CE - 010315000202301878001SENTENCIA20230609000000

Radicación: 11001 03 15 000 2023 01878 00

Accionante: Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 01878 00

Accionantes: YASMIRIS JUDITH AVILEZ DE RODRÍGUEZ Y OTROS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA SEGUNDA

DE DECISIÓN

Tesis: No i ncurre en violación de derechos fundamentales la sentencia que declara probada la caducidad del medio de control de reparación directa en aplicación del precedente que se profirió con posterioridad a la interposición de la demanda ordinaria.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez y otros contra e l Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los señor es Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez , César Emilio Rodríguez Avilez, Wilmer Alberto Rodríguez Avilez, Cristian Rafael

Segunda de Decisión.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los señor es Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez , César Emilio Rodríguez Avilez, Wilmer Alberto Rodríguez Avilez, Cristian Rafael Rodríguez Avilez y Erika Paola Rodríguez Avilez solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, que estimaron vulnerados con ocasión de la sentencia de noviembre 23 de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, que confirmó el fallo del 17 de noviembre de 2021 , proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo, que declaró probada la caducidad delRadicación: 11001 03 15 000 2023 01878 00

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medio de control de reparación directa promovida contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional1.

1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela los demandantes manifestaron que, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, presentaron demanda de reparación directa con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados por la muerte del señor Rodrigo Antonio Avilez Salgado, que tuvo lugar durante un supuesto combate con las Fuerzas Militares, aunque en realidad se trató de uno de

obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados por la muerte del señor Rodrigo Antonio Avilez Salgado, que tuvo lugar durante un supuesto combate con las Fuerzas Militares, aunque en realidad se trató de uno de los crímenes conocidos como “falsos positivos”, es decir, de un crimen de lesa humanidad.

Dijeron que, mediante sentencia del 17 de noviembre de 2021, el Juzgado 4º Administrativo de Sincelejo declaró la caducidad del medio de control, en aplicación del precedente de unificación fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el fallo del 29 de enero de 2020.

Los demandantes manifestaron que , contra la anterior providencia, interpusieron el recurso de apelación , en el que resaltaron que el daño reclamado constituía un delito de lesa humanidad, por lo que no había lugar a declarar configurada la caducidad del medio de control.

Señalaron que el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2022 , confirmó el fallo recurrido, con fundamento en el criterio fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 29 de enero de 2020, en la que se unificó la jurisprudencia en relación con la caducidad de las demandas originadas en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y sostuvo que en esos casos el término correspondiente empieza a correr cuando se superen las situaciones que puedan impedir el ejercicio del derecho de acción.

1.3. Alegaron que en el asunto bajo examen se presentó una irregularidad procesal que tiene un efecto determinante en la sentencia objeto de

a correr cuando se superen las situaciones que puedan impedir el ejercicio del derecho de acción.

1.3. Alegaron que en el asunto bajo examen se presentó una irregularidad procesal que tiene un efecto determinante en la sentencia objeto de

1 Proceso que se identificó con el radicado 70001-33-33-004-2019-00357-01.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01878 00

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tutela, pues el tribunal aplicó con efectos retrospectivos el precedente jurisprudencial fijado en la sentencia del 29 de enero de 2020 , sin tener en cuenta que en el año 2019, cuando se interpuso la demanda , la jurisprudencia señalaba que no había lugar a declarar la caducidad en casos de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra , razón por la cual en ese momento la argumentación de la parte actora se centró precisamente en demostrar que el daño reclamado correspondía a una de tales circunstancias, y no a cumplir los parámetros que luego estableció el fallo de unificación.

Además, la sentencia del 29 de enero de 2020 no dijo nada sobre sus efectos temporales, silencio que puede interpretarse de las siguientes maneras: (i) que la decisión solo aplica a los procesos iniciados con posterioridad a su expedición, es decir, que tiene efectos prospectivos, o (ii) que aplica desde el momento en el que fue proferida a los casos que

maneras: (i) que la decisión solo aplica a los procesos iniciados con posterioridad a su expedición, es decir, que tiene efectos prospectivos, o (ii) que aplica desde el momento en el que fue proferida a los casos que se encontraban en curso y a los iniciados luego de su expedición, lo que significa que tiene efectos retrospectivos.

