CE - 010315000202301695001SENTENCIA20230525170416

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01695-00

Demandante: Gonzalo Pinzón Pinzón Demandado: Comisión Primera del Senado de la República –

Mesa Directiva

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01695-00

Demandante: GONZALO PINZÓN PINZÓN

Demandados: COMISIÓN PRIMERA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA – MESA

DIRECTIVA

Temas: Tutela de fondo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a pronunciarse sobre la acción de tutela presentada por el señor Gonzalo Pinzón Pinzón contra la Comisión Primera del Senado, Mesa Directiva, por la vulneración a sus derechos fundamentales “de participación Política (art.40 C.N.) y al debido proceso en el trámite legislativo (art. 29 C.N.)”

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 10 de abril de 2023 , el señor Gonzalo Pinzón Pinzón, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Comisión Primera del Senado de la República – Mesa Directiva, con el fin de que sean amparados sus

actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Comisión Primera del Senado de la República – Mesa Directiva, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales “de participación Política (art.40 C.N.) y al debido proceso en el trámite legislativo (art. 29 C.N.)”

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales debido al retiro del Acto Legislativo 018 de 2022 1 “por medio del cual se adopta una reforma política”, toda vez que se cometió una “evidente infracción al Reglamento del Congreso” por presuntamente desatender el art ículo 155 de la Ley 5° de 1992, as í como los artículos de la misma ley que versan sobre la participación ciudadana.

3. Solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y reclamó lo siguiente: Que se declare la vulneración de mis derechos fundamentales al ejercicio y control del poder político, así como del derecho a la participación ciudadana, y se

1 (Acumulado con los proyectos de Acto Legislativo No 006, 016 y 026 de 2022).Radicado: 11001-03-15-000-2023-01695-00

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2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tomen las medidas necesarias para garantizar que en el futuro se respeten plenamente estos derechos y principios democráticos en el marco del proceso legislativo.

2. Ordenar a la entidad demandada que adopte las medidas necesarias para cesar la vulneración de los derechos fundamentales conculcados.

plenamente estos derechos y principios democráticos en el marco del proceso legislativo.

2. Ordenar a la entidad demandada que adopte las medidas necesarias para cesar la vulneración de los derechos fundamentales conculcados.

4. Como solicitud de medida provisional, requirió lo siguiente:

Solicito que se ordene la suspensión provisional de los términos y los efectos de lo aprobado en la sesión de la Comisión Primera del Senado de l a República, llevada a cabo el día 23 de marzo de los corrientes. Esta medida es necesaria para evitar un perjuicio irremediable tanto en trámite legislativo como de participación ciudadana…

1.2. Hechos probados y/o admitidos La solicitud de amparo se fun damentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. En sesión del día 23 de marzo de 2023 la Comisión Primera del Senado de la República aprobó el retiro del Acto Legislativo N° 018 de 2022 Senado – 243 de 2022

Cámara “ Por medio de l cual se adopta una reforma política”. (Acumulado con los PAL 06, 16 y 26 de 2022).

5. El fundamento normativo de dicho retiro fue el artículo 155 de la Ley 5° de 1992, que indica que “un proyecto de ley podrá ser retirado por su autor, siempre que no se haya presentado ponencia para primer debate y sea de iniciativa congresional. En los demás eventos se requerirá la aceptación de la Comisión o Cámara respectiva”.

6. Así, teniendo en cuenta que hubo 16 v otos por el sí, la Comisión Primera del Senado de la República aprobó por unanimidad la proposición del Gobierno Nacional

demás eventos se requerirá la aceptación de la Comisión o Cámara respectiva”.

