CE - 010315000202301519001SENTENCIA20231020100616

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01519-00

Accionante: Luz Esperanza Ríos Londoño

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01519-00

Accionante: Luz Esperanza Ríos Londoño

Accionado: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 25

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, mediante la cual se declaró infundado un recurso extraordinario de revisión y se condenó en costas a la parte accionante. Ausencia del defecto sustantivo, con respecto a la condena en costas, e incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional frente a los demás argumentos de disenso expuestos por la accionante.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Luz Esperanza Ríos Londoño en contra del Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 25.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Londoño en contra del Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 25.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la señora Luz Esperanza Ríos Londoño , por intermedio de su apoderado judicial, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y al trabajo en condiciones de igualdad y, junto con ellos, el principio de favorabilidad.2

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Como consecuencia de lo anterior, requirió ordenar al Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 25, revocar la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2022, mediante la cual resolvió el recurso extraordinario de rev isión con radicado 11001-03-15-000-2022-02876-00, para, en su lugar, infirmar el fallo proferido el 4 de febrero de 2021 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en esa medida, reconocer los intereses moratorios causados por el pa go tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

retroactivo por homologación y nivelación salarial.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

1. La señora Luz Esperanza Ríos Londoño instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, departamento de Caldas, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución núm. 76876 del 27 de septiembre de 2016 y, adicionalmente, el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo de la homologación y la nivelación salarial.

1. El 26 de abril de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensio nes de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, por lo cual esta última interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.

1. El 4 de febrero de 2021, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, en la medida en que revocó la condena en costas impuesta.

1. El 25 de mayo de 2022, la señora Ríos Londoño formuló recurso extraordinario de revisión en contra de la anterior providencia, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, consistente en existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

1. El 5 de septiembre de igual anualidad, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 25, declaró infundado el recurso, al considerar que la argumentación

1. El 5 de septiembre de igual anualidad, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 25, declaró infundado el recurso, al considerar que la argumentación planteada por la parte recurrente no se adecuaba a la causal de revisión invocada,3

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comoquiera que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, se pronunció sobre todos los asuntos que constituyeron el objeto de litigio. Además, condenó en costas a la parte recurrente.

1.1.3. Fundamentos de derecho

La accionante consideró que el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 25, al expedir la sentencia del 5 de septiembre de 2022, vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y al trabajo en condiciones de igualdad y, junto con ellos, el principio de fav orabilidad, e incurrió en las siguientes causales específicas de procedencia:

1. Defecto fáctico, al valorar de manera defectuosa el material probatorio, pues a pesar de que existían elementos de juicio suficientes, como lo son los actos administrativos que reconocieron la homologación y nivelación salarial, el certificado de pago del retroactivo generado, el certificado de los valores generados anualmente, el certificado de fecha de pago, los oficios de certificación de la deuda, entre otros, los cuales demuestran que la administración incurrió en una mora injustificada en el

retroactivo generado, el certificado de los valores generados anualmente, el certificado de fecha de pago, los oficios de certificación de la deuda, entre otros, los cuales demuestran que la administración incurrió en una mora injustificada en el reconocimiento y pago de la deuda por homologación y nivelación salarial, no se reconoció tal derecho.

Adicionalmente, a firmó que la corporación judicial precitada consideró de mane ra injustificada y equívoca que la homologación y nivelación salarial del personal administrativo adscrito al servicio educativo se surtió a través de un proceso que debía desarrollarse por etapas y, con base en esa premisa, justificó arbitrariamente que e l retroactivo adeudado desde 199 6 hasta 200 2 fuera cancelado en las vigencias del 2013 – 2014. Además, arguyó que la accionada apoyó la demora injustificada y antepuso las largas etapas administrativas y burocráticas tomadas por la administración para el r econocimiento y pago de una deuda de carácter laboral, que tardó cerca de 16 años en ser cancelada.

Por otro lado, sostuvo que la autoridad judicial accionada omitió valorar las pruebas y dio por no probado los hechos que emergen de ellas. Esto, por cuanto, a pesar de estar demostrado dentro del plenario la mora en que incurrieron las entidades demandadas, a través de las resoluciones, certificados y liquidaciones, fechas de pago4

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y los decretos contentivos de la homologación y nivelación salarial, que demuestran con fechas exactas e inequívocas la tardanza en el pago del retroactivo, «quiere hacer ver de manera distorsionada e ileg al, que el material probatorio no sirvió absolutamente para nada», para negarle los derechos laborales a la actora.

