CE - 010315000202301678001SENTENCIA20230609000000

Radicación: 11001 03 15 000 2023 01678 00

Accionante: Zaira Sofía Méndez Restrepo y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 01678 00

Demandante: ZAIRA SOFÍA MÉNDEZ RESTREPO Y OTROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 16

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de relevancia constitucional cuando el debate planteado por el actor pretende reabrir la controversia ya resuelta por el juez natural.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Zaira Sofía Méndez Restrepo y otros contra el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 16.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Zaira Sofía Méndez Restrepo , actuando en nombre propio y en representación de Claudia Elvira Méndez Mejía, Haidy Edith Méndez Restrepo, Manuel José Méndez Restrepo y Miguel Leonardo Méndez

1.1. Zaira Sofía Méndez Restrepo , actuando en nombre propio y en representación de Claudia Elvira Méndez Mejía, Haidy Edith Méndez Restrepo, Manuel José Méndez Restrepo y Miguel Leonardo Méndez Restrepo, solicitó el amparo de sus derechos consagrados en los “Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 23, 29, 90, 224 y 225” de la Constitución Política, y de los derechos a la honra, a la dignidad humana, a la memoria y a la moral , que le fueron vulnerados al señor Manuel José Méndez Rodríguez 1, con ocasión de la sentencia del 27 de enero de 2023, dictada por el Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 16, que declaró infundado el recurso

1 Fallecido el 14 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo planteado en la demanda.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01678 00

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extraordinario de revisión2 formulado contra el fallo dictado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C , el 9 de mayo de 2011 , que declaró probada la caducidad de la acción de reparación directa interpuesta contra el departamento de Cundinamarca y el municipio de Madrid3.

1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, la demandante relató que su padre, el señor Manuel José Méndez Rodríguez, mediante

interpuesta contra el departamento de Cundinamarca y el municipio de Madrid3.

1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, la demandante relató que su padre, el señor Manuel José Méndez Rodríguez, mediante una minuta de contrato de cesión anticipada suscrita el 13 de marzo de 1985, se comprometió a cederle al municipio de Madrid (Cundinamarca) el 20% de un terreno destinado a una urbanización, para que la entidad construyera allí un parque infantil, bajo la condición de que se le permitiera adelantar un proyecto urbanístico. Empero, el municipio entorpeció la realización del proyecto y, aun así, se apoderó del predio cedido, lo encerró y construyó allí el parque.

Dijeron que, por estos hechos , el 19 de septiembre de 2003 su padre instauró demanda de reparación directa contra el departamento de Cundinamarca y el municipio de Madrid, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados por la ocupación permanente del bien inmueble, proceso que fue tramitado en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Mediante sentencia del 9 de mayo de 2011, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, revocó el fallo estimatorio dictado el 7 de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, y en su lugar, declaró probada la caducidad de la acción de reparación directa, al considerar que el término correspondiente había empezado a contarse desde el 5 de agosto de 1997, cuando, de acuerdo

Subsección C, y en su lugar, declaró probada la caducidad de la acción de reparación directa, al considerar que el término correspondiente había empezado a contarse desde el 5 de agosto de 1997, cuando, de acuerdo con lo pactado en el contrato de obra, debió culminar la construcción del parque infantil, momento en el que se consolidó la ocupación ilegal que el señor Méndez Rodríguez imputaba a la administración.

2 Recurso que se tramitó bajo el radicado: 11001-03-15-000-2012-02124-00. 3 Proceso que se identificó con el radicado: 25000-23-26-000-2003-02021-01(33913).Radicación: 11001 03 15 000 2023 01678 00

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Señaló que, contra la anterior providencia, el señor Méndez Rodríguez interpuso el recurso extraordinario de revisión, que fue decidido por el Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 16, a través de la sentencia del 27 de enero de 2023, que lo declaró infundado.

