CE - 010315000202301709001SENTENCIA20230609114933

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01709-00

Demandante: Edgar Orlando Corredor Garzón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01709-00

Demandante: EDGAR ORLANDO CORREDOR GARZÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se declaró la nulidad del acto administrativo demandado y se modificó el restablecimiento del derecho. Defectos fáctico y sustantivo

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Edgar Orlando Corredor Garzón , a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” , en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso , honra, buen nombre y reparación integral , los

judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” , en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso , honra, buen nombre y reparación integral , los cuales considera vulnerados con la sentencia de 30 de septiembre de 2022 , en la que confirmó la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado, pero revocó los perjuicios morales y materiales (daño emergente) y modificó la medida de reparación simbólica ordenada por el a quo , en el marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Secretaría de Educación Distrital.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor relató que por medio de la Resolución No. 388 de 17 de marzo de 2017, la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Al caldía Mayor de Bogotá le otorgó una comisión de servicios.

Señaló que el 26 de abril de 2017 formuló una petición dirigida a que se revocara el citado acto administrativo y que se exp licaran las razones por las cuales se había concedido una comisión de servicios, sin que él la hubiera solicitado. Afirmó que, como respuesta, la entidad accionada confirmó la decisión por oficio de 11 de mayo de 2017.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01709-00

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2 Adujo que el 8 de mayo de 2017 radicó una solicitu d ante la Oficina de Control Interno y Disciplinario de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, con el fin de que le informara si para ese momento cursaba en su contra alguna investigación disciplinaria.

Indicó que en ejercicio del medio de contro l de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá , con el objeto de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 388 de 17 de marzo de 2017 y el oficio de fecha 11 de mayo de 2017, por medio de los cuales se otorgó comisión de servicios y se confirmó esa decisión . A título de restablecimiento del derecho pidió que se pagara lo equivalente a 100 SMLMV y se reconociera públicamente que con esa decisión se vulneraron sus derechos fundamentales al buen nombre y al debido proceso.

Informó que el 24 de mayo de 2021 , el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bogotá declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y, en consecuencia, condenó a la entidad demandada a pagar la suma de (i) $5.000.000 por concepto de daño emergente, (ii) lo equivalente a 100 SMLMV por perjuicios morales y (iii) que se realizara un acto público en el que se ofreciera n disculpas al demandante por “ haberle otorgado una comisión tras señalar que sus

perjuicios morales y (iii) que se realizara un acto público en el que se ofreciera n disculpas al demandante por “ haberle otorgado una comisión tras señalar que sus derechos habían ent rado en pugna con los de sus alumnos, y que se habían adelantado actuaciones administrativas en su contra por esa presunta tensión y para proteger a los niños, niñas y adolescentes, sin que existiera un sustento fáctico válido para realizar esas afirmaciones”.

Aseveró que la entidad demandada presentó recurso de apelación que fue decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, por sentencia de 30 de septiembre de 2022, en la que se dispuso modificar la de cisión rec urrida en el sentido de revocar el reconocimiento de la indemnización por los perjuicios morales . Así mismo, en relación con el acto de disculpas públicas dispuso la modificación de la decisión , en su lu gar, ordenó “hacer una anotación en la hoja de vida del demandante indicando las verdaderas razones por las cuales fue enviado en comisión de servicios, y en todo caso, se deberá aclarar que no obedeció a ningún tipo de investigación por abuso sexual, en procura de brindarle tranquilidad al acciona nte y su núcleo familiar, y se niegan las demás pretensiones de la demanda”.

Por último, manifestó que desde que se notificó la sentencia de segunda instancia -10 de octubre de 2022 -, “se encuentra en zozobra, co nfundido, en una situación familiar tensa por la inquietud que generó la decisión del Tribunal Administrativo”.

2. Fundamentos de la acción

El actor presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al

familiar tensa por la inquietud que generó la decisión del Tribunal Administrativo”.