Aunado a ello, indicó que la accionada dio por probados hechos sin que existiera prueba de los mismos, al concluir que el Estado no había incurrido en mora en el pago de la acreencia solicitada, pese a que , con base a los hechos, la ley y el material probatorio allegado, era posible constatar que el derecho a la homologación era una tarea que debía adelantarse previo al traslado del personal de una entidad a otra, es decir, en el año 1997 cuando el personal administrativo fue transferido, y no 16 años después.

Asimismo, manifestó que el fondo de la litis versa sobre la procedencia o no de unos intereses de mora causados desde el momento en que nació la obligación, momento fáctico que tuvo su génesis cuando el personal fue transferido e incorporado en la planta de personal de la entidad territorial, mas no sobre si el acto administrativo que culminó con el trámite, es decir, el que ordenó el pago fue cancelado en un tiempo prudencial o no.

2. Defecto sustantivo, puesto que la Sala accionada no solo aplicó la norma de manera errónea, sino que desconoció la legislación aplicable al caso concreto, con lo cual

prudencial o no.

2. Defecto sustantivo, puesto que la Sala accionada no solo aplicó la norma de manera errónea, sino que desconoció la legislación aplicable al caso concreto, con lo cual procedió a emitir una dec isión judicial «manifiestamente errada que desatiende los parámetros de juridicidad y aceptabilidad».

Expuso que frente al argumento del juzgador de que el proceso de homologación y nivelación salarial era una tarea que debía desarrollarse por etapas; la Ley 60 de 1993 que ordenó la descentralización educativa estableció que el traslado e incorporación del personal debía desarrollarse en el término de 4 años, a partir de su vigencia; no obstante, dentro del proceso se probó que la administración , contrariando los postulados legales y constitucionales, procedió en el año 1997 a efectuar el traslado e incorporación del personal que culminó con el pago completo de las acreencias laborales dejadas de percibir en el mes de abril de 2013; por lo que no es posible que la accionada afirme que el proceso homologación y nivelación salarial se realizó en un5

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plazo razonable y por tanto a la demandante no le asista derecho al pago de intereses de mora.

Respecto del argumento de que no existe una norma que exp resamente faculte el pago de intereses de mora en los procesos de homologación y nivelación salarial;

de mora.

Respecto del argumento de que no existe una norma que exp resamente faculte el pago de intereses de mora en los procesos de homologación y nivelación salarial; indicó que aquel está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico en diversidad de normas, como el Código Civil, el Código de Comercio, el Estatuto labor al, la Ley 100 de 1993 y la Ley 1437 de 2011, entre otras disposiciones que consagran el deber de reconocer intereses de mora cuando se incumplen obligaciones dinerarias.

Finalmente, en relación con el argumento de que el retroactivo por homologación y nivelación salarial cancelado a la actora fue reconocido con la indexación; adujo que los intereses de mora y la indexación son conceptos financieros totalmente diferentes. Por tanto, si la administración incurre en el pago de una deuda retroactiva por los años 1997 a 2002, la cual es cancelada en la vigencia del año 2013, es lógico que deba actualizarla al valor presente, pero dicho componente inflacionario reconocido con el retroactivo no compensa la sanción por la demora en el tiempo, por lo que deben reconocer los intereses de mora, como indemnización del pago de las acreencias que debía tener consigo el servidor entre los años 1997 a 2002.

Por otra parte, afirmó que la autoridad accionada también incurrió en defecto material o sustantivo, al imponer la condena en costas por agencias en derecho, sin tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, pues estas no son obligatorias, sino que el fallador tiene la facultad de imponerlas analizando la conducta y buena fe de la parte vencida en juicio . En esa medida, consideró que, en

cuenta lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso, pues estas no son obligatorias, sino que el fallador tiene la facultad de imponerlas analizando la conducta y buena fe de la parte vencida en juicio . En esa medida, consideró que, en su caso, tanto ella como su apoderado no realizaron conductas tendientes a dilatar el proceso, ni actuaron de mala fe y tampoco se demostró que hayan incurrido en un a conducta procesal temeraria que ameritara esa carga sancionatoria, razón por la cual no habría lugar a dicha condena.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 19 de mayo de 2023, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó su impedimento para conocer de la acción de tutela de la referencia, al considerar estar en incurso en la causal contemplada en el numeral 5.º del artículo 56 del Código de6

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Procedimiento Penal, debido a que sostiene una relación de amistad cercana con la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico , quien suscribió la providencia objeto de cuestionamiento en esta sede constitucional.