En la última interpretación referenciada, que fue la que acogió el fallo de noviembre 23 de 2022 , los efectos de la decisión resultan nocivos e injustos, porque sorprenden a quienes venían siguiendo los lineamientos jurisprudenciales antes vigentes, situación que implica desconocimiento de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, ponente de la providencia cuestionada, manifestó que ésta se basó en el criterio expuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y por la Corte C onstitucional en la sentencia SU-312 de 2020, las cuales señalaron que, de acuerdo con criterios de constitucionalidad y convencionalidad, cuando se reclama la responsabilidad administrativa por hechos derivados de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, el término de la caducidad debeRadicación: 11001 03 15 000 2023 01878 00

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computarse desde el momento en el que las víctimas tienen los medios suficientes para inferir que el Estado tuvo participación en la producción del daño, y que ese plazo no se computa mientras subsistan situaciones especiales que impidan presentar la demanda.

Señaló que, en el caso concreto, los demandantes tuvieron conocimiento de la muerte del señor Avilez Salgado desde el momento de su ocurrencia, lo que acaeció en el mes de febrero de 2008, por lo que la caducidad se extendió hasta febrero de 2010. A demás, mediante sentencia de 22 de mayo de 2012 , se condenó penalmente al miembro de las Fuerzas Militares Iván Darío Contreras Pérez como responsable por tales hechos, de manera que en esa fecha los accionantes confirmaron la participación del Estado en el daño y, en consecuencia, en 2019, cuando presentaron la demanda, ya había operado la caducidad del medio de control.

2.2. La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional alegó que en este caso sí se produjo la caducidad del medio de control de reparación directa porque el registro de defunción del señor Avilez Salgado señala que la muerte se produjo el 23 de julio de 2008, y porque el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, mediante decisión de mayo 22 de 2012, declaró la responsabilidad de agentes de la fuerza pública por tales hechos.

23 de julio de 2008, y porque el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, mediante decisión de mayo 22 de 2012, declaró la responsabilidad de agentes de la fuerza pública por tales hechos.

Señaló que , al llegar el momento de decidir el asunto en segunda instancia, ya se había proferido la sentencia de unificación de fecha 29 de enero de 2020 y ésta ya era de obligatorio cumplimiento para el tribunal demandado, máxime cuando, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, las variaciones jurisprudencial es deben aplicarse de forma general e inmediata.

Sostuvo que en el Estatuto de Roma existen delitos de lesa humanidad que se consideran imprescriptibles, pero que esa premisa no puede ser aplicada de forma automática en el ordenamiento jurídico interno, pues ni la Constitución Política ni el Código Penal establecen delitos que sean absolutamente imprescriptibles. Además, precisó que la CorteRadicación: 11001 03 15 000 2023 01878 00

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Constitucional ha señalado que no todo el contenido del Estatuto de Roma pertenece al bloque de constitucionalidad.

Arguyó que los cargos invocados por la parte act ora contra la decisión controvertida equivalen a una tutela contra una sentencia de unificación, lo cual es improcedente.

2.3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

controvertida equivalen a una tutela contra una sentencia de unificación, lo cual es improcedente.

2.3. El Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. Los señores Yasmiris Judith Avilez de Rodríguez, Cesar Emilio Rodríguez Avilez, Wilmer Alberto Rodríguez Avilez, Cristian Rafael Rodríguez Avilez y Erika Paola Rodríguez Avilez presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de obtener la indemnización de los p erjuicios ocasionados por la muerte del señor Rodrigo Antonio Avilez Salgado, que, según relataron, tuvo lugar el 8 de enero de 2008, en zona rural del municipio de Corozal (Sucre) a manos de miembros de las Fuerzas Militares, en un supuesto combate que se habría producido en ejecución de la operación Escorpión, al cabo del cual la víctima fue presentada como guerrillero muerto en combate.

En la demanda ordinaria, la parte actora alegó que en la investigación

de la operación Escorpión, al cabo del cual la víctima fue presentada como guerrillero muerto en combate.

En la demanda ordinaria, la parte actora alegó que en la investigación penal se demostró que el señor Avilez Salgado había sido víctima de uno de los crímenes conocidos como “falsos positivos”, pues la prueba pericialRadicación: 11001 03 15 000 2023 01878 00

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encontró que, pese a que en el lugar en el que yacía el cuerpo había dos (2) armas de fuego y munición , la trayectoria de los proyectiles no coincidía con la posición desde la cual los uniformados afirmaron haber disparado. En tal sentido, advirtieron que, por tales hechos, fue condenado penalmente el señor Iván Darío Contreras Pérez por el punible de homicidio agravado en calidad de coautor, e n concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir agravado.