1.3. A juicio de la demandante, la sentencia del 9 de mayo de 2011 incurrió en defecto material o sustantivo cuando resolvió la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva propuesta por el departamento de Cundinamarca, pues desestimó las copias simples de unos documentos públicos que en su momento fueron presentados con la

de falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva propuesta por el departamento de Cundinamarca, pues desestimó las copias simples de unos documentos públicos que en su momento fueron presentados con la demanda —aunque no indicó cuáles—, que debían ser tenidos en cuenta de acuerdo con la ley antitrámites (que tampoco identificó por su número y fecha), máxime cuando no fueron tachados de falsos.

1.4. Por otro lado, señaló que la decisión antes referida incurrió en defecto fáctico por valoración indebida del contrato de obra N º 085 de 1996, de la adición N º 19 de 1996, correspondiente al mismo contrato , del acta de iniciación de obra suscrita el 14 de febrero de 1997 y de la orden de trabajo N º SOP-C161-2002. Además, reprochó que la autoridad judicial no practicó la inspección judicial que se solicitó en la demanda, y que la reemplazó por un dictamen pericial.

Arguyó que la valoración adecuada de las pruebas mencionadas habría permitido concluir que el daño no se consumó el 5 de agosto de 1997 , pues en ese tiempo solo se realizaron obras preliminares al cerramiento del predio, como excavaciones, rellenos y cimientos , sino en marzo de 2003, cuando finaliz aron los trabajos y se realizó el cerramiento en mampostería, malla eslabonada y tubería de acero . Así, la caducidad en realidad se produ cía en marzo de 2005, por lo que la demanda de reparación directa interpuesta en septiembre de 2003 resultó oportuna.

Luego, la actora invocó algunas pruebas que, a su juicio, demostrarían la

realidad se produ cía en marzo de 2005, por lo que la demanda de reparación directa interpuesta en septiembre de 2003 resultó oportuna.

Luego, la actora invocó algunas pruebas que, a su juicio, demostrarían la responsabilidad de las entidades demandadas en relación con los perjuicios padecidos por el señor Méndez Rodríguez como consecuencia de la ocupación permanente del bien inmueble objeto de la demanda deRadicación: 11001 03 15 000 2023 01678 00

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reparación directa. En concreto, se refirió a los oficios por medio de los cuales la Alcaldía de Madrid requ irió a su padre el pago del impuesto predial y le solicitó suscribir la escritura de cesión de la zona verde o parque infantil y a una resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en la que él aparece mencionado como propietario del predio.

1.5. Por otro lado, dijo que la decisión cuestionada incurrió en un error inducido porque, a su juicio, las contestaciones de la demanda y los alegatos de la parte accionada fueron muy “enredados”, “tendiendo a hacer equivocar a los jueces”.

Así mismo, adujo que con la contestación de la demanda (de reparación directa), el municipio de Madrid allegó la minuta de l contrato de cesión anticipada suscrita por el señor Méndez Rodríguez el 13 de marzo de

Así mismo, adujo que con la contestación de la demanda (de reparación directa), el municipio de Madrid allegó la minuta de l contrato de cesión anticipada suscrita por el señor Méndez Rodríguez el 13 de marzo de 1985, pero que ésta presentaba diferencias con la copia que ella encontró en los archivos de su padre, por lo que, a su juicio, había sido manipulada.

Arguyó que la d ecisión cuestionada se basó en t estimonios que equivocadamente indicaron que el encerramiento del predio se había llevado a cabo en 1997 y no en 2003 . Sin embargo , solo mencionó específicamente la declaración rendida por el arquitecto Fabio Muñoz.

1.6. Sostuvo que la providencia atacada constituye una decisión sin motivación porque, después de un “tiempo absurdo” , realiz ó una interpretación contra legem y contravin o un postulado de rango constitucional —aunque no indicó cuál —, al no estudiar los argumentos formulados en la demanda. Además, adujo que los defectos material o sustantivo y fáctico se configuraron justamente como consecuencia de haberse proferido una decisión sin motivación.

