CE - 010315000202301498001SENTENCIA20230511085417

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01498-00

Referencia: Acción de tutela

Actores: ÓSCAR JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR

FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE DEBATIR

ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “ C”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

I. ANTECEDENTES

1 En adelante el Tribunal.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01498-00

Actor: ÓSCAR JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ

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I.1 La solicitud

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I.1 La solicitud

El señor ÓSCAR JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ, actuando a través de apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 21 de septiembre de 2022 , dentro de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001-33-35-013-2018-00425-02.

I.2 Hechos

Relató que ingresó como cadete a la Escuela General Santander de la Policía Nacional y fue dado de alta como subteniente el 16 de mayo de 1997.

Aseveró que prestó sus servicios en distintas jurisdicciones y nunca fue sancionado disciplinariamente, ni tenía antecedentes penales o fiscales.3

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Actor: ÓSCAR JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ

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Sostuvo que, meses antes del llamamiento a calificar servicios, fue adelantada una investigación disciplinaria 2 en su contra,

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Sostuvo que, meses antes del llamamiento a calificar servicios, fue adelantada una investigación disciplinaria 2 en su contra, dentro de la cual en sentencia de 9 de mayo de 2017 se profirió fallo sancionatorio, la cual fue notificada el 18 de ese mismo mes y año, esto es, faltando tan solo un mes para la evaluación de su trayectoria por parte de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, que no recomendó su llamado a curso de ascenso al grado de coronel.

Indicó que la segunda instancia del proceso disciplinario correspondió a la Procuraduría General de la Nación, quien asumió conocimiento bajo el número de radicación IUS 2017-632658 IUC D-2017-978202 y mediante providencia de 6 de septiembre de 2019 revocó la sanción, absolviéndolo de toda responsabilidad disciplinaria.

Manifestó que, posteriormente, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, recomendó su retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios a través de acta de 9 de febrero de 2018, sin que se hayan expuesto los motivos para dicha recomendación, ni un análisis de la hoja de vida, por lo que

2 Identificada con el número único de radicación GRUTE-2014-14.4

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mediante Resolución núm. 2381 de 16 de abril de 2018 , fue retirado del servicio activo.

Sustentó que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de la resolución que dispuso su retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios y, en su lugar, se ordenara su reintegro a la institución al cargo de Teniente Coronel o Coronel, a la cual le fue a signado el número único de radicación 201800425-00.

Afirmó que el proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá 3 que, en sentencia de 16 de diciembre de 2021, denegó las pretensiones de la demanda al considerar que su retiro por llamamiento a calificar servicios no fue una sanción anticipada por el proceso disciplinario que se adelanta ba en su contra, sino que obedeció al ejercicio de una potestad discrecional del Ministerio de Defensa.

3 En adelante el Juzgado.5

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Actor: ÓSCAR JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ

3 En adelante el Juzgado.5

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Aseguró que, inconforme con ello, interpuso recurso de apelación que fue desatado por el Tribunal que, mediante sentencia de 21 de septiembre de 2022, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, el Tribunal pasó por alto la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional en sentencia SU-091 de 2016, por medio de la cual han determinado que “no es aceptable que el llamamiento a calificar servicios pueda ser utilizado como una herramienta de persecución”.

Resaltó que en el asunto bajo examen, la figura del llamamiento a calificar servicios fue utilizada indebidamente, pues aun cuando tal acto administrativo no debe estar motivado, si es cierto que en casos en los que existan condiciones especiales de un miembro de la fuerza pública, una hoja de vida excepcional y una investigación disciplinaria, es necesario fundamentar las razones de una decisión tan trascendental e n la vida de un Oficial de la Policía Nacional, máxime cuando la potestad de retirar del servicio de la que goza la institución no es absoluta.6

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que goza la institución no es absoluta.6

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Aseveró que el acto acusado se encuentra viciado de nulidad, toda vez que además de ser expedido sin competencia, fue utilizado para disfrazar un proceso disciplinario que se adelanta ba en su contra, lo que evidencia una falsa motivación del mismo, comoquiera que aun cuando fundamentó su determinación en una recomendación inocua, la decisión estuvo influida por la Junta de Evaluación que convenientemente se emitió un mes antes de la evaluación de su trayectoria en la institución.

