio Ciguc ón, con la finalidad de obtener, entre otras, la liquidación judicial del contrato de obra n.º 007 de 2014.

3 El consorcio está conformado por CIGUCON S.A.S y el señor Asdrúbal Gómez Espíndola. A su vez, CIGUCON S.A.S. está compuesto por Carlos Iván González Uribe y Saúl González González. 4 El contrato de obra se prorrogó en tres oportunidades, luego el plazo de ejecución total fue de 12 meses.Demandante: Consorcio Cigucón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01421-00

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11. El proceso le correspondió al Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja. Esa autoridad judicial, mediante decisión de 22 de noviembre de 2021, declaró liquidado y terminado el contrato. Estableció que el consorcio Cigucón ejecutó el equivalente al 79.47% de la obra, lo que ascendía a la suma de $881.552.996.29, respecto de la cual no se demostró el pa go de $130.621.068 ,37 que se encontraba n condicionados a la suscripción del acta final de obra , para lo cual ordenó, que en caso que no se haya sufragado esa suma, se realizara el pago correspondiente.

12. Contra la anterior decisión, ambas partes interpusieron recurso apelación. Este último fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 20 de septiembre de 2022.

Esa corporación judicial revocó la providencia de primera instancia, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda, bajo el entendido que:

a. La oposición del demandando no puede derivar en una condena a cargo del demandante sin que medie una demanda de reconvención. Esto quiere decir, que sin la contrademanda la expectativa con la que contaba el demandante, e ra que en el peor resultado posible las pretensiones le fueran negadas y a lo sumo lo condenara en c ostas, pero de n inguna forma implicaría que l a sentencia le impusiera la realización de una prestación (como lo es el pago de una suma de

en el peor resultado posible las pretensiones le fueran negadas y a lo sumo lo condenara en c ostas, pero de n inguna forma implicaría que l a sentencia le impusiera la realización de una prestación (como lo es el pago de una suma de dinero) a favor del demandando de la discusión del derecho sustancial. b. La ESPB no autorizó ni solicitó la ejecución de mayores cantidades de obra ni obras adicionales, y no se reúnen los requisitos para su reconocimiento, además, adujo que dichas obras o cantidades tampoco fueron avaladas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, debido a que era un proyecto del Plan Departamental de Aguas.

1.3. Sustento de la vulneración

13. La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en los defectos procedimental absoluto y por exceso de ritual manifiesto, sustantivo y fáctico

con base en los siguientes fundamentos:

Respecto del defecto procedimental absoluto:

14. Consideró que el juez actúo al margen del procedimiento establecido por cuanto se apartó por completo de las disposiciones normativas que regulan la liquidación de los contratos estatales, con el argumento que la parte demandada no formuló una demanda de reconvención.

15. Lo anterior a su juicio, resulta contrario a lo establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, esto es la Ley 80 de 1993, que establece la obligación de liquidar los contratos y prevé los distintos procedimientos para tal fin, como lo son, la liquidación voluntaria o de común acuerdo entre las partes contratantes, la liquidación unilateral de la administración y la liquidación por vía judicial.

obligación de liquidar los contratos y prevé los distintos procedimientos para tal fin, como lo son, la liquidación voluntaria o de común acuerdo entre las partes contratantes, la liquidación unilateral de la administración y la liquidación por vía judicial.

16. Así mismo para estos efectos, hizo rela ción al concepto de la Sala de ConsultaDemandante: Consorcio Cigucón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01421-00

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del Consejo de Estado n. º1453 de 2003 y la sentencia del 29 de octubre de 2012 de la Sección Tercera, Subsección B de la misma Colegiatura, que indican que la liquidación judicial se solicita por vía del medio de control de controversias contractuales, y tiene por fin realizar un balance de la ejecución prestacional de un negocio jurídico y una definición de cuentas a favor o a cargo de unas de las partes del contrato, que permite determinar el grado de cumplimiento definitivo de las obligaciones.

17. Dicho lo anterior, consideró que estaba debidamente acreditado que la entidad contratante formul ó la acción contractual en contra del Consorcio, a efectos que se ordenara y realizara la liquidación judicial del contrato de obra n.º 007 de 2014 a luz de lo dispuesto en el artículo 141 del CPACA, toda vez que la misma no se logró de manera bilateral al no haber a cuerdo entre l as partes, ni fue liquid ado unilateralmente por la entidad contratante.

