CE - 010315000202301880001SENTENCIA20230511171545

Demandantes: Jennifer Raquel Román Estarita y otros Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01880-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., once (11) de mayo dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01880-00

Demandantes: JENNIFER RAQUEL ROMÁN ESTARITA Y OTROS

Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Temas: Derecho fundamental de petición

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Las señoras Jennifer Raquel Román Estarita, Claudia Milena de Alba Castro, Jorge Mario Martínez Guillen y Miguel Enrique Hernández Barreto interpusieron acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis

Estadístico (en adelante UDAE) –, Unidad de Carrera Judicial y la Presidencia de la

de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (en adelante UDAE) –, Unidad de Carrera Judicial y la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico2.

2. Con la solicitud de amparo pretenden que se protejan su derecho fundamental de petición, que consideran vulnerado por falta de una respuesta clara, precisa, de fondo y congruente por parte de l as entidades accionadas, a la solicitud remitida el pasado 13 de marzo de 2023 por correo electrónico.

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021. 2La acción de tutela se presentó el 13 de abril de 2023 al correo electrónico tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co.Demandantes: Jennifer Raquel Román Estarita y otros Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01880-00

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2 1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de sus derechos, así:

PRIMERO: Que se nos tutele los derechos fundamentales al de PETICIÓN, dentro de la presente acción de tutela impetrada contra los accionados

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA PRESIDENCIA, UNIDAD DE

DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO - UDAE, UNIDAD DE CARRERA

JUDICIAL, y PRESIDENCIA SALA ADMINISTRATIVA CSJ SECCIONAL

BARRANQUILLA.

DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO - UDAE, UNIDAD DE CARRERA

JUDICIAL, y PRESIDENCIA SALA ADMINISTRATIVA CSJ SECCIONAL

BARRANQUILLA.

SEGUNDO: Como consecuencia de la primera pretensión anterior, solicitamos respetuosamente que se sirvan a ORDENAR a los entes accionados CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA PRESIDENCIA, UNIDAD DE DESARROLLO

Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO - UDAE, UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL, y PRESIDENCIA SALA ADMINISTRATIVA CSJ SECCIONAL BARRANQUILLA, a través de sus Representantes Legales y/o quien haga sus veces en uso de las atribuciones inherentes al cargo, procedan sin dilatación alguna, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas con tados a partir de la notificación de la sentencia, expidan y notifiquen una Resolución de fondo, claro, completo y detallado, a nuestro derecho de petición radicado vía E -Mail en fecha 13 de marzo de 2023, hora 08:51 AM.

TERCERO: Que se PREVENGA a los entes accionados CONSEJO SUPERIOR

DE LA JUDICATURA PRESIDENCIA, UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS

ESTADÍSTICOUDAE, UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL, y PRESIDENCIA SALA ADMINISTRATIVA CSJ SECCIONAL BARRANQUILLA, a través de sus Representantes Legales y/o quien haga sus veces en uso de las atribuciones inherentes al cargo, en ningún caso vuelva a incurrir en conductas que atenten contra el derecho fundamental al de petición y en el futuro, den respuesta efectiva a los derechos de petición radicados ante la entidad, de ntro del término

inherentes al cargo, en ningún caso vuelva a incurrir en conductas que atenten contra el derecho fundamental al de petición y en el futuro, den respuesta efectiva a los derechos de petición radicados ante la entidad, de ntro del término estipulado por la ley.

CUARTO: Se nos remita respetuosamente el link del expediente de la presente acción constitucional, a fin de estar enterado de todas las actuaciones llevadas a cabo, especialmente a los informes presentados por las accionadas. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

5. Mediante Acuerdo CSJATA17 -647 del 6 de octubre de 201 7 el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico dispuso adelantar proceso de selección y convocar a concurso de méritos para la conformación del Registro Seccional de

Elegibles para la provisión de cargos de empleados de carrera de Tribunales, Juzgados, Centros de Servicios Oficinas de Servicios y Apoyo.Demandantes: Jennifer Raquel Román Estarita y otros Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01880-00

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6. Entre los cargos que fueron convocados a concurso por dicho acto administrativo, se dispuso el de citador de juzgado municipal grado 3.

7. En Resolución CSJATR21 -1318 del 21 de mayo de 2021 , confirmada en

6. Entre los cargos que fueron convocados a concurso por dicho acto administrativo, se dispuso el de citador de juzgado municipal grado 3.

7. En Resolución CSJATR21 -1318 del 21 de mayo de 2021 , confirmada en Resolución CSJATR21 -3487 del 4 de noviembre de 2021, se publicó el Registro Seccional de Elegibles para el cargo de citador de juzgado municipal grado 3, en atención al concurso de méritos referido en el numeral anterior.