2. Fundamentos de la acción

El actor presentó acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso, honra, buen nombre y reparación integral, los cuales consider a vulnerados con la sent encia de 30 de septiembre de 2022 que modificó la de 24 de mayo de 2022 , proferida por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Bogotá en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Secret aría de Educ ación Distrital de Bogotá (radicación No . 11001-33-35-013-2017-00383-02). En concreto , alegó la configuración de los siguientes defectos:Radicación: 11001-03-15-000-2023-01709-00

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2.1. Defecto fáctico : consideró que esta causal espe cífica de procedencia de tutela contra providencia jud icial se con figura por la indebida valoración de los elementos probatorios que, a su juicio, evidenciaban la vulneración de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre y, por lo tanto, no res ulta válida la decisión de revocar las medidas establecidas en primera i nstancia como restablecimiento del de recho para, en su lug ar, ordenar que se dejara una nota aclaratoria en la hoja de vida sobre las razones que motivaron la comisi ón de servicios.

restablecimiento del de recho para, en su lug ar, ordenar que se dejara una nota aclaratoria en la hoja de vida sobre las razones que motivaron la comisi ón de servicios.

De manera particular , s e refirió a los siguientes elementos probatorios supuestamente valorados indebidamente:

• La Resolución No . 388 d e 17 de marz o de 2017 , a través de la cual se otorgó la comisión de servicios al actor. Explicó que la autoridad judicial accionada desconoció que ese acto administrativo expresó como razones para fundame ntar la decisión administrativa preceptos constituci onales y legales que co nsagran la especial protección de los niños, niñas y adolescentes y, que en ese marco, informó que se encontraba “adelantando actuaciones administrativas en las cuales los derechos fundamentales de los menores y los derechos de los d ocentes son o bjeto de po nderación administrativa y por ello atendiendo los postulados constitucionales y el bloque de con stitucionalidad, [comisionó] por lo que queda del año lectivo 2017, a los docentes relacionados en la parte resolutiva del presente act o administrativo para que (…) realicen actividades curriculares no lectivas”.

• Declaración rendida por su cónyuge la señ ora Wilda Nelly Acost a Tautiva, en la que p uso de presente “la noticia que había sa lido a la luz pública” sobre la investigación contra 91 docentes p or hechos r elacionados con abuso sexual contra sus estudiantes y la forma como ello afectó a toda la familia.

En este punto, reprochó que la autoridad judicial accionada manifestara que no se acreditó la violación de los derechos fundamentales a la honra y al

abuso sexual contra sus estudiantes y la forma como ello afectó a toda la familia.

En este punto, reprochó que la autoridad judicial accionada manifestara que no se acreditó la violación de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, pero se ordenara en aras de “restaurar el daño causado con los actos administrativos acus ados”, realizar una anotación en su hoja de vida indicando las razones por las cuales se otorgó la comisión de servicios, con la aclara ción de que no obedeció a alguna investigación discip linaria por actos relacionados con abuso sexual , frente a lo cual, a dujo, no se repara integralmente el daño causado.

• Asimismo, indicó que no se valor ó la historia clínica emitida por la UT Servisalud S an José que hace referencia a la afectación de su salu d mental, y que no se valoraron los recibos de pago por concepto de honorarios profesionales al abogado que lo representó en un trámite de tutela y con los cuales se acreditó el daño emergente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01709-00

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4 2.2. Defecto sustantivo: Alegó el desconocimient o del artíc ulo 16 de la Ley 446 de 1998 1 en lo pertinente a la aplicación de los principios de reparación integral y equidad, con la negativa de los perjuicios morales y materiales en la modalidad de daño emergente, los cuales, afirmó, estaban debidamente probados.

de 1998 1 en lo pertinente a la aplicación de los principios de reparación integral y equidad, con la negativa de los perjuicios morales y materiales en la modalidad de daño emergente, los cuales, afirmó, estaban debidamente probados.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERA: Que se AMPARE los derechos Fundamentales a la honra, el buen nombre, y debido proceso, reparación integral, por los defecto s f ácticos y sustantivos encontrados en la sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), emitida p or el Tribunal administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda - Subsección “E”.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia del treinta ( 30) de septiembre de dos mil veintidós (2022 ), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección E, EXPEDIENTE: 11001-33-35-0132017-00383-02 dentro del medio de contro l de nulidad y restablecimiento contra la entidad

Secretaría de Educación Distrital Bogotá DC.

TERCERO: Or denar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “E” que, profiera una nueva sentencia en la que tenga en cuenta la honra , el buen nombre, debido proceso, y reparación integr al, del señor

Edgar Orlando Corredor Garzón”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Copia de la sentencia de 30 de septiembre de 2022 , proferida por el Tribunal Admin istrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsecció n

“E”.

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Copia de la sentencia de 30 de septiembre de 2022 , proferida por el Tribunal Admin istrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsecció n

“E”.

• Copia de la sentencia de 24 de mayo de 2021, dictada por el Juzgado Trece

Administrativo del Circuito de Bogotá.