6. Así, teniendo en cuenta que hubo 16 v otos por el sí, la Comisión Primera del Senado de la República aprobó por unanimidad la proposición del Gobierno Nacional para el retiro de la reforma política y por medio de su secretaria manifestó en el

trámite de la audiencia lo siguiente:

La proposición que solicita el retiro del Acto Legislativo 018 de 2022 Senado, acumulado con los proyectos de Acto Legislativo N.° 006, 016 y 026 de 2022, obtuvo el siguiente resultado: votaron un total de 16 senadores, todos por el sí, en consecuencia el proyecto fue retirado.

1.3. Fundamentos de la vulneración

7. La parte accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales debido al retiro del Acto Legislativo 018 de 2022 “por medio del cual se adopta una reforma política”, toda vez que se cometió una “ evidente infracción al Reglamento del Congreso” por presuntamente desatender el artícu lo 155 de la Ley 5° de 1992 , ya que “ para proceder con el retiro del proyecto era necesario que la proposiciónRadicado: 11001-03-15-000-2023-01695-00

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co incluyera la totalidad de los firmantes de los proyectos qu e se acumulaban al PAL No. 018 de 2022 Senado – 243 de 2022 Cámara”.

www.consejodeestado.gov.co incluyera la totalidad de los firmantes de los proyectos qu e se acumulaban al PAL No. 018 de 2022 Senado – 243 de 2022 Cámara”.

8. Agregó que, debido a lo anterior, se le impidió como ciudadano intervenir para presentar observaciones al referido proyecto de acto legislativo, derechos que se encuentran garantizados en los artículos 230, 231 y 232 de la Ley 5° de 1992.

9. Adujo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha reiterado que es de vital importancia seguir los procedimientos establecidos en la Ley 5° de 1992 para el retiro de un proyecto de ley en el Congreso de la República.

10. Indicó que , así mismo, se ha enfatizado en la necesidad de tomar decisiones informadas y justificadas, con pleno respeto a los principios de transparencia y publicidad, en aras de garantizar la par ticipación ciudadana y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

11. Arguyó que, de igual forma, se ha establecido que cualquier acto de retiro de un proyecto de acto legislativo que no se ajuste a las normas vigentes debe ser anulad o por violación al debido proceso legislativo. Esta situación afecta directamente los derechos de participación de los ciudadanos, “lo cual conlleva a que la intervención judicial actúe como control para evitar excesos y arbitrariedades que puedan estar ocurriendo en la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado de la República, que aplicaría discrecionalmente el reglamento del Congreso.”

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

ocurriendo en la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado de la República, que aplicaría discrecionalmente el reglamento del Congreso.”

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

12. Mediante auto del 28 de abril de 2022, la magistrada ponente admitió la demanda y ordenó la notificación d e la Comisión Primera del Senado de la República – Mesa Directiva, como sujeto accionado . Igualmente, requirió a la comisión para que allegara los documentos, actas o informes que fueron proferidos en el marco de la audiencia realizada el 23 de marzo de 2023, en la cual se aprobó el retiro del proyecto de Acto Legislativo 018 de 2022.

13. Por último, se consideró abiertamente improcedente ordenar el decreto de la medida provisional solicitada2, que implicaba la suspensión de la decisión adoptada por la Comisión Primera del Senado, la cual en principio goza de presunción de legalidad, aunado a que no se avizoró la configuración de un perjuicio irremediable.

2 La parte actora solicitó como medida provisional suspender provisionalmente los efectos de lo aprobado en la sesión llevada a cabo el 23 de marzo de 2023 en la Comisión Primea del Senado de la República ya que, a su juicio, la mesa directiva cometió evidentes infracciones al Reglamento del CongresoRadicado: 11001-03-15-000-2023-01695-00

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4

CongresoRadicado: 11001-03-15-000-2023-01695-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.5. Intervenciones

14. Realizadas las no tificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron

las siguientes intervenciones:

1.5.1. Comisión Primera del Senado

15. Solicitó negar las pretensiones de la demanda , toda vez que no se vulneró el debido proceso legislativo, ni tampoco el dere cho a la participación ciudadana del señor Gonzalo Pinzón Pinzón. Agregó que tampoco se evidenciaba la vulneración de ningún derecho fundamental del ac cionante que deba ser protegido en sede el amparo de tutela.

