CE - 010315000202301801011SENTENCIA20231005150328

Demandante: Natturale y Cia S.C.A., en Liquidación Judicial Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro.

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01801-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01801-01

Demandante: NATTURALE Y CIA S.C.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

Tema:

Tutela contra providencia judicial. Decisiones adoptadas en el marco del incidente de desacato.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra la sentencia proferida el 2 de junio de 2023, por medio de la cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela del asunto.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela del asunto.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. La sociedad Natturale y Cia S.C.A. en Liquidación Judicial, en lo sucesivo Natturale, por conducto de apoderado judicial promovió demanda en ejercicio de la acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sociedad de Act ivos Especiales S.A.S. 1, en adelante SAE, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

2. Lo anterior, con ocasión de las decisiones adoptadas por parte de la autoridad judicial acci onada al interior del incidente de desacato identificado con radicado 25000-23-15-000-2009-01711-01, en el cual se verifica el cumplimiento del fallo de la sentencia T-1024 del 28 de noviembre de 2012 proferido por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional.

1 Sociedad por acciones simplificada, comercial, de economía mixta del orden nacional, sujeta en la celebración de todos sus actos y contratos al régimen del derecho privado. Adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito

Público.Demandante: Natturale y Cia S.C.A., en Liquidación Judicial Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro.

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Subsección A y otro.

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3. Adicionalmente, se cuestionó la decisión administrativa adoptada por la SAE, tomada en cumplimiento de las órdenes impartidas por el juez de conocimiento del trámite de desacato.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Ampare los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

Administración de Justicia de NATTURALE.

SEGUNDO: Dejar sin valor ni efecto el auto del 22 de marzo de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del Desacato.

TERCERO: Dejar sin valor ni efecto el auto del 30 de marzo de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del Desacato.

CUARTO: Dejar sin valor ni efecto el auto del 31 de marzo de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del Desacato.

QUINTO: Ordene al Tribunal que archive el Desacato al haber perdido competencia y por haberse efectuado las entregas ordenadas en la Tutela T1024-2012.

SEXTO: Dejar sin valor ni efecto la Resolución 096 de 2023 proferida por la SAE, así como al comunicación de la SAE a NATTURALE para desaloje los predios que ocupa en la isla de TIERRA BOMBA y que están comprendidos en el mencionado acto.

como al comunicación de la SAE a NATTURALE para desaloje los predios que ocupa en la isla de TIERRA BOMBA y que están comprendidos en el mencionado acto.

SÉPTIMO: Adopte cualquier otra medida que permita proteger los derechos fundamentales conculcados a NATTURALE.2

1.3. Hechos probados y/o admitidos

En criterio de la Sala, los siguientes hechos son los relevantes del caso, que servirán de fundamento para la decisión que se adoptará en la parte resolutiva:

1.3.1. Sentencia T-1024 de 2012

5. En el marco de los procesos de extinción de dominio 672ED y 1162ED que adelantó la Fiscalia 31, se ordenó, entre otros, la disposición de varios lotes de terreno3 que eran ocupados por el señor Fernando Martínez Bohórquez y que quedaron bajo la custodia de la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE.

2 Transcripción literal del texto original con posibles errores. 3 La información se extrajo de la sentencia de tutela: Numerales 1.1, 1.2 y 1.3: “Esta diligencia afecta los derechos de posesión sobre los terrenos que seguidamente se describen y pertenecen al señor FERNAN DO MARTÍNEZ BOHORQUEZ. Se trata de tres (03) lotes de terreno contiguos ubicados en la isla Tierra bomba, que en conjunto suman aproximadamente 39 Hectáreas, sin ninguna construcción levantada sobre ellos; cubiertos por árboles y maleza de la región, super ficie topográfica en forma irregular y quebrada, están delimitados con cercas de alambre de púas en cinco (05) hilos, disaguidos(sic) en algunos tramos con pintura

cubiertos por árboles y maleza de la región, super ficie topográfica en forma irregular y quebrada, están delimitados con cercas de alambre de púas en cinco (05) hilos, disaguidos(sic) en algunos tramos con pintura de color azul. No se observa la existencia de servicios públicos en la región ocupada. Sus l inderos específicos corresponden a los descritos en las Escrituras Públicas No. 747 del 14 de abril de 2000 y 00998 del 20 de abril de 1999 de la Notaría Primera de Cartagena mediante las cuales se protocolizaron los documentos privados de compraventa de los derechos de posesión.”Demandante: Natturale y Cia S.C.A., en Liquidación Judicial Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro.

