CE - 010315000202301662001SENTENCIADECLARAIM20230511144543

Demandante: Óscar Guerrero López Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2023-01662-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01662-00

Demandante: ÓSCAR GUERRERO LÓPEZ

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la part e demandante, en ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1. Petición de amparo constitucional

Mediante correo remitido el 3 1 de marzo de 2023 por parte del Juzgado 17 de Familia de Oralidad de Bogotá a la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Oscar Guerrero López, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con e l fin de que le sean

Familia de Oralidad de Bogotá a la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Oscar Guerrero López, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial con e l fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la recta administración de justicia.

Sostuvo que dichas garantías le han sido vulneradas por la autoridad accionada, al proferir la decisión del 2 de noviembr e de 2022 que confirmó la sentencia del 28 de noviembre de 2019, dictada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, dentro del proceso disciplinario con radicado 2018-00037.

En consecuencia, solicitó lo siguiente:

“PRIMERO.- Conceder la presente acción Constitucional de tutela por ende decretar la REVOCATORIA, del fallo proferido por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA de fecha 02 de noviembre 2022 , en talDemandante: Óscar Guerrero López Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2023-01662-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sentido conceder las pretensiones en favor de mi persona por los hechos y razones de derecho aquí alegadas.

SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior se profiera la decisión que en derecho corresponda, en este caso, absolviendo al enjuiciado o en su efecto de encontrarlo acreditado, graduar la sanción ajustándola a la más leve.”1

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

en derecho corresponda, en este caso, absolviendo al enjuiciado o en su efecto de encontrarlo acreditado, graduar la sanción ajustándola a la más leve.”1

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

La parte actora sostuvo que , ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá D. C., cursó un proceso disciplinario en su contra, mismo que se le asignó el radicado 2018 -0037, por la queja que presentó el señor Luis Enrique Figueroa Méndez.

Precisó que, el señor Figueroa Méndez formuló dicha queja por el retiro del depósito judicial y por la suma pactada por los honorarios, pues aquel como representante legal de la firma Tecnotra ilers S.A.S . contrató sus servicios profesionales para que efectuara cobro ejecutivo en contra de la sociedad D&D, con el fin de obtener el pago de $8.500.000 . Esto, ante el Juzgado 76 Civil Municipal de Bogotá.

Indicó que, para el 28 de noviembre 2019, l a Sala profirió decisión sancionatoria, argumentándose, en síntesis, en haber retenido títulos judiciales que pertenecían al quejoso, al respecto se mencionó “por lo tanto, retiene documentos recibidos por cuenta de un asunto que se le encomendó, esto es, un título que retiró del JUZGADO 76 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ”.

Mencionó que, dentro del momento procesal oportuno , interpuso recurso de apelación frente a la mentada decisión.

Adujo que lo s argumentos del recurso de apelación se cimentaban,

Mencionó que, dentro del momento procesal oportuno , interpuso recurso de apelación frente a la mentada decisión.

Adujo que lo s argumentos del recurso de apelación se cimentaban, básicamente, en que el título objeto de la queja no había sido retenido, por el contrario, una vez se dictó la sentencia judicial con el resultado para lo cual fu e contratado y al presentarse negativa en pagarle los honorarios, se acordó con el quejoso, que estos se pagarían con el mentado título.

Refirió que para ello se firmó un nuevo poder especial, distinto al otorgado para presentar la demanda, el cual recogía el acuerdo de voluntades , plasmadas en correos electrónicos cruzados entre el abogado defensor y el cli ente, a través

1 Transcripción del original.Demandante: Óscar Guerrero López Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2023-01662-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de su dirección judicial y oficial de la sociedad contratante servicioalcliente@tecnotrailers.com (obran en el proceso).

Señaló que, para el 2 de noviembre 2022 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la decisión del a quo, tras advertir “que el enjuiciado actuó con dolo, al no haber devuelto el t ítulo judicial obtenido por la gestión profesional, cuestiona su honradez y de paso configura una barrera para que el quejoso, pueda hacer tangible el reconocimiento realizado por la jurisdicción ordinaria”.

dolo, al no haber devuelto el t ítulo judicial obtenido por la gestión profesional, cuestiona su honradez y de paso configura una barrera para que el quejoso, pueda hacer tangible el reconocimiento realizado por la jurisdicción ordinaria”.

Informó que se le impuso como sanción la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos meses, como responsable de la falta prevista en el numeral 4° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

3. Sustento de la vulneración

Indicó que, con los fallos dictados en primera y segunda instancia se incurrió en defecto fáctico, toda vez que no se tuvieron en cuenta ni fueron valoradas de manera adecuada, dos pruebas fundamentales con las cu ales pretendía acreditar la ausencia de responsabilidad.