Añadió que la sentencia acusada incurrió en decisión sin motivación, pues omitió pronunciarse de fondo frente a la evidencia existente del nexo causal que existió entre el llamamiento a calificar servicios y la investigación disciplinaria, con el único fin de retirarlo del servicio y convirtiendo ello en una persecución laboral por parte de sus superiores.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia:

“[…] - DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia de fecha 21 de septiembre del 2022, emitida por

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C.7

instancia de fecha 21 de septiembre del 2022, emitida por

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C.7

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TERCERO. – Lo que en derecho corresponda y de conformidad con lo que tan Honorable Corporación disponga en cuanto al restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El Tribunal refirió que se opone a la prosperidad de la solicitud de amparo, en la medida que la sentencia acusada no incurrió en ningún defecto ni mucho menos vulneró los derechos fundamentales invocados, toda vez que la decisión adoptada se fundamentó en las normas pertinentes y con la interpretación que a ellas corresponde, atendiendo el alcance que sobre las mismas ha efectuado la jurisprudencia.

Adujo que la sentencia cuestionada fue proferida con prevalencia de los principios de sana crítica y buena fe, después de haberse surtido el procedimiento con garantía de igualdad e imparcialidad de las partes en contienda y, en ella, se encuentran consignados ampliamente los motivos que llevaron a denegar las pretensiones de la demanda, esto es, que a la luz de la jurisp rudencia de la Corte Constitucional fijada en la sentencia SU-091 de 2016 y con

ampliamente los motivos que llevaron a denegar las pretensiones de la demanda, esto es, que a la luz de la jurisp rudencia de la Corte Constitucional fijada en la sentencia SU-091 de 2016 y con reiteración de la sentencia SU 217 de 2016, así como los pronunciamientos del Consejo de Estado, el personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional podrá ser retira do por8

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llamamiento a calificar servicios, cuando cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro.

De tal forma que al estar debidamente acreditado que: i) hubo concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional que recomendó su retiro y ii) que el actor cumplía con los requisitos para ser beneficiario de una asignación de retiro, concluyó que el acto administrativo acusado se encontraba ajustado a derecho, comoquiera que, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de las Altas Cortes, no se requiere de una motivación que exceda la preestablecida por la norma, pues la motivación está contenida en el acto de forma extra textual y está dada por la ley.

Finalmente, sostuvo que en el presente c aso no se configuraron los requisitos establecidos para que la acción de tutela proceda

pues la motivación está contenida en el acto de forma extra textual y está dada por la ley.

Finalmente, sostuvo que en el presente c aso no se configuraron los requisitos establecidos para que la acción de tutela proceda contra providencias judiciales, sino que, por el contrario, lo que pretende el accionante es que se surta una tercera instancia, por cuanto fueron negadas sus pretensiones.

I.6. Intervinientes9

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I.6.1.- La Policía Nacional solicitó denegar la solicitud de amparo, habida cuenta que la autoridad judicial accionada realizó una adecuada valoración objetiva de manera conjunta y armónica del material probatorio allegado por las partes, a partir de la sana crítica, con fundamento en la norma vigente y la jurisprudencia de las Altas Cortes sobre el caso objeto de debate.

Sumado a lo anterior, indicó que en el asunto no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable o una amenaza inminente e injustificada, que amerite la intervención del juez constitucional, máxime cuando el actor ya ejerció las otras vías de protección judicial idóneas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6

judicial idóneas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de10

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2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20124, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha

esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número de radicación: 2009-01328.11

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fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo5.

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así: “[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 0112

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constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con lo s casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el13

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constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en

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constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesar io acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo

absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.14

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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo

presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

1. Violación directa de la Constitución. […]”

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efecto la providencia de 21 de septiembre de 2022, proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual confirmó la decisión del a quo, que denegó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 2018-00425-02.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial y en decisión sin motivación.15

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El disenso del actor tiene su origen en el hecho de que el TRIBUNAL pasó por alto que la figura del llamamiento a calificar servicios no debe ser utilizada como una herramienta de persecución, de tal forma que el acto administrativo acusado

El disenso del actor tiene su origen en el hecho de que el TRIBUNAL pasó por alto que la figura del llamamiento a calificar servicios no debe ser utilizada como una herramienta de persecución, de tal forma que el acto administrativo acusado estaba viciado de nulidad, comoquiera que además de haber sido expedido sin competencia, fue utilizado para disfrazar un proceso disciplinario que se adelantaba en su contra, lo que evidencia una falsa motivación del mismo.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y , de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados, por presuntamente haber incurrido en desconocimiento del precedente judicia l y en decisión sin motivación al haber proferido la sentencia de 21 de septiembre de 2022 aludida.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial , el requisito de la relevancia constitucional.16

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Actor: ÓSCAR JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ

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De acuerdo con la sentencia C - 590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe

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De acuerdo con la sentencia C - 590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional 6, de manera tal que « sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T -061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01498-00

Ramírez.17

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Actor: ÓSCAR JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providenci as judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por

acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derecho s fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar

[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01498-00

Actor: ÓSCAR JAVIER VELASCO RODRÍGUEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

improcedente el amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de

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improcedente el amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en