CE - 010315000202301663001SENTENCIA20230529151947

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01663-00

Actores: Rosa Angélica Quintero Jaimes Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela/ incumplimiento del requisito general de subsidiariedad

Derecho Fundamental Invocado: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso a cargos públicos

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01663-00

Actora: Rosa Angélica Quintero Jaimes

ANTECEDENTES

La solicitud

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01663-00

Actora: Rosa Angélica Quintero Jaimes

ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama

Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, porque, a su juicio, la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las Resoluciones núms. CJR23-0061 de 8 de febrero de 20232, mediante la cual “[…] se me inadmitió o rechazó de tal concurso por la causal 3.5 […]”; y la CJR23-0110 de 21 de marzo de 2023 3, “[…] en la cual se mantuvo la inadmisión que realizó el Consejo Superior de la Judicatura en la anterior resolución […]” : vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la “[…] carrera administrativa y acceso a cargos públicos […]”.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, mediante Acuerdo núm. PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura desarrolló la convocatoria núm. 027 para la provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial.

4. Expresó que con fundamento en el Acuerdo núm.PCSJA18 -11077 de 2018 procedió a la inscripción en las fechas establecidas para el cargo de Juez Promiscuo

Municipal.

4. Expresó que con fundamento en el Acuerdo núm.PCSJA18 -11077 de 2018 procedió a la inscripción en las fechas establecidas para el cargo de Juez Promiscuo

Municipal.

5. Adujo que, el “[…] El día 31 de agosto de 2018 realicé el proceso de inscripción para cargos de Funcionarios de la Rama Judicial del Acuerdo PCSJA18 -11077

como Juez Penal Municipal […]”.

2 “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018”. 3 “Por medio de la cual se modifica la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, para efectos de incluir los aspirantes que resultaron admitidos con base en las solicitudes por ellos presentadas”.3

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Actora: Rosa Angélica Quintero Jaimes

6. Manifestó que, mediante Resolución núm.CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, se inadmitió o rechazó del concurso por supuestamente no haber adjuntando el pdf de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo de Juez, al momento de la inscripción en el año 2018.

7. Señaló que, mediante memorial del 17 de febrero de 2023, “[…] (i) solicitaba la verificación de los requisitos aludidos (esto es, de la documentación que yo había

7. Señaló que, mediante memorial del 17 de febrero de 2023, “[…] (i) solicitaba la verificación de los requisitos aludidos (esto es, de la documentación que yo había subido a la plataforma kaktus); (ii) interponía recurso de reposición en contra la Resolución CJR23-0061; y (iii) así mismo, solicitaba la Re vocatoria directa de tal resolución […]”.

8. Indicó que:

“[…] para el momento de la inscripción, materialmente, NO me encontraba inhabilitada para ejercer el cargo de Juez, ni tampoco cuando se profirió la Resolución CJR23-0061. Esto se demostró con diversa documentación, entre la cual puedo mencionar mi nombramiento en el cargo que para ese momento ejercía en provisionalidad y que es el mismo para el cual me inscribí: Juez Penal Municipal de Cúcuta.

Dos: que, según recordaba, sí había subido el documento PDF con la mencionada declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo de Juez. Para tales efectos, se allegó como prueba la declaración en Notaría que realicé para esa época de la inscripción en el año 2018. Es decir aún en gracia de discusión si el documento subido se hubiese perdido en la plataforma, lo importante, lo sustancial es que se aportó en la verificación de requisitos y por ende ante la prevalencia del derecho material, la eventual omisión se h abría subsanado ya que encontré justamente el documento subido a la plataforma y lo aporté en la oportunidad procesal oportuna dada por el Consejo […]”.

9. Manifestó que, mediante resolución núm. CJR23 - 0110 del 21 de marzo de

subsanado ya que encontré justamente el documento subido a la plataforma y lo aporté en la oportunidad procesal oportuna dada por el Consejo […]”.

9. Manifestó que, mediante resolución núm. CJR23 - 0110 del 21 de marzo de 20234, “[…] de forma genérica, sin dar respuesta a mis argumentos, simplemente manifestaba que, una vez verificado el sistema, no aparecía el PDF que echaban de menos y que por eso no accedían a mi petición de revocatoria de la Resolución

CJR23-0061.

Así pues, a ninguno de los más de 6 argumentos que esgrimí se me dio una respuesta de fondo […]”.

4 “Por medio de la cual se modifica la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, para efectos de incluir los aspirantes que resultaron admitidos con base en las solicitudes por ellos presentadas”4

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Actora: Rosa Angélica Quintero Jaimes

La solicitud de tutela

Pretensiones

10. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] TUTELEN mis derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a cargos públicos.

