CE - 010315000202301723001SENTENCIADECLARAIM20230504160459

Demandante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de Carrera Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-01723-00

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01723-00 Demandante: EDWIN RODRIGO PARDO MARCONI Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Tema: Tutela contra acto administrativo – Convocatoria 27 – Concurso de méritos SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN 1. Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por el señor Edwin Rodrigo Pardo Marconi contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia. I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de demanda 2. La parte actora, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la autoridad referenciada porque considera que le vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y «el acceso a cargos y funciones públicas». 3. En criterio del accionante tales garantías constitucionales resultaron quebrantadas con ocasión de las resoluciones CJR 23-0061 del 8 de febrero del 2023 y CJR 23-0110 del 21 de marzo del 2023. En el primer acto administrativo se excluyó al actor de continuar con el proceso de selección de la Convocatoria 27 de la Rama Judicial por no haber aportado en formato PDF la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. Así mismo, en la segunda Resolución se rechazó el recurso de reposición y se dejó en firme la decisión de excluirlo del concurso. 1.2.

la Rama Judicial por no haber aportado en formato PDF la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. Así mismo, en la segunda Resolución se rechazó el recurso de reposición y se dejó en firme la decisión de excluirlo del concurso. 1.2. Pretensiones 4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:Demandante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de Carrera Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-01723-00

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PRIMERA: SE TUTELEN mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a cargos y funciones públicas e igualdad vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura y la Unidad de Administración de la Carrera Judicial. SEGUNDA: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS parcialmente la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero en donde se publicaron los anexos 1 y 2 de admitidos e inadmitidos expedida por la directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto a mi inadmisión del concurso de méritos convocado a través del Acuerdo PCSJA18-1077 de 2018. TERCERO: ORDENAR a la directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, profiera una nueva decisión admitiéndome en el concurso de méritos convocado a través del Acuerdo PCSJA181077 de 2018, de tal manera que me permita continuar en las siguientes etapas del proceso de selección. 1.3. Hechos probados y/o admitidos 4. La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia: 5. Mediante Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de carrera de la Rama Judicial, Convocatoria No. 27. 6. El actor se inscribió al concurso en cita para el cargo de juez civil municipal de pequeñas causas y ejecución de sentencias, por lo que presentó las pruebas constitutivas del concurso: aptitudes, conocimientos generales, conocimientos específicos y psicotécnicos. Obtuvo un puntaje de 831,80. 7. Finalizada la

en cita para el cargo de juez civil municipal de pequeñas causas y ejecución de sentencias, por lo que presentó las pruebas constitutivas del concurso: aptitudes, conocimientos generales, conocimientos específicos y psicotécnicos. Obtuvo un puntaje de 831,80. 7. Finalizada la primera etapa concerniente a la prueba de aptitudes y conocimientos, se dio paso a la fase de verificación de requisitos mínimos de quienes superaron la prueba. En consecuencia, el 8 de febrero de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicialexpidió la Resolución CJR23-0061, mediante la cual decidió acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial. 8. En lo que respecta al accionante, fue rechazado por no cumplir con el requisito de aportar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el cargo (causal 3.5.). 9. Inconforme con lo resuelto y dentro del término de los 3 días siguientes a la notificación de la Resolución en comento, el actor presentó solicitud de verificación de la documentación. Esta etapa fue diseñada para los concursantes que hubiesen sido rechazados por no acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo.Demandante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de Carrera Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-01723-00

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10. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera Judicialexpidió la Resolución CJR23-0110 de 21 de marzo de 20231, mediante la cual resolvió de manera colectiva las solicitudes de verificación de la documentación aportada por los concursantes en la inscripción, contra los resultados señalados en la Resolución CJR23-0061. 11. En el acto administrativo citado se revocó la decisión de inadmisión contenida en el artículo 2 de la Resolución CJR23-0061, para en su lugar, admitir a determinados participantes al concurso de méritos destinado a la conformación de los Registros Nacionales de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial. 12. En lo que atañe al señor Pardo Marconi, se confirmó la decisión de rechazo. En dicho documento se precisó que una vez revisada la documentación cargada por el actor en el sistema «KACTUS» durante el término de inscripción, se verificó que no aportó en formato PDF la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, como fue señalado en el acuerdo de convocatoria. 1.4. Fundamentos de la solicitud 13. El accionante consideró que las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y «el acceso a cargos y funciones públicas». Esto, porque mediante la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023 fue rechazado como aspirante al concurso de méritos por no acreditar las calidades señaladas en el Acuerdo PCJSA-11077 de 2018. 14. Sostuvo que, la postura de la Unidad de Administración de Carrera Judicial constituye una violación a las reglas propias del concurso, por extralimitación en la interpretación de las causales de rechazo e incurrir en un defecto material que afecta el debido proceso reglado en la convocatoria. 15.