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6. Al interior del proceso penal, se dispuso el levantamiento de las medidas cautelares decretadas con ocasión de los mencionados procesos de extinción de dominio, por lo que, debía volver al statu quo al señor Fernando Martínez

Bohórquez.

7. Como quiera que no se logró el cumplimiento de dicha orden, se acudió a la acción de tutela, la cual, luego de agotadas las etapas procesales correspondientes4, fue objeto de selección por parte de la Corte Constitucional.

8. El órgano de cierre consideró que en el presente caso la Fiscalía 31 y la Dirección Nacional de Estupefacientes vulneraron los derechos fundamentales de

correspondientes4, fue objeto de selección por parte de la Corte Constitucional.

8. El órgano de cierre consideró que en el presente caso la Fiscalía 31 y la Dirección Nacional de Estupefacientes vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, para lo cual, frente a los mencionados bienes indicó:

Ello lleva a la Sala a precisar que en lo concerniente a las medidas cautelares practicadas sobre los derechos de posesión de los cinco (5) lotes de terrenos, su devolución debe efectuarse de la misma manera como se procedió para su afectación, al margen de que al momento de su afectación los mismos hicieran parte o no de los activos pertenecientes a las empresas unipersonales Inversiones Isla Carey e Inversiones Portal del Sol, ya que fue exclusivamente sobre ellos que recayó materialmente las diligencias de ocupación e incautación, lo que además obedece a que cuando se materializó la medida cautelar, no presentó ningún tipo de oposición por parte de terceros. Ello atiende el principio universal del derecho de que “las cosas se deshacen como se hacen”. De esta forma, la Corte procederá a devolver concreta e individualmente los cinco (5) lotes de terreno en lo que respecta a los derechos de posesión del señor Martínez Bohórquez, para lo cual se valdrá de las tres (3) actas de ocupación e incautación de tales bienes (17 de mayo de 2 002); las escrituras públicas números 747 del 14 de abril de 2000, 998, 999 y 1000 de 20 de abril de 1999

Numeral 1.4.: “Dentro de la presente diligencia se afectan los derechos de posesión que sobre el terreno que

públicas números 747 del 14 de abril de 2000, 998, 999 y 1000 de 20 de abril de 1999

Numeral 1.4.: “Dentro de la presente diligencia se afectan los derechos de posesión que sobre el terreno que seguidamente se describe posee el señor Fernando Martínez Bohórquez: Área 37 hectáreas, sin ninguna construcción levantada sobre él, terreno en forma irregular y quebrado en el que crecen árboles y maleza de la región que la cubren en su totalidad. Delimitado por cercas de alambres de púa. Sus linderos específicos son los siguientes que corresponden a la escritura pública #672 del 16 de marzo de 1999, mediante la cual se protocolizó un documento privado sobre la compraventa de los derechos de posesión sobre los terrenos descritos. Linderos que fueron verificados físicamente dentro del terreno. Por el NORTE en 309 mts. con posesión de Santiago Cervantes. Por el SUR en 283 mts. aproximadamente con terrenos en posesión con la familia Moncariz. Por el ORIENTE en 700 mts aproximadamente en forma irregular con terrenos en posesión de Víctor Maguillón, Antonia Giraldo, Pedro Peña y Armada Nacional. Por el OCCIDENTE en 350 mts. aproximadamente con terrenos en posesión de Luis Mejía, Adolfo Atencio y Teófilo Giraldo..//No se observan servicios públicos en el área. Seguidamente se procede a declarar ocupados los derechos de posesión so bre el terreno descrito. No siendo otro el objeto de la presente se termina la diligencia.” Numeral 1.5.: “Se afectan a través de esta diligencia los derechos de posesión que sobre los terrenos que