Que como consecuencia de ello DEJEN SIN EFECTO parcialmente las resoluciones CJR23-0061 (08 de febrero de 2023) y CJR23-0110 (21 de marzo de 2023) proferidas por la doctora CLAUDIA M. GRANADOS R., directora de la Unidad de Carrera Judicial en punto de haberme excluido del Concurso de Méritos convocado mediante el Acuerdo PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018 y, en

1. proferidas por la doctora CLAUDIA M. GRANADOS R., directora de la Unidad

de Carrera Judicial en punto de haberme excluido del Concurso de Méritos convocado mediante el Acuerdo PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018 y, en su lugar, dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de su decisión profiera una nueva decisión admitiéndome en el concurso para que pueda continuar con todo el proceso de selección […]”.

11. Indicó que:

“[…] Así pues, yo quiero resaltar a los honorables magistrados que esta tutela la redacta una persona que para el año 2018 no estaba materialmente inhabilitada ni tenía incompatibilidad alguna para ejercer cargos en la Rama Judicial (como juez o empleada) y que tampoco lo está ahora. ¿Por qué? (i) Porque desde al (sic) año pasado y hasta el día 22 de marzo de 2023 he sido JUEZ PENAL MUNICIPAL encargada y, en consecuencia, ello significa que para posesionarme y ejercer tal cargo se examinó que NO tuviera ninguna inhabilidad o incompatibilidad con el cargo; (ii Porque participé en el año 2017 en el Concurso de Méritos para Empleados de la Rama Judicial y en el año 2022 me nombraron Secretaria de un Juzgado Penal en propiedad, para lo cual tanto el Consejo Superior de la Judicatura en dicho Concurso de Méritos como el nominador del cargo, posteriormente, tuvieron que verificar que NO estuviera incursa en causal de inhabilidad e incompatibilidad; (iii Porque me inscribí en el año 2017 en la plataforma Kactus para part icipar en dicho concurso y, al hacerlo, declaré bajo la gravedad de juramento la ausencia de

Porque me inscribí en el año 2017 en la plataforma Kactus para part icipar en dicho concurso y, al hacerlo, declaré bajo la gravedad de juramento la ausencia de inhabilidad e incompatibilidad para ejercer cargos en la rama judicial; y (iv) porque al inscribirme en el concurso de jueces declaré que cumplía todos los requisitos, entre ellos, el de no estar inhabilitada. Sin embargo, nada de eso ha importado y mi inadmisión ha sido generada únicamente porque el Consejo Superior de la Judicatura NO encuentra un PDF que seguramente se les perdió a ellos, pero que evidentemente yo sí subí, como lo prueba el hecho de que logré conseguir en la Notaría la Declaración para la época de la inscripción al Concurso de Méritos elaboré con ese fin […]”.

[…]

“[…] En mi caso el Consejo Superior de la Judicatura mediante las resoluciones señaladas en precedencia y los oficios mencionados, me vulneró como contenidos o dimensiones de este derecho fundamental la número 1 y 2. ¿Por qué? Con relación a la dimensión # 1 la causal de inhabilidad o incompatibilidad es una limitante para el acceso a u n cargo público que surge como bien lo dice la Corte Constitucional al momento de posesionarme. Sin embargo, en mi caso, se me exigió al momento de inscribirme en el año 2018, planteando una limitación a mi derecho a acceder a un cargo público lo cual desbordó el contenido constitucional referido y además la propia5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01663-00

Actora: Rosa Angélica Quintero Jaimes

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01663-00

Actora: Rosa Angélica Quintero Jaimes

Ley Estatuaria (sic) de Administración de Justicia que en su artículo 127, numeral 3, lo requiere únicamente para ejercer el cargo, no para la inscripción al concurso de méritos. Lo anterior, por supuesto, al margen del hecho incontrastable y probado que explicaré en el próximo acápite acerca de que para esa época NO estaba en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, ni tampoco lo estoy en este momento.

Respecto a la dimensión # 2 el Con sejo Superior de la Judicatura ha establecido requisitos que desbordan su facultad reglamentaria del Concurso de Méritos pues el principio que rige allí es, justamente, la evaluación del “mérito” y no otros aspectos que tendrían que verificarse al momento de la posesión […]”.

