CE - 010315000202301647001SENTENCIA20230524165918

CONSEJO DE EST ADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MART A NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., mayo veintitrés (23) de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 1 10010315000202301647 00

Accionante: HAROLD DE JESÚS BECERRA SAÑUDO Y OTRA Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRA TIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INST ANCIA) T e m a s : A C C I Ó N D E T U T E L A C O N T R A P R O V I D E N C I A J U D I C I A L – R e q u i s i t o s / D E F E C T O P O R D E S C O N O C I M I E N T O D E L P R E C E D E N T E – N o e x i s t e p r e c e d e n t e j u r i s p r u d e n c i a l u n i f i c a d o s o b r e l a m a t e r i a / L IQUIDACIÓN DE CAJANAL – Efectos en el cómputo del término de caducidad de la acción ejecutiva.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada por los señores Harold de Jesús Becerra Sañudo y Magally del Carmen Becerra Sañudo 1 , de conformidad con el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1 , de conformidad con el Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda El 30 de marzo de 2023, los señores Harold de Jesús Becerra Sañudo y Magally del Carmen Becerra Sañudo, por conducto de apoderado judicial, instauraron

1 Q u e i n g r e s ó p a r a f a l l o e l 5 d e m a y o d e 2 0 2 3 .Radicaciónnúmero:11001031500020230164700Accionante:HarolddeJesúsBecerraSañudoyotraAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarca,SecciónSegunda,SubsecciónAReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) demanda de tutela contra el T ribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. Hechos relevantes Los señores Harold de Jesús Becerra Sañudo, Magally del Carmen Becerra Sañudo e Hilda Liliana Becerra Sañudo interpusieron demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP , con el fin de que “sedicteordendepagoporlasumade$49.151.690porconceptodeinteresesmoratorios”derivados de la sentencia judicial mediante la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de la señora Hilda Sañudo de Becerra (Q.E.P .D.).

Mediante providencia del 12 de junio de 2019, el Juzgado 42 Administrativo de Bogotá negó las excepciones propuestas por la parte ejecutada y ordenó seguir adelante con la ejecución “porlosinteresesmoratorioscausadosdesdeel02dediciembrede2009hastael31deagostode2013”. T anto la parte ejecutada como la ejecutante presentaron sendos recursos de apelación contra esa decisión. El T ribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de proveído del 1 1 de agosto de 2022 - notificadoelectrónicamenteel11deoctubrede2022-, revocó la sentencia de primera instancia y declaró probada la caducidad de la acción ejecutiva. 2Radicaciónnúmero:11001031500020230164700Accionante:HarolddeJesúsBecerraSañudoyotraAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarca,SecciónSegunda,SubsecciónAReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia)

3. Fundamentos de la demanda de tutela La parte tutelante indicó que se configuró un defecto por desconocimiento del precedente, porque la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que el Consejo de Estado ha establecido que “mientrasseadelantóla liquidacióndeCAJANALseinterrumpiólacaducidad”.

Como fundamento de esa afirmación, trascribió apartes de las sentencias del 25 de agosto de 2015 (número interno 1777-2015), del 14 de mayo de 2019 (radicado 2019-0083) y del 12 de septiembre de 2022 (número interno 6191-2018).

Precisó que a partir de esas providencias “ se adoptóy rectificóla posiciónrespectoalacaducidad,enlaqueseestimaquenodebeserasumidaporelactorquedeseaacudira la administraciónde justiciaen buscade losderechosadquiridos,asumiendoelpesodelaliquidacióndeunaentidadqueteníadeudaspensionales”,como es el caso de los tutelantes que reclaman un derecho derivado de una sentencia judicial que reconoció un derecho pensional del sistema administrado por la entidad liquidada. Afirmó que la demanda se formuló dentro de los 5 años y 18 meses previsto en el CP ACA, en la medida en que: i) En virtud del Decreto 2196 de 2009, los términos de caducidad de las acciones frente a obligaciones a cargo de la entidad liquidada fueron suspendidos desde el 12 de junio de 2009 hasta el 1 1 de junio de 2013. ii) Para esa época, las obligaciones en las que se fundamenta la demanda ejecutiva se encontraban a cargo de Cajanal y no de la UGPP , que atendió reclamaciones de cumplimiento posteriores al 8 de noviembre de 201 1. 3Radicaciónnúmero:11001031500020230164700Accionante:HarolddeJesúsBecerraSañudoyotraAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarca,SecciónSegunda,SubsecciónAReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) iii) La liquidación de la entidad terminó el 1 1 de junio de 2013 y a partir de ello, se reanudó el cómputo de los cinco (5) años y 18 meses para formular la demanda ejecutiva.