18. Manifestó que en el momento en que se revoca la decisión de liquidar y dar por

bilateral al no haber a cuerdo entre l as partes, ni fue liquid ado unilateralmente por la entidad contratante.

18. Manifestó que en el momento en que se revoca la decisión de liquidar y dar por terminado el contra to, se gener ó una v ía d e hecho y se contrarió las disposiciones normativas, doctrinales y jurisprudenciales acerca de la liquidación judicial, ya que una de l as pa rtes del contrato acud ió al juez para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, y que por vía judicial se h iciera un ba lance de la ejecución del contrato y se definiera las cuentas a favor o cargo de las partes del contrato.

19. De igual forma en su parecer, la decisión del ad quem contraviene la acción de controversias contractuales y el acceso a la administración de justicia, pues imponer la formulación de una demanda de reconvención cierra la posibilidad de liquidar el contrato de obra y de realizar un balance económico del mismo, que impediría reclamar los saldos que hubiera a favor de las partes.

Respecto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto:

20. Manifestó que uno de los argumentos expuestos por el Tribunal para no liquidar el contrato de obra, fue que no se formuló una demanda de reconvención y que incluso hubo yerros al momento de redactar jurídicamente la acción contractual, sin embargo, independientemente de esto, el contrato de obra debe y tiene que ser liquidado. Esto en atención a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y a lo establecido en el artículo 141 del CPACA, que establece que el juez del contrato debe hacer un corte de cuentas entre el contratista y el contratante, a fin de determinar si existen saldos a favor

artículo 141 del CPACA, que establece que el juez del contrato debe hacer un corte de cuentas entre el contratista y el contratante, a fin de determinar si existen saldos a favor o en contra de uno u otro.

21. Sostuvo que el hecho de abstenerse de liquidar un contrato con fundamento en el deficiente tecnicismo jurídico por medio del cual el demandante (en este caso contratante) formuló las pretensiones de la acción, sumado a que el demandando ejerció de manera errónea su defensa, no puede impedir que se tome una decisión de fondo en el asunto, que es, cumplir con un mandato legal y proceder a la liquidación del contrato.

22. Arguyó que el juez de primera i nstancia violó el principio de congruencia porque no podría adentrarse en el análisis de fondo del asunto como lo hizo o darle alcance deDemandante: Consorcio Cigucón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01421-00

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pretensión a la oposición y a las excepciones que elevó la parte demandada , pues de las pretensiones y de los hechos de la demanda se desprende que lo que se buscaba era la liquidación judicial del contrato.

Respecto del defecto sustantivo:

23. Consideró que se incurrió en este defecto al existir contradicción entre los fundamentos y la decisión, esto bajo el entendido que a pesar que en la parte considerativa del fallo de segunda instancia, se establece el porcentaje de ejecución del contrato y logra identificar la suma de dinero que le correspondería al contratista, se

fundamentos y la decisión, esto bajo el entendido que a pesar que en la parte considerativa del fallo de segunda instancia, se establece el porcentaje de ejecución del contrato y logra identificar la suma de dinero que le correspondería al contratista, se abstiene de liquidar el contrato.

Respecto del defecto fáctico:

24. Se incurrió en este defecto, bajo la óptica que de las pruebas obrantes en el proceso se demostró que no se encuentra acreditado el pago de $130.621.068,37 a favor del consorcio que debía realizarse con la firma del acta final de obra, sin embargo, el Tribunal consideró que el contratista no tiene derecho a que le fuera reconocida dicha suma de dinero.

1.4. Trámite de la acción de tutela

25. Mediante auto del 23 de marzo de 2023, el magistrado ponente inadmitió la acción de tutela de la referencia y concedió el término de tres días, para que el señor Carlos Iván González Uribe aportara el poder otorgado que lo legitim aba para interponer la presente acción de tutela, como apoderado del Consorcio Cigucón.

26. En consecuencia, el 23 de marzo de 2023, el señor González Uribe remitió el poder correspondiente. Por ende, en auto del 11 de abril de 2023, se admitió la tutela y dispuso la notificación del Tribunal Administrativo Tunja. También se ordenó vincular como terceros con interés en las resultas del proceso al Juzgado Sexto Administrativo de Tunja, a la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., Cigucón S.A.S., Carlos Iván González Uribe, Saúl González González, Asdrú bal de Jesús Gómez

de Tunja, a la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., Cigucón S.A.S., Carlos Iván González Uribe, Saúl González González, Asdrú bal de Jesús Gómez Espíndola y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.5. Intervenciones

27. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron

las siguientes intervenciones:

1.5.1. Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.