Actuación

12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 3 de mayo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la

Judicatura, a la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial; iv) vinculó a los participantes de la convocatoria pública ordenada por el Acuerdo núm. PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles un término tres (3) días para rendir informe. Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

13. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera

tres (3) días para rendir informe. Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

13. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera

Judicial adujo que:

“[…] Así mismo, sobre la consideración de la accionante en cuanto a que el requisito de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades debe ser requerido para la posesión y no para la inscripción, y por tal motivo puede subsanarse luego, se debe tener presente que en el Acuerdo PCSJA18 -11077 de 2018 no se encuentra prevista la posibilidad de subsanar la omisión de allegar documento en formato PDF contentivo de dicha declaración y, la verificación de requisitos mínimos de la accionante, así como de todos los aspirantes que aprobaron la fase I, se reali zó con la documentación cargada al momento de la inscripción, según las reglas establecidas en la convocatoria, por lo cual no es posible acudir a criterios diferentes para considerar subsanada dicha causal de rechazo por situaciones no previstas en la convocatoria […]”.

[…]

“[…] En virtud de lo expuesto, se señala que la actuación de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial responde a la naturaleza del concurso y preserva la garantía de transparencia e imparcialidad del mismo, sin que ello pueda considerarse violatoria de los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que, el Acuerdo PCSJA18 -11077 de 16 de agosto de 2018, es de obligatorio cumplimiento tanto para la administración como para los concursantes y el mismo señaló de manera integral todos los requisitos generales y específicos para participar en el concurso, requisitos cuyo incumplimiento da lugar al rechazo del concurso […]”.6

cumplimiento tanto para la administración como para los concursantes y el mismo señaló de manera integral todos los requisitos generales y específicos para participar en el concurso, requisitos cuyo incumplimiento da lugar al rechazo del concurso […]”.6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01663-00

Actora: Rosa Angélica Quintero Jaimes

[…]

“[…] Dado que lo que se demuestra con en el escrito de tutela, es la inconformidad de la accionan te con la condición establecida en el Acuerdo PCSJA18 -11077 de 2018, que sirvió de soporte jurídico a la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, por tratarse de un acto administrativo de carácter general, lo procedente es iniciar el medio de control de nulidad, toda vez que, la acción de tutela no es el escenario para controvertir actos que se presumen legalmente emitidos por ser expedidos en desarrollo de funciones legales y reglamentarias, ni mucho menos puede el administrado valerse de la misma pa ra reemplazar los medios de control que se encuentran dispuestos para controvertir tales actos.

Por lo tanto, si la tutelante considera que dicha decisión no se ajusta a derecho, debe acudir al juez natural del asunto, pues esta acción constitucional no p uede ser utilizada como mecanismo paralelo de protección cuando la legislación tiene establecidas las vías adecuadas para debatir judicialmente asuntos como el que aquí se propone, a través del ejercicio del correspondiente medio de control judicial previsto en el CPACA […]”.

“[…] Consecuente con lo expuesto, solicito muy respetuosamente negar la presente

se propone, a través del ejercicio del correspondiente medio de control judicial previsto en el CPACA […]”.

“[…] Consecuente con lo expuesto, solicito muy respetuosamente negar la presente acción por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados […]”.

14. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y los participantes de la convocatoria pública guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.7

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01663-00

Actora: Rosa Angélica Quintero Jaimes

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida com o instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente ind icados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

De la coadyuvancia

17. La Sala encuentra que los señores José María Peláez Mejía y Pili Natalia Salazar Salazar presentaron escrito de coadyuvancia.

18. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el inciso 2º. Del artículo 13 del Decreto núm. 2591 de 1991, señala que “[…] Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”, la Corte Constitucional ha destacado que “[…] la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el

Constitucional ha destacado que “[…] la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”9

19. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros intervinientes no están facultados para solicitar la protección de sus propios

derechos. Esto dijo textualmente10:

9 Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 10 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.8

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Actora: Rosa Angélica Quintero Jaimes

“[…] en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para estudiar la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un interés legítimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no están facultados para solicitar la protección de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicitó el amparo, pues es la solicitud de este último la que le

autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no están facultados para solicitar la protección de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicitó el amparo, pues es la solicitud de este último la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acción de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.

Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez constitucional no puede entrar a exami nar los fallos de otros jueces excepto en las extraordinarias situaciones en las que la providencia es violatoria de los derechos fundamentales, en los eventos en los que adquiere potestad para hacerlo por reunirse los requisitos generales y específicos de procedibilidad, su competencia sigue teniendo como límites los principios de seguridad jurídica, autonomía judicial y respeto por la cosa juzgada.

