CE - 010315000202301619001SENTENCIA20230509075750

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01619-00

Actor: LEONARDO JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA contra acto administrativo que rechazó la postulación del accionante por incumplimiento de los requisitos que cert ificaban su experiencia / CONVOCATORIA 27 / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD – la parte actora cuenta con otros mecanismos judiciales de defensa: los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Leonardo José Sánchez Martínez contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 29 de marzo de la presente anualidad 1, el señor Leonardo José Sánchez Martínez interpuso acción de tutela contra el Consejo Supe rior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por con siderar vulnerados su s derechos fundamentales al trabajo, de

Martínez interpuso acción de tutela contra el Consejo Supe rior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, por con siderar vulnerados su s derechos fundamentales al trabajo, de acceso a los cargos púb licos, de acceso a la administración de justicia y de petición. Formuló la siguiente pretensión:

De conformidad con lo expuesto, solicito se dec lare la vulneración de mis derechos fundamentales y en esa medida se les ordene a las entidades accionadas que me admi tan para ejercer el cargo público de Juez Laboral, pues cumplo con el requisito 3.4 para el ejercicio de este.

1 Se ad vierte que , el 20 de abril de 2023 , el expediente ingresó al despacho de la magi strada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01619-00

Actor: Leonardo José Sánchez Martínez Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

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1.2 . Hechos y argumentos de la tutela

De la solicitud de tutela se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 , el Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para proveer los cargos de funcionarios en la Rama Judicial (Convocatoria 27).

El accionante m anifestó que se in scribió en la mencionada convocatoria, para participar por el cargo de juez laboral del circuito y que aprobó el examen de aptitudes y c onocimientos con su puntaje de 800.56. Sin embargo, mediante

participar por el cargo de juez laboral del circuito y que aprobó el examen de aptitudes y c onocimientos con su puntaje de 800.56. Sin embargo, mediante Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, se rechazó su po stulación, al no haber acreditado el requisito mínimo de experiencia.

Inconforme con lo anterior, el señor Leonardo José Sánchez M artínez solicitó la revisión de los documentos que fueron anexa dos con su inscripción, obteniendo respuesta en Oficio CJO23-1222 del 14 de marzo de la presente anualidad, en el cual se le informó lo siguiente:

[E]l artículo 3.º numeral 1.2. del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, estableció como requisito específico para los cargos de Juez de categoría de Circuito: “Acreditar experiencia profesional, por un lapso no inferior a cuatro (4) años.” (correspondiente a 1440 días) “…La experiencia profesional deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas…”. A su vez en el numeral 2.4.3. del mismo artículo se determinó que los aspirantes debían anexar, de conformidad con el instructivo, en archivo de formato PDF, copia de los certificados de experiencia profesional […].

Así las cosas, e n atención a la solicitud de verificac ión allegada d entro del término establecido para ello, se revisó el sistema para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo de Juez Laboral y se pudo constatar que no se acreditó el requisito mí nimo de experiencia exigido para el cargo de aspiración, […].

Como se observa, al realizar la sumatoria de los tiempos de las certificaciones

pudo constatar que no se acreditó el requisito mí nimo de experiencia exigido para el cargo de aspiración, […].

Como se observa, al realizar la sumatoria de los tiempos de las certificaciones que cumplen con los parámetros definidos en la convocatoria, se observa que no acredita el término mínimo requeri do para el cargo de aspiración equivalente a 1440 días.

Adicionalmente, las siguientes certificaciones, no cumplen con los requisitos previstos en el acuerdo de convocatoria […].

Sobre el particular se precisa, que la valoración de los certificados se h izo teniendo en cuenta la estricta aplicación de las normas establecidas en la convocatoria, en igualdad de condi ciones con los demás participantes, de manera que no es posible dar un tratamiento diferente, en cuanto a la experiencia profesional, la convoc atoria es clara en precisar que debe ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado, sin qu e hayaRadicación número: 11001-03-15-000-2023-01619-00

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lugar a interpretaciones diferentes. Así, la única experiencia profesional a tener en cuenta es posterior a esa fecha, esto es, al 23/12/2011.

Lo anterior de conformidad con lo estableci do en el artículo 3.º numeral 1. 2. “La experiencia profesional deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas(...)”.

Según el accionante, su rechazo se debió a un error en un certificado emanado de la Clínica Médicos S.A., en el que figuraba como fecha de expedición el 15 de

obtención del título de abogado en actividades jurídicas(...)”.

Según el accionante, su rechazo se debió a un error en un certificado emanado de la Clínica Médicos S.A., en el que figuraba como fecha de expedición el 15 de septiembre de 2015, cuando debió ser 2017, por lo que solicitó a la mencionada entidad que expidiera una nueva certificación, en la que aclarara tal situación.