28. En primer lugar, hizo referencia a los hechos relacionados en el escrito de tutela, manifestando si los mismos eran ciertos, parcialmente ciertos o no le constaban.Demandante: Consorcio Cigucón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01421-00

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29. Solicitó que no se condene a la entidad, teniendo en cuenta que del escrito de tutela se pudo observar que no era responsable del actuar del Tribunal Administrativo de Boyacá. Agregó que, en todo caso, el despacho judicial actuó en derecho conforme a las normas vigentes, y que lo que se observó es un presunto abuso del derecho por parte del accionante, pues de forma desesperada y desleal, en el escrito de tutela manifestó estar de acuerdo con el fallo de primera instancia habiendo interpuesto un recurso de apelación contra el mismo, luego quiere al no verse favorecido por la segunda instancia que se confirme la decisión del a quo.

estar de acuerdo con el fallo de primera instancia habiendo interpuesto un recurso de apelación contra el mismo, luego quiere al no verse favorecido por la segunda instancia que se confirme la decisión del a quo.

30. Consideró que lo pretendido por el accionante, es utilizar la acción de tutela como una tercera instancia.

31. Afirmó que existe otra acción judicial identificada con el n.º 15001 23 33 000 2019 00220 00, que fue iniciada por el contratista en contra de la ESPB a través del medio de control de controversias contractuales , en donde pretende el pago por una obra no ejecutada. Respecto de este proceso, prosperó la excepción de caducidad de la acción en primera instancia y actualmente se encuentra en trámite la segunda instancia.

32. Manifestó que el presente asunto no cumple con el requisito de la relevancia constitucional, toda vez que solo se transcribieron normas, no se mencionó que derecho fundamental se le vulneró; por ende, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción.

33. En cuanto a la subsidiariedad, mencionó que el accionante pudo haber interpuesto el recurso extraordinario de revisión.

34. Por último, argumentó que no hay una irregularidad procesal porque el tribunal en su decisión aplic ó las normas del caso y lo que el actor pretende es que se omitan procedimientos y figuras jurídicas a su antojo u arbitrio, olvidando que la jurisdicción contenciosa administrativa es rogada, es decir que se tiene que pedir y saber pedir, y si no se hace en debida forma no se obtendrá derecho alguno, por tanto la decisión es acertada porque era necesario que operara la figura de la demanda de reconvención y por tanto no tiene derecho a una suma de dinero que no había pedido

no se hace en debida forma no se obtendrá derecho alguno, por tanto la decisión es acertada porque era necesario que operara la figura de la demanda de reconvención y por tanto no tiene derecho a una suma de dinero que no había pedido

1.5.2. Tribunal Administrativo de Boyacá

35. Puso de presente que en virtud de las diferencias que surgieron en la ejecución del contrato de obra tanto el contratista como el contratante, acudieron a la jurisdicción contenciosa administrativa.

36. Al respecto el contratista radicó la demanda identificada con el n. º 15001-23-33000-2019-002020-00 en las que pretendió el reconocimiento de sumas de dinero junto con su correspondiente indexación e intereses moratorios en atención a las mayores cantidades de obra e indemnización de perjuicios , adem ás de solicitar la liquidación judicial del contrato.Demandante: Consorcio Cigucón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01421-00

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37. Por otra parte , la entidad contratante formuló la demanda que dio lugar a la presente acción de tutela, en la cual solo se pretendía la liquidación judicial del contrato, sin embargo, el tribunal manifestó que de los hechos del l íbelo y de la misma c ausa petendi, se demostró que l o perseguido por la entidad era que el contratista devolviera una suma de dinero que había sido desembolsada. De manera que no podía hacerse una lectura formalista y reduccionista del líbelo, sino que una interpretación integral, lo

petendi, se demostró que l o perseguido por la entidad era que el contratista devolviera una suma de dinero que había sido desembolsada. De manera que no podía hacerse una lectura formalista y reduccionista del líbelo, sino que una interpretación integral, lo cual propende por el principio de congruencia.

38. Luego resaltó con esto que cada una de las partes pretendía obtener el reconocimiento de sumas de dinero a través de procesos separados e independientes, que pudieron ser acumulados, sin embargo, la solicitud de acumulación realizada por el contratista tardó en resolverse, por lo que no fue posible.