1. El 12 de diciembre de 2019, era la fecha límite para formular la petición de cumplimiento de las sentencias.

De otra parte, trascribió apartes de la sentencia del 26 de mayo de 2022 (radicado 2013-04993) en la que la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado señaló que el hecho de que la competencia de la UGPP sea efectiva a partir del 8 de noviembre de 201 1, no implica que la atención de las reclamaciones de pago de las prestaciones económicas derivadas de la reliquidación pensional anteriores a esa fecha no corresponda a la UGPP , “puescomolo tieneestablecidoestacorporación,alliquidarseCAJANALapartirdel12dejuniodel2013ydándoseporterminadasuexistencialegal,todaslasobligacionesquepudiesenhaberestadobajosuresponsabilidaddebíanpasara laUGPPporsersucesionaria,envirtuddeloestablecidoenelartículo2°delDecreto2040de2011”. Finalmente, mencionó que con la decisión cuestionada “sibiennoseconfiguraenunaburdatrasgresióndelaCarta,sísetratadeunadecisiónilegítimaqueafectaderechosfundamentalesatrásanalizadosy poneendesventajaal accionantefrenteaotrosdemandantes”.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante providencia del 1 1 de abril de 2023, se requirió al abogado que presentó la demanda para que allegara el poder conferido por la señora Hilda Liliana Becerra Sañudo para ejercer su representación en el asunto de la 4Radicaciónnúmero:11001031500020230164700Accionante:HarolddeJesúsBecerraSañudoyotraAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarca,SecciónSegunda,SubsecciónAReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) referencia, so pena de rechazo de la demanda de tutela respecto de la mencionada señora. Con ocasión de lo anterior , el abogado que presentó la demanda de tutela manifestó que “porerrordedigitacióndelsuscritoseincluyóa laseñoraHILDALILIANABECERRASAÑUDO(Q.E.P.D)enlaaccióndetutelayporellosolicitonoseatenidaencuenta”. Por medio de proveído del 24 de abril de 2013, se admitió la demanda de tutela respecto de los señores Harold de Jesús y Magally del Carmen Becerra Sañudo, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó, como tercero con interés, a la UGPP . 4.2. El T ribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, indicó que la acción de tutela de la referencia es improcedente porque “losargumentospresentadosporlaparteactoraestánencaminadosaatacarelcriteriointerpretativodeljuez”.

De otra parte, refirió que la decisión cuestionada contiene ampliamente las razones en que se fundamentó, por lo que solicitó “darlealcanceaesetexto”. Planteó que no es procedente alegar la existencia de un defecto cuando determinada providencia se fundamentó en un criterio jurídico o en una interpretación razonable de las normas aplicables al caso, porque ello vulneraría el principio de autonomía e independencia de los jueces de la República. Sostuvo que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias del proceso 5Radicaciónnúmero:11001031500020230164700Accionante:HarolddeJesúsBecerraSañudoyotraAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarca,SecciónSegunda,SubsecciónAReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) ordinario o expongan argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer . Por último, mencionó que “noexistetampocoenelexpedientepruebanielementodejuiciofundadoqueacrediteválidamentelapresenciadeunasituacióngrave,inminentey urgentequehagaimpostergablelaprotecciónmediantelaaccióndetutelanoresultaprocedentelapresentedemanda”. 4.3. La UGPP sostuvo que, contrario a lo afirmado por la parte tutelante, el tribunal accionado no desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado, solo que “enatenciónalamutabilidaddelderecho,yluegodehaberrealizadounestudiodelastesisde suspensiónde la acciónejecutivapredicablea la extintaCAJANAL,determinóquetresañosatráslasmismasfueronevaluadasporel ConsejodeEstadoyenesesentidosedefinióquenoleeraaplicablelapredichasuspensióndetérminosdurantesuprocesoliquidatorio…”.