1.7. Alegó que la sentencia objeto de tutela incurrió en desconocimiento del precedente. No obstante, dijo que no existe ninguna jurisprudencia que de manera contundente resuelva la problemática presentada en este caso, y que, por lo tanto, es necesario que se expida un pronunciamiento que dirima este tipo de casos.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01678 00

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que dirima este tipo de casos.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01678 00

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1.8. Argumentó que la decisión cuestionada incurrió en violación directa de la Constitución porque vulneró los derechos a la dignidad, a la honra, al buen nombre, la intimidad y a la memoria del señor Méndez Rodríguez.

1.9. Por último, se refirió en extenso a las calidades personales del señor Manuel Méndez Rodríguez, y realizó una amplia reseña biográfica de él.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. En cumplimiento de lo ordenado por el despacho sustanciador en el auto del 14 de abril de 2023, que admitió la demanda, la señora Zaira Sofía Méndez Restrepo presentó el poder mediante el cual los señores Claudia Elvira Méndez Mejía, Haidy Edith Méndez Restrepo, Manuel José Méndez Restrepo y Miguel Leonardo Méndez Restrepo la facultan para representarlos judicialmente en este trámite. As í mismo, aportó los registros civiles de nacimiento que acreditan su calidad de todos ellos como hijos del señor Manuel José Méndez Rodríguez, quien actuó como demandante en el proceso de reparación dire cta identificado con la radicación 25000-23-26-000-2003-02021-01(33913), y quien interpuso el recurso extraordinario de revisión que se tramitó bajo el radicado

demandante en el proceso de reparación dire cta identificado con la radicación 25000-23-26-000-2003-02021-01(33913), y quien interpuso el recurso extraordinario de revisión que se tramitó bajo el radicado 11001-03-15-000-2012-02124-00.

2.2. La secretaria jurídica del municipio de Madrid alegó que las pretensiones de la demanda resultan desproporcionadas e irracionales, pues buscan que se expida un código de orden, ética y moral para los gobernantes, aspecto que no corresponde a la Rama Judicial.

Arguyó que la tutela no cumple con los presupuestos generales de procedibilidad porque no expuso de forma clara cuáles son los derechos fundamentales que considera vulnerados por la providencia judicial que ataca, ni presenta de manera razonada ni entendible los hechos que competen al proceso. Por el contrario, se dedica a exponer la biografía del señor Manuel José Méndez Rodríguez, lo cual resulta irrelevante cuando se pretende que se deje sin efectos una sentencia judicial.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01678 00

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Señaló que, en la sentencia del 27 de enero de 2023, que resolvió el recurso de revisión, el Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 16, efectuó un examen completo de cada uno de los argumentos del recurrente y concluyó que éstos realmente buscaban cuestionar la

recurso de revisión, el Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 16, efectuó un examen completo de cada uno de los argumentos del recurrente y concluyó que éstos realmente buscaban cuestionar la interpretación efectuada por la corporación al resolver la acción de reparación directa , lo cual no es procedente en este medio de impugnación extraordinario, en el que lo único que permite romper los efectos de cosa j uzgada del fallo es la configuración de alg una de las causales consagra das en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), presupuesto que no se cumple en este asunto.

Por otro lado, advirtió que , si bien en la demanda se controvierte la sentencia del 27 de enero de 2023, que resolvió el recurso de revisión, lo cierto es que no planteó ning ún cuestionamiento contra ésta ni mucho menos expuso en cuáles causales de procedibilidad específicas habría incurrido. En realidad, todos los argumentos se dirigen contra el fallo del 9 de mayo de 2011, que decidió en segunda instancia la acción de reparación directa. De todos modos, dijo que la tutela es improcedente contra esta última decisión, por falta del presupuesto de inmediatez, dado que se expidió más de seis (6) meses antes de la presentación de la solicitud de amparo.

Por último, adujo que la acción de tute la no procede contra providencias judiciales, ni siquiera cuando se alegue que han incurrido en vías de hecho o en errores protuberantes o groseros.

2.3. El Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 16 , y el departamento de Cundinamarca guardaron silencio.

o en errores protuberantes o groseros.