39. Reconoció que si bien la liquidación es un cierre de cuentas y un balance definitivo que puede generar saldos a favor o en contra de las partes del contrato, este aspecto se manifiesta cuando se trata de la liquidación bilateral o unilateral, sin embrago, en criterio del tribunal cuando la liquidación es judicial dicha característica debe pasar por el tamiz del principio de congruencia, en virtud de la garantía del debido proceso.

40. Por ello como el proceso inició en virtud de la demanda que present ó la entidad contratante solo se discutió las reclamaciones particulares y la jurisdicción solo podría decidir este aspecto y no otro, en tanto que, para extender el litigio, era necesario que se hubiera reconvenido.

41. Visto esto, resaltó que como cada demandante interpuso su demanda individual, sus reclamos deb ían resolverse en sus respectivos litigios, y como no procedió la acumulación para que en esta demanda se estudiara los reclamos del contratista, debió formular pretensiones en contra de aquella.

42. No se desconoció la naturaleza y finalidad de la liquidación, sino que con base en

acumulación para que en esta demanda se estudiara los reclamos del contratista, debió formular pretensiones en contra de aquella.

42. No se desconoció la naturaleza y finalidad de la liquidación, sino que con base en el principio de congruencia, el tribunal consideró que la condena contra el demandante era improcedente y recondujo el análisis a verificar si como lo afirmaba la entidad demandante, el co ntratista estaba obligado a devolver sumas de dinero previamente desembolsadas en sede administrativa.

43. Respecto al fallo de primera instancia, arguyó el Tribunal, que la orden de terminación del contrato es improcedente porque este fenómeno ocurrió por la expiración del plazo pactado, luego la jueza de primera instancia se equivocó al disponer la terminación de un contrato que ya se había terminado. Ahora, aunque la liquidación judicial era una pretensión que procedía, manifestó que no se podía dejar de lado el contexto reseñado, además si se hubiera liquidado el contrato por el tribunal se habría cerrado de plano por sustracción de materia la reclamación que elevó el contratista que en este momento se encuentra en sede de apelación en el Consejo de Estado.

44. Finalmente, indicó que lo que pretende el accionante es que la tutela actúe como una instancia de corrección de forma y que el análisis vaya más allá de la verificación deDemandante: Consorcio Cigucón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01421-00

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la validez de la argumentación de la providencia atacada para que la sentencia ordinaria definitiva acoja la tesis del accionante, máxime si se indica que la sentencia de segunda instancia no fue desfavorable al contratista.

1.5.3. Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja.

45. Remitió el expediente del medio de control solicitado e hizo una breve reseña de sus actuaciones dentro del proceso, las cuales han quedado ampliamente consignadas en el presente escrito.

1. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.1. Competencia

46. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el consorcio Cigucón contra el Tribunal Administrativo de Boyacá Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1.2. Legitimación en la causa

47. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

48. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el

pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

48. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el Consorcio Cigucón se encuentra legitimado en la causa por activa. Esto , porque figura como demandando en el proceso de controversias contractuales en el que se profirió la providencia cuestionada.

49. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo de Boyacá, está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad que profiri ó la decisi ón reprochada en esta oportunidad.

1.3. Problema jurídico

50. El primer problema jurídico que subyace al caso en concreto consiste en determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

51. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:

52. ¿La autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debidoDemandante: Consorcio Cigucón Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Radicado: 11001-03-15-000-2023-01421-00

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proceso y al acceso a la administración de justicia ? Esto, por incurrir en los defectos procedimental absoluto y por exceso de ritual manifiesto, sustantivo y fáctico , con ocasión de l a decisión de 20 de septiembre de 2022 , que revocó la providencia de

procedimental absoluto y por exceso de ritual manifiesto, sustantivo y fáctico , con ocasión de l a decisión de 20 de septiembre de 2022 , que revocó la providencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda de controversias contractuales promovida contra el Consorcio Cigucón.

53. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad, los cuales, de encontrarse superados junto con las demás exigencias, se procederá al análisis de (iii) el caso concreto

1.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

54. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 5. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales7.

55. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de t utela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 8. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia 9 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial10.

Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 8. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia 9 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial10.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 9 Los seis re quisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraor dinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la

razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los de rechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido