CE - 010315000202301852001SENTENCIA20230516120200

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01852-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: VICTOR HUGO VÉLEZ FUENTES

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR INCUMPLIR EL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN ADMINISTRATIVA PARTICULAR EMITIDA EN EL TRÁMITE DE UN CONCURSO DE MÉRITOS, DEL CUAL EL ACTOR FUE EXCLUIDO POR NO ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO . NO SE ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UN

PERJUICIO IRREMEDIABLE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A

CARGOS PÚBLICOS Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por el actor

contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURAUNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL1.

1 En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL.2

Número único de radicación: 110010315000 2023 01852 00

Actor: VICTOR HUGO VÉLEZ FUENTES

1 En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL.2

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Actor: VICTOR HUGO VÉLEZ FUENTES

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I. – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor VICTOR HUGO VÉLEZ FUENTES , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a cargos públicos y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

I.2.- Hechos

Manifestó que se inscribió como aspirante al cargo de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL dentro de la Convocatoria núm. 27 adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18 -11077 de 16 de agosto de 2018, emitido por el CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA.3

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JUDICATURA.3

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Precisó que , una vez aprobado el examen de conocimientos y aptitudes, la UNIDAD DE CARR ERA JUDICIAL expidió la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, en la que l o rechazó del concurso por la causal 3.5 del referido acuerdo, esto es, “[…] No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades […]”.

Expuso que solicitó a la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL la verificación de los documentos que aportó con la inscripción, no obstante, dicha autoridad confirmó la decisión inicial por cuanto no se había aportado la declaración en formato PDF.

Indicó que si bien no aportó en formato PDF la referida declaración, sí cumplió con dicho requisito, porque al momento de iniciar el proceso de inscripción debía aceptarse un recuadro predeterminado que contenía la misma manifestación.

Agregó que además es claro que al momento de la inscripción no se encontraba incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo al que se postuló, porque se encontraba vinculado como empleado de la RAMA JUDICIAL.4

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como empleado de la RAMA JUDICIAL.4

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Comentó que, para el momento de la inscripción al referido concurso, estaba inscrito en la Convocatoria 4, para cargos de empl eados judiciales, en la que aportó la declaración echada de menos por el accionado.

Puso de presente que la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL también exigió una declaración que debía presentarse sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el cargo y cuya falta daba lugar al rechazo por la causal 3.8 del acuerdo de la convocatoria, no obstante, dicho requerimiento fue convalida do con la firma del cuadernillo de la prueba , en el que había una manifestación predeterminada sobre dicho aspecto.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Precisó que de conformidad con el artículo 9 del Decreto 019 de 10 de enero 20122, cuando se esté tramitando una actuación ante una entidad, esta no puede exigir documentos que ya reposen en sus archivos.

2 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.5

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innecesarios existentes en la Administración Pública”.5

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Mencionó que de entenderse que el requisito aludido solo se podía acreditar con el documento PDF, debe advertirse que se trata de un exceso ritual manifiesto que conlleva la inaplicación de la justicia material.

Resaltó que , en un anterior concurso, al resolver solicitudes de verificación de documentos interpuestas contra la Resolu ción CJRES14-8 del 27 de enero de 2014, la accionada permitió la admisión de concursantes que acreditaron el cumplimiento de requisitos a través de la petición aludida.

Destacó que, en la medida que el proceso de selección sigue en trámite, los mecanismos ordinarios de defensa serían ineficaces para la protección de las garantías deprecadas.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] TUTELAR mis derechos fundamentales al mérito, al acceso a cargos públicos, a la igualdad y al debido proceso. En consecuencia, ORDENAR a la Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura que disponga mi ADMISIÓN a la etapa subsigui ente de la Convocatoria Nro. 27[…]”6

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ADMISIÓN a la etapa subsigui ente de la Convocatoria Nro. 27[…]”6

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I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL solicitó denegar el amparo deprecado por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Apuntó que de conformidad con el artículo 85 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia le corresponde reglamentar la carrera judicial, por lo que expidió el Acuerdo PCSJA18 -11077 de 16 de agosto de 2018, para adelantar el concurso de méritos al que alude el actor.

Señaló que con las inscripciones al concurso los aspirantes manifestaban que se encontraban conforme s con las normas establecidas en el acuerdo de la Convocatoria, sin que hasta el momento curse una demanda contenciosa por el asunto aquí debatido.

Añadió que, en efecto, conforme con los numerales 1.1 y 2.4 del artículo 3 del acuerdo aludido , como requisito de la inscripción, los concursantes debían anexar un documento escaneado y cargado en formato PDF en el que manifestaran bajo juramento no estar incursos7

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formato PDF en el que manifestaran bajo juramento no estar incursos7

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en causal de inhabilidad o incompatibilidad, por lo que no hacerlo era causal de rechazo conforme con el numeral 3.5 de la misma norma.

Expuso que no puede predicarse un trato desigual frente al requisito establecido en el numeral 3.8 de la norma indicada, r elativo a la manifestación sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos que fue convalidado con la firma del cuadernillo de las pruebas, porque la exigencia de la declaración de inexistencia de impedimentos e inhabilidades en documento PDF fue establecida de forma expresa.

Adujo que tampoco es procedente dar validez a otros documentos que el actor haya podido presentar en otras convocatorias, porque cada proceso se administra de forma independiente, de cara a su propia regulación, sin que sea válido acu dir a otro tipo de criterios para entender subsanada dicha exigencia.

Comentó que los actos administrativos implicados gozan de presunción de legalidad, por lo que el actor cuenta con los mecanismos ordinarios para cuestionarlos y, en consecuencia, la acción de tutela carece del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad para abordar el estudio del fondo del asunto.8

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subsidiariedad para abordar el estudio del fondo del asunto.8

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I.5.2.- La señora PILI NATALIA SALAZAR SALAZAR, con ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de selección origen de la controversia, puso de presente que también es aspirante en la Convocatoria núm. 27 y manifestó que intervenía con el fin de coadyuvar las pretensiones del actor.

Indicó que, en su sentir, la autoridad accionada “[…] desconoció varias normas del ordenamiento jurídico y algunas reglas de la convocatoria, entre las más groseras, desconoce el pri ncipio de equivalente funcional (artículo 6 de la Ley 527 de 1999) de la misma manera que el principio de neutralidad tecnológica, mediante los cuales la Corte Constitucional estableció que los mensajes de datos deben ser tratados de la misma forma como lo s escritos en papel […]”.

Destacó que la procedencia de la presente acción constitucional “[…] se secunda por tratarse lo denunciado de un error grosero de la administración, superlativo y mayúsculo, ya que abrupta y paladinamente, viene socavando el ordenamiento jurídico […]”.

I.5.3.- La señora JESSICA TATIANA GÓMEZ MACÍAS allegó un9

administración, superlativo y mayúsculo, ya que abrupta y paladinamente, viene socavando el ordenamiento jurídico […]”.

I.5.3.- La señora JESSICA TATIANA GÓMEZ MACÍAS allegó un9

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correo electrónico en el que señaló que intervenía en el presente asunto como tercera con interés directo en las resultas del proceso, conforme con el memorial que anexaba.

No obstante, de acuerdo con el soporte de recibo del correo electrónico y, en particular, de la constancia que dejó Secretaría en el índice 10 del expediente digital en SAMAI3, se advierte que aquella no allegó ningún documento adjunto.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

3 “Se deja constancia que no se allega documento adjunto”.10

Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

3 “Se deja constancia que no se allega documento adjunto”.10

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Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerad os o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo proce de cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sala se pronunciará respecto de la solicitud de coadyuvancia presentada por la señora PILI NATALIA SALAZAR SALAZAR y la intervención de la señora

JESSICA TATIANA GÓMEZ MACÍAS.

4 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».11

JESSICA TATIANA GÓMEZ MACÍAS.

4 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».11

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La coadyuvancia está prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, en el cual se establece que las personas que tengan un interés legítimo en el resultado del proceso también pueden intervenir en el mismo para coadyuvar u oponerse a las pretensiones de la demanda.

Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto 306 de 19 de febrero de 1992 6, prevé que las personas que tengan relación sustancial con una de las partes del proceso pueden intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia.

A propósito de la Convocatoria núm. 27, en sentencia SU 067 de 24 de febrero de 2022, con ponencia de la Magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones en relación con la figura de la coadyuvancia e intervinientes en este tipo de asuntos, así:

“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en los procesos bajo revisión

en relación con la figura de la coadyuvancia e intervinientes en este tipo de asuntos, así:

“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en los procesos bajo revisión

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 6 “Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.12

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75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al análisis anunciado, la Sala Plena encuentra necesario analizar un asunto previo, que incide en los efectos de la decisión que habrá de adoptarse en esta oportunidad. Esta cuestión tiene origen en la ingente cantidad de intervenciones que se han presentado, durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo revisión, por personas que se encuentran en una situación similar a la de los demandantes.

76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El inciso segundo del artículo trece del Decreto 2591 de 1991 establece que la persona que tenga «un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él», para respaldar las pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela [32]. La jurisprudencia constitucional ha definido la coadyuvancia en los procesos de tutela como «la participación de un tercero con interés en el

pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela [32]. La jurisprudencia constitucional ha definido la coadyuvancia en los procesos de tutela como «la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela»[33]. En este sentido, ha considerado que los coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a estas[34].

77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de tutela, que se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertido que la coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien actúa empleando este título lo hace p ara coadyuvar las pretensiones de una parte, no puede actuar en contra de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte , pues de la esenci a de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos

valer pretensiones propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36].13

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De lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se encuentran sometidas a límites, que surgen de la propia naturaleza de la institución procesal que permite su intervención en la causa judicial.

78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por la vía de la coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso analizar la posibilidad de modificar, por esta vía, el problema jurídico planteado en la acción de tutel a, mediante la formulación de argumentos y razonamientos distintos a los planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la Sentencia T -1062 de 2010. En dicha ocasión, la Corte conoció una acción de tutela que fue coadyuvada por terceros que tenían un interés legítimo en la decisión. En calidad de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los que fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones específicas, que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. A l analizar este asunto, la Corte manifestó lo

siguiente:

fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones específicas, que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. A l analizar este asunto, la Corte manifestó lo siguiente:

[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia [énfasis fuera de texto].