Señaló que presentó una nueva sol icitud de verificación de documentos, junto con la nueva certificación que corrigió el yerro descrito , así c omo dos certificaciones laborales de despachos judiciales ante los que litigaba, que no habían podido ser aportadas con anterioridad, teniendo en cuenta el corto plazo que se estableció en el acuerdo inicial para adjuntar los documentos respectivos. Sin embargo, el 22 de marzo de 2023, la Unidad de Administración de Carrera Judicial con firmó el rechazo de su postulación , «sin tener en cuenta los argumentos, certificaciones, correcciones presentados en la solicitud verificación de documentos aportados para cumplimiento de requisitos mínimos».

Considera el accionante que se vulneran sus d erechos fundamentales por exceso ritual manifiesto, al haber rechazado su postulación al concurso, a pesar de haber acreditado que cumplió con los requisitos establecidos en la ley para el cargo al cual se inscribió y de haber anexado toda la documentación requerida que, si bien contenía un error, ya fue corregido.

Aunado a lo anterior, señaló que, para el momento de la inscripción al conc urso, los despachos judiciales que podían certificar su experiencia como profesional del derecho litigante tenían 15 dí as hábiles para resolver su solicitud, periodo que

Aunado a lo anterior, señaló que, para el momento de la inscripción al conc urso, los despachos judiciales que podían certificar su experiencia como profesional del derecho litigante tenían 15 dí as hábiles para resolver su solicitud, periodo que sobrepasaba el término fijado en el Acuerdo PCSJA18-11077 para aportar los documentos, por lo que se le impuso una «obligación imposible de cumplir».

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 10 de abril de 2023, el despacho de la magistrada ponente admitió la acción de tutela y ordenó que se notificara a la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, como parte de mandada, y, en calidad de tercero s con inter és, a losRadicación número: 11001-03-15-000-2023-01619-00

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participantes de la denominada Conv ocatoria 27 . Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. La Universidad Nacional, por conducto del director del P royecto Contrato de Consultoría 096 de 2018, rindió el informe respectivo sobre las actuaciones en las que ha intervenido d icha institución dentro de la Convocatoria 027 y expuso que , en el oficio CJO23 -1222 del 14 de marzo de 2023 , se puso en conocimiento del accionante las razones concretas de su exclusi ón, una vez efectuado el procedimiento de verificación de requisitos mínimos respecto de su situación

en el oficio CJO23 -1222 del 14 de marzo de 2023 , se puso en conocimiento del accionante las razones concretas de su exclusi ón, una vez efectuado el procedimiento de verificación de requisitos mínimos respecto de su situación particular y en concordancia con los actos administrativos que lo regulan.

De conformidad con lo anter ior, señaló que la acción de la referenc ia resultaba improcedente porque no era el mecanismo idóneo para controlar supuestas irregularidades por parte de la Administración, puesto que el aspi rante puede acudir a los medios de control de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar los act os administrativos que surgieron en torno a la decisión de rechazo , sin que se advierta la con figuración de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia excepcional de la tutela.

Asimismo, expuso que tampoco se adv ertía la vulneración de los derechos invocados por el accionante , pues, al igual que los demás aspirantes, ha tenido la posibilidad de expresar los reparos que a bien ha considerado, de cara a alguna inconformidad respecto de cualquier etapa o actuación derivada del concurso de méritos, aunado al hecho que su participación constituye una mera ex pectativa que solo se puede concretar una vez superadas todas las etapas.

2.3. La Unidad de Administración de Carrera Judicial, por m edio de su directora, rindió el informe respectivo y solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela al no existir vulneración ni amenaza de los derechos fundamentales del accionante por parte de esa entidad.

Expuso que, mediante Oficio CJO23-1222 de 14 de marzo de 2023, se le aclaró al

al no existir vulneración ni amenaza de los derechos fundamentales del accionante por parte de esa entidad.

Expuso que, mediante Oficio CJO23-1222 de 14 de marzo de 2023, se le aclaró al accionante que la sumatoria de los tiempos de las certificaciones que cumplen con los parámetros definidos en la convocatoria, es decir , con las expedidas por la Fundación Escuela Ambiental del C esar y la Clínica Médi cos S.A., y teniendo en cuenta los extremos temporales allí indicados y debidamente demostrados, no había acreditado la experien cia mínima requerido para el cargo de aspiraciónRadicación número: 11001-03-15-000-2023-01619-00

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equivalente a 1440 días, advirtiendo que con los certificados allegad os solo acreditó un tiempo total de 951 días.

