CE - 010315000202301836001SENTENCIA20230606103931

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dos (02) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01836-00

Accionante: Martha Cecilia Díaz Mantilla Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte actora pretende reabrir el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural / CARGA ARGUMENTATIVA.

Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo constitucional formulado por la señora Martha Cecilia Díaz Mantilla contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 13 de abril de 2023, la señora Martha Cecilia Díaz Mantilla presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander con el fin de que se dejara sin efectos el fallo de 11 de agosto de 20222, proferido por dicha autoridad judicial dentro del proceso de reparación directa 3 que promovió junto con otros 4

de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander con el fin de que se dejara sin efectos el fallo de 11 de agosto de 20222, proferido por dicha autoridad judicial dentro del proceso de reparación directa 3 que promovió junto con otros 4 contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

2.- Dicho proceso fue iniciado con el propósito de que se declarara la responsabilidad de la entidad por los perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a los demandantes con ocasión a las lesiones y secu elas mentales

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Notificado el 12 de diciembre de 2022, según se advierte en el expediente digital allegado en préstamo. 3 54001-33-33-005-2015-00223-01. 4 Los otros demandantes son: Ceferino Roberto Flórez Basto, Orlando Ceferino, Deisy Marllely, Ferney Saul, Roberto Alexis, Angie Alexandra, Jennifer Karina y Evelyn Sharith Flórez Díaz, Jhon Jairo, Edinson Bladimir y Néstor Martínez Diaz, Francisco Asdrúbal, Margy Yadira y Elver Flórez Rodríguez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01836-00

Accionante: Martha Cecilia Díaz Mantilla Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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Accionante: Martha Cecilia Díaz Mantilla Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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irreversibles sufridas por el soldado bachiller Orlando Ceferino Flórez Diaz. Dicho reclamo se fundamenta en que: (i) el mencionado joven fue reclutado por el Ejército Nacional en calidad de soldado bachiller, como integrante del Noveno Conti ngente (9C-2011), al cual ingresó el 13 de diciembre de 2011, (ii) Durante el tiempo de conscripción sufrió un golpe con un objeto contundente que le produjo un trauma craneoencefálico y como consecuencia de eso empezó a padecer una patología psiquiátrica, que ameritó recibir atención médica especializada el 26 de junio de 2012 en el Hospital Mental Rudesindo Soto, (iii) En el año 2013 se le d io la baja al conscripto, realizándosele el examen de evacuación, en el cual resultó “no apto”, (iv) El 29 de julio de 2014 se presentó una acción de tutela que fue fallada a su favor, disponiendo que el Ejército Nacional le prestara los servicios médicos y calificara su capacidad laboral, (v) El 21 de noviembre de 2016 se realizó la junta médica definitiva 91458, en la cual se determinó que su porcentaje de pérdida de capacidad laboral era de 11.50%. Se le dictaminó “Trauma cráneo encefálico que deja como secuela síndrome mental orgánico (trastorno neurocognitivo, amnesia parcial, cefalea y trastorno del comportamiento secundario a lesión cerebral), según conceptos de neuropsicología, neurología y psiquiatría”.

secuela síndrome mental orgánico (trastorno neurocognitivo, amnesia parcial, cefalea y trastorno del comportamiento secundario a lesión cerebral), según conceptos de neuropsicología, neurología y psiquiatría”.

3.- El asunto lo conoció en primera instancia el Juzgado Quinto Administrativo de Cúcuta, que por fallo de 2 de julio de 2021 accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que estaba acreditada la responsabilidad de la entidad demandada por el daño causado a los demandantes, derivado de la afectación padecida por el soldado regular Flórez Díaz durante la prestación del servicio militar.