79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte acotó en los siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo esa calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones que hace la parte demandante […], razón por la cual, el pronunciamiento que se emita por part e de esta Sala de Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se pronunciará respecto de aquellos que difieran o no hagan parte en ésta » [énfasis14

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fuera de texto].

80. Conclusión en el caso concreto. Durante el trámite de instancia de los expedientes T -8.252.659 y T -8.258.202, se recibió un número ingente de escritos de personas que coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran mayoría, se trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes, superaron la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el 2 de diciembre de 2018. Los intervinientes manifestaron su respaldo a las pretensiones formuladas en los procesos bajo revisión, plantearon diversos argumentos contra la Resolución CJR20-0202, solicitaron la práct ica de pruebas y el reconocimiento de dictámenes periciales preparados por ellos y reclamaron la extensión de los efectos de esta providencia, a través de los dispositivos establecidos con dicho propósito por la jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).

81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de coadyuvante tiene vedado «realizar planteamientos distintos […] que difieran de los hechos por el demandante»[37], la Sala Plena centrará su atención en los argumentos planteados en las cuatro acciones de tutela que aquí se revisan. Por consiguiente, en cuanto a las peticiones elevadas por los intervinientes, únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder la extensión de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe ser res uelta como consecuencia de la jurisprudencia

cuanto a las peticiones elevadas por los intervinientes, únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder la extensión de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe ser res uelta como consecuencia de la jurisprudencia constitucional que impone este remedio cuando el principio de igualdad así lo exige […]”. (Destacados originales)

Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a estas, más no para hacer valer sus propias demandas.15

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Además, en los asuntos en los que se presenten coadyuvancias o intervenciones, el estudio de los casos solo debe limitarse a los fundamentos formulados por las partes, sin que haya lugar a pronunciarse respecto de aquellos que difieran o no hagan parte de sus argumentaciones.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que aceptará la solicitud de coadyuvancia de la señora PILI NATALIA SALAZAR SALAZAR , comoquiera que su intervención está encaminada a apoyar la solicitud de amparo de la referencia, no obstante, el análisis del caso versará sobre los argumentos planteados por el actor , como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

solicitud de amparo de la referencia, no obstante, el análisis del caso versará sobre los argumentos planteados por el actor , como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En relación con la señora JESSICA TATIANA GÓMEZ MACÍAS , la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno, comoquiera que no allegó el documento anexo, con el cual sostuvo que fundamentaría su intervención.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,16

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al acceso a cargos públicos y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL al expedir la Resolución núm. CJR23 -0061 de 8 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión de la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

A través de la referida decisión la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL rechazó del referido concurso al actor, bajo el argumento de que no aportó en documento independiente, escaneado y en formato PDF la declaración juramentada de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades, conforme con las normas que regulan la convocatoria.

aportó en documento independiente, escaneado y en formato PDF la declaración juramentada de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades, conforme con las normas que regulan la convocatoria.

La controversia deviene del hecho de que el actor estima que, si bien no aportó el documento aludido, el requisito puede tenerse por cumplido a través de otras vías, partiendo del hecho de que ha participado en otras convocatorias de la Rama Judicial en las que ya lo ha aportado, además de que para la fecha de inscripción era empleado judicial.17

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Además, el actor cuestiona la exigencia del referido requisito bajo el argumento de que constituye un exceso ritual manifiesto, además porque asegura haber cumplido con la exigencia al aceptar y llenar algunas de las casillas del formulario electrónico en tal sentido.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, de terminar si la autoridad accionada vulneró los derechos deprecados por el actor, al expedir la Resolución núm. CJR26-0061 de 8 de febrero de 2023, en cuanto se le rechazó del concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27.

al expedir la Resolución núm. CJR26-0061 de 8 de febrero de 2023, en cuanto se le rechazó del concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27.

De la impr ocedencia de la acción de tutela por carencia del requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales , salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un18

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perjuicio irremediable . La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su efi cacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un carácter excepcional y subsidiario , pues solo es procedente cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario, afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría intervenir, pero únicamente para la prote cción de los derechos fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo19

Número único de radicación: 110010315000 2023 01852 00

Actor: VICTOR HUGO VÉLEZ FUENTES

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contrario « deberá declarar la improcedencia de la acción de amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer del fondo del asunto.»7 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

En relación con la Convocatoria núm. 27 y la procedencia de la acción de tutela para cuestionar sus actos administrativos, en la sentencia SU 067 de 24 de febrero de 2022, la Corte Constitucional precisó:

“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de tutela no es, en principio, el medio adecuado para reclamar la protección de los derechos fundamentales

SU 067 de 24 de febrero de 2022, la Corte Constitucional precisó:

“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de tutela no es, en principio, el medio adecuado para reclamar la protección de los derechos fundamentales cuando estos resultan infringidos por la expedición de un acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una línea jurisprudencial pacífica y reiterada [52]. Su fundamento s