16. En primer lugar, hizo un recuento de lo s hechos y manifestó que en sesión del día 23 de marzo de 2023 se realizó la discusión y votación del retiro del Proyecto de Acto Legislativo N° 018 de 2022 Senado – 243 de 2022 Cámara “Por medio de la cual se adopta una reforma política” (Acumulado con lo s PAL 06, 16 y 26 de 2022

Senado), tal como lo expone el accionante. En tal sentido , la proposición que solicitó el retiro de la iniciativa fue firmada por el ministro del Interior , Alfonso Prada , y acompañada por autores de cada uno de los proyectos de acto legislativo que fueron acumulados al PAL 18 de 2022 Senado.

el retiro de la iniciativa fue firmada por el ministro del Interior , Alfonso Prada , y acompañada por autores de cada uno de los proyectos de acto legislativo que fueron acumulados al PAL 18 de 2022 Senado.

17. Reiteró que, además del senador Roy Barreras, respaldaron el retiro d e la iniciativa los senadores: María José Pizarro , coautora del Proyecto de Acto Legislativo 016 de 2022 Senado; Alexánder López Maya , coautor del Proyecto de Acto L egislativo 026 de 2022 Senado , y Julián Gallo Cubillo como coautor del Proyecto de Acto Legislativo 06 de 2022 Senado.

18. Indicó que n o se configuró infracción al reglamento del Congreso , toda vez que los aut ores de las iniciativas en cuestión actuaron en estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 155 de la Ley 5° de 1992.

19. Por otro lado, aclaró que, contrario a lo alegado por el accionante, dentro del trámite de los proyectos de acto legislativo no se establece como requisito la realización de audiencias de participación ciudadana , según lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-1046 de 2005.3

20. Igualmente, arguyó que , pese a que la audiencia de participación ciudadana no es requerida para proyectos de Acto Legislativo, el pasado 5 de septiembre de 2022 , la Comisión Primera del Senado de la República llevó a cabo audiencia pública, dentro de la cual no se observa la solicitud de inscripción del accionante. Esta

3 Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo N° 02 de 2004 “Por el cual se reforman

dentro de la cual no se observa la solicitud de inscripción del accionante. Esta

3 Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo N° 02 de 2004 “Por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01695-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co audiencia f ue debidamente publicitada para garantizar la participación del mayor número de ciudadanos posible dada la trascendencia del tema.

21. Explicó que las intervenciones ciudadanas dentro del trámite legislativo se encuentran reguladas en el reglamento del Co ngreso, específicamente en los artículos 230 a 232, dentro de los cuales se establecen distintos requisitos.

22. Concluyó que el accionante no demostró que hizo una solicitud expresa para presentar observaciones en el proyecto de acto legislativo retirado ante la cual se le haya denegado su derecho a participar por parte de la Mesa Directiva de la Comisión Primera de Senado. Adicional a esto, no se evidenció un nexo de causalidad entre el retiro del proyecto y la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

23. Por último, en cumplimiento a la orden plasmada en el auto admisorio, allegó las

siguientes pruebas:

-Copia de los documentos mediante los cuales se convocó a audiencia pública durante el trámite en primera vuelta del Proyecto de Acto Legisl ativo N° 018 de

siguientes pruebas:

-Copia de los documentos mediante los cuales se convocó a audiencia pública durante el trámite en primera vuelta del Proyecto de Acto Legisl ativo N° 018 de 2022 Senado – 243 de 2022 Cámara. “Por medio de la cual se adopta una reforma política”. (Acumulado con los PAL 06, 16 y 26 de 2022 Senado. A través de estos documentos se comprueba que si se habilitó un espacio, en la Comisión Primera de Senado, para que la ciudadanía presentara sus observaciones a este proyecto de reforma constitucional.