Señaló q ue la valora ción de los certificados se realizó teniendo en cuenta la estricta aplicación de las normas establecidas en la convocatoria, en igualdad de condiciones con los demás partic ipantes, sin que sea posible darle un tratamiento diferente, por lo que solo fueron teni dos en cuenta los documentos aportados dentro del término legal de la inscripción, esto es, entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre de 2018 , sin que pudieran ser estudiados los certificados apo rtados recientemente con la solicitud de verificación de documentación.

Expuso que la tutela es improcedente al no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, ante la existencia de otro mecanismo idóneo de defensa jud icial

recientemente con la solicitud de verificación de documentación.

Expuso que la tutela es improcedente al no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, ante la existencia de otro mecanismo idóneo de defensa jud icial para desvirtuar la presunción de legalidad y buena fe de l as actuaciones administrativas, con los trámites previstos en la ley y aportando los med ios probatorios conducentes y con el agotamiento de los recursos en sede administrativa o en las acciones judiciales , por lo q ue, si el tutelante consideraba que los actos administrativos mediante los cuales se rechazó su postulación a la Convocatoria 27 no se ajusta ban a derecho, deb ía acudir al juez natural del asunto.

2.4. Los demás vinculados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, de acceso a los cargos púb licos, de acceso a la administración de justicia y de petición del señor Leonardo José Sánchez Martínez, al haber rechazado su po stulación a la Convocator ia 27, por «no acreditar el requisito mínimo de experiencia».

2. Aspectos generales de la Convocat oria 27, para proveer cargos de funcionarios en la Rama Judicial

Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura inició el proceso de selección y convocó al concurso de mérit osRadicación número: 11001-03-15-000-2023-01619-00

Actor: Leonardo José Sánchez Martínez Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

de la Judicatura inició el proceso de selección y convocó al concurso de mérit osRadicación número: 11001-03-15-000-2023-01619-00

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para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, denominado convocatoria 27.

A través de la Resolución CJR20 -0202 del 27 de octubre de 2020, la U nidad de Administración de Carrera Judicial decidió corregir la actuación que previamente se había desarroll ado, «a partir de la citación a la prueba de aptitudes, conocimientos generales y específicos y psicotécnica ». Dicha de cisión fue respaldada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022.

Con fundamento en lo anterior, los concursan tes fueron citados el 24 de julio de 2022, para que presentaran nuevamente la prueba de aptitudes y de conocimientos.

Por medio de la Resolución CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022, se publicó el listado contentivo de los resultados obtenidos por los concursante s, acto administrativo contra la cual procedía el recurso de reposición, de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrati vo (CPACA), las reglas de la convocatoria y la parte resolutiva del acto administrativo.

Una vez fueron resueltos los recursos de reposición presentados contra la resolución en mención, se procedió a dar co ntinuidad a la etapa de selección y su fase II, en la cual se profirió la Resolución CJR23 -0061 del 8 de febrero de 2023,

resolución en mención, se procedió a dar co ntinuidad a la etapa de selección y su fase II, en la cual se profirió la Resolución CJR23 -0061 del 8 de febrero de 2023, que decidió sobre la admisión o rechazo de los aspirantes que superaron la prueba de aptitudes y conocimientos. Contra esta decisión n o procedían recursos en sede administrativa.

3. Análisis de la Sala

En el caso particular, el señor Leonardo José Sánchez Martínez interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de C arrera Judicial y la Universidad Nacional de Col ombia, por considera r vulnerados los derechos fun damentales al trabajo, de acceso a los cargos públicos, de acceso a la administración de justicia y de petición , al haber sido rechazado como aspirante al concurso de méritos destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18 - 11077 de 16 de agosto de 2018 (Convocatoria 27).Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01619-00

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A su juicio, se incurre en exceso ritual manif iesto al no tener en cuenta que en la solicitud de verifica ción de documentos que presentó con posterioridad a su rechazo, corrigió el error incurso en una de las certificaciones que había adjuntado al momento de la inscripción para demostrar su experiencia laboral.

Bajo este contexto , se tiene que la inconf ormidad del accionan te radica en lo

rechazo, corrigió el error incurso en una de las certificaciones que había adjuntado al momento de la inscripción para demostrar su experiencia laboral.

Bajo este contexto , se tiene que la inconf ormidad del accionan te radica en lo resuelto en la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, que decidió sobre la admisión o rechazo de los aspirantes que superaron la prueba de aptitudes y conocimientos, acto administrativo de carácter particular, cuya legalidad pue de cuestionarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la ley 1437 de 20112.

