CE - 010315000202301754001SENTENCIA20230512084549

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202301754-00

Actor: Juan Fernando Prieto Gómez Demandados: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali y Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira

Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Trabajo, ii) salud, iii) igualdad y iv) dignidad humana

Derechos Fundamentales Amparados: i) Trabajo, ii) salud, iii) igualdad y iv) dignidad humana

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali y Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira.2

Núm. único de radicación: 110010315000202301754-00

Actor: Juan Fernando Prieto Gómez

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira.2

Núm. único de radicación: 110010315000202301754-00

Actor: Juan Fernando Prieto Gómez

La presente providencia tiene las siguientes pa rtes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali y el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, porque, a su juicio, i) el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional, al dar “[…] RESPUESTA NEGATIVA […] a la asignación de partida presupuestal para el reemplazo en el disfrute de sus vacaciones […]” , y ii) el Juez Coor dinador, al condicionar el disfrute de sus vacaciones a que “[…] se cuente con la disponibilidad presupuestal para nombrar un reemplazo durante este periodo […]”. Vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, en calidad de Técnico en Sistemas del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira – Valle del Cauca, solicitó el disfrute del periodo vacacional por haber

3. Indicó que, en calidad de Técnico en Sistemas del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira – Valle del Cauca, solicitó el disfrute del periodo vacacional por haber laborado en forma continua e ininterrumpida para la Rama Judi cial durante el periodo comprendido entre el 3 de mayo de 2012 y el 2 de mayo del 2013.

4. Señalo que, “[…] en vista de garantizar, el prenombrado derecho fundamental al descanso, procedí a solicitar el disfrute de UN periodo de vacaciones, correspondiente al causado entre el 3 de mayo de 2012 y el 2 de mayo de 2013

(que me había sido reconocido mediante resolución 013 del 06 de junio de 2013 y posteriormente suspendido con resolución 016 del 12 de junio de 2013) […]”.3

Núm. único de radicación: 110010315000202301754-00

Actor: Juan Fernando Prieto Gómez

5. Advirtió que, mediante Oficio núm. 496 de 16 de febrero de 2023, dirigido a la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali se solicitó la asignación de partida presupuestal para el reemplazo de cada servidor judicial en el disfrute de sus vacaciones; sin embargo, sostuvo que “[…] El 1 de marzo de 2023 se recibe RESPUESTA NEGATIVA a la solicitud anterior por parte de la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, justificada en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, emitida por el Consejo Superior de la

Judicatura […]”.

Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, justificada en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, emitida por el Consejo Superior de la Judicatura […]”.

6. Manifestó que, “[…] mediante Resolución No. 011 del 22 de marzo de 2023, el […] Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira - Valle, reactivó el disfrute de las vacaciones por el término de 25 días, contados desde el 10 de abril hasta el día 4 de mayo de 2023, inclusive, sujeto a la CONDICIÓN: “siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal para nombrar un reemplazo durante este periodo” […]”.

7. Señaló que, el 22 de marzo de 202 3, la Secretaria Ejecutiva de la Administración Judicial, informó al Juez Coordinador qué, “[…] en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución no contamos con personal para asumir la carga laboral del técnico en sistemas […]”.

8. Manifestó que, el 27 de marzo de 2023, el Juez Coordinador solicitó nuevamente la asignación presupuestal con el fin de nombrar el respectivo reemplazo durante el periodo de vacaciones, solicitud que a la fecha de presentación de la acción de tutela no ha obtenido respuesta.

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Se reclama el reconocimiento al goce y/o disfrute material de los periodos vacacionales CAUSADOS al que tengo derecho adquirido por el tiempo de servicio,4

Pretensiones

9. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Se reclama el reconocimiento al goce y/o disfrute material de los periodos vacacionales CAUSADOS al que tengo derecho adquirido por el tiempo de servicio,4

Núm. único de radicación: 110010315000202301754-00

Actor: Juan Fernando Prieto Gómez

que han venido siendo suspendidos en años anteriores y que actualmente ha sido NEGADO por razones de presupuesto y necesidad del servicio, por lo cual se solicita:

1. Garantizar el derecho a disfrutar del turno vacaciones y/o descanso remunerado, por cada año de servicios prestado (artículos 8º Decretos 3135 de 1968 y 1045 de

1978).

2. Garantizar la aplicación a la (sic) artículo 146 de la Ley 270 de 1996.

3. Se tutelen los derechos fundamentales al trabajo digno, al descanso laboral, a la salud, a la familia, vida digna, dignidad humana y a la igualdad, que me han sido vulnerados po r parte del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI en cabeza de

la Dra. Clara Inés Ramírez Sierra.