Con fundamento en lo anterior, dijeron que los hechos objeto de la demanda constituían un delito de lesa humanidad, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no había lugar a declarar la caducidad del medio de control.

3.2.2. Mediante sentencia del 17 de noviembre de 2021, el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo declaró probada la cad ucidad del medio de control, teniendo en cuenta que el fallecimiento del señor Avilez

3.2.2. Mediante sentencia del 17 de noviembre de 2021, el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo declaró probada la cad ucidad del medio de control, teniendo en cuenta que el fallecimiento del señor Avilez Salgado se produjo el 23 de julio de 20082 y que la solicitud de conciliación extrajudicial solo se presentó hasta el 20 de junio de 2019. Para llegar a la anterior conclusión, aplicó el precedente de unificación fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el fallo del 29 de enero de 2020.

3.2.3. Los demandantes apelaron la anterior decisión y reiteraron que el daño reclamad o se derivaba de la comisión de un delito de lesa humanidad y una grave violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), por lo que no había lugar a declarar la caducidad. Además, señalaron que, como consecuencia de los hechos denunciados, ellos sufrieron desplazamiento forzado, lo cual “pudo haber impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción”.

3.2.4. E l Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2022, confirmó la providencia

2 No obstante, en la demanda de reparación directa se dijo que la muerte se había producido el 8 de enero de 2008, y en la sentencia de segunda instancia del 23 de noviembre de 2022 que puso fin a este proceso se dijo

que, de acuerdo con el registro civil de defunción, esta había tenido lugar en el mes de febrero de 2008.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01878 00

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recurrida, con fundamento en el precedente de unificación fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el fallo del 29 de enero de 2020 y por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-312 de 2020, que señalaron que el término de la caducidad de las demandas en las que se reclama la responsabilidad por hechos relacionados con delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra empieza a correr cuando se tiene conocimiento de la participación del Estado en los hechos y se encuentran superadas las situaciones que puedan impedir el ejercicio del derecho de acción.

Con base en lo anterior, adujo que los demandantes tuvieron conocimiento de que la víctima había muerto por acción de las Fuerzas Militares desde el día en que se produjo su deceso, por lo que, a partir de ese mismo momento , podían acudir a la administración de justicia mediante la demanda de reparación directa.

3.2.5. La parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por la providencia del 23 de noviembre de 2022.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por la providencia del 23 de noviembre de 2022.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

3.3.1.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instr umento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

En ese orden de ideas, la Sala analizará si se cumplen los requisitos generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedenciaRadicación: 11001 03 15 000 2023 01878 00

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de la acción de tutela formulada por la parte actora contra el fallo del 23 de noviembre de 2022 dictad o por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, que confirmó el fallo emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo el 17 de noviembre de 2021, que declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa instaurada contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3.

Cuarto Administrativo de Sincelejo el 17 de noviembre de 2021, que declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa instaurada contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3.

3.3.1.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional en controversias relacionadas con delitos de lesa humanidad

En primer lugar, es importante recordar que en el precedente proceso ordinario la parte actora reclamó la responsabilidad del Estado, derivada de la muerte del señor Rodrigo Antonio Avilez Salgado, que tuvo lugar a manos del Ejército Nacional en uno de los hecho conocidos como “falsos positivos”, es decir, como consecuencia de un delito de lesa humanidad, pese a lo cual la autoridad judicial accionada declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa , con fundamento en el precedente fijado por la Sala Plena de la Sección Terce ra del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera importante traer a colación el concepto de delito de lesa humanidad, precisado en forma reiterada por la Corte Suprema de Justicia4, así:

“Cuando nos referimos a los crímenes de lesa humanidad, hablamos de infracciones graves al derecho internacional de los derechos humanos, que ofenden la conciencia ética de la humanidad y niegan la vigencia de las normas indispensables para la coexistencia humana. En ese sentido, el efecto del delito de lesa humanidad tiene dos dimensiones: por un lado inflige un daño directo a un grupo de personas o a un colectivo con características étnicas, religiosas o