Resaltó que lo que pretenden los tutelantes es justificar su omisión bajo el argumento de que al momento de presentación de la demanda se encontraban suspendidos los términos frente a la extinta Cajanal, sin tener en cuenta que las funciones y obligaciones de esa entidad fueron trasladadas a la UGPP “porloquenoesdableinferirquedentrodeuntrámitey el otrohubosuspensióndelostérminosdelasaccionesejecutivasy queporendenooperólacaducidaddelaacción”. Afirmó que la decisión cuestionada se ajustó al derecho, debido a que el tutelante podía “exigirvíaejecutivaelpagodelosinteresesdel177bajounatesishastael7deoctubrede2014y porlaotrael7deabrilde2016,sinembargo,soloejerciódichaacciónhastael29denoviembrede2016,configurándoselacaducidaddelaacciónylainexigibilidaddelaobligación”. 6Radicaciónnúmero:11001031500020230164700Accionante:HarolddeJesúsBecerraSañudoyotraAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarca,SecciónSegunda,SubsecciónAReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) Sin perjuicio de lo anterior , mencionó que el amparo solicitado es improcedente porque se pretende sustituir una decisión ejecutoriada y proferida por el juez natural de la causa, que no se apartó de la jurisprudencia del Consejo de Estado, solo que, luego del análisis correspondiente, aplicó la tesis más reciente.

II. C O N S I D E R A C I O N E S Los señores Harold de Jesús Becerra Sañudo y Magally del Carmen Becerra pretenden que se deje sin efectos la providencia del 1 1 de agosto de 2022 – mediantelacualserevocóladecisióndeseguiradelanteconlaejecucióny sedeclaróprobadala caducidadde la acciónejecutiva–, tras considerar que el T ribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente, porque no tuvo en cuenta que el Consejo de Estado señala que “mientrasseadelantólaliquidacióndeCAJANALseinterrumpiólacaducidad”.

Se ha establecido que este defecto se configura cuando una autoridad judicial se aparta del precedente, sin exponer , de manera suficiente y proporcionada, las razones de su decisión 2 . Pues bien, se tiene que en la decisión cuestionada el tribunal accionado sostuvo (transcripción de forma literal): Sealoprimero, dilucidar acercadelacaducidaddelaacciónejecutiva,lacualesentendidacomounplazoobjetivoparael ejerciciooportunodel derechodeacción, se encuentra regulada en las normas procedimentales como unacargaprocesal, esdecir, comounimperativoqueemanadelasdisposicionesadjetivas con ocasión del proceso, en cabeza de las partes, no exigiblecoercitivamente, y cuya no ejecución acarrea consecuencias jurídicas 2 S e n t e n c i a S U – 6 3 1 d e 2 0 1 7 .

2 S e n t e n c i a S U – 6 3 1 d e 2 0 1 7 . 7Radicaciónnúmero:11001031500020230164700Accionante:HarolddeJesúsBecerraSañudoyotraAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarca,SecciónSegunda,SubsecciónAReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) desfavorablesparael renuente.Porloanterior,seentiendelacaducidadcomoel plazoperentorioparacomenzar el proceso, ydecuyoincumplimientolaleypresume la falta de interés del demandanteenel impulsodel mismo, ycuyovencimientohacequeseaimposibleintentarsuinicio. El numeral 11del artículo136del Decreto01de1984,yhoydeigual maneraen el literal k) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,establece que el término para solicitar la ejecución de títulos derivados delcontrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de loContencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitralescontractuales estatales, será de cinco (5) años contados a partir de laexigibilidaddelaobligaciónenelloscontenida. Existeunaposiciónenel ConsejodeEstadoqueestimaquelacaducidaddelaaccióndebecontabilizarseenarmoníaconlosartículosyaenunciadosyelInciso2.º del artículo192del CCAeinciso2.ºdel artículo299del C.P.A.C.A.;arribandoalasiguientetesis: Enconclusión, laoportunidadparaformular lademandacuandosepretendelaejecución de una sentencia judicial proferida por la jurisdicción de locontenciosoadministrativo, es de5años contados apartir delaexigibilidaddelaobligacióncontenidaenlaprovidenciajudicial decondena, enlossiguientestérminos:

1. 18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, si fue dictada deconformidadconel CCAoDecreto01de1984.2. 10 meses siguientes a lamismaejecutoria, si setratadesentenciadictadaenprocesos regidos por el CPACAoLey 1437de2011, enlacual secondeneal pagodesumasdinerarias.3. 30 días siguientes a su comunicación, cuando la condena no implique elpagoodevolucióndeunacantidadlíquidadedineroenprocesosregidosporelCPACAoLey1437de2011–art.192inciso1.ºib