4.- Por otra parte, frente a la caducidad del medio de control, manifestó que , para el caso concreto se debían estudiar las particularidades del asunto, pues si bien el soldado el 26 de junio de 2012 acudió por primera vez al servicio de sal ud por el cuadro clínico que presentaba, de la historia clínica se evidenciaba que sus síntomas tenían mejoría con medicamentos, lo que permitía inferir que la parte contaba con una expectativa de recuperación con el tratamiento médico, por lo que, en tal época no era tan eviden te el trastorno mental que cada vez iba avanzado . En razón a lo anterior, consideró que no se podía contabilizar el término de caducidad desde el año 2012, sino desde que se conoció con claridad la existencia del daño, esto es, a través de la calificación de la pérdida de capacidad laboral expedida por sanidad del Ejército Nacional el 21 de noviembre de 2016 , y como quiera que la demanda se presentó el 12 de junio de 2017, la misma estaba en término.

través de la calificación de la pérdida de capacidad laboral expedida por sanidad del Ejército Nacional el 21 de noviembre de 2016 , y como quiera que la demanda se presentó el 12 de junio de 2017, la misma estaba en término.

5.- El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en fallo de 11 de agosto de 2022 revocó la decisión del A quo. Estimó que el medio de control estaba caducado, en la medida en que, a su juicio, el hecho generador del daño fue el trauma craneoencefálico conocido por el soldado en el mes de junio de 2012, cuando acudió por primera vez al servicio de salud por el cuadro clínico que presentaba. Consideró que con el acta de la junta médica laboral expedida en noviembre de 2016 únicamente se calificó la magnitud de los perjuicios ocasionados por el trauma. PorRadicación: 11001-03-15-000-2023-01836-00

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ende, concluyó que la demanda se presentó 5 años después del hecho generador de daño, es decir, fuera del término legalmente establecido.

6.- Del escrito de tutela se entiende que la parte actora le endilgó al fallo proferido por la autoridad judicial accionada los siguientes defectos:

7.- Defecto fáctico: por cuanto no tuvo en cuenta los diferentes diagnósticos que le fueron dados al soldado desde que recibió la primera atención médica por psiquiatría, hasta cuando fue valorado por la Dirección de Sanidad del Ejército , que

7.- Defecto fáctico: por cuanto no tuvo en cuenta los diferentes diagnósticos que le fueron dados al soldado desde que recibió la primera atención médica por psiquiatría, hasta cuando fue valorado por la Dirección de Sanidad del Ejército , que mediante acta de junta médica laboral 91458 del 21 de noviembre de 2016, le determinó una pérdida de capacidad laboral del 11.50%.

8.- Informó que su hijo Orlando Ceferino fue atendido por primera vez el 26 de junio de 2012, en el Hospital Mental Rudesindo Soto, por un médico general , que le diagnosticó un “Cuadro clínico de 10 días de evaluación de etiología desconocida posible trauma craneoencefálico (…)”. El 30 de octubre de 2013 luego de presentar alteración en el comportamiento, recibió atención por la especialidad de psiquiatría y le indicaron que tenía “Trastorno de estrés postraumático ”. El 28 de noviembre de 2011 fue atendido nuevamente por la misma especialidad y se determ inó que “Persiste cefalea e impulsividad, ha presentado irritabilidad con poca tolerancia a la frustración, conductas explosivas”.

9.- Indicó que con el acta de Junta médica laboral 91548 del 21 de noviembre de 2016, se pudo determinar definitivamente qué secuelas le dejó el primer diagnóstico, el cual no era certero inicialmente, y que ahora era mucho más complejo su tratamiento debido al grado de evolución de la enfermedad, comprendiendo q ue la misma no iba a tener mejoramiento, sino que por el contrario un deterioro progresivo, pues aun con el suministro de medicamentos , era poco probable que ocurriera una mejoría plena.

misma no iba a tener mejoramiento, sino que por el contrario un deterioro progresivo, pues aun con el suministro de medicamentos , era poco probable que ocurriera una mejoría plena.

10.- En razón a ello, manifestó que la valoración del acervo probatorio fue sesgada, en la medida en que en el caso se dieron circunstancias particulares que debían ser tenidas en cuenta a efectos de contabilizar la caducidad, así como lo hizo el A quo (hizo un resumen del análisis efectuado por el juez de primera instancia).