4. Se ordene inaplicar y dejar sin efect o, para el caso del suscrito, la Circular No.

PSAC1144 de noviembre 23 de 2011 emitida por el Consejo Superior de la Judicatura, que deroga las Circulares 44 y 89 de 2005, y, en consecuencia: a. Se ordene expedir la disposición de partida presupuestal p ara la designación de

Judicatura, que deroga las Circulares 44 y 89 de 2005, y, en consecuencia: a. Se ordene expedir la disposición de partida presupuestal p ara la designación de remplazo durante el periodo de vacaciones del servidor JUAN FERNANDO PRIETO GÓMEZ, Técnico en Sistemas del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira – Valle, para el disfrute de mis vacaciones por el término de veinticinco (25) días y se profiera una nueva resolución que determine un periodo diferente para tal fin. b. Se ordene expedir los Certificados de Disponibilidad Presupuestal para los demás turnos vacacionales que se encuentran causados y pendientes de disfrutar por haber sido suspendidos y que corresponde a los siguientes: (sic)

5. Se conmine a las autoridades respectivas para que en el futuro, esta situación no se vuelva a presentar y se gestione a nivel nacional la autorización de recursos para designar empleado encargado a otras personas, para que los funcionarios y empleados de la Rama Judicial puedan disfrutar de sus vacaciones sin interferir en la eficiencia de la administración de justicia […]”.

9.1. Como fundamento de su solicitud, manifestó lo siguiente:

“[…] resulta evidente que el descanso es para todo ser humano la manera de recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor o menor grado de dificultad para ejecutarlas. El descanso en el campo laboral se denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para quienes han cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o proporcional, y que luego de entregar todas

grado de dificultad para ejecutarlas. El descanso en el campo laboral se denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para quienes han cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o proporcional, y que luego de entregar todas sus capacidades físicas y mentales para poder realizar de una manera idónea todas las funciones asignadas por el empleador o patrono, pueda el servidor público , en este caso, disfrutar de un merecido descanso que les permita compartir un mayor espacio de tiempo con sus seres queridos, dedicarse a otras actividades que le den paz y tranquilidad, devolviéndole las fuerzas para iniciar con energía a ejercer sus actividades laborales. Quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador es el empleador o el nominador, debiendo prever que una vez cumplido el requisito mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a reemplazarlo, para de esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar el normal desarrollo o funcionamiento de la entidad o empresa […]”.5

Núm. único de radicación: 110010315000202301754-00

Actor: Juan Fernando Prieto Gómez

[…]

“[…] Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido oponer cortapisa s administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este derecho. […]”.

Actuación

10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 14 de abril de 2023; i) admitió la acción de tutela; y ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la

derecho. […]”.

Actuación

10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 14 de abril de 2023; i) admitió la acción de tutela; y ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, a la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali y al Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada

11. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura adujo su falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que:

“[…] Es así, que los requerimientos, tutelas, acciones, peticiones, quejas, reclamos, recursos, entre otros temas relacionados con asuntos laborales de los empleados y funcionarios de despa chos judiciales (Dirección Seccional, Consejo Seccional, Juzgados, Tribunales, etc.), así como administrativos, son atendidos de acuerdo con el territorio donde se hayan sucedido los hechos o se encuentra ubicado el despacho judicial en los cuales prestan sus servicios, por la Dirección Seccional de Administración Judicial, la cual cumple sus funciones de manera descentralizada […]”.

[…]

“[…] Así las cosas su señoría, la Circular PSAC11 -44 del 23 de noviembre de 2011, es clara en el sentido de reglar unas situaciones relacionadas con el disfrute y expedición de recursos para el nombramiento de remplazos, pero solo para aquellas personas que ost entan la condición de FUNCIONARIOS y no para los

2011, es clara en el sentido de reglar unas situaciones relacionadas con el disfrute y expedición de recursos para el nombramiento de remplazos, pero solo para aquellas personas que ost entan la condición de FUNCIONARIOS y no para los empleados, esta última situación también es reglamentada por la Circular 89 de 2005 del Consejo Superior de la Judicatura, que determina la imposibilidad de disponer recursos de la Rama Judicial para la conc esión de vacaciones de los Empleados de la Rama Judicial del Régimen de vacaciones Colectivas o Individuales, debiéndose en cualquier caso, y eso es lo que se ordena, una redistribución temporal de funciones entre los empleados de los despachos judiciales durante el periodo que dure las vacaciones del empleado a quien se le haya concedido […]”.6

Núm. único de radicación: 110010315000202301754-00

Actor: Juan Fernando Prieto Gómez

[…]

“[…] Así las cosas su Señoría la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no puede apropiar recursos es decir expedir CDP alguno para la concesión de las vacaciones de la accionante, toda vez que no se ajusta a las condiciones y reglamentación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura […]”.

[…]

“[…] Por consiguiente la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, carece de Legitimación en la C auso por Pasiva en el presente trámite constitucional, toda vez que no tenemos la condición de nominador de la accionante, ni de ente pagador, para conceder o negarle las vacaciones solicitadas […]”.

12. El Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira rindió

pagador, para conceder o negarle las vacaciones solicitadas […]”.

12. El Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira rindió

informe bajo los siguientes términos:

“[…] Una cosa es interrumpir un periodo de vacaciones por motivos del buen servicios, como facultad extraordinaria del nominador, y otra cosa muy diferente es negar de plano la posibilidad del disfrute, en este caso, al haberse aplicado tal figura en forma consecutiva, lo que se observa es una práctica totalmente ilegal que se ejecutó por parte de los anteriores nominadores que ha tenido el empleado, ya que a cargo de este servidor de la justicia contra quien se instaura la tutela, el empleado solo ha cumplido un (1) año de servicio, de forma tal que los aplazamientos de sus vacaciones han corrido por cuenta de otros nominadores y no de este servidor […]”.