la postura de la Unidad de Administración de Carrera Judicial constituye una violación a las reglas propias del concurso, por extralimitación en la interpretación de las causales de rechazo e incurrir en un defecto material que afecta el debido proceso reglado en la convocatoria. 15. Consideró que la forma en la cual fue interpretada la causal de rechazo constituye un formalismo, en el entendido que finalmente cumplió con el requisito manifestando a través de este aplicativo que no se encontraba incurso de inhabilidades e incompatibilidades. En ese sentido, arguyó que la exigencia concerniente a que debía hacerse en un documento PDF constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. 16. Indicó que la tutela era el mecanismo idóneo para la protección de sus derechos fundamentales, toda vez que se observa la necesidad de proceder con una orden de protección inmediata, en el sentido de revocar la decisión de rechazo para en su lugar ser admitido. Máxime cuando una demanda ante la jurisdicción, dado el alto flujo de procesos, podría tardarse en resolver 1 «Por medio de la cual se modifica la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, para efectos de incluir los aspirantes que resultaron admitidos con base en las solicitudes por ellos presentadas».Demandante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de Carrera Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-01723-00

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ocasionándole un perjuicio irremediable consistente en la exclusión del concurso de méritos pese haber superado la etapa más difícil. 1.5. Trámite de la acción de tutela 17. Mediante auto del 12 de abril de 2023, el magistrado sustanciador en esta instancia admitió la presente acción de tutela. En consecuencia, ordenó notificar como entidad accionada al Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de Carrera Judicial. Igualmente, vinculó como tercera con interés en las resultas del proceso a la Universidad Nacional de Colombia 18. Asimismo, con el fin de que todos los sujetos a quienes les asiste interés en este proceso se enteraran del mismo, ordenó a la autoridad accionada y al centro universitario vinculado como tercero que informaran sobre la existencia de esta acción de tutela a quienes participaron en el concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial. Lo anterior, para que si lo consideraban pertinente intervinieran en el proceso o aportaran las pruebas que pretendieran hacer valer. Es importante resaltar que esta orden fue atendida y la constancia de su cumplimiento fue allegada al expediente de este proceso. 1.6. Intervenciones 1.6.1. Universidad Nacional de Colombia 19. Luego de realizar un recuento exhaustivo de los principales hechos y actuaciones que se han surtido en el trámite de la Convocatoria 27, la institución universitaria señaló en primer término que todos los reparos del actor han sido contestados; a través de la Resolución CSJ23-0110 del 21 de marzo de 2023 mediante la cual se modificó la decisión adoptada en la Resolución CSJ23 0061 del 8 de febrero de 2023, y mediante el oficio CJO 23-1684 del 21 de marzo del 2023. 20. En segundo lugar, señaló que la tutela no es el mecanismo idóneo para atacar actos administrativos,

Resolución CSJ23 0061 del 8 de febrero de 2023, y mediante el oficio CJO 23-1684 del 21 de marzo del 2023. 20. En segundo lugar, señaló que la tutela no es el mecanismo idóneo para atacar actos administrativos, toda vez que se encuentran cobijados por la presunción de legalidad y para ello el accionante debe acudir a los medios jurídicos propios dispuestos para dicho fin, pues tampoco se advierte un perjuicio irremediable. 21. Finalmente, expuso que la Universidad Nacional de Colombia, no ha vulnerado los derechos fundamentales del actor, comoquiera que ha atendido todos sus requerimientos, le ha extendido la posibilidad de formular reparos, su participación en el concurso de méritos constituye una mera expectativa de derechos subjetivos, y en últimas, el debate que plantea se centra en la legalidad de actos administrativos.Demandante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de Carrera Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-01723-00

