CE - 010315000202301834001SENTENCIA20230518161527

Demandante: Édgar Parra Pérez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01834-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01834-00

Demandante: ÉDGAR PARRA PÉREZ

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Tema Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela formulada por el señor Édgar Parra Pérez contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Esto, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES 1.1. La tutela

1. El accionante, actuando por conducto de apoderada judicial , present ó acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de

1. ANTECEDENTES 1.1. La tutela

1. El accionante, actuando por conducto de apoderada judicial , present ó acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de

Disciplina Judicial de Bogotá1. Con la solicitud de amparo la parte actora pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a l a administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la honra y al buen nombre.

2. En sentir de la parte actora, la transgresión de las citadas garantías constitucionales se consolidó con la decisión del 30 de noviembre de 2022, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante la cual se confirmó la providencia del 7 de septiembre de 20 21, dictad a por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de

Bogotá2. En estas providencias s e sancionó con suspensión de dos meses, en el ejercicio de la profesión al accionante, por la comisión de una falta disciplinaria.

1.2. Pretensión constitucional

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

1 La tutela se presentó el 14 de abril de 2023. 2 Expediente disciplinario 110011102000201902761-00/01Demandante: Édgar Parra Pérez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01834-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1a. Amparar los derechos fundamentales constitucionales de defensa, contradicción,

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1a. Amparar los derechos fundamentales constitucionales de defensa, contradicción, debido proceso, tutela judicial efectiva, acceso material a la administración de justicia, al derecho de la honra y el buen nombre, ejercicio de la profesión de abogado y los concurrentes, como sobre los que estime afrentados conforme a la facultad ultra y extra petita en esta clase de acción constitucional.

2a. Dejar sin efecto ni valor, invalidar o revocar, u ordenar uno de estos modos sobre la providencia proferida con fecha septiembre 7 del 2021, por la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ la cual sancionó con dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado a mi prohijado ÉDGAR PARRA PÉREZ, y contra la providencia de fecha noviembre 30 del 2022 emitida por la Honorable COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, que confirmo di cha sanción, con notificación de fecha 7 de diciembre del 2022. (SIC)

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia, de la siguiente manera:

4. El accionante fue contactado por la señora María Edith Garrido, con el fin de iniciar en su nombre un proceso ordinario de división material de inmueble.

5. Posteriormente, la señora María Edith Garrido solicitó al accionante la posibilidad de adherir como demandante en el proceso divisorio a su hermano, el señor Luis Alberto

Garrido.

en su nombre un proceso ordinario de división material de inmueble.

5. Posteriormente, la señora María Edith Garrido solicitó al accionante la posibilidad de adherir como demandante en el proceso divisorio a su hermano, el señor Luis Alberto

Garrido.

6. En atención a lo anterior se suscribió un contrato entre el señor Parra Pérez y los hermanos Garrido.

7. La demanda fue presentada por la parte actora en tres oportunidades, sin embargo, fue inadmitida ante la ausencia de documentación que debía ser aportada por la señora Garrido.

8. Pese a que el accionante informó a la señora Garrido que, de no allegar los documentos solicitados la demanda sería rechazada, la poderdante manifestó no querer continuar con el proceso, toda vez que había tenido problemas con su hermano.

9. En efecto, la demanda fue rechazada y en consecuencia el señor Parra Pérez procedió a retirarla junto con sus anexos, para entregar toda la documentación a la señora Garrido, a solicitud de la misma.

10. El señor Luis Alberto Garrido formuló una queja ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá contra el abogado Édgar Parra Pérez.

11. El quejoso manifestó que pese a otorgar poder al accionante, este último dilató la presentación de la demanda, además de no haber rendido informes sobre el asunto.Demandante: Édgar Parra Pérez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01834-00

3

Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01834-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

12. El 7 de septiembre de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá consideró que se reunían los requisitos exigidos por la Ley 1123 de 2007 para proferir fallo de carácter sancionatorio, toda vez que el accionante no fue diligente en las labores profesionales encargadas.

13. Manifestó la Comisión Seccional que no se logró demostrar de las pruebas recaudadas, que el actuar del abogado fuera atribuible a causas diferentes a su negligencia e incuria profesional, porque demoró, descuido, abandonó una gestión y no actuó con la celosa diligencia con la que debe actuar en el ejercicio de la profesión.

14. Lo anterior lo fundamentan principalmente en que la demanda fue presentada en las tres oportunidades con los mismos yerros e información incompleta. Además, no fue de recibo que únicam ente se haya comunicado con la señora Garrido cuando en el contrato y en los pagos realizados, consta la presencia de los dos hermanos.