el terreno descrito. No siendo otro el objeto de la presente se termina la diligencia.” Numeral 1.5.: “Se afectan a través de esta diligencia los derechos de posesión que sobre los terrenos que seguidamente se describirán posee el señor Fernando Martínez Bohórquez: se trata de una porción de terreno ubicado en la Isla de Tierra Bomba, sin ninguna construcción levantada sobre él, donde crece en su gran mayoría maleza, delimitada con cercas en alambre de púas en 3 líneas por todos sus costados y algunas demarcaciones de color azul sobre las cercas.//Sus linderos específicos son los siguientes: NORTE con Mangle aprox. 200 mts, al SUR con terrenos hoy en posesión de Álvaro Vélez (Holding Panamerican), por el ORIENTE con terrenos en posesión de la familia Ventura y por el OCCIDENTE con terrenos donde está construida “Casa Verde”. Los linderos fueron físicamente corroborados con los que aparecen señalados y descritos en la escritura pública de compraventa No. 001000 del 20 de abril de 1999 de la Notaría Primera de Cartagena y el plano protocolizado con ésta. Su área total es de aproximadamente 3 hectáreas. No se designa depósito alguno porque al momento de la diligencia no se encuentra ningún habitante en el lugar, se aclara que el lote no cuenta con ningún servicio electrónico.” 4 Los actores fueron: (i) Fernando Martínez Bohórquez, alegando la calidad de socio de Inversiones Bocachica S.A. y representante legal de Inversiones Carey E.U. e Inversiones Portal del Sol E.U.; (ii) Nayib Fernando Fontalvo Corrales y José Borre Aguilera, en calidad de socios de Inversiones Bocachica S.A.; y (iii) Lourdes

S.A. y representante legal de Inversiones Carey E.U. e Inversiones Portal del Sol E.U.; (ii) Nayib Fernando Fontalvo Corrales y José Borre Aguilera, en calidad de socios de Inversiones Bocachica S.A.; y (iii) Lourdes Escobar Araujo, actuando en nombre propio y como representante legal de Bray Escobar S. en C.Demandante: Natturale y Cia S.C.A., en Liquidación Judicial Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro.

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y la 672 del 16 de marzo de 1999, que contienen las coordenadas de los bienes; y la participación de los técnicos topógrafos que se designen para tal fin.

(…)

• En cuanto a los cinco (5) lotes de terreno, esta Sala de Revisión determinó que su devolución debía efectuarse de la misma manera como se procedió para su afectación, atendiendo al principio universal del derecho de que “las cosas se deshacen como se hacen”. Debe señalarse que los cinco (5) lotes de terreno fueron incautados y ocupados, sin que se hubiere presentado oposición ni presencia alguna de tercero interesado. Al darse la orden de desafectación de los bienes se encontró que cuatro (4) de los cinco (5) lotes se encontraban invadidos, por lo que se procedió a la devolución solo de uno de ellos. En esta medida, es evidente que en este caso no es procedente pretender garantizar los derechos de aquellas personas que con

que cuatro (4) de los cinco (5) lotes se encontraban invadidos, por lo que se procedió a la devolución solo de uno de ellos. En esta medida, es evidente que en este caso no es procedente pretender garantizar los derechos de aquellas personas que con posterioridad a la diligencia de ocupación e incautación hubieran invadido alguno de los cinco (5) lotes de terreno, en la medida que contaron en su momento con las garantías legales para oponerse a la materializaron de las medidas y de esta manera poder hacer valer sus derechos como poseedores.

(…)

La Sala advierte que ante conflictos presentados entre accionantes y terceros respecto a la titularidad de los derechos de posesión sobre lotes o globos de terrenos, puede acudirse a la jurisdicción ordinaria para que a través del proceso correspondiente y bajo la plenitud de las garantías procesales, se resuelvan tales asuntos.

9. Conforme lo anterior, la Corte Constitucional consideró que, por un lado, se habían vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes en dicha oportunidad, y, por otro lado, también se trasgredieron las garantías constitucionales de los poseedores de los pluricitados inmuebles. Por lo que, en lo

pertinente, dispuso en su parte resolutiva:

Cuarto. ORDENAR a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos y a la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNEque, en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, procedan a devolver al señor Fernando Martínez Bohórquez, individual y exclusivamente, los cinco (5) lotes de terreno ubicados en el

a la notificación de esta sentencia, procedan a devolver al señor Fernando Martínez Bohórquez, individual y exclusivamente, los cinco (5) lotes de terreno ubicados en el corregimiento de Tierra Bomba, Isla de Tierra Bomba, conforme las escrituras públicas 747 del 14 de abril de 2000, 998, 999 y 1000 de 20 de abril de 1999 y la 672 del 16 de marzo de 1999, que contienen las coordenadas de los bienes; lo cual habrá de ejecutarse con la participación de los técnicos topógrafos que se designen para tal fin.