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1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial 22. Por intermedio de la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial manifestó que, en el caso en concreto, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar actos administrativos que por su propia naturaleza se encuentran amparados por el principio de legalidad. En ese orden de ideas, para desvirtuar dicha presunción se debe acudir a los medios jurídicos propios, pues el control judicial corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien deberá revisar si el acto administrativo se apartó sin justificación alguna del ordenamiento que regula su expedición. 23. Mencionó que, como la inconformidad del accionante es con la condición establecida en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 que sirvió de soporte jurídico a la Resolución CSJ23-0061 de 8 de febrero de 2023, por tratarse de un acto administrativo de carácter general, lo procedente es el medio de control de nulidad. Esto, toda vez que la tutela no es el escenario para controvertir actos que se presumen legalmente emitidos por ser expedidos en desarrollo de funciones legales y reglamentarias. 24. Aunado a ello, precisó que el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 estableció todos los requisitos generales y específicos para participar en el concurso, y su incumplimiento da lugar al rechazo o exclusión del concurso. En ese sentido, precisó que los aspirantes manifestaban estar conformes con las normas del acuerdo de convocatoria con su inscripción. 25. Por ello,

recalcó que en el artículo 3 numeral 1.1., y 2.4 del Acuerdo, se estableció la obligación de anexar la declaración de inhabilidad e incompatibilidad en formato PDF. Aunado a ello, el artículo 3 numeral 3, sub numeral 3.5. señaló como causal de rechazo, no presentar lo referido. Igualmente, en el instructivo de inscripción que también tiene carácter de obligatorio, se reiteró la necesidad de aportar tal manifestación. 26. Por lo anterior, señaló que siempre estuvo claramente establecido que uno de los documentos que se debía aportar al momento de la inscripción al concurso era la declaración juramentada de no encontrarse incurso en inhabilidades o incompatibilidades para ejercer el cargo, en formato PDF. Con la anterior carga cumplieron más de 3.389 aspirantes que pasaron la prueba de aptitudes y conocimientos. En ese sentido, no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, toda vez que las condiciones fueron previamente fijadas y los participantes manifestaron su conformidad. II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia 27. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Edwin Rodrigo Pardo Marconi. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto LeyDemandante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de Carrera Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-01723-00

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2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019. 2.2. Legitimación en la causa 31. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva). 32. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el tutelante es la titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que fue quien presentó la solicitud de verificación de la documentación aportada en la inscripción al concurso de méritos, tras haber sido rechazado como aspirante al mismo. 33. Por otro lado, se observa que el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva en atención a que de ella se predica la expedición de los actos administrativos objeto de controversia. 2.3. Problema jurídico 34. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a resolver en el caso concreto es el siguiente: • ¿Se vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, al acceso a cargos públicos, al debido proceso, de petición e igualdad del señor Edwin Rodrigo Pardo Marconi, en virtud de la expedición de

las Resoluciones CSJ23-0061 del 8 de febrero de 2023 y CJR23-0110 del 21 de marzo de 2023, así como el oficio CJO 23-1684 del 21 de marzo del 2023, por medio de los cuales fue rechazado del concurso? 35. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii) el carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces; y (iii) caso concreto. 2.4. Naturaleza de la acción de tutela 36. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991. 37. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz paraDemandante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de Carrera Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-01723-00

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evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio. 2.5. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces 38. El inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.2. 39. La jurisprudencia estableció que en razón del principio de subsidiariedad, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible recurrir a esta acción constitucional. 40. De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo3.