1.2.2. El 29 de junio de igual anualidad , esta Subsección declaró fundado el impedimento formulado por el doctor Duque Gutiérrez y, en consecuencia, dispuso separarlo del conocimiento del asunto, en procura de garantizar los principios de

1.2.2. El 29 de junio de igual anualidad , esta Subsección declaró fundado el impedimento formulado por el doctor Duque Gutiérrez y, en consecuencia, dispuso separarlo del conocimiento del asunto, en procura de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.

1.2.3. El 2 de agosto de 2023, el despacho del magistrado ponente (i) admitió la acción de tutela en contra de l Consejo de Estado, Sala de Decisión núm. 25 , (ii) vinculó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional , y (iii) comisionó al Tribunal Administrativo de C aldas, para que notificara a todas las personas que intervinieron dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001 -23-33-0002017-00045-00/01, a excepción de la señora Luz Esperanza Ríos Londoño y de la entidad precitada, y, adicionalmente, remitiera copia digital del expediente referido.

1.2.4. El 29 de igual mes y año, el despacho sustanciador vinculó al departamento de Caldas, como tercero interesado en los resultados del proceso, en vista de que el Tribunal Administrativo de Caldas no aportó la constancia de notificación de esa entidad, tal y como se le había ordenado en al auto admisorio.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Secretaría de Educación del Departamento de Caldas

La secretaria de educación, Ángela María Velásquez Gallo, afirmó que no resulta razonable la exigencia de intereses moratorios en los pagos realizados por concepto

1.3.1. Secretaría de Educación del Departamento de Caldas

La secretaria de educación, Ángela María Velásquez Gallo, afirmó que no resulta razonable la exigencia de intereses moratorios en los pagos realizados por concepto de retroactivo de homologación y nivelación salarial del personal administrativo, comoquiera que no existe ninguna tardanza en el pago de esas obligaciones laborales por parte del empleador, sino una simple equiparación de cargos como consecuencia de una decisión administrativa del Estado , fundamentada en el Concepto núm. 1607 del 9 de diciembre de 2004 emitido por la sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la cual tiene un procedimiento legal establecido para determinar el monto7

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a reconocer y cuáles eran las fuentes de financiación y la asignación de recursos para el pago, de tal manera que no podría hablarse de un retardo imputable al deudor que justifique el pago de intereses moratorios.

Además, señaló que las sumas canceladas por este concepto fueron en su momento indexadas de tal manera que se tradujeran en el valor real de la acreencia al momento de su pago efectivo, para impedir el deterioro inflacionario de los conceptos salariales adeudados, garantizando de esta manera la aplicación efectiva del principio de equidad y, particularmente, del artículo 53 de la Constitución Política.

Igualmente, en relación con el pago de los intereses moratorios por concepto de prima

adeudados, garantizando de esta manera la aplicación efectiva del principio de equidad y, particularmente, del artículo 53 de la Constitución Política.

Igualmente, en relación con el pago de los intereses moratorios por concepto de prima de servicios, sostuvo que el Decreto 2351 de 2014 determinó que el personal administrativo del sector de educación tendría derecho a percibir esa prima a partir del 2015, por lo que no hay lugar a que dicho reconocimiento sea retroactivo o de lugar a intereses moratorios.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta Subsección es competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con lo previsto en el ordinal 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a la misma Corporación (sic), y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia para controverti r la sentencia del 5 de septiembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sala Especial de

Decisión núm. 25, en el recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15000-2022-02876-00. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si se8

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configuraron las causales defecto fáctico y sustantivo y, por ende, si se vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y al trabajo en condiciones de igualdad de la accionante.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,2 en la que se hace distinción e ntre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la

siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trat e de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el jue z debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.9

T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.9

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En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad , aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitució n. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia

2.5.1. En el caso bajo estudio no se cumple el requisito de relevancia constitucional, con respecto a los defectos sustantivo y fáctico, relacionados con la discusión sobre el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo reconocido por concepto de homologación y nivelación salarial , pues si bien la accionante discute la vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y al trabajo en condiciones de igualdad, lo cual en otras oportunidades

reconocido por concepto de homologación y nivelación salarial , pues si bien la accionante discute la vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y al trabajo en condiciones de igualdad, lo cual en otras oportunidades ha sido suficiente para entender superado este presupuesto, no lo es, porque lejos de revestir la importancia constitucional exigida, lo que denotan es la utilización del mecanismo de amparo como una instancia adicional al proceso ordinario para discutir asuntos de índole probatorio o de ley.

No obstante , la Subsección considera que sí se encuentra satisfecha la exigencia precitada, con respecto al cargo sobre la condena en costas, comoquiera que la accionante con este reparo no busca reabrir el debate ya concluido por los jueces de instancia, sino que se revoque dicha condena, debido a que, en su criterio, la autoridad judicial accionada aplicó de forma inadecuada las normas que regulan esa figura procesal.