Quinto. ORDENAR a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos y a la Dirección Nacional de Estupefacientes -DNEque, en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia, procedan a restituir los derechos de posesión en la Isla de Tierra Bomba, de aquellas personas que fueron desalojadas con ocasión del fallo del juez de instancia en tutela, al haberse materializado la devolución de las acciones en Inversiones Bocachica S.A. y cuotas o partes de interés en las empresas unipersonales Inversiones Isla Carey e Inversiones Portal del Sol, en lotes o globos de terreno, en orden a lo consignado en las actas del 14 al 18 de diciembre de 2009.Demandante: Natturale y Cia S.C.A., en Liquidación Judicial Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro.

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Sexto. ORDENAR a la Fiscalía 31 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos que publique, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del expediente de tutela, un aviso en diarios de amplia circulación nacional y local (Cartagena), como en una emisora local (Cartagena), por una sola vez, la decisión aquí adoptada a efecto de que los terceros interesados puedan hacerse partícipes e n las respectivas diligencias de devolución de los cinco (5) lotes de terrenos y, con ello, la restitución de los demás bienes.

1.3.2. Incidente de desacato

10. Fernando Martínez Bohórquez promovió incidente de desacato, en el que manifestó que las accionadas habían incumplido la orden judicial.

11. En el citado trámite, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictó varias decisiones para verificar el cumplimiento de la decisión proferida por la Corte Constituc ional. No obstante, en lo que respecta al amparo constitucional, se deben tener en cuenta las siguientes:

• Auto del 22 de marzo de 2023, por medio del cual se negó la solicitud formulada por Natturale, en la que, por un lado, solicitó el link para acceder

lo que respecta al amparo constitucional, se deben tener en cuenta las siguientes:

• Auto del 22 de marzo de 2023, por medio del cual se negó la solicitud formulada por Natturale, en la que, por un lado, solicitó el link para acceder al expediente y, por otro lado, se pretendió aplazar una diligencia que tendría lugar el 29 de marzo de 2023. • Auto del 30 de marzo de 2023, que reiteró a la mencionada sociedad que, al no ostentar la condición de parte o tercero interviniente en el trámite de tutela, su comparecencia al proceso resulta extemporánea. • Auto del 31 de marzo de 2023, referente a la Resolución 096 de 2023 proferida por la SAE, en la que se solicita la entrega de bienes a favor de la Sociedad Inversiones Bochica SA, pues, el citado acto administrativo no hizo mención alguna a los activos de esta empresa.

12. La Resolución 096 de 2023, «La cual ordena el ejercicio directo de policía administrativa para la entrega real y material de un activo en cumplimiento de una orden judicial de devolución», dispuso en su parte considerativa y resolutiva que:

Que en razón de lo anterior, el (los) actual (es) ocupante (s) de los globos de terreno no posee (n) título alguno emanado por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. que legitime su perman encia y explotación sobre el mismo, considerando que se ordenaron medidas cautelares de embargo, secuestre y consecuente suspensión del poder dispositivo, respecto de los globos de terreno identificados en esta resolución, razón por la cual su (s) ocupante (s) está (n) impidiendo a esta sociedad ejercer la correcta administración del bien.

poder dispositivo, respecto de los globos de terreno identificados en esta resolución, razón por la cual su (s) ocupante (s) está (n) impidiendo a esta sociedad ejercer la correcta administración del bien.

(…)

ARTÍCULO SEGUNDO: HACER efectiva la orden de entrega real y material de los globos de terreno identificados en el artículo anterior, el cual recibirá materialmente la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., para proceder al cumplimiento de la orden judicial de entrega al señor FERNANDO MARTÍNEZ BOHÓRQUEZ, conforme pronunciamiento de autoridad competente.Demandante: Natturale y Cia S.C.A., en Liquidación Judicial Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro.