41. El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción correspondiente»4. 2 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.» 3Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2021-04731-00. 4 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao, T-130 del 23.02.2010, M.P. Juan Carlos Henao,

Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2021-04731-00. 4 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao, T-130 del 23.02.2010, M.P. Juan Carlos Henao, T-318 del 12.05. 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo, entre otras.Demandante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de Carrera Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-01723-00

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2.6. Caso en concreto 42. Según lo expuesto en los antecedentes de esta sentencia, mediante Resolución CJ23-0061 de 2023, se rechazó al señor Edwin Rodrigo Pardo Marconi como aspirante a los cargos ofertados en el del concurso de méritos que participó por no cumplir con el requisito de aportar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el cargo (causal 3.5). Por esta razón allegó una solicitud de verificación de requisitos mínimos dentro del término correspondiente. 43. En virtud de ello, el 21 de marzo de 2023 el Consejo Superior de la Judicatura profirió la Resolución CJR23-0110, a través de la cual modificó la Resolución CJ23-0061 de 2023 a efectos de incluir a los aspirantes que resultaron admitidos una vez efectuada la respectiva verificación de requisitos, sin que en la misma se refiriera de manera individual a la solicitud elevada por cada uno de los aspirantes rechazados. 44. No obstante, mediante oficio CJO 23-1684 del 21 de marzo del 2023, le fue resuelto de manera particular al accionante su solicitud. En dicho documento se precisó que la declaración de inhabilidades e incompatibilidades debía ser aportada mediante un documento PDF conforme a los parámetros establecidos en el Acuerdo PCSJA18-11077 y la cartilla de inscripción en la plataforma «Kactus», pues ese requisito fue convalido con la declaración prevista en el cuadernillo de la prueba de aptitudes y conocimientos suscrita por los aspirantes al momento de la presentación de la misma. 45. Ahora bien, del escrito

tutelar la Sala advierte que la pretensión de la parte actora consiste en revocar la decisión de rechazo como aspirante, para en su lugar, ser admitido a la fase III del concurso de méritos 27 de 2018, convocado mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 para la provisión de cargos en la Rama Judicial. 46. Lo anterior, tras considerar que los motivos que llevaron a las autoridades accionadas a rechazar su aspiración obedecen a formalismos que conllevan a un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en contravía de sus garantías constitucionales. 47. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala advierte que no se cumple con el requisito de subsidiariedad5, como se explicará: 48. En relación con las Resoluciones CJ23-0061 de 2023 de 8 de febrero de 2023 y la Resolución CJR23-0110 de 21 de marzo de 2023, las mismas constituyen actos particulares y concretos. Así las cosas, son decisiones que pueden ser controvertidas a través del medio de control de nulidad y 5 Ver al respecto Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 22 de mayo de 2019. Rad. 11001-03-15-000-2019-01237-00 y Sentencia del 2 de marzo de 2023. Rad. 11001-03-15-000-2023-00326-00.Demandante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de Carrera Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-01723-00

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restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20116, en el que el actor podrá plantear los argumentos que trae en sede de tutela y poner en tela de juicio la legalidad de dichos. 28. Sobre el particular, esta Colegiatura en ocasiones previas ha señalado que, «[e]n los concursos de méritos la jurisprudencia ha sido del criterio que los actos administrativos que se expiden durante el trascurrir del proceso son preparatorios y de trámite y que solo la lista de elegibles es el acto definitivo susceptible de ser enjuiciado. Sin embargo, también se ha dicho que cuando el acto de trámite le impide al aspirante continuar su participación se convierte en el acto definitivo que definió su situación jurídica y, en consecuencia, puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo»7 (Subrayas propias). 29. Así es claro, entonces, que el señor Edwin Rodrigo Pardo Marconi cuenta con otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para discutir el acto que cuestiona y lograr la protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados mediante la presente acción. 30. Con todo, no sobra mencionar que el juez ordinario cuenta con la posibilidad de decretar medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 20118, las cuales representan un medio idóneo y efectivo 6 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad

del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.» 7 Consejo de Estado, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad: 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15). 8«Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento

de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio. Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas: 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.Demandante: Edwin Rodrigo Pardo Marconi Demandado: Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de Carrera Judicial Rad: 11001-03-15-000-2023-01723-00

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de protección de los derechos fundamentales que puedan resultar afectados con el fin de evitar la consumación o agravación del daño. 31. La anterior apreciación también es posible realizarla en lo que respecta al oficio CJO 23-1684 del 21 de marzo del 2023, por medio del cual las accionadas dieron respuesta a la solicitud de revisión de documentos presentada por la parte actora, pues la misma finalmente reviste las características de acto administrativo definitorio y pasible de ser demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa. 32. Se recuerda entonces, que este mecanismo constitucional se torna improcedente para suplir mecanismos idóneos de defe