-Link de YouTube donde se verifica la realización de la audiencia pública, el día 05 de septiembre de 2022, en la que se escucharon las observaciones y comentarios para el Proyecto de Acto Legislativo objeto de esta solicitud de tutela.

-Copia de la Gaceta 1092 de 2022 en la que se publicó la ponencia para primer debate – en primera vuelta – del Proyecto de Acto Legislativo objeto de esta solicitud d e tutela. En esta gaceta se puede verificar la relación de las intervenciones ciudadanas de la audiencia pública realizada el 05 de septiembre de 2022 – página 3.

-Acta 35, publicada en gaceta 434 de 2023, correspondiente a la sesión ordinaria de la Comisión del 23 de marzo de 2023 – páginas 24 - 28.

-Link de YouTube con la transmisión de la sesión de la Comisión Primera de Senado del 23 de marzo de 2023.

I. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

24. Si se atiende a lo indicado en la demanda, al Consejo de Estado no le

Senado del 23 de marzo de 2023.

I. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

24. Si se atiende a lo indicado en la demanda, al Consejo de Estado no le correspondería conocer de la solicitud de amparo, comoquiera que la tutela se dirige contra la Comisión Primera del Senado de la República – Mesa Directiva y por ello elRadicado: 11001-03-15-000-2023-01695-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reparto del mecanismo de protección constitucional debería hacerse en primera instancia, a los Jueces del Circuito.

25. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y al numeral 2º4 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

26. Sin embargo, la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha indicado que:

3. Ahora bien, según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser

1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia . Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato p rocesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia. (Negrita y subrayado fuera del texto).

27. Igualmente, las consideraciones del máximo Tribunal Constitucional coinciden con lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se advirtió:

PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia.

28. En cumplimiento de las directrices jurisprudenciales y normativas expuestas, el Consejo de Estado asume la competencia para conocer de la demanda que presentó el señor Pinzón Pinzón.

2.3. Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:

¿La Comisión Primera del Senado vulneró los derechos fundamentales del actor “de participación Política (art.40 C.N.) y al debido proceso en el trámite legislativo (art. 29 C.N.)” con ocasión al retiro del Acto Legislativo 018 de 2022 “por medio del cual se adopta una reforma política”?

participación Política (art.40 C.N.) y al debido proceso en el trámite legislativo (art. 29 C.N.)” con ocasión al retiro del Acto Legislativo 018 de 2022 “por medio del cual se adopta una reforma política”?

30. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama general de la acción de tutela; (ii) el caso concreto.

4 Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01695-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4. Panorama general de la acción de tutela

31. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autorida des públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

32. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad.

El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fund amental que se dice vulnerado o amenazado.

33. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio

El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fund amental que se dice vulnerado o amenazado.

33. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.

2.5. Estudio del requisito de subsidiariedad

34. Se tiene que, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia SU-150 de 2021 se ha admitido que los actos congresionales que se adoptan con ocasión del impulso del proceso legislativo son actos de carácter general, impersonal y abstracto, y respecto de ellos se admite la regla del numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.5

35. Igualmente, en dicha providencia se explicó que, previamente con la C -132 de 2018 se indicó que dado que no existe un medio de defensa judicial distinto para controvertir tales actos, mientras ellos no den lugar a la expedición de una ley o de un acto de reforma constitucional ( toda vez que allí cabría la acción pública de inconstitucionalidad), es la acción de tutela el único mecanismo judicial con el que se cuenta, tanto por los congresistas como por otros sujetos con interés, para cuestionar las hipótesis que se considera n vulneran derechos fundamentales.