La autoridad judicial accionada remitió el link habilitado para consultar el expediente No. 11001-33-35-013-2017-00383-02, correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derec ho promovido por el señor Edgar Orlando Corredor Garzón contra la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá.

5. Trámite procesal

5.1. Por auto d e 12 de abril de 2023, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar al demandante y a la autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Trece Administrativo del Circui to de Bogotá y al Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Educación Distrital, como terceros interesados en el resultado del proceso.

1 “ARTÍCULO 1 6. Valoración de daños. Den tro de cual quier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las p ersonas y a las cosas, atend erá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01709-00

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observará los criterios técnicos actuariales”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01709-00

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5 De igu al modo, dispuso oficiar a l Tribunal Adminis trativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E” y al Juzgad o Trece Administrativo del Circuito de Bogotá , en el evento de que el expediente hubiese sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso No. 11001-33-35-013-2017-00383-02, demandante: Edgar Orlando Corredor Garzón.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 33672 a 33676 de 19 de abril de 2023 a las direcciones electrónicas suministradas para este efecto 2 , con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cun dinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”

El magistrado ponente de la sentencia objeto de tutela rindió informe sobre los hechos y las pretensiones de la acción de tutela. Al respecto, efect uó una transcripción in extenso de la providencia cuestionada y, en ese marco, señaló que de esa manera se plasmaron los fundamentos en los que s e sustenta la decisión, esto es “que no se lograron probar los perj uicios materiales a título de daño emergente ni los inm ateriales a título de perjuicio moral, razón por la c ual la medida de

decisión, esto es “que no se lograron probar los perj uicios materiales a título de daño emergente ni los inm ateriales a título de perjuicio moral, razón por la c ual la medida de reparación impuesta en primera instancia fue desproporcionada, p or ello, se modificó la misma con el fin de ordenar que se haga la anotación correspondiente en la hoja de vida del señor Edgar Orlando Corredor Garzón de las razones por las cuales fue enviado en comisión de servicios, y se aclare que no correspondió a ni nguna investigación por presunto abuso sexual para tranquilidad del demandante y su familia”.

Por lo tanto, co nsideró que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor y no se incurrió en alguna irregularidad procesal. En razón a ello, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela p orque el actor emplea el mecanismo de protección constitucional como una instancia adicional.

6.2. Las autoridades judicial y administrativa vinculadas al trámite constitucional, pese a que fuero n notificadas en debida forma del auto admisorio de la demanda, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los art ículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Regla mento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asun to objeto de estudio.

2 vbabogadosas40@gmail.com, rmemorialessec02setadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co,

Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asun to objeto de estudio.

2 vbabogadosas40@gmail.com, rmemorialessec02setadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, scs02sb05tadmincdm@notificacionesrj.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificacionestutelas@educacionbogota.edu.co, notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co, admin13bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01709-00

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2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. La Sala encuentra que el accionante alegó la config uración de los defectos fáctico por la valoración indebida de los elementos probatorios que acreditaban los perjuicios derivados de la expedición de la Resolución No . 388 de 17 de marzo de 2017, que dispuso otorgar una comisión de servicios bajo falsa moti vación y sustantivo por el desconocimiento del artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

Aun cuando la parte actora alega la co nfiguración del referido defecto sustancial , la Sala encuentra que es empleado para complementar el defecto fáctico, en tanto establece que la valoración de los daños deb ió respetar los principios de reparación integral y equidad. Por lo tanto, la Sala inc luirá est a alegación en el

la Sala encuentra que es empleado para complementar el defecto fáctico, en tanto establece que la valoración de los daños deb ió respetar los principios de reparación integral y equidad. Por lo tanto, la Sala inc luirá est a alegación en el análisis del defecto fácti co que se llegare a realizar, de encontrarse cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

2.2. Precisado lo anterior, c orresponde a la Sala d eterminar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarc a, Sección Segunda, Subsección “E” , vulneró los derechos fundamentales al debido pr oceso, honra, buen nombre y reparación integral, y si incurrió en un defecto fáctico con la sentencia de 30 de septiembre de 2022 que modificó el ordinal segundo de la decisión de 24 de mayo de 2022 proferida por el Juzgado Trece Administrativo del Circuit o de Bogotá , en tanto dispuso (i) revocar los perjuicios moral es y materiales en la modalidad de daño emergente y (ii ) modificar la medida de reparación simbólica (excusas p úblicas), en el sentido de ordenar que se efect úe una anotación en la hoja de vida del demandante en la que se indiquen las verdaderas razones po r las cuales se otorgó la comisión de servicios.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra pro videncias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda pe rsona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnera dos por

judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda pe rsona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnera dos por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artícu los 25 de la Convención Americana sobre Dere chos Humano s3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación em anada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de ju lio de 20125, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la soli citud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más ad elante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de