3 Loanterior,significaqueel demandantecuentaconunplazodedieciocho(18)meses más cinco (5) añosparaejercer laacciónejecutivaenel casoqueseencuentre bajo los mandatos del CCA. Sin embargo, es preciso manifestarqueel magistradoponentenocomparteesaargumentación,porlassiguientesrazones: - El término contenido en el artículo 177 del CCA, de dieciocho (18) mesesdebe entenderse para efectos de la inembargabilidad de los recursosincorporados en el presupuesto de las entidades, no se trata entonces, deinejecutabilidad. En efecto, de conformidad con las disposiciones quereglan 3

3 O r i g i n a l d e l a c i t a : “ConsejodeEstado–SaladeloContenciosoAdministrativo.SecciónSegunda– Subsección A – Consejero Ponente: WILLIAMHERNÁNDEZGÓMEZ. dos (02) dejuliodedosmil veinte (2020). 76001-23-33-000-201800789-01(2930-19). Disponible en:http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/?docid=76001-23-33-000-2018-00789-01(2930-19)#sdfootnote10anc”.8Radicaciónnúmero:11001031500020230164700Accionante:HarolddeJesúsBecerraSañudoyotraAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarca,SecciónSegunda,SubsecciónAReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) lasobligacionesenel ordenamientojurídico,estassonejecutablesapartirdeldíasiguienteasuexigibilidad(ejecutoriaofirmezadelaprovidenciajudicial oactoadministrativoocumplimientodelacondición,segúnel caso). - Estetérminoimpidequelosjuecesemitanórdenesdeembargoencontradelos recursos incorporados en el presupuesto de las entidades deudoras,mientras no hubiere vencido ese término de gracia de los dieciocho (18)mesesprevistosenel C.C.A. - Desdelaspremisasbásicasdel derechoprocesal,lasprovidenciasjudicialessehacenexigiblesdesdesuejecutoria;portanto,el acreedorseencuentraenposibilidaddeincoar laacciónejecutivadesdelafechadelaejecutoriadelassentenciasquelereconocesusderechoseconómicos.

En consecuencia, este Despacho encuentra posible y jurídicamente viablecontabilizar el término de caducidad de cinco (05) años, a partir de laejecutoria de las sentencias que se allegan con la demanda como título derecaudoejecutivo. Ahorabien, resultanecesariotratar lastesisquehansubsistidoenmateriadecaducidad de la acción ejecutiva teniendo en cuenta la liquidación deCAJANAL, toda vez que, en algún momento el Consejo deEstado, dejóporsentadoqueel términodecaducidaddebíaentendersesuspendidoduranteeltiempo en que se llevó a cabo el proceso liquidatario de la entidad; sinembargo, esa tesis nuncafueacogidapor el despachosustanciador ydesdehace tres (03) años fue evaluada nuevamente por el Consejo de Estado,arribadoalaconclusiónquedeniegaesateoría. Seprocedeaexponeralgunasconsideracionesrelevanteseneseaspecto: El término legal de caducidad por regla general transcurre sin solución decontinuidad, sin atender circunstancias subjetivas del titular del derecho deacción, oranegligencia, ignoranciadelaleyuotra.Sóloexcepcionalmente,ellegislador podrá ordenar la suspensión de tales términos, piénsese en lahipótesis de la pandemia originada en el coronavirus COVD 19, que elGobiernoNacional medianteDecretos–Leyes,hadispuestolasuspensióndetérminoslegalesprocesalesjudicialesprotémpore.

LaLey550de1999, derogadadeformaexpresapormediodelaLey1116de2006 fue expedida para la reestructuración de los pasivos en el sectorempresarial privado, afindeevitar ladesaparicióndemuchasempresas. Sinembargo, algunos municipios se acogieron a la definición de Acuerdo oreestructuración de sus deudas con los respectivos acreedores; pero lafinalidad y objetivo de esa ley, estuvo encaminada a evitar que el sectorprivadollegaraaestadosdequiebraodeconcordatos.