8. Con posterioridad , e l Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-12028 el 19 de diciembre de 2022 , por medio del cual dispuso la creación de cargos permanentes en algunos tribunales y juzgados de la jurisdicción ordinaria en el territorio nacional.

9. Señaló la parte accionante que se ofertaron con planta completa empleados de los juzgados de;

1. dos (2) de pequeñas causas y competencias múltiples de Barranquilla; 2. dos (2) penales municipales con función de conocimiento de Barranquilla; 3. un (1) penal municipal con funciones mixtas de soledad; 4. un (1) juzgado promiscuo municipal de Galapa; 5. un (1) promiscuo municipal de Puerto Colombia.

10. Refiere que, al observar la conformación de los juzgados indicados, no estaba el cargo de citador de juzgado municipal grado 3, frente al cual existe lista vigente en la Seccional Atlántico. Por el contrario, estaba el cargo de asistente judicial grado 6.

11. Con fundamento en lo anterior, en petición fechada el 13 de enero de 2023 los accionantes solicitaron ante la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura,

11. Con fundamento en lo anterior, en petición fechada el 13 de enero de 2023 los accionantes solicitaron ante la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura,

Unidad de Carrera Judicial, y la Presidencia Sala Administrativa del Consejo Seccional Barranquilla información relacionada con los cargos de citador municipal grado 3 y asistente judicial grado 6 de los juzgados referidos en el numeral 9.

12. Con ocasión al fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Laboral, en el trámit e de la tutela por vulneración al derecho de petición con radicado N.º 08-001-22-05-000-2023-00065-00, la UDAE dio respuesta a la solicitud el 10 de marzo de 2023 mediante oficio UDAEO23-597.

13. No obstante, tras considerar que los cuestionamientos no fueron resueltos de fondo, de manera clara y detallada, los accionantes dirigieron nueva petición el 13 de

marzo de 2023 ante el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Carrera Judicial, la UDAE, y Presidencia S ala Administrativa del Consejo Seccional Atlántico, solicitando:

13.1. Remitir el supuesto estudio técnico y el concepto de la ComisiónDemandantes: Jennifer Raquel Román Estarita y otros Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01880-00

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4 Interinstitucional de la Rama Judicial, por la cual la UD AE se fundamentó

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4 Interinstitucional de la Rama Judicial, por la cual la UD AE se fundamentó para crear los cargos de asistente judicial grado 6 y no el de citador juzgado municipal grado 3. 13.2. Que en caso de que le remitan lo anterior, fundamenten las razones de ley por las cuales denegaron las solicitudes del derecho de petición del 1 3 de enero de los corrientes a través de Oficio UDAEO23-587. 13.3. Remisión de la norma, ley, acuerdo, que niegue de manera clara y expresa que el cargo de asistente judicial grado 6, (sic) además de ocuparse en los juzgados civiles del circuito y municipales, del circuito judicial de Barranquilla, también se deben de ocupar en los juzgados de especialidades como penal, con categoría municipal, civiles y laborales de categorías de pequeñas causas y competencia múltiple y los juzgados promiscuos municipales en su seccional común. 13.4. Que si no hay respuesta frente a las 3 ante riores peticiones, corregir el acuerdo PCSJA22-12028 de fecha 19 de diciembre de 2022, en el entendido que se haga la aclaración de la conformación del cargo citador municipal grado 3, en los jugados descritos en el numeral 9 de esta providencia. 13.5. Que informen de fondo, de manera clara y detallada las diferencias entre los cargos citador juzgado municipal grado 3 y asistente judicial grado 6, en cuanto a: i) salario y grado; ii) nivel; iii) funciones; iv) especialidad y categoría

cargos citador juzgado municipal grado 3 y asistente judicial grado 6, en cuanto a: i) salario y grado; ii) nivel; iii) funciones; iv) especialidad y categoría del juzgado o dependencia judicial por el cual le es asignado para proveer o ser ocupado en seccional atlántico. 13.6. De manera urgente, se le dé impulso a la decisión con el fin de evitar una decisión irrisoria o ilusoria que ocasione un grave perjuicio irremediable. 13.7. Aunado a lo anterior, suspender la oferta del cargo asistente judicial grado 6 en los juzgados nuevos creados en el acuerdo PSJA22 -12028 del 19 de diciembre de 2022, hasta que se resuelva de fondo el derecho de petición. 13.8. Que las respuestas sean claras, de fondo, detalladas , congruentes y completas frente a cada uno de los puntos solicitados.

14. El mismo día, esto es, el 13 de marzo de 2023 la Unidad de Carrera Judicial remitió por competencia la petición a la UDAE.