2.3. El Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 16 , y el departamento de Cundinamarca guardaron silencio.

2.4. El 24 de mayo de 2023, el despacho sustanciador recibió el memorial del señor Orlando Ardila Molano , quien solicit ó ser tenido como coadyuvante de la parte actora en el presente trámite, con fundamento en que actuó como apoderado del señor Manuel José Méndez Rodríguez en el proceso de reparación directa que en su momento éste adelantó, aRadicación: 11001 03 15 000 2023 01678 00

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partir de lo cual adujo que su interés emana del contrato de prestación de servicios profesionales que en su momento suscribió para el efecto.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

3.2. Cuestiones previas: coadyuvancia e impedimento

de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

3.2. Cuestiones previas: coadyuvancia e impedimento

3.2.1. La solicitud de coadyuvancia

Como antes se indicó el señor Orlando Ardila Molano presentó solicitud de coadyuvancia a partir de su afirmación de haber actuado como apoderado del señor Manuel José Méndez Rodríguez en el proceso de reparación directa que promovió contra el departamento de Cundinamarca y el municipio de Madrid.

El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que “quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que el coadyuvante es un tercero que “tiene con una de las partes una relación sustancial que, indirectamente, puede verse afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable ”4. Sin embargo, ello no implica “que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría

4 Sentencia T-304 de 1996.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01678 00

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realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia”5.

En este caso, la Sala considera que no es procedente acceder a la solicitud del señor Orlando Ardila Molano, pues si bien éste arguye que su interés se origina en el contrato de prestación de servicios profesionales que suscribió con su entonces poderdante Méndez Rodríguez, lo cierto es que no aportó dicho documento ni ningún otro que acredite la calidad con la que aduce haber intervenido en el referido trámite ordinario.

Por lo tanto, la Sala no cuenta con ningún elemento de juicio que le permita establecer que el solicitante tiene interés legítimo en esta acción constitucional, a partir de lo cual no accederá a la coadyuvancia solicitada.

3.2.2. Manifestación de impedimento presentada por el Consejero de Estado Hernando Sánchez Sánchez

Mediante escrito presentado el 30 de mayo de 2023 el Consejero de Estado Hernando Sánchez Sánchez manifestó encontrarse impedido para conocer del presente asunto, con fundamento en lo establecido en la causal prevista en el numeral 6º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal6, con base en el hecho de haber integrado la Sala Especial de Decisión núm. 16 que profirió la sentencia de 27 de enero de 2023, siendo esta la providencia que se solicita dejar sin efectos a través de esta acción constitucional.

Para decidir lo pertinente, resulta necesario precisar que, de conformidad

que profirió la sentencia de 27 de enero de 2023, siendo esta la providencia que se solicita dejar sin efectos a través de esta acción constitucional.

Para decidir lo pertinente, resulta necesario precisar que, de conformidad con la norma invocada, incurre en causal de impedimento el funcionario que “[…] haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso [...]”.

Ahora bien, t eniendo en cuenta de que el Consejero Hernando Sánchez Sánchez, en su condición de integrante de la Sala 16 Especial de Decisión del Consejo de Estado, en efecto suscribió la sentencia del 27 de enero de

5 Sentencia T-1062 de 2010. 6 Aplicable en este trámite por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01678 00

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2023 que resolvió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Manuel José Méndez Rodríguez, contra la cual se dirige la acción de tutela promovida por la señora Zaira Sofía Méndez Res trepo y otros, la Sala advierte que claramente se configura el impedimento manifestado por el referido Consejero de Estado.

Por tal razón se declarará fundado este impedimento y, en consecuencia, se separará al Consejero Hernando Sánchez Sánchez del conocimiento del presente asunto.

3.3. HECHOS

por el referido Consejero de Estado.

Por tal razón se declarará fundado este impedimento y, en consecuencia, se separará al Consejero Hernando Sánchez Sánchez del conocimiento del presente asunto.