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13. Finalmente, con ocasión del auto de fecha 30 de junio de 2023, la autoridad judicial accionada dio por cumplida la decisión proferida por la Corte Constitucional y, en consecuencia, dispuso el archivo definitivo del trámite incidental.

1.3.3. Natturale y Cia S.C.A. en Liquidación Judicial

14. Explicó que el señor Fernando Martínez Bohórquez después de haber recibido materialmente los bienes por parte de la SAE, los dejó a la deriva y, como consecuencia de lo anterior, Natturale , así como otros sujetos, empezó a ejercer la posesión.

recibido materialmente los bienes por parte de la SAE, los dejó a la deriva y, como consecuencia de lo anterior, Natturale , así como otros sujetos, empezó a ejercer la posesión.

15. Adicionalmente, precisó que la SAE impartió órdenes de policía, tendientes a la entrega de bienes a favor de la citada persona, sobre bienes inmuebles que ni siquiera fueron objeto de amparo en la sentencia que profirió la Corte

Constitucional.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

16. Desde la visión de la parte accionante, en el presente caso se configuró un defecto orgánico, el cual tuvo como causa que la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya no tenía competencia para conocer del trámite de desacato, pues, la potestad sancionatoria había caducado y, por ende, cualquier decisión adoptada en dicho sentido ya no podía ser tomada.

17. Asimismo, estimó que el yerro antes denunciado se materializa al decidir el incidente sin tener en cuenta la posesión de terceras personas, usurpando la competencia propia de los jueces civiles.

18. Por otro lado, invocó el defecto procedimental, dado que se confundió la figura del desacato con la del cumplimiento de la orden judicial, circunstancia que, en criterio de Natturale, resulta totalmente lesiva a sus intereses, en la medida que la autoridad judicial accionada atendió la decisión de la Corte Constitucional socavando los intereses de la empresa accionante.

19. En igual sentido, resintió que no se le haya permitido participar en el trámite

la autoridad judicial accionada atendió la decisión de la Corte Constitucional socavando los intereses de la empresa accionante.

19. En igual sentido, resintió que no se le haya permitido participar en el trámite de desacato como tercero con un interés legítimo derivado de la posesión, situación que debió ser objeto de estudio por el juez constitucional de la causa.

20. Frente a la SAE indicó q ue se configuró un defecto sustancial, debido a la extralimitación en la que incurrió la autoridad administrativa al ordenar la entrega de bienes que ya no se encontraban bajo su administración.Demandante: Natturale y Cia S.C.A., en Liquidación Judicial Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro.

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21. Asimismo, dicha actuación de carácter administrativo dio al traste con las garantías constitucionales de todas aquellas personas que, pese a ostentar la posesión legítima de los bienes, no pudieron intervenir en tal trámite, cercenando su posibilidad de cuestionar tales decisiones.

22. Aunado lo anterior, aduce que la Resolución 096 de 2023 incurrió en violación del principio de confianza legitima y falsa motivación, por lo que debe ser removido del ordenamiento jurídico.

1.5. Trámite de la acción de tutela

23. Por auto del 17 de abril de 2023, el magistrado ponente de la primera

removido del ordenamiento jurídico.

1.5. Trámite de la acción de tutela

23. Por auto del 17 de abril de 2023, el magistrado ponente de la primera instancia dispuso: i) admitir la acción de tutela y la notificación de las autoridades accionadas, ii) negar la medida provisional deprecada por el accionante, iii) vincular como terceros con interés al señor Fernando Martínez Bohórquez, a la Fiscalía 31

Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, así como a los señores Ramón Antonio Duque, José Vicente Caro y Heder Llerena y a todas aquellas person as naturales y/o jurídicas que ostenten la condición de ocupantes a los que se refiere la Resolución No. 96 del 29 de marzo de 2023, proferida por la SAE, como terceros interesados , y iv) avisar de la existencia del trámite a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

24. Por conducto del magistrado sustanciador del trámite, solicitó que se nieguen las pretensiones formuladas por la sociedad accionante.

25. Explicó que el juez de tutela tiene la competencia para verificar el cumplimiento de la decisión, lo cual significa que no puede modificar el sentido de la sentencia, bien sea a petición de las propias partes o a solicitud de un tercero que no compareció al trámite.