Ellos se verían afectados en una medida mucho mayor si el juez constitucional avoca el estudio, no solo de los defectos planteados por el accionante, sino sobre otros defectos ‘nuevos’ que otros intervinientes pudieran aducir, toda vez que podrían ventilarse en una acción de carácter excepcional y subsidiaria la totalidad de los aspectos debatidos en las instan cias precedentes. Un escenario como el planteado convertiría la acción de tutela en una tercera instancia, pese a que la Corte ha proscrito expresamente esta hipótesis. En este sentido, admitir las controversias propuestas por los terceros dentro del proceso de tutela en relación con sus propios

convertiría la acción de tutela en una tercera instancia, pese a que la Corte ha proscrito expresamente esta hipótesis. En este sentido, admitir las controversias propuestas por los terceros dentro del proceso de tutela en relación con sus propios derechos y con independencia de los hechos y derechos planteados por el accionante, desnaturalizaría la acción constitucional. […]”. (Resaltado por la Sala).

20. Teniendo en cuenta la Convocatoria núm. 27 , en sentencia SU 067 de 24 de febrero de 2022, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones en relación con la figura de la coadyuvancia e intervinientes en este tipo de asuntos, así:

“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en los procesos bajo revisión

75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al análisis anunciado, la Sala Plena encuentra necesario analizar un asunto previo, que incide en los efectos de la decisión que habrá de adoptarse en esta oportunidad. Esta cuestión tie ne origen en la ingente cantidad de intervenciones que se han presentado, durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo revisión, por personas que se encuentran en una situación similar a la de los demandantes.

76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El inciso segundo del artículo trece del Decreto 2591 de 1991 establece que la persona que tenga «un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él», para respaldar las pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela [32]. La jurisprudencia constitucional ha definido la coadyuvancia en los procesos de tutela como «la participación de9

respaldar las pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela [32]. La jurisprudencia constitucional ha definido la coadyuvancia en los procesos de tutela como «la participación de9

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Actora: Rosa Angélica Quintero Jaimes

un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela»[33]. En este sentido, ha considerado que los coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a estas[34].

77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de tutela, que se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertido que la coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien actúa empleando este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de una parte, no puede actuar en contra de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual manera, atendiendo la remisión al

la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36]. De lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se encuentran sometidas a límites, que surgen de la propia naturaleza de la institución proce sal que permite su intervención en la causa judicial.

78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por la vía de la coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso analizar la posibilidad de modificar, por esta vía, el problema jurídico plant eado en la acción de tutela, mediante la formulación de argumentos y razonamientos distintos a los planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la Sentencia T-1062 de 2010. En dicha ocasión, la Corte conoció una acción de tutela que f ue coadyuvada por terceros que tenían un interés legítimo en la decisión. En calidad de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los que fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones específicas, que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. Al analizar este

asunto, la Corte manifestó lo siguiente:

[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar

la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría r ealmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia [énfasis fuera de texto].

79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte acotó en los siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo esa calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones que hace la parte demandante […], razón por la cual, el pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se pronunciará respecto de aquellos que difieran o no hagan parte en ésta» [énfasis fuera de texto].

80. Conclusión en el caso con creto. Durante el trámite de instancia de los10

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expedientes T -8.252.659 y T -8.258.202, se recibió un número ingente de escritos de personas que coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran mayoría, se trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes, superaron

expedientes T -8.252.659 y T -8.258.202, se recibió un número ingente de escritos de personas que coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran mayoría, se trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes, superaron la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el 2 de diciembre de 2018. Los intervinientes manifestaron su respaldo a las pretensiones formuladas en los procesos bajo revisión, plantearon diversos argumentos contra la Resolución CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el reconocimiento de dictámenes periciales preparados por ellos y reclamaron la extensión de los efectos de esta providencia, a través de los dispositivos establecidos con dicho propósito por la jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).

81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de coadyuvante tiene vedado «realizar planteamientos distintos […] que difieran de los hechos por el demandante»[37], la Sala Plena centrará su atención en los argumento s planteados en las cuatro acciones de tutela que aquí se revisan. Por consiguiente, en cuanto a las peticiones elevadas por los intervinientes, únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder la extensión de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe ser resuelta como consecuencia de la jurisprudencia constitucional que impone este remedio cuando el principio de igualdad así lo exige […]”. (Resaltado por la Sala).

21. Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a

21. Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a estas, más no para hacer valer sus propias demandas.

22. Además, en los asuntos que se presenten coadyuvancias o intervenciones, el estudio de los casos solo debe limitarse a los fundamentos formulados por las partes, sin que haya lugar a pronunciarse respecto de aquellos que difieran o n