3.3. HECHOS

3.3.1. El 19 de septiembre de 2003, el señor Manuel José Méndez Rodríguez instauró demanda de reparación directa contra el departamento de Cundinamarca y el municipio de Madrid, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados por la ocupación permanente de un bien inmueble.

3.3.2. Mediante fallo del 7 de febrero de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, declaró patrimonial y extracontractualmente responsable al municipio de Madrid por la ocupación por causa de obra pública de un terreno del demandante y condenó a la entidad a pagar la indemnización que estimó correspondiente7.

3.3.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 9 de mayo de 2011, que resolvió el recurso de apelación instaurado por el demandante y el grado jurisdiccional de consulta que se surtió debido a que el municipio de Madrid no apeló la decisión, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la caducidad de la acción de reparación directa . En concreto, señaló que las obras de construcción del parque infantil iniciaron el 14 de febrero de 1997, pero que el contrato se suspendió y reinició el 5 de junio de 1997, debiendo

la acción de reparación directa . En concreto, señaló que las obras de construcción del parque infantil iniciaron el 14 de febrero de 1997, pero que el contrato se suspendió y reinició el 5 de junio de 1997, debiendo

7 De acuerdo con los antecedentes consignados en la sentencia del 9 de mayo de 2011.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01678 00

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culminar, según lo pactado, el 5 de agosto de 1997 , por lo que la parte actora tenía hasta el 5 de agosto de 1999 para presentar su demanda8.

3.3.4. El señor Méndez Rodríguez interpuso el recurso extraordinario de revisión contra la anterior providencia invocando la causal establecida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA. El recurso fue decidido por el Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 16, con posterioridad al fallecimiento del recurrente, a través de la sentencia del 27 de enero de 2023, que lo declaró infundado.

3.3.5. Los señores Zaira Sofía Méndez Restrepo , Claudia Elvira Méndez Mejía, Haidy Edith, Manuel José y Miguel Leonardo Méndez Restrepo, hijos del señor Manuel José Méndez Rodríguez, interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 16, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales y los del señor Méndez Rodríguez

del señor Manuel José Méndez Rodríguez, interpusieron acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 16, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales y los del señor Méndez Rodríguez por la providencia del 27 de enero de 2023.

3.4. ANÁLISIS DE LA SALA

3.4.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de e vitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

3.4.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación9,

8 Ídem. 9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).Radicación: 11001 03 15 000 2023 01678 00

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indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, po r cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Con la sentencia SU -215 de 202210, la Corte Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios” . Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En este caso, los demandantes solicitaron que se les amparen los derechos consagrados en los “Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 23, 29, 90, 224 y 225” de la Constitución Política, y los derechos a la honra, a la dignidad humana, a la memoria y a la moral , que a su juicio le fueron vulnerados al señor

Constitución Política, y los derechos a la honra, a la dignidad humana, a la memoria y a la moral , que a su juicio le fueron vulnerados al señor Manuel José Méndez Rodríguez, fallecido el 14 de diciembre de 2020, pretendiendo que se deje sin efectos la sentencia del 27 de enero de 2023, dictada por el Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 16, que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión 11 interpuesto por aquél contra el fallo del 9 de mayo de 2011, proferid o por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que a su vez declaró la caducidad de la acción de reparación directa por ocupación permanente de un bien inmueble12, que el referido señor Méndez Rodríguez instauró contra el departamento de Cundinamarca y el municipio de Madrid.

10 M. P. Natalia Ángel Cabo. 11 Recurso que se tramitó bajo el radicado: 11001-03-15-000-2012-02124-00. 12 Proceso que se identificó con el radicado: 25000-23-26-000-2003-02021-01(33913).Radicación: 11001 03 15 000 2023 01678 00

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Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para identificar si la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

3.4.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta l os derechos fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.

constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01678 00

Accionante: Zaira Sofía Méndez Restrepo y otros

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A partir de esta sentencia, el concepto de la relev ancia constitucional ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–573 de 2019 13, el alto tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la