Precisó que dichas pruebas hacen referencia a los correos cruzados entre la empresa contratista y el abogado, donde se dej ó claro el acuerdo al que se llegó para que el aludido profesional del derecho pudiera retirar y cobrar el mentado título. De igual forma, manifestó que no se tuvo en cuenta el poder que subyace con posterioridad a la terminación del proceso ejecutivo, que reunía el acuerdo al que habían llegado las partes frente al pago de los honorarios.

Adujo que l as pruebas mencionadas no fueron atendidas ni valoradas de manera adecuada, pues en primera instancia se indicó que no se tendría en cuenta las comunicaciones sostenidas vía electrónica, pues era una conversación sostenida con la esposa del quejoso ; situación errónea, en atención que el correo es el mismo que reposa en el certificado de existencia y representación de la empresa contratante (notificaciones judiciales), y la

conversación sostenida con la esposa del quejoso ; situación errónea, en atención que el correo es el mismo que reposa en el certificado de existencia y representación de la empresa contratante (notificaciones judiciales), y la interlocutora si bien es o era la esposa del quejoso, es la representante leg al suplente y gerente de la empresa.

Expuso que el a quo no se pronunció acerca del poder especial, que fu e conferido para retirar y cobrar los títulos.

Agregó que, frente a esta misma cuestión probatoria, la segunda instancia nada mencionó de los correos electrónicos y mucho menos sobre el mentado poder ; al respecto, solo señaló que “existen dudas”.

Concretó el aludido defecto fáctico, en lo siguiente:Demandante: Óscar Guerrero López Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2023-01662-00

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“Defecto F[á]ctico Negativo, se presenta claramente, en atención a que las dos instancias OMITIERON valorar dos pruebas que resultaban determinantes para el asunto a resolver, y básicamente para determinar la conducta del enjuiciado disciplinariamente, esto porque si verificamos el expediente, en los descargos el disciplinado aport [ó] sendos correos electrónicos cruzados con el quejoso, comunicación esta que se daba de esta manera, en atención a la distancia entre la empresa contratante y el abogado contratista, pues una estaba domiciliada en Bucaramanga

electrónicos cruzados con el quejoso, comunicación esta que se daba de esta manera, en atención a la distancia entre la empresa contratante y el abogado contratista, pues una estaba domiciliada en Bucaramanga Santander y el otro en Bogotá, comunicaciones que no solamente dejan ver los informes de la gestión realizada por el profesional del derecho, sino que además, PRUEBAN el acuerdo al que llegaron las partes, posterior a la sentencia que termina el proceso ejecutivo, y donde el quejoso luego del impase que s e presenta por los honorarios, voluntariamente firma un nuevo poder, esto con el fin de facultar, que al abogado se le entregaran los títulos y de igual forma pudiese cobrarlos, poder que se corresponde con correos electrónicos que nunca fueron tachados de falsos, y que tanto el A QUO como el AD QUEM no tuvieron en cuenta, pues nunca se dijo nada al respecto, más allá que habían “ dudas”.

…

Defecto F[á]ctico Positivo, se presenta al efectuarse una valoración, completamente equivocada, pues note como la de cisión se centra solamente en la queja interpuesta por denunciante y sin existir más pruebas que el propio decir del denunciante, sin embargo, de las pruebas aportadas y que daba fe sobre lo acordado entre las partes, el Despacho como se evidencia en el fo lio 13 visible en el fallo, hace una inadecuada valoración, pues centra su inmediación frente al poder otorgado para la representación dentro del proceso ejecutivo, dejando de lado, que existen dos poderes, uno para adelantar el proceso ejecutivo y otro co nferido posterior a la finalización del proceso, este último encaminado a autorizar al profesional del derecho a retirar y cobrar el mentado título, sin embargo

dos poderes, uno para adelantar el proceso ejecutivo y otro co nferido posterior a la finalización del proceso, este último encaminado a autorizar al profesional del derecho a retirar y cobrar el mentado título, sin embargo de dicho poder, nada se dijo, incluso note, como en el mentado folio 13 del referido fallo, se habla de la existencia de duda frente a este tópico, situación que debió valorarse en favor del procesado cosa que no se hizo, duda esta esta, que será el cimento de la siguiente causal de tutela.”