3 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 4 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 5 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01709-00

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7 20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra p rovidencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procede ncia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta re sulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extr aordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubi ere interpuesto en un término razonable y proporcionado a part ir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar cl aro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se imp ugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actor a (…); (v) Que la parte actora identifique de manera ra zonable tanto los hechos que generaron la vulneración co mo los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judi cial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de

de manera ra zonable tanto los hechos que generaron la vulneración co mo los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judi cial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien , los requi sitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimient o estricto de todos los requisitos generales de procede ncia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba menciona dos, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por e l interesado. Estos presupuestos han sido ac ogidos en r eiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Conte ncioso Administrativo 15 y de la Corte Constitucional16.

6 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 7

M. P. Jaime Córdoba Triviño.

8 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugn ada carece, absolutamente, d e competencia para ello. 9 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 10

8 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugn ada carece, absolutamente, d e competencia para ello. 9 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 10 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 11 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucional es o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 12 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue ví ctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 13 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 14 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos l a tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 15 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal B asto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016 -02213-01), Sentencia del 24 de noviembre deRadicación: 11001-03-15-000-2023-01709-00

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8 En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucional es de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consi deración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que los requisitos generales de proced encia están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto ( i) goza de relevancia constitucional porque el accionan te invoca la presunta vulneración de los derechos fundam entales al debido proceso , honra, buen nombre y reparación integral, los cuales cons idera vulnerados con la sentencia de 30 de septiembre de 2022 que (a) revocó los perjuicios morales y mat eriales en la modalidad de daño emergente y (b) modificó la medida de reparación simbólica (excusas públicas), en el sentido de ordenar que se efectúe una anotación en la hoja de vida del demandante en la que se indiquen las verdaderas razones en las que s e fundamentó la decisión de otorgar una comisión de servicios a través de la Resolución No. 388 de 2017.

Igualmente, (ii) el actor no cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo para

indiquen las verdaderas razones en las que s e fundamentó la decisión de otorgar una comisión de servicios a través de la Resolución No. 388 de 2017.

Igualmente, (ii) el actor no cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo para resolver la controvers ia propuesta, en tanto la decisión cuestionad a fue profe rida en el trámite de segunda instancia ; (iii) la solicitud de amparo se instauró el 10 de abril de 2023 y la sentencia de segunda instanci a se notificó el 10 de octubre de 2022, es decir , que se promovió dentro de los seis (6) meses establecido s como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte C onstitucional17, (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera cl ara y, por último, (v) la acción de tutela no se dirige contra de providencias proferidas en el marco de una acción de tutela.

4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto fáctico alegado

4.2.1. El actor presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, con el fin de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, honra, buen nombre y reparación integral, los cuales considera vulnerados con la sentencia de 30 de sep tiembre de 2022 que modificó la decisión de 24 de mayo de 202 2 proferida por el Juzgado Trece Administrat ivo del Cir cuito de Bogotá , en el sentido de revocar l a indemnización de los perjuicios morales y materiales, y respecto de la medida de reparación simbólica -excusas públicas-, ordenó que se realizara una anotación en

indemnización de los perjuicios morales y materiales, y respecto de la medida de reparación simbólica -excusas públicas-, ordenó que se realizara una anotación en la hoja de vida aclarando las razones en las que se fundamentó la decisión de otorgar una comisión de servicios por medio de la Resolución No. 388 de 2017.

2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 16 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victor ia Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.

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Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ram írez Ramírez y sentencia T -619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:

Antonio José Lizarazo Ocampo.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01709-00

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Demandante: Edgar Orlando Corredor Garzón

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9 Concretamente, alegó la configu ración de los defectos fáctico por la indebida valoración de los elementos probatorios que acreditaban lo s perjuicios morales y materiales en la modalidad de daño emergente y la vulneración al derecho fundamental al buen nombre y a la honra , y sustantivo por el desconocimiento del artículo 16 de la Ley 446 de 1998. Como se indicó en la delimitación del debate, el análisis se realizará bajo la caracterización de la primera anomalía.

4.2.2. El accionante manifiesta que e