9Radicaciónnúmero:11001031500020230164700Accionante:HarolddeJesúsBecerraSañudoyotraAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarca,SecciónSegunda,SubsecciónAReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) Estanormalegal previóenrelaciónconlasempresasqueseacogieranaeseespecial procedimiento de reestructuración de pasivos, que los procesosjudiciales ejecutivos que se encontraren en curso en contra de ellas debíansuspenderse de manera inmediatayquelosacreedoresejecutanteshicieranvaler sus créditos ante el respectivo promotor encargado de lareestructuraciónoacuerdodepasivos.Obvio,porqueserepiteeralafinalidadaliviar,oxigenarlacapacidaddepagodeloscréditosalongandolosplazos.Contrarioacontececuandosedeterminaliquidar osuprimir delavidajurídicauna unidad de explotación económica privada o pública. El fin único, esfiniquitarla. Cuando el GobiernoNacional definióliquidar unaentidadpública,comolofuelaCajaNacional dePrevisiónSocial,esasupresiónfueordenadapor medio del Decreto No.2196dejuniode2009, peroreemplazadapor otraentidad pública que asumió las responsabilidades públicas que le estabandadas, puesel estadonopuedeextraersedesusobligacionesyparael efectosurgiólacreacióndela: UnidadAdministrativaEspecial deGestiónPensionalyContribucionesParafiscales–UGPP,comounapersonadederechopúblico,con personeríajurídica, autonomíaadministrativaypatrimonioindependiente,segúnel artículo156ibidem.

Así lascosas,notendríarazóndeserqueel plazoquedemandalaliquidaciónosupresióndeunaentidadpúblicapuedaentendersecomointerrupciónalostérminosdecaducidaddelasaccionesejecutivasqueseencuentranencursoo que puedan promoverse. Todo lo contrario, para la entidad pública enliquidación, ojalá los acreedores por las circunstancias que quieranimaginarse, les caducaran todas las posibles acciones judiciales. Luego,resultaría exótico, que la ley les ampliara ese término legal para demandar.Cuando una entidad pública está en liquidación, los procesos judiciales encursocontinúansutrámiteysi el procedimientodeliquidaciónosupresióndela entidad termina primero que los procesos judiciales, la ley o acto desupresiónindicanel sucesorprocesal correspondiente. ComoseanotóanteriormentelaLey550yluegolanormalegal posteriorquela derogó y sustituyó, fueron expedidas para procurar salvar, reestructurar,oxigenar económica y financieramente empresas del sector privado aefectode quelodesaparecierandelavidaproductiva; encuantoaCAJANAL, debedecirseque, por el contrarioeraunaentidadpúblicadel ordennacional yquela decisión gubernamental administrativa fue la deliquidarla, comoenefectosucedió. Luego, cuál habría sido la razón jurídica paralasuspensióndelosprocesosejecutivos en curso para entonces. Una única razón, que los acreedoreshicieranvaler esoscréditosanteel liquidador.Perojamás,podríapensarseenlainterrupcióndel términodecaducidaddelaacciónejecutiva.El ConsejodeEstado en unas pocas decisiones asumió tal postura, pero ya esa líneadecisional fuerectificadayrecogidaporesaCorporaciónJudicial.

10Radicaciónnúmero:11001031500020230164700Accionante:HarolddeJesúsBecerraSañudoyotraAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarca,SecciónSegunda,SubsecciónAReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) Por lasrazonesacotadasnoesposibleentenderqueel términodecaducidadde la acción ejecutiva fue suspendido en razón al proceso deliquidacióndeCAJANAL. Así pues, la postura del despacho sustanciador es del conteodetérminodecaducidadesdecincoañosapartirdelafechadeejecutoriadelassentenciasque se postulan como títulos ejecutivos; toda vez que La Ley 153 de 1887establece y ordenaquecuandounanormalegal esclara, nohayquebuscarinterpretaciones so pretexto de indagar sobre el espíritu del legislador: debeaplicarse en su sentido natural yobvio. Luego, si el C.C.A., establecequeeltérminodecaducidaddelaacciónejecutivaesdecinco(5)años,porende,nopuede adicionarse a ese conteo seis (6) meses, dieciocho (18) o, diez (10)mesesmás. De forma contraria, la posición de la Sala mayoritaria, asegura que a esetiempo de cinco (5) años debe agregarse el del contenidoenel artículo192ibidem. C a s o C o n c r e t o