En ese sentido, el efecto del delito de lesa humanidad tiene dos dimensiones: por un lado inflige un daño directo a un grupo de personas o a un colectivo con características étnicas, religiosas o políticas y, por otro lado, causa un daño por la vía de la representación a toda la humanidad. En la segunda dimensión, la naturaleza del acto lesivo es de tal magnitud, que la humanidad se hace una representación del daño, evocando el dolor y el sufrimiento que provocaron dicho tipo de actos a otros seres humanos, presumiéndose que esos hechos socavan la dignidad misma de los individuos por la

3 Radicado 70001-33-33-004-2019-00357-01. 4 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Auto de 21 de septiembre de 2009, expediente 3 2022.

Igualmente véase: sentencia de diciembre 3 de 2009, expediente 32672 caso Salvador Arana; auto de mayo 13 de 2010, expediente 33118 caso Masacre de Segovia y auto de diciembre 16 de 2010, expediente 33039.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01878 00

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sola circunstancia de ejecutarse a pesar de que no estén involucrados directamente los nacionales de otros países. Así entonces, el daño que produce el delito de lesa humanidad se traslada, por representación, a toda la comunidad internacional, constituyéndose en el límite de lo

directamente los nacionales de otros países. Así entonces, el daño que produce el delito de lesa humanidad se traslada, por representación, a toda la comunidad internacional, constituyéndose en el límite de lo soportable para la humanidad y el ser humano”. (Subrayas de la Sala).

De conformidad con lo anterior, se puede advertir que, cuando nos encontramos frente a la posible comisión de delitos de lesa humanidad y sus graves consecuencias, existe una relación directa con la vulneración de las garantías constitucionales representadas en los derechos fundamentales a la vida y dignidad humana.

Así, es claro para la Sala que, en los eventos en los que se alegue la posible violación de derechos fundamentales derivada de providencias judiciales que decidieron procesos sobre hechos eventualmente constitutivos de delitos de lesa humanida d, como ocurre en el presente caso con la muerte del señor Rodrigo Antonio Avilez Salgado, quien, según se alega, falleció a manos de miembros de la fuerza pública, tales hechos merecen un análisis detallado por parte de los jueces constitucionales, pues e s evidente su relevancia constitucional, al tratarse de hechos relacionados con el conflicto armado que por años ha padecido nuestro país, en el que han resultado afectados civiles en estado de indefensión.

En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el presente caso, aparece cumplido el requisito de la relevancia constitucional, en tanto que lo que se debate es la posible responsabilidad del Estado como consecuencia de la ocurrencia de hechos graves, posiblemente constitutivos de delitos de lesa humanidad; evento que, sin duda, podría comprometer derechos fundamentales, por lo cual la controversia

lo que se debate es la posible responsabilidad del Estado como consecuencia de la ocurrencia de hechos graves, posiblemente constitutivos de delitos de lesa humanidad; evento que, sin duda, podría comprometer derechos fundamentales, por lo cual la controversia planteada no se reduce a una discusión de mera legalidad, ni tampoco podría afirmarse que se pretende emplear la tutela como una instancia adicional a las del proceso ordinario.

Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta que la parte actora alegó la vulneración del derecho fundamental al debido proceso en que habría incurrido la providencia que declaró probada la caducidad de la acción de reparación directa, decisión que, sin duda alguna, tendría la virtualidadRadicación: 11001 03 15 000 2023 01878 00

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de afectar el derecho de acceso a la administración de justicia, garantía que hace parte del núcleo esencial del derecho invocado por los actores5, puesto que la decisión adoptada impide de manera absoluta la emisión de una sentencia de fondo que resuelva el caso planteado.

Por último, es importante señalar que , como se expondrá más adelante, en este caso estamos ante la posible vulneración del derecho a una vida digna, que es precisamente el que deriva de la eventual conducta de la autoridad pública cuando, dentro del contexto del conflicto armado, se le atribuye una conducta constitutiva de delito de lesa humanidad que afecta todo el entorno familiar, y tal atribución no es reconocida en la providencia

autoridad pública cuando, dentro del contexto del conflicto armado, se le atribuye una conducta constitutiva de delito de lesa humanidad que afecta todo el entorno familiar, y tal atribución no es reconocida en la providencia que se ataca.