Destacó que, de igual forma se configura la causal denomi nada violación directa a la constitución , pues la autoridad demandada vulneró sus derechos fundamentales. Al respecto, sostuvo:

“Descendiendo a la causal alegada, la misma tiene su fundamento, en que en el presente caso y según lo motivado en el fallo, fo lio 13, se presentaban dudas, dudas estas que el AD QUEM debió resolver en favor del enjuiciado cosa que no se hizo, pues pareciera que la duda presentada fue resuelta en favor del quejoso, situación que claramente contraria la Constitución, en su artículo 29 en cita, ya que si el operador judicial,Demandante: Óscar Guerrero López Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2023-01662-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encontraba dudas en el proceso … una prueba fundamental o trascendental dentro del proceso, debió buscar remedio a esto en otras pruebas, (valoración conjunta), incluso decretando nuevas pruebas de

www.consejodeestado.gov.co encontraba dudas en el proceso … una prueba fundamental o trascendental dentro del proceso, debió buscar remedio a esto en otras pruebas, (valoración conjunta), incluso decretando nuevas pruebas de oficio de ser necesario, y de persistir la duda, esta debió resolverse o zanjarse en favor del procesado, situación que no ocurrió, y que claramente vulnera garantías fundamentales, lo que implica una clara trasgresión de nuestra Carta Constitucional, máxime que la def ensa del enjuiciado disciplinariamente, alego siempre su defensa en tales pruebas.”

4. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto de l 12 de abril de 2023 se admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, se dispuso la notificación de los miembros que integran la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá D. C., y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

5. Contestaciones

Surtidas las notificaciones de rigor, se presentaron las siguientes intervenciones:

5.1. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Esta autoridad demandada se opuso a la prosperidad de lo pretendido, al considerar que es improcedente, por cuanto la misma no satisface los requisitos de procedibilidad de acciones de tutela contra providencias judiciales, en la medida en que el accionante contó con los medios de defensa suficientes para garantizar sus derechos.

Agregó que la decisión objeto de esta vía constitucional no se encamin ó en defecto alguno que evidencie el haber incurrido en vía de hecho, pues lo pretendido por el actor es insistir en los mismos elementos de juicio que adujo

Agregó que la decisión objeto de esta vía constitucional no se encamin ó en defecto alguno que evidencie el haber incurrido en vía de hecho, pues lo pretendido por el actor es insistir en los mismos elementos de juicio que adujo en el proceso disciplinario en el cual fue sancionado, utilizando el amparo excepcional constitucional como una tercera instancia.

Hizo un recuento de las circunstancias de hecho y de dere cho que sustentan lo manifestado, para destacar que emitió una decisión que satisface desde el punto de vista formal las exigencias contempladas para ello en la Ley 1123 de 2007, y que desde el punto de vista material analiza cada uno de los argumentos o c argos expuestos como fundamentación de la alzada y para el caso de la falta establecida en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, los despachó desfavorablemente con base en el análisis de la norma, de las particularidades o singularidades del caso y de las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso.Demandante: Óscar Guerrero López Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2023-01662-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Refirió que al accionante se le ha n garantizado sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la recta administración de justicia, pues tal y como se demostró, hizo uso d e los recursos que le concede la Ley para atacar las decisiones en las diferentes etapas del proceso disciplinario.

debido proceso, a la igualdad y a la recta administración de justicia, pues tal y como se demostró, hizo uso d e los recursos que le concede la Ley para atacar las decisiones en las diferentes etapas del proceso disciplinario.

Adujo que el accionante mencion ó hechos que ya fueron objeto de debate al interior del proceso disciplinario al considerar no haberse apre ciado en debida forma los hechos y las pruebas que permitieran la aplicación del supuesto legal sustentó la decisión y graduar la sanción ajustándola a la más leve, pues contrario a ello, esta comisión, en su análisis integral concluyó en grado de certeza la conducta del disciplinable en la gestión encomendada.

Manifestó que como quedó demostrado en el recurso del proceso disciplinario, adicionalmente los tópicos presentados en la acción constitucional resultan ser los mismos a los propuestos en el recurso de apelación que en su oportunidad fueron desatados, insistiendo por esta vía en ellos como si la acción de tutela fuere un recurso adicional al trámite ya definido.

Recordó que la potestad disciplinaria está concebida como la facultad concreta que tiene el estado para vigilar y velar porque la conducta de los abogados se ciña a la Constitución, la ley y al buen ejercicio de la profesión, cuya acción u omisión, conlleva al ejercicio de poder disciplinario mediante la imposición de sanciones, siendo éste el carácter que lo integra como parte del ius puniendi del Estado, que como su titular ejerce a través de la jurisdicción disciplinaria, encargada de investigar las conductas de los abogados violatorias del régimen disciplinario establecido en la Ley 1123 d e 2007, así como su eventual sanción,

Estado, que como su titular ejerce a través de la jurisdicción disciplinaria, encargada de investigar las conductas de los abogados violatorias del régimen disciplinario establecido en la Ley 1123 d e 2007, así como su eventual sanción, previo procedimiento establecido en la misma norma.