15. Inconforme con lo anterior, el accionante interpuso recurso apelación. El recurso se desató por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante providencia del 30 de noviembre de 2022, en la cual se confirmó la decisión de primera instancia al considerar que no mediaba justificación para la omisión enrostrada, pues el abogado recibió poder

se desató por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante providencia del 30 de noviembre de 2022, en la cual se confirmó la decisión de primera instancia al considerar que no mediaba justificación para la omisión enrostrada, pues el abogado recibió poder de ambos hermanos, por consiguiente, debía continuar con el mandato y en caso de adoptarse alguna determinación sobre el mismo, imperaba comunicarlo a sus clientes para evitar confusiones sobre su gestión.

16. Vale la pena resaltar, que la sanción impuesta ya se cumplió, sin embargo, el accionante manifiesta que la misma trasciende al deterioro al buen nombre y a la honra en su ámbito profesional y personal, al existir registro de la acción disciplinaria.

1.4. Sustento de la vulneración

17. La parte actora alegó que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la honra y al buen nombre, con base en los siguientes fundamentos:

18. Manifestó que, tanto en el fallo de primera como de segunda instancia, brillo por su ausencia un testimonio , a su juicio determinante o esencial para resolver adecuadamente la queja, esto es, el testimonio de la señora María Edith Garrido, y solo se tuvo en cuenta el testimonio del señor Luis Garrido.

19. Arguyó que el señor Luis Garrido pretendió que se continuara con el proceso divisorio pese a que no se pagaron los honorarios pactados.

20. Consideró que por no practicarse el testimonio de la señora María Edith Garrido, se estuvo frente a una duda razonable que debió conducir a la absolución.

divisorio pese a que no se pagaron los honorarios pactados.

20. Consideró que por no practicarse el testimonio de la señora María Edith Garrido, se estuvo frente a una duda razonable que debió conducir a la absolución.

21. Insistió en que, ante la falta de pruebas pertinentes y conducentes, como es laDemandante: Édgar Parra Pérez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01834-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

mencionada declaración testimonial, no exis tía certeza sobre lo pretendido por el quejoso.

1.5. Trámite de la acción de tutela

22. Mediante auto del 18 de abril de 2023, el magistrado ponente admitió la tutela y dispuso la notificación a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. También se ordenó vincular como tercero con interés en las resultas del proceso al señor Luis Alberto Garrido Téllez y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Adicionalmente, solicitó a las accionadas, copia íntegra digital del proceso disciplinario con radicado N. ° 11001110200020190276100/01.

1.6. Intervenciones

23. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron

las siguientes intervenciones:

1.6.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

00/01.

1.6. Intervenciones

23. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron

las siguientes intervenciones:

1.6.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

24. La Magistrada encargada de la decisión, indicó que durante el trámite del proceso y en la decisión de primer grado se respetaron todas las garantías procesales.

25. Puso de presente que el 12 de junio de 2019 se ordenó la apertura de la investigación contra el abogado Édgar Parra Pérez , se fijó fecha para la audiencia de pruebas y calificación y se notificó personalmente de la actuación al accionado, el 3 de julio de 2019. Pese a ello, el señor Parra Pérez no compareció a la diligencia por lo cual se designó un abogado de oficio con quien se adelantó la mencionada audiencia.

26. En el marco de la audiencia, la defensora solicitó pruebas, así mismo de oficio la magistrada ordenó otras, entre ellas la declaración de la señora María Edith Garrido.

27. Pese a lo anterior, la señora Garrido no compareció a rendir declaración, aun teniendo conocimiento de la misma , al punto que remitió unos do cumentos vías correo electrónico.

28. Así, manifestó la magistrada, que, como directora del proceso y aras de garantizar la celeridad y eficiencia, decidió continuar con la actuación y proseguir con la presentación de los alegatos de conclusión, sin que el abogado investigado o su defensor realizaron pronunciamiento alguno respecto de la ausencia del mencionado testimonio.

la celeridad y eficiencia, decidió continuar con la actuación y proseguir con la presentación de los alegatos de conclusión, sin que el abogado investigado o su defensor realizaron pronunciamiento alguno respecto de la ausencia del mencionado testimonio.

29. Con la s pruebas recaudadas, practicadas y alegadas, como lo fueron la declaración del quejoso, l os document os aportadas, copias y consultas de las actuaciones de los diferentes procesos tramitados o instaurados por el actor y la versión libre del abogado, se concluyó que había certeza sobre la existencia de la falta endilgada y la responsabilidad, razón por la cual se profirió sentencia sancionatoria.Demandante: Édgar Parra Pérez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01834-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

30. Resaltó que se tomaron todas las medidas pertinentes para evitar la dilación de la actuación, precisamente porque se había apl azado dos veces la audiencia de juzgamiento ante la ausencia de la señora María Edith Garrido.