Vistoel casoconcretoencuentralaSalaquelassentenciasqueconformaneltítuloejecutivoenel presenteasuntofueronproferidasenvigenciadel CódigoContenciosoAdministrativo,porloqueel trámitedeestaaccióndeberáacogeresanormativa. Ahora bien, atendiendo el criterio del Despacho ponente la demanda fueradicada por fuera del término establecido para la acción ejecutiva de cinco(05)añosqueparael presentecasosevencióel 7deoctubrede2014. Acotando la existencia de la tesis según la cual en la contabilización deltérminodecaducidadsetieneencuentadieciocho(18) mesesdespuésdelaejecutoria de la sentencia exigible, pues como ya se dilucidó, la sentenciaobjeto de ejecución data de la época en la que el CCA, aún se encontrabavigente, ladecisiónqueaquí seadopteseguirálosparámetrosimpuestosporestanormativa, quesecumplieronel 7deabril de2011.Luego,apartirdeallícontar cinco (5) años; al ejecutante le era posible incoar la acción ejecutivahastael 7deabril de2016. De lo anterior se desprende que a la luz de una u otratesisel demandanteomitió el término legal establecido para accionar la jurisdicción de cara a lareclamación de su derecho, al radicar la demanda ejecutiva el 29 denoviembrede2016(Fol. 72),pueslainactividadprocesal del demandanteyeltranscursodel tiempopermitióqueel fenómenodelacaducidadoperaráyqueal ser advertidopor el operador judicial debaserdeclaradoencualquieretapaprocesal.

1 1Radicaciónnúmero:11001031500020230164700Accionante:HarolddeJesúsBecerraSañudoyotraAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarca,SecciónSegunda,SubsecciónAReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) Finalmente, encuantoalaprecisióndelafechaapartirdelacual secausaronlosinteresesmoratorios, laSalareiteralacomprobacióndelacaducidaddelaacciónejecutiva, por loquenoesnecesarioel análisisdeeseargumento,asícomo tampoco, estudiar el argumento de apelación del ejecutante que secircunscribe a definir la fecha causación de los intereses ( n e g r i l l a y s u b r a y a d e l o r i g i n a l ) . En primer lugar , la Subsección precisa que, como lo indicó la parte tutelante y se reconoce expresamente en la decisión cuestionada, es cierto que el Consejo de Estado, en algunas oportunidades - inclusoensededetutela-, ha señalado que el término de caducidad de las acciones ejecutivas promovidas para obtener el pago de obligaciones a cargo de Cajanal se suspenderían durante el proceso de liquidación de la entidad 4 . Sin embargo, no puede desconocerse que la Corporación también ha considerado que “noeranecesarialasuspensióndelostérminosdecaducidadyprescripcióndelasaccionescontrala entidad”, al punto de que, en providencia del 12 de septiembre de 2019, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, precisó:

La Sala pone de presente que si bien el demandante en el recurso deapelaciónesgrimióalgunosautosproferidospor el ConsejodeEstado, enloscualessedijoqueel términodeprescripciónycaducidaddelasobligacionesacargo de la CAJANAL EICE –en liquidaciónse entendería suspendidodurante el proceso liquidatorio de la entidad, en virtud de una remisiónnormativaalaLey550de1999yal Decreto254de2000;estaSalarectificarála posición asumida mediante providencia de 28 de marzo de 2019 5 , puestoque se considera que no era necesario hacer tal remisión normativa pararesolver el casoconcreto,yaqueel Decreto2196de2009yel Decreto254de2000 prevén que los procesos de CAJANAL que se estuvieran tramitandoylos que se llegaren a interponer, serían atendidos por el Liquidador,protegiendolagarantíadedefensadel Estado. Enefecto, laremisiónnormativaestállamadaarealizarsecuandolaleysobre 5

Original de la cita: “Dentro del proceso con radicación 25000234200020170144301, númerointerno:0740-2018,ConsejeroPonente:CésarPalominoCortés”.

4

E x p : 2 5 0 0 0 - 2 3 - 4 2 - 0 0 0 - 2 0 1 6 - 0 4 4 1 8 - 0 1 ( 4 6 5 1 - 1 9 ) y 1 1 0 0 1 - 0 3 - 1 5 - 0 0 0 - 2 0 2 0 - 0 4 1 0 0 - 0 1 ( A C ) , e n t r e o t r o s .