15. En oficio CSJAT023 -873 del 10 de abril de 2023, la Presidencia Sala Administrativa del Consejo Seccional Barranquill a respondió el derecho de p etición incoado por la parte actora. En dicho oficio, se pronunció sobre los puntos presentados

por los peticionarios y señaló que le daría traslado del referido a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

16. A criterio de la part e actora , la Presidencia Sala Administrativa del Consejo Seccional Barranquilla no se pronunció sobre el punto N.º 5 de la petición, relacionado con las diferencias entre los cargos de citador municipal grado 3 y asistente judicial

16. A criterio de la part e actora , la Presidencia Sala Administrativa del Consejo Seccional Barranquilla no se pronunció sobre el punto N.º 5 de la petición, relacionado con las diferencias entre los cargos de citador municipal grado 3 y asistente judicial grado 6. Aunado a ello, precisó que ninguna de las entidades ha n otorgado una respuesta en los términos de ley, pese a que el término para tal efecto ha vencido.Demandantes: Jennifer Raquel Román Estarita y otros Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01880-00

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5 1.4. Fundamentos de la solicitud

17. A juicio de la parte accionante, las entidades accionadas transgredieron su derecho fundamental de petición por cuanto, a la fecha de presentación de esta acción constitucional no se han pronunciado de fondo, de manera clara, completa y detallada sobre sus peticiones.

1.5. Trámite de la acción

18. La parte actora radicó la solicitud de amparo constitucional el 13 de abril de 2023, correspondiéndole el asunto al Tribunal Superior de Atlántico Sala Laboral.

19. Mediante providencia del 17 de abril de 2023 dicha autoridad judicial dispuso no aprehender conocimiento de la acción de tutela por factores de competencia. En consecuencia, ordenó su remisión al Consejo de Estado.

20. Por lo anterior, en providencia del 19 de abril de 2023, el despacho ponente

aprehender conocimiento de la acción de tutela por factores de competencia. En consecuencia, ordenó su remisión al Consejo de Estado.

20. Por lo anterior, en providencia del 19 de abril de 2023, el despacho ponente admitió la acción constitucional de la referencia y ordenó notificar como accionados al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

(UDAE) –, Unidad de Carrera Judicial y a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico. Ello, en la medida a que de dichas entidades se predica la trasgresión de las garantías constitucionales de la parte actora.

21. Remitidas las respectivas comunicaciones3, se presentaron las siguientes:

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial

22. Refirió que no ha vulnerado el derecho invocado, pues la UDAE mediante oficio UDAEO23-957 remitido el 26 de abril de 2023 a los peticionarios a lo s correos electrónicos jergeelg@hotmail.com, jeroes15@hotmail.com,

shema1979@hotmail.com, jhernandez95202010@hotmail.com dio respuesta a las peticiones relacionadas con la creación de cargos de citador grado 3 y asistente judicial grado 6.

23. En relación con el punto 7 del derecho de petición, señaló que se trataba de una petición reiterativa que remitió por competencia al Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico a través de Oficio CJO23-535 del 14 de febrero de2023, situación que , a su vez, fue informada a los peticionarios mediante Oficio CJO23-536 del 14 de febrero

de Atlántico a través de Oficio CJO23-535 del 14 de febrero de2023, situación que , a su vez, fue informada a los peticionarios mediante Oficio CJO23-536 del 14 de febrero de 2023 a los correos electrónicos anotados.

3 Mediante oficios del 21 de abril de 2023. Cfr.: Índice SAMAI Nro.8.Demandantes: Jennifer Raquel Román Estarita y otros Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01880-00

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24. Indicó que dicha autoridad por medio Oficio CSJATO23-526 del 22 de febrero de 2023 brindó respuesta a la referida petición, la cual fue notificada mediante correo electrónico del 9 de marzo de 2023.

25. De igual manera, arguyó que ese punto fue contestado por esa unidad en oficio CJO23-2643 de l 25 de abril de 2023, remitido en esa misma fecha a los correos electrónicos anotados.

26. Por consiguiente, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela al encontrarse configurada la carencia actual de objeto por hecho superado.

1.6.2. Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico

27. Manifestó que el 13 de marzo de 2023 dio traslado del derecho de petición a «la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE, Presidencia Sala Administrativa

Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Carrera Judicial».

Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico – UDAE, Presidencia Sala Administrativa Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Carrera Judicial».

28. Con relación al punto 5 de la solicitud, señaló que el escrito de tutela refiere que la respuesta no fue brindada por la presidencia Sala Administrativa Consejo Superior

de la Judicatura Seccional Atlántico.