26. Finalmente, indicó que todos los terceros que han tratado de intervenir, aduciendo una posesión sobre los bienes objeto de entrega por parte de la SAE

no compareció al trámite.

26. Finalmente, indicó que todos los terceros que han tratado de intervenir, aduciendo una posesión sobre los bienes objeto de entrega por parte de la SAE deben promover las acciones judiciales pertinentes ante los jueces de la República.Demandante: Natturale y Cia S.C.A., en Liquidación Judicial Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro.

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1.6.2. Fiscal Treinta y Uno delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados en Bogotá

27. Explicó que en el presente caso no se configura un perjuicio irremediable en cabeza de la sociedad accionante, por lo que es improcedente el amparo constitucional solicitado.

28. Por otro lado, alegó que Natturale carece de legitimación en la causa para invocar la vulneración de los derechos fundamentales, pues, pese a haber tenido múltiples oportunidades para hacer valer sus garantías no lo hizo, aunado que nunca intervin o en el trámite constitucional surtido ante la autoridad judicial accionada y tampoco ante la Corte Constitucional.

29. Afirmó que la tutela pretende cuestionar un trámite posterior al fallo T-1024 de 2012 , por lo que se configura una de las causales de improcedencia que ha establecido la Corte Constitucional.

1.6.3. Sociedad de Activos Especiales SAS

de 2012 , por lo que se configura una de las causales de improcedencia que ha establecido la Corte Constitucional.

1.6.3. Sociedad de Activos Especiales SAS

30. Alegó que los hechos planteados en el escrito de tutela no correspondían a la realidad jurídica y acaecida en el presente caso, para lo cual, precisó que la Resolución 096 de 2023 se constituye como la finalización de un extenso proceso de extinción de dominio que fue adelantado por el ente acusador.

31. Indicó que el 22 de octubre de 2002, se realizó una publicación en un diario de amplia circulación, con el único fin de poner en conocimiento de todos los sujetos con interés en el trámite, aclarando que, en el caso de la sociedad accionante, ésta no compareció a dicho asunto.

32. Toda vez que el proceso de extinción de dominio culminó con una dec isión favorable al señor Fernando Martínez Bohórquez, quien fue el destinatario de las medidas cautelares sobre los bienes objeto del presente asunto, lo procedente era la devolución de estos a su patrimonio.

33. Conforme lo anterior, manifestó que Natturale nunca fue parte o interviniente en el proceso de extinción de dominio, en la acción de tutela y su revisión ante la Corte Constitucional, y tampoco en el trámite de desacato; circunstancia que, desde su punto de vista, constituye una falta de legitimación en causa por activa para promover el amparo.

1.6.4. Fernando Martínez Bohórquez

34. En su condición de víctima, por haber sido el destinatario de la s órdenes

su punto de vista, constituye una falta de legitimación en causa por activa para promover el amparo.

1.6.4. Fernando Martínez Bohórquez

34. En su condición de víctima, por haber sido el destinatario de la s órdenes impartidas por la Corte Constitucional, precisó que la accionante, al igual que otras personas, pretenden alegar una presunta posesión sobre bienes que, comoDemandante: Natturale y Cia S.C.A., en Liquidación Judicial Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y otro.

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consecuencia de las medidas cautelares decretadas en el proceso de extinción de dominio, se encontraban por fuera del comercio y, por ende, no resulta procedente el reconocimiento de derecho alguno a tales ocupantes.

1.6.5. Coadyuvancias

35. Con ocasión de las publicaciones realizadas, se presentaron sendos escritos provenientes de José Darío Salazar Cruz, Hernán Cuenca, Argemiro Martínez Sotomayor, María Margarita Varón Gerez, Eder Yerena Gómez, José Vicente Caro Rodríguez, quien también actúa como representante legal de la Sociedad Comercial Promotora Condominio Campestre Natturale S.A.S., la Sociedad Promotora Playa Linda Club House S.A.S., María Margarita Varón Jerez y Diva Durango Yenes, concurrieron al trámite constitucional coadyuvando las pretensiones dentro de la

Linda Club House S.A.S., María Margarita Varón Jerez y Diva Durango Yenes, concurrieron al trámite constitucional coadyuvando las pretensiones dentro de la presente acción de tutela.

36. Al respecto, alegaron que actualmente son poseedores de diversas