12Radicaciónnúmero:11001031500020230164700Accionante:HarolddeJesúsBecerraSañudoyotraAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarca,SecciónSegunda,SubsecciónAReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) determinado tema es incompleta, y se requiere que sea llenada con otrospreceptos jurídicos. En aquellos casos en los cuales se esté estudiando lacaducidaddelaacciónejecutivacontraCAJANALEICE–enliquidación-noesnecesario hacer una remisión porque el Decreto 2196 de 2009 (medianteelcual se suprime y se ordena la liquidación de la Caja Nacional dePrevisiónSocial), previóqueel representantelegal deentidadreferidaeraquienteníaladirección de los procesos judiciales, por lo tanto no era necesaria lasuspensión de los términos de caducidad y prescripción de las accionescontra la entidad; a contrario sensu, el legislador anticipó que sería elLiquidador quien se encargaría de la defensa técnica delainstitución, hastaque ésta estuviera acargodelaUGPP. Estaaseveraciónfueratificadaenelparágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 254 de 2000, sustento jurídico delDecreto2196de2009. Sumado a esto, no sepuedehacer unaremisiónnormativacomosehizoenlas providencias enunciadas en el recurso de alzada, porque el preceptojurídico para explicar lasuspensióndelostérminosjudicialesesel contenidoenlaLey550de1999 6 , yestosolohasidocontempladoparalareactivaciónempresarial yreestructuracióndelosentesterritoriales, estatutoquenoseríaaplicable a las entidades de orden nacional como es el caso de CAJANALEICE,loqueriñeconel principiodelegalidadydescentralización.

Ahora bien, la Sala considera, que paracontabilizar el términodecaducidaddelaacciónejecutivaesnecesarioaplicar loestablecidoenel numeral 11delartículo136del CCA, enloscualesseestablecequeel términodecaducidadparaestaclasededemandaesde5años, queempezaránacontarsedesdeque el derecho se hizo exigible, es decir, a partir del díasiguienteenquelasentenciaquedóejecutoriada 7 . En esos términos, se puede sostener que no existe un criterio unificado sobre el particular y , por ende, la Sala estima que, en ejercicio del principio de autonomía e independencia judicial, el tribunal accionado podía aplicar cualquiera de las posturas, siempre que justificara las razones de su decisión, tal y como lo hizo en la sentencia del 1 1 de agosto de 2022. 7 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n B , C . P . : C é s a r P a l o m i n o C o r t é s , r a d i c a c i ó n : 2 5 0 0 0 - 2 3 - 4 2 - 0 0 0 - 2 0 1 5 - 0 1 1 9 1 - 0 1 ( 0 0 4 3 - 1 6 ) . 6

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Original delacita: “LEY550DE1999. NOTADEVIGENCIA:Leyprorrogadahastael 1o.dejuliode2007, vencidodichotérmino, seaplicarádeformapermanentesoloalasentidadesterritoriales,las descentralizadas del mismoordeny las universidades estatales del ordennacional oterritorialde que trata la Ley 922 de 2004. Por la cual se establece unrégimenquepromuevay facilitelareactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la funciónsocial de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y sedictandisposicionesparaarmonizarel régimenlegal vigenteconlasnormasdeestaley.(…)”.

13Radicaciónnúmero:11001031500020230164700Accionante:HarolddeJesúsBecerraSañudoyotraAccionado:TribunalAdministrativodeCundinamarca,SecciónSegunda,SubsecciónAReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) En efecto, revisada dicha decisión, se observa que la autoridad judicial accionada reconoció que, en algunas oportunidades, el Consejo de Estado ha señalado que “eltérminodecaducidaddebíaentendersesuspendidoduranteeltiempoenquesellevóa caboelprocesoliquidatoriodelaentidad”y , a su vez, explicó que esa tesis nunca ha sido acogida por el despacho sustanciador y que “desdehace(03)añosfue evaluadanuevamentepor el Consejode Estado,arribandoa laconclusiónquedeniegaesateoría”. A su vez, el tribunal explicó las razones por las que considera que la postura que se alega como desconocida no tiene vocación de prosperidad, que obedecieron al hecho de que, por regla general, el término de caducidad trascurre sin solución de continuidad y que solo el legislador puede ordenar su suspensión.

En línea con lo anterior , la autoridad judicial accionada efectuó un análisis suficiente respecto de la situación de Cajanal y precisó que cuando el Gobierno Nacional decidió suprimirla (Decreto 2196 de 2009), la reemplazó por otra entidad pública que asumió sus responsabilidades – UGPP– y , por ende, “notendríarazóndeserqueelplazoquedemandalaliquidaciónosupresióndeunaentidadpúblicapuedaentendersecomointerrupciónalostérminosdecaducidaddelasaccionesejecutivasqueseencuentranencursooquepuedanpromoverse”. En desarrollo de dicho análisis, el tribunal de segunda ins