Expuso que, ante el inicio de la acción disciplinaria, bien sea de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también mediante queja presentada por cualquier persona, el juez disciplinario tiene la potestad de revisar el comportamiento del sujeto disciplinable en desarrollo de la gestión encomendada, a efectos de verificar que la conducta del mismo no infrinja ninguno de los deberes establecidos en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, que como profesional del derecho debe atender, pues contrario a ello, incurrirá en cualquiera de las faltas reseñadas en los artículos 30 y siguientes del mismo Código Deontológic o del Abogado, lo que sin lugar a dudas conlleva a la imposición de la sanción respectiva.

Señaló que la acción de tutela debe declararse improcedente, porque la acción es residual y no se observa existencia de vía de hecho, pues, aunque el actor invoca l a protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la recta administración de justicia, estos fueron cumplidos a cabalidad por esta comisión.Demandante: Óscar Guerrero López Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2023-01662-00

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Esta autoridad también allegó el enlace y el expediente disciplinario objeto de demanda.

5.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá D. C.

Sostuvo que la decisión proferida el 28 de noviembre de 2019, que fue confirmada por el superior en sentencia del 2 de noviembre de 2022, en la que se encontró responsable al actor de la falta disciplinaria contra la honradez del abogado, se soportó en la valoración racional y ponderada de las pruebas practicadas en la causa ética confrontadas con los hechos acusados.

Indicó que, pese a que el actor manifestó que no se tuvieron en cuenta todas las pruebas aportadas entre ellas los correos electrónicos que cruzó con la esposa del quejoso, lo cierto es que sí se hizo y prueba de ello se encuentra consignado en el párrafo segundo del folio 13 de la sentencia de primera instancia.

Destacó que el hecho de que la valoración dada a las pruebas aportadas a la causa ética por las autoridades demandadas sea diferente a la del actor, no es indicativo de que, al momento de emitir las decisiones judiciales acusadas se incurra en los defectos alegados, pues dichos fallos encontraron su respaldo en los demás elementos materiales de pruebas allegados al proceso disciplinario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

incurra en los defectos alegados, pues dichos fallos encontraron su respaldo en los demás elementos materiales de pruebas allegados al proceso disciplinario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se cumplen los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, si con la decisión demandada se vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora, al sancionarlo en el ejercicio de la profesión como abogado por el término de dos meses, como responsable de la falta prevista en el numeral 4° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo , pese a que a su juicio se incurrió en un defecto fáctico.Demandante: Óscar Guerrero López Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2023-01662-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos : i ) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial ,

www.consejodeestado.gov.co Previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos : i ) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial , ii) el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados se estudiará iii) el fondo del asunto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2 0122, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales3, conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, co mo se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”4.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se

observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”4.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refi rió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”.

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acció n constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

2 Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Ibidem.Demandante: Óscar Guerrero López Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2023-01662-00

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La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia 5 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles d an origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso con trario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde par a la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

4. Examen de requisitos generales

4.1. Relevancia constitucional

En consonancia con la postura fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto del precitado presupuesto y se estableció que los que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, son los siguientes:

5 Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la

Corte Constitucional.Demandante: Óscar Guerrero López Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2023-01662-00

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1. Tener la suficiente entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

1. No involucrar un debate eminentemente legal,

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1. Tener la suficiente entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,

1. No involucrar un debate eminentemente legal,

1. No limitarse a plantear una discusión preponderantemente económica y,

1. Cumplir con la carga argumentativa y explicativa rígida tendiente a demostrar la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

En lo particular, se observa que, la parte actora cuestionó la providencia que confirmó la decisión del a quo, pues según lo indicó, la autoridad demandada señaló “que el enjuiciado actuó con dolo, al no haber devuelto el título judicial obtenido por la gestión profesional, cuestiona su honradez y de paso configura una barrera para que el quej oso, pueda hacer tangible el reconocimiento realizado por la jurisdicción ordinaria”.

Para la Sala el asunto no reviste de relevancia constitucional, puesto que , el demandante pretende cuestionar la aludida decisión a partir de la presunta configuración de un defecto fáctico y de la violación directa de la constitución , para presentar su informidad con el análisis probatorio y las motivaciones en ella expuestas; esto, con la finalidad de que se deje sin efectos la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos meses, como responsable de la falta prevista en el numeral 4° del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

En ese orden de ideas, el asunto gira en torno a una cuestión sustancial y de carácter netamente legal , frente a la que, esta Sala tendría que realizar una valoración probatoria integral del plenario atribuyéndose las facultades del juez

En ese orden de ideas, el asunto gira en torno a una cuestión sustancial y de carácter netamente legal , frente a la que, esta Sala tendría que realizar una valoración probatoria integral del plenario atribuyéndose las facultades del juez de instancia, lo cual está prohibido para el fallador constitucional, en tanto que implicaría un menoscabo de los principios de au tonomía judicial y de juez natural, pues constituye una intromisión indebida del juez constitucional.

Si bien el accionante adujo que el poder otorgado por el quejoso no había sido valorado por