29. Señaló que dentro del término previsto por el numeral 2° del articulo 14 de la Ley 1755 de 2015 procedió a complementar la respuesta dada a los accionantes en lo que concierne al punto 6, indicando que daría traslado para su competencia a la oficina de recursos humanos en lo que atañe a las diferencias entre los cargos de citador juzgado municipal grado 3 y asistente judicial grado 6 en cuando a i) salario y grado y; ii) nivel.

30. En lo que refería al aspecto iii) de las funciones, aclaró que el manual de dichas le corresponde a cada despacho judicial por medio de su juez o magistrado nominador, en todo caso, y de conformidad con el Acuerdo CSJATA17 -647 del 6 de octubre de 2017, la diferencia radica en los requisitos para participar en cuanto a la experiencia, pues para el de citador es de 1 año y para asistente 2.

31. Finalmente precisó que no hay vulneración del derecho acusado, comoquiera que profirió respuesta habiendo transcurridos 25 días hábiles a la fecha de la contestación. Aunado a ello, arguyó que había carencia actual de objeto en el entendido de que la solicitud fue debidamente contestada.

32. Los demás sujetos vinculados, pese a ser debidamente notificados, guardaron

contestación. Aunado a ello, arguyó que había carencia actual de objeto en el entendido de que la solicitud fue debidamente contestada.

32. Los demás sujetos vinculados, pese a ser debidamente notificados, guardaron silencio.Demandantes: Jennifer Raquel Román Estarita y otros Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01880-00

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

33. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por los señores Jennifer Raquel Román Estarita, Milena de Alba Castro, Jorge Mario Martínez Guillen y Miguel Enrique Hernández Barreto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Problema jurídico

34. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a resolver en el

caso concreto es el siguiente:

• ¿El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desar rollo y Análisis

Estadístico (UDAE) –, Unidad de Carrera Judicial y la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico vulneraron el

• ¿El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Desar rollo y Análisis

Estadístico (UDAE) –, Unidad de Carrera Judicial y la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico vulneraron el derecho fundamental de petición de la parte actora al no dar respuesta en los términos de ley a las solicitudes interpuestas?

35. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho de petición; (iii) la carencia actual de objeto por hecho superado; (iv) análisis del caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

36. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

37. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad.

El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamenta l que se dice vulnerado o amenazado.

38. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.Demandantes: Jennifer Raquel Román Estarita y otros Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.Demandantes: Jennifer Raquel Román Estarita y otros Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01880-00

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39. Sobre el caso que nos ocupa, salta a la vista que la parte accionante considera vulnerado su derecho fundamental de petición , pues arguye que las autoridades demandadas omitieron darle respuesta de fondo a su solicitud. En ese sentido, para la Sala es viable concluir que la acción de tutela constituye el instrumento idóneo para procurar la salvaguarda de dicha garantía constitucional, máxime cuando el ordenamiento jurídico no prevé ningún recurso judicial para proceder a su protección.

40. De igual manera se advierte que la parte accionante instauró la tutela el 13 de abril de 202 3, es decir dentro de un plazo prudencial a la fecha en que se habría configurado la vulneración de su derecho fundamental, por lo que no se observa una tardanza injustificada o irrazonable en la presentación de la acción4.

2.4. Del derecho de petición

41. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obte ner pronta resolució n»5. El mismo artículo superior precisa que el

fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obte ner pronta resolució n»5. El mismo artículo superior precisa que el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

42. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, p ues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».6

43. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la petición, respecto a la oportunidad, s e acude por regla general a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

44. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o

44. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de

4 Corte Constitucional, sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018. 5 Corte Constitucional, sentencia C-510 de 2014. 6 Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015.Demandantes: Jennifer Raquel Román Estarita y otros Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01880-00

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9 lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.»7

45. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el

peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante»8.

46. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte Constitucional ha explicado que: i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participa ción política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobr e la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo9.

47. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además

independencia de que su sentido sea positivo o negativo9.

47. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye la obligación de ponerla en co nocimiento del peticionario, condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca10.

48. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

7 Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2013. 8 Ibidem. 9 Corte Constitucional, sentencia T-161 de 2011. 10 Sobre el tema, ver sentencia de 22.03.2012., Radicación: 25000 -23-25-000-2012-00150-01, Actor: Robert Wilson Molina Sambony M.P. Susana Buitrago Valencia.Demandantes: Jennifer Raquel Román Estarita y otros Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-01880-00

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2.5. De la carencia actual de objeto

49. La Sala ha explicado en varias ocasiones 11 que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

49. La Sala ha explicado en varias ocasiones 11 que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

50. No obstante, existe n eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

51. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: i) hecho superado; ii) daño consumado y iii) una situación sobreviniente.

52. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 201612, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamental