CE - 010315000202301712001SENTENCIA20230511085549

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01712-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR NO CUMPLIR EL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN ADMINISTRATIVA PARTICULAR EMITIDA EN EL TRÁMITE DE UN CONCURSO DE MÉRITOS, DEL CUAL

LA ACTORA FUE EXCLUIDA POR NO ACREDITAR EL REQUISITO

MÍNIMO DE EXPERIENCIA. NO SE ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UN

PERJUICIO IRREMEDIABLE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

CARGOS PÚBLICOS.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por la

actora contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURAUNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL1.

1 En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL.2

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I. – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públicos , los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27., para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

I.2.- Hechos

Manifestó que se inscribió como aspirante al cargo de JUEZ PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES , dentro de la Convocatoria núm. 27 adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018, emitido por el CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA.3

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Precisó que, entre otros requisitos, dicho cargo exige contar como mínimo con 2 años de experiencia profesional, para lo cual al momento de la inscripción al concurso presentó 3 certificaciones laborales que acreditaban los siguientes períodos:

Empleador Fecha de inicio Fecha final Días de experiencia VIDRIO PLAC 13/08/2016 14/10/2016 63 Silva y Valenzuela Legal and Business Consulting 19/10/2016 17/08/2017 303 Bela Venko Abogados S.A.S 5/09/2017 5/09/2018 366 Total días 732

Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante la Resolución núm. CJR22-0351 de 1o. de septiembre de 2022, la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL publicó los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, en l as que obtuvo un puntaje aprobatorio de 802.59.

Expresó que mediante la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 expedida por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL, fue rechazada del concurso, bajo el argumento de que no había acreditado la experiencia mínima para el cargo al cual se postuló.4

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

acreditado la experiencia mínima para el cargo al cual se postuló.4

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Refirió que el 20 de febrero de 2023 solicitó a la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL la verificación de la documentación que presentó con su inscripción , no obstante, a través de Oficio núm. CJO23-1091 de 9 de marzo de 2023, dicha dependencia confirmó su rechazo del concurso, al no tener en cuenta la experiencia que adquirió en la empresa VIDRIO PLAC dado que la certificación respectiva no contaba con los datos de contacto del emisor, conforme con el numeral 2.5.3 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, regulatorio de la convocatoria.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Precisó que si bien, en efecto, la certificación laboral de la empresa VIDRIO PLAC no contiene los datos de contacto del emisor, dicha información sí la aportó con la solicitud de verificación que presentó el 20 de febrero de 2023 , con lo que la entidad podía corroborar su contenido.

Mencionó que “[…] las entidades públicas y privadas cuentan con autonomía administrativa para definir sus procedimientos internos y la forma como ejercen sus actividades y gestiones, y entre estos, el de emitir certificaciones a sus trabajadores […]”, por lo que no puede5

autonomía administrativa para definir sus procedimientos internos y la forma como ejercen sus actividades y gestiones, y entre estos, el de emitir certificaciones a sus trabajadores […]”, por lo que no puede5

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

invalidarse la información que estos hagan constar, por que falten sus datos de contacto.

Resaltó que , en ese orden de ideas , debe tenerse por v álida la constancia emitida por VIDRIO PLAC “[…] subordina ndo de esta manera los requisitos formales de las certificaciones determinados en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto 2018, al principio constitucional del mérito […]” y a la primacía del derecho sustancial sobre las formas.

Agregó que conforme con las sentencias T 052 de 2009, T 507 de 2012, entre otras, proferidas por la Corte Constitucional, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos fundamentales en concursos de méritos, por la ineficacia de los medios ordinarios.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] 2. Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA/ UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL validar la certificación emitida por VIDRIO PLAC , y contabilizar el tiempo de experiencia6

“[…] 2. Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA/ UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL validar la certificación emitida por VIDRIO PLAC , y contabilizar el tiempo de experiencia6

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

profesional allí certificado, para corroborar el cumplimiento del requisito de experiencia requerido para el cargo al cual aspiré.

