CE - 010315000202301726001SENTENCIA20230512084157

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01726-00

Actor: Fernando Augusto Sanclemente Álzate

Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Acción de tutela contra providencia judicial / falta del cumplimiento del requisito general de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Tribunal Administrativo del Caquetá.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 20 de octubre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición identificado con el número único de radicación2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01726-00

Actor: Fernando Augusto Sanclemente Álzate

repetición identificado con el número único de radicación2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01726-00

Actor: Fernando Augusto Sanclemente Álzate

18001333300220160045901, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil presentó demanda contra el señor Fernando Augusto Sanclemente Álzate, en ejercicio del medio de control de repetición, con el fin de que se declare patrimonialmente responsable al señor Fernando Augusto Sanclemente Álzate, por el daño patrimonial causado a la entidad al tener que pagar indemnización otorgada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de Luis Octavio Rojas Silva contra la Unidad

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia profirió sentencia de primera instancia el 31 de octubre de 20 19, negando las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Caquetá profirió sentencia de segunda instancia el

20 de octubre de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 31 de octubre de 2019, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable al ciudadano FERNANDO AUGUSTO SANCLEMENTE ALZATE, por la condena impuesta a la Naciónel Juzgado Segundo Administrativo de Florencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable al ciudadano FERNANDO AUGUSTO SANCLEMENTE ALZATE, por la condena impuesta a la NaciónMinisterio de TransporteUnidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil en la sentencia del 13 de marzo de 2009, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia, confirmada por esta Corporación mediante sentencia del 20 de febrero de 2014.

TERCERO: CONDÉNASE al ciudadano FERNANDO AUGUSTO SANCLEMENTE ALZATE a reintegrar a favor de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica

Civil la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUAR ENTA Y UN PESO CON DIÓCESIS CENTAVOS ($ 468.250.341,16).3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01726-00

Actor: Fernando Augusto Sanclemente Álzate

CUARTO: FÍJASE para el cumplimiento de esta sentencia, el plazo de seis (6) meses contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la presente providencia o lo que las partes acuerden.

QUINTO: Sin condena en costas […]”.

6. El Tribunal Administrativo del Caquetá consideró que:

“[…] 41. Con esa salvedad (que reconoce la relatividad de las presunciones), pasa la Sala a mostrar cómo lo probado en el proceso, conlleva a la conclusión ya anunciada: que el actuar del demandado se dio en forma dolosa […]”.

[…]

la Sala a mostrar cómo lo probado en el proceso, conlleva a la conclusión ya anunciada: que el actuar del demandado se dio en forma dolosa […]”.

[…]

“[…] 43. Así, trayendo a colación los argumentos expuestos en los fallos de primera y segunda instancia proferidos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ad elantó el señor Luis Octavio Rojas Silva, quedó probada la desviación de poder del aquí demandado. Véase:

44.En el sub judice se parte de la base de que la anulación del acto de insubsistencia del señor Luis Octavio Rojas obedeció –como se señala a folio 31 del fallo de condenaa su expedición con vicio de desviación de poder. Se dijo, al motivarlo:

Lo anterior significa que la labor desarrollada por el señor LUIS OCTAVIO ROJAS como Administrador del Aeropuerto de Florencia, fue óptima y cumplió a caba lidad con las obligaciones y funciones propias del cargo desempeñado. Adicionalmente durante el lapso de tiempo en que fungió como administrador del Aeropuerto de Florencia, al actor no se le adelantó investigación disciplinaria alguna según consta en el certificado de fecha 17 de noviembre de 2005 (…).

Cómo se observa la Investigación Disciplinaria No.144 del 26 de septiembre de 2005, que culminó con el auto No. 172 de fecha 3 de agosto de 2007 disponiendo el archivo definitivo de las diligencias adelant adas en contra del actor, se dio inicio cuando el señor LUIS OCTAVIO ROJAS ya estaba desvinculado de la entidad aquí accionada, esto es, cuando el nominador ya había proferido la decisión de declarar

el archivo definitivo de las diligencias adelant adas en contra del actor, se dio inicio cuando el señor LUIS OCTAVIO ROJAS ya estaba desvinculado de la entidad aquí accionada, esto es, cuando el nominador ya había proferido la decisión de declarar insubsistente el cargo de Administrador de Aeropuerto I Grado 25 del Aeropuerto de Florencia (…)

(….) posibilidad de que la insubsistencia se encuentre inspirada en ánimos de retaliación o cualquier otro motivo ajeno a la obligación de garantizar el buen servicio público; el emisor de los actos discrecionales no puede expresar su voluntad como le antoje, sino dentro del marco jurídico en que la ley autoriza su ejercicio, situación que claramente no se configuró en este caso, sino al contrario, fue la expedición del acto administrativo impugnado que puso fuera de la entidad al demandante, el mecanismo utilizado por el Director General de la Aeronáutica Civil, como retaliación por el suceso acaecido el 12 de septiembre de 2005 que fue el publicitado secuestro del avión de la empresa AIRES que cubría la ruta Florencia-Bogotá, lo que a todas luces trasgrede el derecho el actor y hace que se configure en el presente caso, sin lugar a dudas, la desviación de poder.