[…]

“[…] Así entonces, en criterio de esta Coordinación del Centro de Servicios Administrativos de estos Juzgados, la tan mentada circular PS AC 11 -44 de noviembre 23 de 2011, no tiene la más mínima aplicación en este tipo de situaciones, ya que para nada se ha relacionado el caso de los “empleados” que laboran al servicio de la Rama Judicial y que no se encuentran dentro del régimen de Vacaciones colectivas, ya que tal circular está referida a los funcionarios judiciales y conforme a la ley estatutaria de la administración de justicia, lo funcionarios judiciales son los “jueces” y no los empleados y, en lo que hace referencia a que los funcionarios que no tienen régimen colectivo de vacaciones y tengan que disfrutar sus vacaciones, puedan ser reemplazados por sus subalternos si reúnen las calidades […]”.

referencia a que los funcionarios que no tienen régimen colectivo de vacaciones y tengan que disfrutar sus vacaciones, puedan ser reemplazados por sus subalternos si reúnen las calidades […]”.

[…]

“[…] Por lo anterior, se solicita de ustedes, tomen la mejor decisión que en derecho corresponda y que, permita al empleado gozar del derecho fundamental al descanso […]”.7

Núm. único de radicación: 110010315000202301754-00

Actor: Juan Fernando Prieto Gómez

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 1, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 3 33 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo

fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

15. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

16. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.8

Núm. único de radicación: 110010315000202301754-00

Actor: Juan Fernando Prieto Gómez

actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o

Núm. único de radicación: 110010315000202301754-00

Actor: Juan Fernando Prieto Gómez

actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se deci da en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o auto ridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

17. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T -1001 de 30 de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva

en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derec ho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relac ión con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demand a sobre una pretensión de contenido material.

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demand a sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celerida d procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La i dentificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto ."[6]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.

5 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. 6 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T -213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.9

Núm. único de radicación: 110010315000202301754-00

Actor: Juan Fernando Prieto Gómez

18. La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

19. Al respecto, es preciso indicar que conforme con lo establecido en los numerales 3.°, 8.° y 9.° del artículo 3 del Acuerdo núm. PSAA09 -6203 de 2 de septiembre de 20097, para la Sala es claro que quien ostenta la competencia para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal necesario para la contratación del reemplazo de la actora, no es otra que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca , en cabeza de su

Directora.

20. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala

20. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.

21. En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada respecto de la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial.

Problema jurídico

22. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, y de ser así, ii) establecer si la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali y el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira vulneraron los derechos fundamentales invocados por la actora, al no expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para proveer un reemplazo durante sus vacaciones y, en consecuencia, haber condicionado el disfrute de sus vacaciones.

7 “Por el cual se determinan las funciones de las Áreas de Trab ajo y Oficinas Adscritas a las Direcciones Seccionales de Administración Judicial”.10

Núm. único de radicación: 110010315000202301754-00

Actor: Juan Fernando Prieto Gómez

23. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos administrativos; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al

23. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos administrativos; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la salud; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana; para posteriormente vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos administrativos

24. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; y, excepcionalmente, el medio de control de nulidad.

25. En ese sentido, la jurisprudencia 8 de la Corte Constitucional ha sido

reiterativa en expresar que:

“[…] En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos de contenido particular y concreto, ya que para controvertir estos actos el juez natural es la jurisdicción contenciosa administrativa, instancia en la cual los afectados pueden hacer uso de

ocasión de la expedición de actos administrativos de contenido particular y concreto, ya que para controvertir estos actos el juez natural es la jurisdicción contenciosa administrativa, instancia en la cual los afectados pueden hacer uso de dos mecanismos de defensa.

De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, se puede interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, según el artículo 152, numeral 2° del mismo código, en caso de que sea manifiesta la infracción de una de las disposiciones invocadas, también se puede solicitar la suspensión provisional del acto administrativo demandado.

De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo dispone que toda persona podrá solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos cuando quebranten las normas en que deberían fundarse, hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa

8 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 15 de diciembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.11

Núm. único de radicación: 110010315000202301754-00

Actor: Juan Fernando Prieto Gómez

motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. […]”.

[…]

“[…] Sobre la base de lo expuesto, la persona que estime vulnerados sus derechos por un acto administrativo puede solicitar alternativamente la nulidad y restablecimiento del derecho o, en la medida en que esta acción no se ejerza dentro del término legalmente establecido para ello, pedir la nulidad simple del acto, caso

por un acto administrativo puede solicitar alternativamente la nulidad y restablecimiento del derecho o, en la medida en que esta acción no se ejerza dentro del término legalmente establecido para ello, pedir la nulidad simple del acto, caso en el cual la pretensión debe ser exclusivamente el control de legalidad en abstracto de dicho acto. […]”.

26. Sin embargo, también la jurisprudencia ha reconocido que , en algunas circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en sentencia T-514 de 20039, la Corte Constitucional determinó:

“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el