3. Ordenar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA/

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL que si como consecuencia de validar la experiencia en VIDRIO PLAC, cumplo con el requisito de acreditar la experiencia profesional por un lapso no inferior a dos (2) años es decir, 720 días, modifique la Resolución CJR23 -0061 de 8 de febrero de 2023 para efectos de incluirme como aspirante admitida […]”

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL solicitó denegar el amparo deprecado por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Apuntó que teniendo en cuenta que conforme con el artículo 85 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, le corresponde reglamentar la carrera judicial, expidió el Acuerdo PCSJA18 -11077 de 16 de agosto de 2018, para adelantar el concurso de méritos al que alude la actora.

Ley Estatutaria de Administración de Justicia, le corresponde reglamentar la carrera judicial, expidió el Acuerdo PCSJA18 -11077 de 16 de agosto de 2018, para adelantar el concurso de méritos al que alude la actora.

Señaló que con las inscripciones al concurso , los aspirantes “[…] manifestaban que se encontraban conforme con las normas establecidas en el Acuerdo de Convocatoria expedido el 16 de agosto de 2018 y contra el cual, a 2023, no se tiene conocimiento de que7

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

curse una demanda contenciosa por el asunto aquí debatido […]”.

Añadió que, en efecto, conforme con los numerales 2.5.3 y 2.5.7 del artículo 3 del acuerdo aludido las certificaciones laborales deben indicar con precisión, la dirección y número telefónico de quien la suscribe, norma que además prevé que las constancias que no reúnan las condiciones allí señaladas “[…] no serán tenidas en cuenta dentro del proceso de selección ni podrán ser objeto de posterior complementación […]”.

Precisó que, en ese orden de ideas, tampoco es viable valorar la información complementaria de la certificación de experiencia de la empresa VIDRIO PLAC relacionada con los datos de contacto del emisor, indicada por la accionante con posterioridad al término de inscripción en la solicitud de verificación de la documentación, por

información complementaria de la certificación de experiencia de la empresa VIDRIO PLAC relacionada con los datos de contacto del emisor, indicada por la accionante con posterioridad al término de inscripción en la solicitud de verificación de la documentación, por haber sido presentada de manera extemporánea, “[…] toda vez que la recepción de documentos para acreditar los requisitos del cargo en debida forma transcurrió desde el 27 de agosto a las cero horas (0:00) hasta el 7 de septiembre de 2018 a las veinticuatro horas (24:00)[…]”.

Sostuvo que no es procedente que la actora cuestione la exigencia8

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

aludida bajo el argumento de que se trata de una simple formalidad, porque ese requisito esta previsto “[…] de manera expresa y taxativa en el Acuerdo de Convocatoria y en ese sentido, la no inclusión de dicha información en la certificación hace que el do cumento carezca de validez a efectos de demostrar la experiencia allí contenida, según los parámetros de la convocatoria […]”.

Comentó que, en todo caso, los actos administrativos implicados gozan de presunción de legalidad, por lo que la actora cuenta con los mecanismos ordinarios para cuestionarlos, por lo que la acción de tutela carecería del requisito de procedibilidad para abordar el estudio del fondo del asunto.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

mecanismos ordinarios para cuestionarlos, por lo que la acción de tutela carecería del requisito de procedibilidad para abordar el estudio del fondo del asunto.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las9

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medi os de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medi os de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

2 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».10

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En el presente caso, la actora instauró la acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públicos, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL , al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 , dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión de la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

A través de la referida decisión la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL rechazó del referido concurso a la actora, bajo el argumento de que no había acreditado la experiencia mínima para el cargo de JUEZ

PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES.

La controversia deviene del hecho de que una de las certificaciones laborales presentada s por la actora, no cumple con los requisitos específicos que prevé el acuerdo que regula la convocatoria, misma

La controversia deviene del hecho de que una de las certificaciones laborales presentada s por la actora, no cumple con los requisitos específicos que prevé el acuerdo que regula la convocatoria, misma regulación que excluye la posibilidad de que se allegue documentación complementaria para sanear falencias en los soportes de inscripción.