Al respecto , la Sección Segunda de esta Cor poración3 ha establecido que los actos administrativos proferidos en el marco de un concurso de méritos , que tengan un carácter definitivo para los aspi rantes, pueden ser objeto de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así se ha expresado:

En los concursos de méritos la jurisprudencia ha sido del criterio que los actos administrativos que se expiden durante el trascurrir del proceso son preparatorios y de trámite y que solo la lista de elegibles es el acto definitivo susceptible de ser enjuiciado. Sin embargo, también se ha dicho que cuando el acto de trámite le impide al aspirante continuar su participación se convierte en el acto definitivo que definió su situación jurídica y, en consecuencia, puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo4

Al respecto, la jurisprudencia ha seña lado, en relación con los actos administrativos de calificación que eliminan a los participantes que, al igual que la lista de elegibles «son actos típicamente definitorios de sit uaciones

Al respecto, la jurisprudencia ha seña lado, en relación con los actos administrativos de calificación que eliminan a los participantes que, al igual que la lista de elegibles «son actos típicamente definitorios de sit uaciones jurídicas, en la medida en que al asignar un puntaje o establecer la ubicación de los convocados para efectos de proveer un cargo en propiedad, otorgan un estatus al participante y afectan su interés de acceder a la carrera administrativa»5.

Así las cosas, precisa la Sala que la tutela se torna en improcedente, toda vez que el señor Sánchez Martínez dispone de otro mecanismo judicial para reclamar la

2 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. To da persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una nor ma jurídica, podrá pedir que se declare la nulida d d el act o administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inc iso segundo del artículo anteri or. Igualmente pod rá pretenderse la nulidad del acto administrativo ge neral y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este a l particular demandante o la reparación del daño caus ado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o c umplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel». 3 Consejo de Estado, Secc ión Segunda, sentencia del 8 de marzo de 2012, radic ado 11001-03-25-000-2010el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel». 3 Consejo de Estado, Secc ión Segunda, sentencia del 8 de marzo de 2012, radic ado 11001-03-25-000-201000011-00 y del 5 de noviembre de 2020, radicado 25000-23-41-000-2012-00680-01. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1º de septiembre de 2014 , radicado 05001-23-31-000-2008-01185-01(2271-10). 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de octubre de 2019 , radicado 6600123-33-000-2016-00794-01(2162-18).Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01619-00

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protección de los derechos fundamentales invocados , este es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Cabe recor dar, además, que el pr oceso contencioso administrativo p revé mecanismos como las medidas cautelares, que permiten qu e el juez adopte las decisiones pertinentes para que, por ejempl o, no se vulneren derechos fundamentales. De modo que la parte actora, en el respectivo medio de c ontrol, puede pedi r la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo que cuestiona por vía de tutela, medida cautelar que sí es un m edio de defensa ágil y efectivo, en cua nto permite proteger y garantizar, de manera

puede pedi r la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo que cuestiona por vía de tutela, medida cautelar que sí es un m edio de defensa ágil y efectivo, en cua nto permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la protección de los derechos fundamentales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación consideró:

En estos términos, se concluye que: i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que la acción de tutela, por varia s raz ones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se e xige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea ostensible; de he cho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo6.

Ahora, sobre la inconformidad que manifestó el señor S ánchez Martínez por el corto periodo de inscripción fijado en el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, esto es, «desde el día 27 de agosto a las cero horas (0:00) hasta el 7 de septiembre a las veinticuatro horas (24:00) » pues, a su juic io, le impuso una «obligación imposible de c umplir» para aportar las certifica ciones requeridas,

septiembre a las veinticuatro horas (24:00) » pues, a su juic io, le impuso una «obligación imposible de c umplir» para aportar las certifica ciones requeridas, precisa la Sala que la tutela también resulta improcedente al pretende r ejercer la tutela para controvertir un acto de carácter general, ante la existencia otro mecanismo judicial de defensa: el de medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 20117.

6 Consejo de Estado, Sala Plena. P rovidencia del 5 de marzo de 2014. Expedient e N o. 25000 -23-42-000201306871-01. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego. 7 «ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de la s normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. (…)».Radicación número: 11001-03-15-000-2023-01619-00

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En los anteriores términos , la Sala declarará improcedente el amparo solicitado por el señor Leonardo José Sánchez Martínez , por no cu mplir con el re quisito de subsidiariedad, sin que s e evidencie la conf iguración de un perjuicio irremediable

por el señor Leonardo José Sánchez Martínez , por no cu mplir con el re quisito de subsidiariedad, sin que s e evidencie la conf iguración de un perjuicio irremediable para que la tutela proceda como mecanismo transitorio.

En mérito de lo expuesto, el Cons ejo de E stado, en Sala de lo Con tencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justici a en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar improced ente la acción d e tutela ejercida por el señor Leonardo José Sánchez Martínez , por lo razo nado en la p arte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los in teresados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impug na, por Secretaría Gene ral, envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ VF Esta providencia fue discutida en sala de l a fecha del encabezado y fi rmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e i ntegridad de su conteni do pued en ser validadas escaneando el códig o QR qu e aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. aspx.