Así, y como se explicó supra, estos hechos merecen la especial atención del juez constitucional, lo que habilita a la Sala para proceder con el estudio de los demás requisitos genéricos de procedibilidad.

3.3.1.1.2. Frente a los demás requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales

Previa verificación de las piezas documentales que componen el presente asunto constitucional, el d espacho encuentra cumplidos los demás requisitos generales de procedibilidad6, por las siguientes razones:

1. En relación con el requisito de la subsidiariedad, la Sala advierte que los accionantes agotaron el recurso de apelación contra la sentencia que declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa.

5 La jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso está integrado por las siguientes garantías mínimas: i) el principio de legalidad; ii) el principio del juez natural; iii) el derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio ; iv) el principio de favorabilidad; v) el derecho a la presunción de inocencia; vi) el derecho a la defensa; vii) derecho a la publicidad de las actuaciones procesales y la no dilatación injustificada de las mismas; viii) el derecho a presentar y controve rtir pruebas; ix) el derecho a impugnar las providencias; x) el principio de non reformatio in pejus; xi) el derecho a no

procesales y la no dilatación injustificada de las mismas; viii) el derecho a presentar y controve rtir pruebas; ix) el derecho a impugnar las providencias; x) el principio de non reformatio in pejus; xi) el derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o ciertos parientes; xii) el principio de independencia judicial; x iii) el derecho de acceso a la administración de justicia. Corte Constitucional, Sentencia T-248 de 2018 (M. P. Carlos Bernal Pulido). 6 Los presupuestos generales y especiales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales fueron sistematizados por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), postura luego acogida por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado mediante sentencia de 31 de julio de 2012 (C. P. María Elizabeth García González), expediente 11001-03-152009-01328-01, a partir de la cual se aceptó por este tribunal la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01878 00

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Además, si bien podría advertirse que, por tratarse de una sentencia que no se pronuncia de fondo, sería procedente invocar la falta de subsidiariedad por la presencia del recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que la Corte Constitucional ha reconocido la procedencia de tal

no se pronuncia de fondo, sería procedente invocar la falta de subsidiariedad por la presencia del recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que la Corte Constitucional ha reconocido la procedencia de tal recurso, con la consiguiente improcedencia de la tutela, cuando el derecho presuntamente vulnerado es únicamente el del debido proceso , pero no cuando el asunto involucra otros derechos fundamentales sustanciales, como lo son el de la vida digna y el de la reparación integral e n cabeza de personas afectadas por el conflicto armado, que, en tal condición, se encuentran en evidente estado de vulnerabilidad.

1. En igual sentido, la solicitud de amparo cumple con el requisito de inmediatez, pues, de acuerdo con la información reg istrada en el aplicativo SAMAI, la sentencia del proceso ordinario en segunda instancia se notificó 16 de diciembre de 20227 y la acción de tutela de la referencia se promovió el 17 de abril de 20238, es decir, antes de cumplirse los seis (6) meses que ha definido la jurisprudencia para controvertir providencias judiciales en sede constitucional.

1. Por otra parte, se advierte que en el asunto de la referencia no se discute una irregularidad procesal, y los accionantes identificaron de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados.

1. Finalmente, las providencias acusadas no se emitieron en desarrollo de una acción de tutela , sino dentro del proceso de reparación directa tramitado bajo el radicado número 70001-33-33-004-2019-00357-01.

Así, aparecen cumplidos los presupuestos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, por lo que, en consecuencia, la

tramitado bajo el radicado número 70001-33-33-004-2019-00357-01.

Así, aparecen cumplidos los presupuestos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, por lo que, en consecuencia, la Sala se encuentra habilitada para realizar el estudio del fondo del asunto.

7 Visible en el enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=700013333004201900 357017000123 8 Visible en el enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202301 878001100103Radicación: 11001 03 15 000 2023 01878 00

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3.3.2. El fondo del asunto

3.3.2.1. De la aplicación del precedente de unificación fijado con posterioridad a la interposición de la demanda ordinaria

La Sala observa que la aplicación en el caso bajo examen del criterio fijado en la sentencia de unificación de enero 29 de 2020, que ciertamente es posterior a la interposición de la demanda de reparación directa que precedió a esta acción , no constituye en sí mismo vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Lo anterior por cuanto, de una parte, lo