36. Al respecto , en la mencionada sentencia se unificación se citan las consideraciones plasmadas en la sentencia T -382 de 2006 6, en la cual la Corte

manifestó lo siguiente:

5 ARTICULO 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: (…)

consideraciones plasmadas en la sentencia T -382 de 2006 6, en la cual la Corte manifestó lo siguiente:

5 ARTICULO 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: (…)

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. 6 La Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas – CRIMAinstauró acción de tutela para la protección del derecho fundamental de consulta previa frente al trámite de un proyecto de ley del cual, según los demandantes, no se les participó a las comunidades indígenas o sus representantes.

Fue por lo anterior, que en dicha sentencia se dispuso el análisis de un acápite denominado “Procedencia excepcional de la tutela contra actuaciones legisla tivas” en el cual se concluyó que, enRadicado: 11001-03-15-000-2023-01695-00

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“En tratándose de órganos como el Congreso , la acción de tutela procede siempre y cuando ello sea necesario e imperioso para garantizar los derechos de los titulares de potestades parlamentarias e, inclusive, de aquellos que por disposición de la ley tengan derecho a intervenir en los debates o a participar de audiencias o sesiones. Por supuesto, conforme a los fundamentos de la sentencia en comento [refiere a la T -983A de 2004], la

aquellos que por disposición de la ley tengan derecho a intervenir en los debates o a participar de audiencias o sesiones. Por supuesto, conforme a los fundamentos de la sentencia en comento [refiere a la T -983A de 2004], la protección del amparo está condicionada a la configuración orgánica que determine el alcance y los límites a los cuales está sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. (…)

Así pues, frente a las diferentes funciones encomendadas al Con greso, la acción de tutela podría ejercerse cuando quiera que se desconozcan los derechos fundamentales que conforman el procedimiento legislativo y que tengan efectos relevantes sobre la función representativa, de acuerdo a las normas orgánicas aplicables a esa Corporación. (…)

Bajo el anterior contexto, lo primero que debe destacar esta Sala de Revisión dentro del presente caso, es que el proyecto al cual se le achaca la vulneración de derechos fundamentales, ascendió a la categoría de ley y en este mo mento se encuentra vigente debido a su sanción y promulgación. En efecto, de acuerdo al diario oficial número 46249, la Ley 1021, ‘por la cual se expide la Ley General Forestal”, fue promulgada el 24 de abril de 2006.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la iniciativa legislativa adquirió el status y la categoría de ley, se hace necesario concluir que a esta altura corresponde a la acción de inconstitucionalidad, conforme al artículo 241 de la Constitución y bajo el procedimiento previsto en el Decreto 2067 de 1991, el examen sobre la aplicación del derecho de consulta previa, antes o durante el desarrollo del debate legislativo. En efecto, de acuerdo a dichas circunstancias, la acción en comento

el procedimiento previsto en el Decreto 2067 de 1991, el examen sobre la aplicación del derecho de consulta previa, antes o durante el desarrollo del debate legislativo. En efecto, de acuerdo a dichas circunstancias, la acción en comento constituye el mecanismo idóneo para verificar que las con diciones del derecho fueron respetadas suficientemente antes de dar aprobación al proyecto.”

37. De lo anterior, se puede extraer que la acción de tutela procede para garantizar los derechos de las personas a intervenir en los debates o participar en las audiencias y en tal sentido, el juez constitucional pueda verificar que las condiciones del derecho fueron respetadas suficientemente antes de dar aprobación al proyecto.

Esto, toda vez que no se cuenta con otro mecanismo judicial idóneo para ventilar dichas pretensiones.

tratándose de órganos como el Congreso, la acción de tutela procede siempre y cuando ello sea necesario e imperioso para garantizar los derechos de los titulares de potestades parlamentarias e, inclusive, de aquellos q ue por disposición de la ley tengan derecho a intervenir en los debate o a participar de audiencias o sesiones . Aunado a que, frente a las diferentes funciones encomendadas al Congreso, la acción de tutela también podría ejercerse cuando quiera que se desc onozcan los derechos fundamentales que conforman el procedimiento legislativo y que tengan efectos relevantes sobre la función representativa, de acuerdo a las normas orgánicas aplicables a esa Corporación.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01695-00

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38. Igualmente, la acción de tutela resulta procedente siempre y cuando no haya ascendido a la categoría de ley (pues en dicha circunstancia contraria con la acción de inconstitucionalidad).