11.- Desconocimiento del precedente judicial: La accionante citó in extenso las siguientes sentencias, las cuales considera fueron inaplicadas por el tribunal accionado: (i) T-347 de 2020, (ii) T-271 de 2020, (iii) 28 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, radicado 15759-33-33-002-201900102-01, (iv) 20 de enero de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, radicado 11001 -33-37-043-2017-00172-01, (v) sentencia de l Consejo de Estado sin fecha ni radicado, (vi) 24 de mayo de 2018, acción de tutela proferida por el Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2018-00941-00, (vii) 17 de agosto de 2018, acci ón de tutela proferida por la Corte Constitucional, expediente T-6606527, (viii) SU-659 de 2015, (ix) 22 de mayo de 2015, acci ón deRadicación: 11001-03-15-000-2023-01836-00

expediente T-6606527, (viii) SU-659 de 2015, (ix) 22 de mayo de 2015, acci ón deRadicación: 11001-03-15-000-2023-01836-00

Accionante: Martha Cecilia Díaz Mantilla Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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tutela proferida por la Corte Constitucional, expediente T -4682444 y, (x) 1 de julio de 2015, proferida por el Consejo de Estado, número interno 30.385.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

12.- Mediante auto de 21 de abril de 2023 5, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar de su presentación a la autoridad judicial demandada, así como vincular a los señores Ceferino Roberto Flórez Basto, Orlando Ceferino, D eisy Marllely, Ferney Saul, Roberto Alexis, Angie Alexandra, Jennifer Karina y Evelyn Sharith Flórez Díaz, Jhon Jairo, Edinson Bladimir y Néstor Martínez Diaz, Francisco Asdrúbal, Margy Yadira y Elver Flórez Rodríguez, así como a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, como terceros con interés. De igual forma se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Tribunal Administrativo de Norte de Santander6

13.- Adujo que el fallo cuestionado no adolece de ninguno de los defectos endilgados, toda vez que en el mismo se valoró de forma razonable todas las circunstancias fácticas relevantes, en concordancia con las normas y la

13.- Adujo que el fallo cuestionado no adolece de ninguno de los defectos endilgados, toda vez que en el mismo se valoró de forma razonable todas las circunstancias fácticas relevantes, en concordancia con las normas y la jurisprudencia que rigen la caducidad, y con base en ese análisis se sustentó la decisión. En razón a lo anterior, solicitó que se declare improcedente el amparo.

(ii) Ministerio de Defensa Nacional7

14.- Solicitó su desvinculación, por cuanto la decisión judicial de decretar la caducidad del medio de control le correspondió al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en cumplimiento de su deber y de las normas existentes en el ordenamiento jurídico, así como el acatamiento de la jurisprudencia emanada por las altas corporaciones en situaciones similares.

15.- Por otra parte, adujo que la autoridad judicial accionada no ha vulnerado ningún derecho fundamental como lo quiere hacer ver la parte actora; además, que la acción de tutela no puede ser una tercera instancia en la que se controvierta una decisión adversa.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

16.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los

5 Notificado el 26 de abril de 2023. 6 Intervención digital contenida en 9 folios. 7 Intervención digital contenida en 11 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01836-00

Accionante: Martha Cecilia Díaz Mantilla

Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

7 Intervención digital contenida en 11 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01836-00

Accionante: Martha Cecilia Díaz Mantilla Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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derechos fundamentales, son los siguientes 8 : (i) que la cuestión que se discuta resulte de eviden te relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos y que hubiere alegado tal afectación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

17.- La relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ám bito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional9.

18.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia

ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional9.

18.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósi to de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

19.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos10: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se debe n expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue p roferida la providencia acusada.

D. Análisis del caso concreto

20.- En su escrito de tutela la parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió en un defecto fáctico por cuanto apreció de forma

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). 9 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.

exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). 9 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010. 10 Sentencia del 5 de agosto de 2014 prof erida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación: 11001-03-15-000-2023-01836-00

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sesgada las pruebas obrantes en el plenario, principalmente los diagnósticos médicos; y en un desconocimiento del precedente judicial, al inaplicar las sentencias indicadas previamente.

21.- Teniendo claro lo anterior, la Sala considera que el asunto carece de relevancia constitucional, pues frente al defecto fáctico, se advierte que la parte actora pretende convertir el amparo constitucional en una instancia adicional al proceso ordinario, al no estar de acuerdo con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al ser adversa a sus intereses y, con ello, reabrir y continuar el debate del proceso ordinario en el que fue dictado el fallo enjuiciado . R especto del desconocimiento del precedente jud icial se observa una carencia de carga argumentativa.