2.5.2. Se cumple con el requisito general de subsidiariedad, comoquiera que s e agotaron todos los mecanismos de defensa judicial, por cuanto la decisión cuestionada es una sentencia que resolvió un recurso extraordinario de revisión.

2.5.3. Se encuentra satisfecha la exigencia de inmediatez, p uesto que la providencia objeto de censura fue notificada por correo electrónico el 23 de septiembre de 2022 y la acción de tutela fue instaurada el 23 de marzo de 2023, esto es, en el término de los10

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seis meses previstos jurisprudencialmente como plazo prudencial para el ejercicio de la tutela en contra de providencias judiciales.

2.5.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis normativo.

2.5.5. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia que pretende controvertirse f ue proferida dentro de un recurso extraordinario de revisión.

2.6. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del recurso extraordinario de revisión con radicado 11001-03-15-000-2022-02876-00, la Sala de decisión establece lo siguiente:

2.6.1. La señora Luz Esperanza Ríos Londoño instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Departamento de Caldas, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución núm. 76876 del 27 de septiembre de 2016 y, adicionalmente, el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo de la homologación y nivelación salarial.

2.6.2. El 26 de abril de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró fundadas

intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo de la homologación y nivelación salarial.

2.6.2. El 26 de abril de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró fundadas algunas excepciones, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, por lo cual esta última interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.

2.6.3. El 4 de febrero de 2021, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, en la medida en que revocó la condena en costas impuesta, bajo las siguientes consideraciones:

«[…] 3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste derecho al reconocimiento de intereses moratorios por el no pago inmediato del valor11

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correspondiente a la homologación y nivelación salarial de l a planta de personal administrativo adscrito al sector educativo del departamento de Caldas […]

comoquiera que el pago de los dineros reconocidos a la actora el 22 de marzo de 2013 (fecha desde la cual se hizo exigible la obligación), se realizó el 15 de abril del mismo año, esto es, dentro del mes siguiente, no puede pregonarse que esa «tardanza» implica

(fecha desde la cual se hizo exigible la obligación), se realizó el 15 de abril del mismo año, esto es, dentro del mes siguiente, no puede pregonarse que esa «tardanza» implica que se generen intereses de alguna naturaleza, máxime cuando en ninguno de los actos administrativos mencionados se señaló plazo que dé pie a que se cobren como sanción por el simple retardo o incumplimiento de él, y, además, ello debe tener su previsión legal al respecto […]

Como corolario de lo que se deja consignado, se tiene que la accionante, servidora administrativa al servicio de la educación oficial, que por cuenta de la descentralización de ese sector fue homologada y nivelada salarialmente en la planta de personal de la secretaría de educación de Caldas, no puede reclamar intereses moratorios por el pago tardío a su favor de los dineros por conc epto del correspondiente retroactivo, pues esa obligación, que se hizo exigible el 22 de marzo de 2013 (cuando se expidió el acto administrativo que reconoció los valores causados entre el 10 de febrero de 1997 y el 31 de diciembre de 2009), fue pagada el 15 de abril siguiente, plazo que no resulta irracional o caprichoso dados los trámites administrativos que deben surtirse, cuanto más si dicha sanción económica no quedó plasmada dentro del referido trámite o en alguna disposición legal.

Ahora bien, pese a que la demandante fue incorporada a la planta de la secretaría de educación de Caldas a partir de 1997 y tenía derecho a que le sufragaran los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos en forma correcta desde esa anualidad, lo cierto es que, co n el fin de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de lo que dejó de

prestaciones sociales y demás emolumentos en forma correcta desde esa anualidad, lo cierto es que, co n el fin de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de lo que dejó de devengar, la entidad, conforme al mandato constitucional contenido en el artículo 53 superior, indexó las correspondientes sumas, lo que resultaría, además, incompatible con el pago de intereses moratorios […]

Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su caus ación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la actora, se revocará la condena en costas impuesta en primera instancia […]». (Transcripción literal)

2.6.4. El 25 de mayo de 2022, la señora Ríos Londoño formuló recurso extraordinario de revisión en contra de la anterior providencia, con fundamento en la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, consistente en existir nulidad originada en l a sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

2.6.5. El 5 de septiembre de igual anualidad, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 25, declaró infundado el recurso, al considerar que la argumentación planteada por la parte recurrente no se adecuaba a la causal de revisión invocada,

Decisión núm. 25, declaró infundado el recurso, al considerar que la argumentación planteada por la parte recurrente no se adecuab