La actora pretende que a través de la presente acción de tutela se11

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

resuelva sobre la legalidad de la resoluci ón aludida, a partir de la inaplicación del acuerdo reglamentario de la convocatoria que prevé los requisitos de las certificaciones laborales, para que se dé validez a la constancia que acredita el tiempo de experiencia necesario para aspirar al cargo mencionado.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos deprecados por la actora, al expedir la Resolución núm. CJR26-0061 de 8 de febrero de 2023, en cuanto se le rechazó del concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del requisito de subsidiariedad

de 2023, en cuanto se le rechazó del concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo12

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable . La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el sol icitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un carácter excepcional y subsidiario , pues solo es procedente cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario, afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario, afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerd o con las competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos13

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

fundamentales qu e encuentre amenazados o vulnerados, de lo contrario « deberá declarar la improcedencia de la acción de amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer del fondo del asunto.»3 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

En relación con la Convocatoria núm. 27 y la procedencia de la acción de tutela para cuestionar sus actos administrativos, en la sentencia SU 067 de 24 de febrero de 2022, la Corte Constitucional precisó:

“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de tutela no es, en principio, el medio adecuado para reclamar la protección de los derechos fundamentales cuando estos resultan infringidos por la expedición de un

“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de tutela no es, en principio, el medio adecuado para reclamar la protección de los derechos fundamentales cuando estos resultan infringidos por la expedición de un acto administrativo. Dicha postura ha da do lugar a una línea jurisprudencial pacífica y reiterada [52]. Su fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador ha dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011 como los instrumentos procesales para demandar el control judicial de los actos administrativos[53].

94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el escenario natural para la reivindicación de los derechos fundamentales conculcados en este contexto. Allí, los interesados pueden reclamar no solo el c ontrol de legalidad correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las medidas cautelares que ofrece la Ley 1437 de 2011, las cuales permitirían prevenir la consumación de un daño definitivo mientras se surte la causa judicial, corroboran la idoneidad de los aludidos medios de control en este campo.

3 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio.14

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito de los concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha manifestado que el jue z de lo contencioso administrativo es la autoridad llamada a juzgar las violaciones de los derechos fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla general, […] es improcedente la acción de tutela que pretenda controvertir los actos proferidos por las autoridades administrativas que se expidan con ocasión de un concurso de méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales como lo dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011»[54]. La posibilidad de emplear las medidas cautelares, « que pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa, anticipativa o de suspensión» [55], demuestra que tales acciones «constituyen verdaderos mecanismos de protección, ante los efectos adversos de los actos administrativos»[56].

96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el campo específico de los concursos de mérito [57]. Los actos administrativos que se dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados p or esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable

esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i) inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable y iii) planteamiento de un pro blema constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo. A continuación, se explican estas hipótesis.

97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del derecho fundamental infringido . La primera excepción se basa en el reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial. En estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por cuanto «la persona afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran» [58]. Habida cuenta de esta circunstancia, la acción de tutela actúa «como mecanismo definitivo, cuando se controvierten actos de trámite o de ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera15

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

que tales decisione s no son susceptibles de discusión jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La segunda excepción a la regla general de

que tales decisione s no son susceptibles de discusión jurisdiccional ante lo Contencioso Administrativo»[59].

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La segunda excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela contra estos actos administrativos se funda en la necesidad de evitar la consolidación de un perjuicio irremediable[60]. Este supuesto de hecho se presenta cuando «por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que interpone la acción»[61].

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad c on el criterio expresado en las sentencias T -160 de 2018 y T -438 de 2018, algunas demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos, «las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los medios de control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales»[62].

100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el

administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales»[62].