22.- Por interesar a la causa, se traerá n a colación apartes de la sentencia cuestionada -11 de agosto de 2022 - referidos al análisis realizado por el Tribunal sobre la caducidad:

<<(…) Cuestión previa. Presupuesto procesal de la caducidad.

(…) En el caso concreto la parte demandante afirmó que solo pudo tener conocimiento

sobre la caducidad:

<<(…) Cuestión previa. Presupuesto procesal de la caducidad.

(…) En el caso concreto la parte demandante afirmó que solo pudo tener conocimiento del daño con posterioridad a su ocurrencia, porque las consecuencias del hecho imputado en la demanda solo se evidenciaron en el acta de la junta médica 91458 de fecha 21 de noviembre de 2016, según concepto de los especialistas por NEUROPSICOLOGÍA, NEUROLOGÍA y PSIQUIATRIA, donde se dejó constancia del acaecimiento del golpe con un objeto contundente que le produjo un trauma craneoencefálico, diagnosticándole la existencia de las lesiones que se reclaman como perjuicios(…).

Ahora bien, sobre cómo debe efectuarse el computo del término de caducidad en los casos que no hay certeza del daño o no se sabe en qué consiste la lesión, es de destacar que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado , en providencia de unificación del 29 de noviembre de 2018, señaló que en aquellos casos cuya existencia del daño solo se conoce de forma certera y concreta con el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho generador, será el juez quien defina si contabiliza la caducidad desde el momento de su ocurrencia o desde cuando el interesado tuvo conocimiento del mismo, constituyéndose, de esta manera, un una carga de la parte demandante demostrar cuándo ocurrió el daño y, si es pertinente, la imposibilidad de haberlo conocido en el momento de su causación.

En esa medida, la Sala Plena reiteró la jurisprudencia de la Sección Tercera, en el

imposibilidad de haberlo conocido en el momento de su causación.

En esa medida, la Sala Plena reiteró la jurisprudencia de la Sección Tercera, en el sentido de indicar que el criterio para el computo del término de caducidad, en los casos de lesiones a la integridad de las personas, lo determina el conocimiento del daño, pero este puede variar, por ejemplo, cuando el mismo día del suceso no existe certeza del mismo, no se sabe en qué consiste la lesió n o esta se manifiesta o se determina después del accidente sufrido por el afectado. En todo caso, la parte deberá acreditar los motivos por los cuales le fue imposible conocer el daño en la fecha de su ocurrencia. En todo caso, la fecha de conocimiento sobre la magnitud del daño a través de la notificación del dictamen proferido por una junta de calificación de invalidez no puede constituirse, en ningún caso, como parámetro para contabilizar el término de caducidad.

(…)Radicación: 11001-03-15-000-2023-01836-00

Accionante: Martha Cecilia Díaz Mantilla Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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De acuerdo con la Constancia del 20 de junio de 2019, expedida por el Jefe de Personal del Batallón de ASPC No 30 “GUASIMALES” del Ejército Nacional, el señor ORLANDO CEFERINO FLÓREZ DÍAZ se incorporó al Ejército Nacional como soldado bachiller del 9 contingente de 2011, con ingreso del 1 3 de diciembre de 2011 y retiro del 7 de diciembre de 2012 (Págs. 3 PDF. 09GestionProbatoria)

bachiller del 9 contingente de 2011, con ingreso del 1 3 de diciembre de 2011 y retiro del 7 de diciembre de 2012 (Págs. 3 PDF. 09GestionProbatoria)

Según el Formato de Sanidad Militar Dirección General Dispensario Médico BR30, el 25 de junio de 2012, se solicitó por el señor ORLANDO CEFERINO FLÓREZ Díaz el servicio de consulta medicina especializada, paciente con reporte de “trauma encefálico”, especialidad: Psiquiatría (Págs. 52 PDF. 01ReparacionDirecta) (…)

Obran documentos de atención médica del paciente ORLANDO CEFERINO FLÓREZ DİAZ remitido desde el Batallón de ASPC No 30 “GUASIMALES” del Ejército Nacional, atendido por la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto el 26 de junio de 2012, consulta psiquiatría neurológica, diagnostico posible “trastorno disociativo” (Págs. 55 -64 PDF. Reparación Directa) (…)