31. Arguyó que para poder alegar la vulneración de los derechos fundamentales de defensa y al debido proceso por la incurrencia de un defecto fáctico por ausencia o no de practica de una prueba, es necesario, tal como lo ha indicado la ju risprudencia, que se acredite sin discusión alguna y más allá de cualquier duda, que de haberse practicado esa prueba, el resultado de la valoración de los demás elementos probatorios de juicio

de practica de una prueba, es necesario, tal como lo ha indicado la ju risprudencia, que se acredite sin discusión alguna y más allá de cualquier duda, que de haberse practicado esa prueba, el resultado de la valoración de los demás elementos probatorios de juicio allegados legal y oportunamente a una actuación, sería totalmente distinto.

32. Solicitó finalmente que se negara la tutela al no reunir los requisitos de carácter especial que para que esta clase de amparo procede contra providencias judiciales.

1.6.2. Comisión Nacional de Disciplina Judicial

33. Consideró que el actor pretende hacer valer en el escenario constitucional, los mismos argumentos que fueron objeto de análisis por parte de la jurisdicción disciplinaria en segunda instancia, desconociendo que el amparo tutelar no puede instrumentarse a manera de recursos de instancia.

34. Informó que el testimonio de la señora María Edith Garrido fue decretado de oficio luego de la formulación de cargos , con el objetivo que se practicara en la audiencia de juzgamiento, sin embargo, la testigo no asistió y ante esta eventualidad el a quo decidió seguir con la actuación y otorgar la palabra al investigado y a su defensor , quien es rindieron alegatos de conclusión sin realizar reparos sobre la declaración que no se recaudaría.

35. Consideró que si bien la prueb a fue decretada pero no fue practicada, ello no vulnero derechos fundamentales toda vez que la magistrada adopt ó las medidas pertinentes para evitar la dilación de la actuación.

36. El señor Luis Alberto Garrido Téllez y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

pertinentes para evitar la dilación de la actuación.

36. El señor Luis Alberto Garrido Téllez y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

37. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Édgar Parra Pérez contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015 , modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.Demandante: Édgar Parra Pérez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01834-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.2. Legitimación en la causa

38. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

39. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor

pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

39. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor Édgar Parra Pérez se encuentra legitimad o en la causa por activa. Esto , porque figura como sancionado en el proceso disciplinario N. ° 110011102000201902761-00/01. Por tanto, es titular de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la honra y al buen nombre.

40. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá se encuentra n legitimados en la causa por pasiva al ser la s autoridades que profirieron las decisiones reprochadas en esta oportunidad.

2.3. Problema jurídico

41. En primer problema jurídico que subyace al caso en concreto consiste en determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

42. De encontrarse superados los mismos, la Sala analizará lo siguiente:

43. ¿Las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales a al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, a la honra y al buen nombre? Esto con ocasión de las decisiones proferidas en el marco del proceso disciplinario adelantado en contra del accionante, en el cual fue sancionado por el término de dos meses en el ejercicio de su profesión.

44. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)

del proceso disciplinario adelantado en contra del accionante, en el cual fue sancionado por el término de dos meses en el ejercicio de su profesión.

44. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad, los cuales, de encontrarse superados junto con las demás exigencias, se procederá al análisis d e (iii) el caso concreto

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

45. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 3. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Édgar Parra Pérez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01834-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 4. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales5.

Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 4. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales5.

46. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 6. En esta sentencia se establecieron seis requisitos gen erales de procedencia7 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial8.

47. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes r equisitos

generales de procedencia:

1. que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo d e la Sala Plena antes reseñado. 5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 7 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv); Cuando se trate de u na irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 8 Los ocho defectos materiales son los siguient es: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que

ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se deci de con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.Demandante: Édgar Parra Pérez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01834-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

48. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

49. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

50. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional y, solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

51. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término “relevancia constitucional” en la sentencia C-590 de 20059. En esta providencia se señaló

constitucional

51. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término “relevancia constitucional” en la sentencia C-590 de 20059. En esta providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia, en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes10. (Subrayado fuera de texto).

52. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple con esta

9 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judici al; c) que no es procedente para

solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judici al; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores. 10 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.Demandante: Édgar Parra Pérez Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01834-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202211, el alto tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional. La Sala los expondrá estos parámetros en el siguiente gráfico para mayor entendimiento:

53. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 2014 12, adoptó de manera expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

54. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un

54. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.

55. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 13 modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisi to de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los

11 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contr a la Sección Cuarta de est