100. Las acciones sometidas a revisión se encuadran en el supuesto de ausencia de medios de control. Las acciones de tutela interpuestas por los demandantes se enmarcan en el primer supuesto de hecho. Esto es así dado que la Resolución CJR20-0202 es un acto administrativo de trámite, motivo por el cual no puede ser sometido al escrutinio de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así lo confirma la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la cual reconoce que los medios de control de la Ley 1437 de 2011 no pueden ser empleados en el caso particular de los actos de trámite. En todo caso, según se explica a continuación, el hecho de que no sea posible demandar por esta vía tales actos administrativos en modo alguno implica que la acción de tutela pueda utilizarse en todos los casos para demand ar tales determinaciones de la Administración. Así pues, a continuación se expone la aludida postura de estos tribunales al respecto, y se analizan los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela16

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

contra actos de trámite.

[…]

109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de trámite expedidos

www.consejodeestado.gov.co

contra actos de trámite.

[…]

109. Supuestos específicos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de trámite expedidos en el marco de los concursos de méritos. Con fundamento en las razones expuestas hasta este punto, la Sala Plena de esta corporación ha propuesto los siguientes requisitos, que permiten evaluar la procedibilidad específica de la acción de tutela contra estos actos en particular: «i) que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya concluido; ii) que el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final; y iii) que ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho constitucional fundamental»[76]. A continuación, se procede a analizar la procedibilidad de las acciones interpuestas en los procesos bajo revisión, a la luz de estas exigencias.

110. Las acciones de tutela interpuestas en los procesos T8.252.659, T-8.258.202, T-8.374.927 satisfacen los requisitos específicos de procedibilidad para el caso de actos de trámite .

La Sala Plena juzga que las acciones de tutela presentadas por Diego Mauricio Higuera Jiménez, Pedro Alirio Quintero Sandoval y Jorge Hernán Pulido Cardona satisfacen los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre este asunto específico. En prime r lugar, la actuación administrativa que tuvo inicio con la expedición del Acuerdo PCSJA18-11077 se encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para la práctica de la prueba de conoc imientos y aptitudes. Por

encuentra en curso; en cumplimiento de lo decidido en la Resolución CJR20-0202, aquella fue retrotraída a la citación para la práctica de la prueba de conoc imientos y aptitudes. Por consiguiente, la actuación se encuentra en la primera fase de la primera etapa, de acuerdo con el procedimiento establecido en el acto de convocatoria.

111. En segundo término, la Resolución CJR20-0202 «defin[e] una situación especial y sustancial que se proyect[a] en la decisión final»[77]. Si bien el acto administrativo que da a conocer los resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes es un acto de trámite, es evidente que contiene una decisión de indiscutible relevancia para el desarrollo de la convocatoria.

Antes de ahondar en es te asunto, la Sala Plena encuentra oportuno hacer hincapié en la naturaleza jurídica de la Resolución CJR20-0202 como acto administrativo de trámite: la manifestación de voluntad del Consejo Superior de la Judicatura que se encuentra contenida en la resolu ción no trae como17

Número único de radicación: 110010315000 2023 01712 00

Actora: ANGIE PAOLA AVENDAÑO URIAN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

consecuencia la finalización o la obstaculización del avance de la actuación administrativa que se encuentra en curso. Por el contrario, aquella pretende enmendar las irregularidades que se han presentado en la estructuración y evaluación de la prueba de conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho

actuación administrativa que se encuentra en curso. Por el contrario, aquella pretende enmendar las irregularidades que se han presentado en la estructuración y evaluación de la prueba de conocimientos y aptitudes. De ahí que, en estricto rigor, dicho acto administrativo sea de trámite, y no un acto administrativo definitivo […]”.

Conforme con la sentencia de unificación en cita, la acción de tutela es improcedente para re clamar la protección de derechos fundamentales, cuando la vulneración se atribuye a un acto administrativo, excepto si no existe otro mecanismo judicial que permita demandar la protección de la garantía fundamental infringida; se vislumbre la configuración de un perjuicio irremediable o se trate de un asunto cuyo problema constitucional desborde el marco de competencias del juez administrativo.

Además, el Alto Tribunal precisó que de manera excepcional la acci