En efecto, está evidenciado en el plenario digital, que el 26 de junio de 2012 fue la primera vez que el SLR ORLANDO CEFERINO FLÓREZ Díaz acudió al servicio de salud por el cuadro clínico de “10 días de evaluación de etiología desconocida posible trauma craneoencefálico”, donde el médico general Dr. Harvey Sánchez del Hospital Mental Rudesindo Soto, indicó que presentaba (…)

Luego, el 30 de octubre de 2012 el psiquiatra Dr. Gerardo Rodríguez diagnosticó (…)

El 28 de noviembre de 2012 el psiquiatra Dr. Gerardo Rodríguez diagnosticó (…)

Luego, el 30 de octubre de 2012 el psiquiatra Dr. Gerardo Rodríguez diagnosticó (…)

El 28 de noviembre de 2012 el psiquiatra Dr. Gerardo Rodríguez diagnosticó (…)

Examen de evacuación practicado el 30 de noviembre de 2012 por el Batallón de ASPC No 30 “GUASIMALES”, a un personal de soldados bachilleres integrante del 9 contingente del 2011, retirado por tiempo de servicio militar cumplido, donde, respecto al señor ORLANDO CEFERINO FLÓREZ DÍAZ, se indica “trastorno adaptación” (Págs. 4-7 PDF. 09GestionProbatoria).

Documentos de atención médica del paciente ORLANDO CEFERINO FLÓREZ DÍAZ remitido desde el Batallón de ASPC No 30 “GUASIMALES” del Ejército Nacional, atendido por la Clínica Stella Maris Servicios Integrales en Salud Mental especialidad en Psiquiatría, entre octubre de 2012 y abril de 2013, evolución de la enfermedad actual: “HACE 3 MESES SUFRIÓ TRAUMA CRANEANO TRAS LO CUAL PRESENTO RIGIDEZ A NIVEL DE MANOS Y DIFICULTAD EN LA ARTICULACION

DE LA PALABRA”, diagnóstico “TRANSTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO”

(Págs. 41-49 PDF. 01ReparacionDirecta)

El 16 de septiembre de 2015 recibe el diagnóstico del especialista en psiquiatría de trastorno mental y del comportamiento secundario a lesión cerebral (…)

El 24 de agosto de 2016, por parte de los especialistas en neurología y neuropsicología

trastorno mental y del comportamiento secundario a lesión cerebral (…)

El 24 de agosto de 2016, por parte de los especialistas en neurología y neuropsicología recibe los diagnósticos de síndrome mental orgánico y trastorno neurocognitivo, y de amnesia parcial y cefalea (…)

Y el 21 de noviembre de 2016, se elabora el Acta de la Junta Médica Laboral No. 91458 registrada en la Dirección de Sanidad Ejército (Págs. 61 -64 PDF. 04ContestaciónDemanda), con base en los conceptos emitidos por especialistas tratantes en “NEUROPSICOLOGI ANEUROLOGÍA PSIQUIATRÍA siendo diagnosticado el SLR ORLANDO CEFERINO FLÓREZ DIAZ con ‘TRAUMA CRANEO ENCEFALICO QUE DEJA COMO SECUELA SÍNDROME MENTAL ORGANICO YRadicación: 11001-03-15-000-2023-01836-00

Accionante: Martha Cecilia Díaz Mantilla Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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TRANSTORNO NEUROCOGNITIVO, AMNESIA PARCIAL, CEFALEA L ” y se determinó que tiene una disminución de la capacidad laboral del 11.50%, clasificado con “INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL NO APTO PARA ACTIVIDAD MILITAR", imputabilidad del servicio: “LESION-1 ACCIDENTE COMUN, (AC) LITERAL (A)" (…)

Bajo tal contexto, conforme a los parámetros establecidos e n la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de

(A)" (…)

Bajo tal contexto, conforme a los parámetros establecidos e n la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de noviembre de 2018, n el caso en concreto, es posible identificar como el hecho originador del daño, el trauma Craneoencefálico sufrido por el demandante SL R

ORLANDO CEFERINO FLÓREZ Díaz.

No existe certeza frente al momento exacto de su ocurrencia, pues en el Acta de la Junta Médico Laboral del 21 de noviembre de 2016 se consignó como fecha del suceso “hace aproximadamente 5 años”.