39. Así, teniendo en cuenta que los anterior es supuestos se cumplieron en el caso concreto, resulta procedente el estudio de fondo de los reparos traídos por el actor en su escrito de tutela.

2.6. Caso concreto

40. Se reitera que los r epartos del actor se centran en que la Comisión Primera del Senado, al aprobar el retiro del Acto Legislativo 018 de 2022 “por medio del cual se adopta una reforma política”, cometió una “evidente infracción al Reglamento del

Congreso”.

41. Esto, toda vez que “ para proceder con el retiro del proyecto era necesario q ue la proposición incluyera la totalidad de los firmantes de los proyectos que se acumulaban al PAL No. 018 de 2022 Senado – 243 de 2022 Cámara ”, por lo que se desatendió el artículo 155 de la Ley 5° de 1992, que reza lo siguiente:

ARTÍCULO 155. RETIRO DE PROYECTOS. Un proyecto de ley podrá ser retirado por su autor, siempre que no se haya presentado ponencia para primer debate y sea de iniciativa congresional. En los demás eventos se requerirá la aceptación de la Comisión o Cámara respectiva.”

retirado por su autor, siempre que no se haya presentado ponencia para primer debate y sea de iniciativa congresional. En los demás eventos se requerirá la aceptación de la Comisión o Cámara respectiva.”

42. Agregó que, debido a lo anterior, se le impidió como ciudadano intervenir para presentar observaciones al referido proyecto de acto legislativo, derechos que se encuentran garantizados en los artículos 230, 231 y 232 de la Ley 5° de 1992.

43. Ahora bien, esta Sala, del análisis de las pruebas obrantes en el expediente , específicamente el video institucional y el acta 35 , correspondientes a la sesión del 23 de marzo de 2023 , llevada a cabo en la Comisión Primera del Senado, se puede evidenciar que después de 3 horas de constantes debates y argumentaciones, la referida c omisión aprobó el retiro del Acto Legislativo 018 de 2022, por solici tud formal de Gobierno Nacional, acompañada por autores de cada uno de los Proyectos de Acto Legislativo que fueron acumulados al PAL 18 de 2022 Senado , como se corrobora de la siguiente imagen:Radicado: 11001-03-15-000-2023-01695-00

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44. El fundamento normativo fue el artículo 155 de la Ley 5° de 1992, que indica que : “un proyecto de ley podrá ser retirado por su autor, siempre que no se haya

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44. El fundamento normativo fue el artículo 155 de la Ley 5° de 1992, que indica que : “un proyecto de ley podrá ser retirado por su autor, siempre que no se haya presentado ponencia p ara primer debate y sea de iniciativa congresional. En los demás eventos se requerirá la aceptación de la Comisión o Cámara respectiva”; así como el artículo 3° ibidem que establece : “Regla de mayorías. El Reglamento debe aplicarse en forma tal que toda de cisión refleje la voluntad de las mayorías presentes en la respectiva sesión y consulte, en todo momento, la justicia y el bien común”.

45. En el marco de la votación que se llevó a cabo en la sesión, con 16 votos por el sí, la Comisión Primera del Senado de la República aprobó por unanimidad la proposición del Gobierno Nacional para el retiro del ar ticulado de la reforma política.

Lo anterior, se corrobora de la siguiente imagen:Radicado: 11001-03-15-000-2023-01695-00

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46. Es así que esta Sala considera que en la realización de la sesión llevada a cabo el 23 de marzo de 2023 en la Comisión Primera del Senado, en la cual se aprobó por unanimidad la proposición del Gobierno Nacional para el retiro del articulado de la reforma política , no se