Así las cosas, es claro para el Despacho que la incómoda situación generada, que puso en tela de juici o la labor y las medidas de seguridad adoptadas por la Aeronáutica Civil llevaron a la autoridad nominadora a utilizar el mecanismo de la insubsistencia cómo el medio idóneo para “castigar al culpable” del bochornoso hecho que conmocionó al país, es decir, que existe nexo de causalidad entre el acto4

insubsistencia cómo el medio idóneo para “castigar al culpable” del bochornoso hecho que conmocionó al país, es decir, que existe nexo de causalidad entre el acto4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01726-00

Actor: Fernando Augusto Sanclemente Álzate

administrativo acusado y las situaciones personales invocadas. Lo cual permite concluir, por ende, que se encuentran probados los motivos de retaliación, ajenos a la buena prestación del servicio público que tuv o la entidad demandada para declarar la insubsistencia del actor y dentro de este contexto se considera que se configuró la causal de desvío de poder alegada […]”.

[…]

“[…] Es decir: que la anulación del acto de insubsistencia proferido por el entonces Director de la Aeronáutica Civil obedeció al vicio de desviación de poder27 (por estar dirigido a una finalidad distinta a la del buen servicio, cual fue la retaliación por un suceso que afectó la seguridad y buena imagen de la entidad).

47.Siendo ello así, resulta indudable para la Sala que se actualiza la presunción del artículo quinto de la Ley 678/01, por lo que ha de tenerse por dolosa la conducta del demandado.

48.Ahora, frente a tal conclusión, el demandado no planteó ningún argumento pues no contestó la demanda, ni compareció a la audiencia inicial ni a la de pruebas, ni presentó alegatos de conclusión en ninguna de las dos instancias.

49.Por su parte, la Sala no observa elemento probatorio o argumentativo alguno que desvirtuar pudiera esa responsabilidad dolosa; por el contrario, comparte la Sala las

presentó alegatos de conclusión en ninguna de las dos instancias.

49.Por su parte, la Sala no observa elemento probatorio o argumentativo alguno que desvirtuar pudiera esa responsabilidad dolosa; por el contrario, comparte la Sala las consideraciones expuestas por los jueces del proceso de nulidad y restablecimiento, en el sentido de que la desvinculación del señor Rojas Silva obedeció a un castigo que se le impuso por el demandado sin fórmula de juicio, por una falta que no había sido investigada y evaluada por los cauces al efecto contemplados por la ley, pues el proceso disciplinario que se abrió en su contra fue iniciado cuando ya se había declarado la insubsistencia del nombramiento. Todo ello con el ánimo de retirarlo del servicio para tratar de salvar una responsabilidad política que le incumbía al demandado en calidad de director de la Aeronáutica. 50. De otra parte, se demostró que la labor desarrollada por el señor ROJAS como Administrador del Aeropuerto de Florencia, fue óptima y cumplió a cabalidad con las obligaciones y funciones propias del cargo desempeñado, conclusión a la que se llegó por vía de la investigación disciplinaria que se adelantó por la entidad luego de la desvinculación del actor y que culminó en archivo definitivo […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La Sala al revisar el escrito d e tutela, evidencia que el actor solicita que se deje sin efectos jurídicos la sentencia de 20 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal

Administrativo del Caquetá.

8. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió

sin efectos jurídicos la sentencia de 20 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

8. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto orgánico, en un defecto fáctico, en un “[…] defecto sustantivo […]” y en la causal de violación directa de la Constitución.5

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Actor: Fernando Augusto Sanclemente Álzate

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 12 de abril de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá; y iii) vinculó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia y a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil , en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia remitió el respectivo proceso ordinario identificado con el número único de radicación

18001333300220160045900.

11. La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil indicó que:

“[…] Como consecuencia de lo anterior, y al tratarse de una acción de tutela en contra de una providencia judicial, la prosperidad está sujeta al cumplimiento de requisitos generales y requisitos especiales, pero para proceder con el estudio de

“[…] Como consecuencia de lo anterior, y al tratarse de una acción de tutela en contra de una providencia judicial, la prosperidad está sujeta al cumplimiento de requisitos generales y requisitos especiales, pero para proceder con el estudio de los requisitos especiales se deben acreditar los requisitos generales, lo que en el caso en particular no sucedió, razón por la cual es inocuo proceder con el estudio de los requisitos especiales, pues la acción de tutela está llamada a ser declarada improcedente […]”.

12. El Tribunal Administrativo del Caquetá guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.6

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Actor: Fernando Augusto Sanclemente Álzate

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades

14. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Proce de, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

15.En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con los requisitos generales de relevancia constitucional y subsidiariedad.

16.Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso ; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad, procediendo posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

17.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena1, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe

Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena1, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.7

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de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

18.Esta Sección adoptó2 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20053, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

19.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contr a decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de

constitucional, cuando se dirige contr a decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

20.De lo expuesto, la Sala advie rte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”4 que encaje en dichos parámetros.

21.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 3 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 4 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.8

3 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 4 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01726-00

Actor: Fernando Augusto Sanclemente Álzate

que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y v alores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

22.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

23.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de los requisitos generales de la relevancia constitucional y de la subsidiariedad.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

24.Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20146, al referirse al requisito general de relevancia constitucional, consideró lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20146, al referirse al requisito general de relevancia constitucional, consideró lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto q ue puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101. 6 Ut supra página 6.9

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funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 7]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrum ento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales

acción de tutela se torne en un instrum ento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado

o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T -061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se preten de discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es n ecesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha

[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su im portancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.” [11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”10

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Actor: Fernando Augusto Sanclemente Álzate

reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constituc ión y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de

simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ 13]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa t écnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado por la Sala).

25.De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró14:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de

[…]”. (Resaltado por la Sala).

25.De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró14:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘ que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.”15

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la

Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral -, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido sosteniendo que los m encionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad

[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.” [13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.” 14 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.” 14 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 15Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.11

Núm. ún