Sin embargo, está evidenciado que el 26 de junio de 2012 fue la primera vez que el SLR ORLANDO CEFERINO FLÓREZ DÍAZ acudió al servicio de salud por el cuadro clínico de “10 días de evaluación de etiología desconocida posible trauma craneoencefálico”, por lo que, aun tomando la fecha posterior como cierta, es claro que el término de caducidad empezó a correr desde el mes de junio del año 2012 y se prolongó hasta junio de 2014.

Es necesario precisar que, al tratarse de un evento de ejecución instantánea virtualmente cognoscible al mismo momento de su acaecimiento, no es posible entender que el conocimiento del hecho Solamente se tuvo hasta cuando se calificó la magnitud de los perjuicios ocasionados a partir del trauma cráneo encefálico, esto es, cuando se celebró la Junta Médico Laboral.

En correspondencia con lo anterior, también resulta relevante el acta del examen de evacuación médico de fecha 30 de noviembre de 2012 por el Batallón de ASPC No 30

cuando se celebró la Junta Médico Laboral.

En correspondencia con lo anterior, también resulta relevante el acta del examen de evacuación médico de fecha 30 de noviembre de 2012 por el Batallón de ASPC No 30 “GUASIMALES”, a un personal de soldados bachilleres integrante del 9 contingente del 2011, momento en el que se evidencia que el señor ORLANDO CEFERINO FLÓREZ DÍAZ padecía un “trastorno adaptación” (Págs. 4 -7 PDF 09GestionProbatoria), lo que permite corroborar que para ese entonces no se encontraba en una adecuada condición médica.

A partir de lo anterior, esta Sala concluye que el trauma cráneo encefálico fue el hecho originador del daño y que este fue conocido por el señor ORLANDO CEFERINO FLÓREZ DIAZ de manera concomitante en el mes de junio de 2012. Mie ntras que el Acta de la Junta Médica Laboral expedida el 21 de noviembre de 2016 calificó la magnitud de los perjuicios ocasionados por el trauma.

El acta de Valoración médica fijó la afectación a la capacidad laboral del hecho dañoso, empero, para la Sal a resulta innegable que los demandantes conocían, desde que ocurrió el suceso, del hecho dañoso y de sus consecuencias.

Ahora bien, la Sala encuentra que los demandantes solamente presentaron solicitud de conciliación ante el Ministerio Público hasta el 22 de febrero de 2017 y radicaron la demanda el 12 de junio de 2017, es decir, casi cinco (5) años después de la ocurrencia del daño (Págs. 30-90-91 PDF. 09GestionProbatoria).

demanda el 12 de junio de 2017, es decir, casi cinco (5) años después de la ocurrencia del daño (Págs. 30-90-91 PDF. 09GestionProbatoria).

En consecuencia, es claro que las actuaciones adelantadas por la parte demandant e resultan extemporáneas e imposibilitan el conocimiento material del asunto puesto a consideración de esta Sala, en sede de apelación.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01836-00

Accionante: Martha Cecilia Díaz Mantilla Accionado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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Por lo tanto, habrá de revocarse la decisión proferida por el A quo en providencia del 2 de julio de 2021, comoquiera que la misma resolvió el fondo del asunto, a pesar de no haberse cumplido con el presupuesto temporal de la acción correspondiente (…)>>

23.- En consonancia con lo anterior, la Sala advierte que la autoridad accionada hizo un análisis completo, adecuado y coherente del caso, sin desconocer ninguna de las pruebas aludidas por l a actora en su escrito de tutela, pues, por el contrario, hizo énfasis en las mismas, pero consideró que el trauma craneoencefálico fue el hecho originador del daño y que este fue conocido por el señor Orlando Ceferino Flórez Diaz en el mes de junio de 2012, cuando asistió por primera vez al servicio de salud debido al cuadro clínico que presentaba. Al tiempo que precisó que el Acta d e la Junta Médica Laboral expedida el 21 de noviembre de 2016 solamente calificó la magnitud de los perjuicios ocasionados por el trauma , pero, a su juicio, resulta ba

Junta Médica Laboral expedida el 21 de noviembre de 2016 solamente calificó la magnitud de los perjuicios ocasi